viernes, noviembre 27, 2020
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SIN TECHO, SIN DERECHO

Éxodo 102 (ener.-febr’10)
– Autor: María Dolores Rodríguez –
 
“Los Derechos Humanos son prerrogativas que de acuerdo al derecho internacional tiene la persona frente al Estado para impedir que éstas interfieran el ejercicio de ciertos derechos fundamentales o para obtener del Estado la satisfacción de ciertas necesidades básicas y que son inherentes a todo ser humano por el mero hecho de ser humano”.

PARA EMPEZAR

Cuando me puse a escribir estas líneas, mi primera reacción fue “¿por qué he dicho que sí? Si ya está todo dicho en la introducción: los Derechos no son graciables y punto”. Pero, inmediatamente, en este diálogo conmigo misma, me contesté que era una oportunidad para procurar transmitir, desde mi mirada sobre el mundo, humildemente, sin pretensiones, tres o cuatro cosas básicas. Esas “pequeñas cosas” tan importantes para aquellos que soñamos con la utopía y la eutopía, donde nada sea más valioso que las personas. Y que lo que son, y no lo que tienen, sea la prioridad.

Y más si tenemos en cuenta que la dichosa reforma de la LOEX introduce una dualización: Derechos (excepto políticos) para los inmigrantes regularizados y precarización total para los que carecen de “papeles”: los comunitarios y residentes con tiempo de estancia consolidan del todo su situación (lo que está muy bien) y los “no legales” la precarizan hasta el extremo. Problema añadido.

Sin embargo, lo voy a intentar, haciendo especial hincapié en esa inmensa mayoría “sin papeles”, teniendo en cuenta que los extranjeros extracomunitarios regularizados tampoco viven en el mejor de los mundos. Ni los comunitarios. A veces pienso que viven una especie de exilio. Nos movemos en un escenario donde la justicia y la solidaridad –la verdadera y no la de diseño– se van construyendo como conceptos vacíos de contenido o con contenidos que vamos cambiando según convenga. Pero soñamos y queremos un mundo hecho a escala humana, donde las personas seamos capaces de crear vínculos basados en la convivencia y no en meros intereses.

Y en ello estamos. Posicionémonos, pues: hablemos del Derecho inalienable que tiene todo ser humano a la búsqueda de la felicidad; más cabalmente, y para no pecar de maximalistas, a la búsqueda de la mejora de su calidad de vida. Derecho, amén de inalienable, universal. De una sociedad para vivir y no solamente para estar; donde ese vivir sea una tarea encaminada al bien de todos y no una carga para la inmensa mayoría. Ni siquiera, en este aspecto, queremos las “inmensas minorías”. Como se infiere de lo anterior, una sociedad que exige cambios y transformaciones.

Y para intentar transformar, o al menos modificar, esta sociedad un tanto indiferente, que entre todos construimos y de la que todos formamos parte, hemos de recuperar valores e ideales: la capacidad de indignarse, la capacidad de soñar y echarle grandes dosis de ilusión y de ganas para no “morir en el intento”. Trabajar, explicar, ser pedagógicos, democráticamente pedagógicos. Para no quedarnos colgados de esos ideales, para no quedarnos colgados de los sueños. Hemos de reivindicar –inasequibles al desaliento y aunque parezca una paradoja, tal y como van las cosas– lo que podría ser el paradigma de todos esos hermosos conceptos para conferirles un contenido que no sea una perversión: la Política como valor por excelencia. La Política, la democracia de alta densidad, de manera que la acción reguladora de la economía (neoliberal) no sustituya a la acción reguladora de la Política, en momentos en que el mercado parece ser el único regulador: la precariedad no puede estar sujeta a las leyes del mercado. En muchos casos, eso es precisamente lo excluyente: el dolor no es una mercancía y no puede estar sometido al valor de cambio.

Mundialización, ciudadanía, democracia. ¿Por qué los que detentan el poder en el mundo velan más por el desarrollo y por el crecimiento de las cosas materiales que por el crecimiento de los seres humanos? Al ser un tema tan ambicioso, tan complejo y amplio, me limitaré a esas tres o cuatro cosas básicas que avancé en la introducción, tal y como las siento, anticipando que soy una ciudadana indignada. ¡Qué le vamos a hacer! Indignada ante la injusticia, ante un mundo construido en base a una asimetría social evitable. Una sociedad fácilmente manipulable porque, frente a la “real politik”, deberíamos ser los ciudadanos los que, de manera autónoma, decidiésemos hasta dónde vamos a permitir que nos influencien esas políticas. Somos una sociedad anestesiada por el consumo: no podemos ni debemos olvidar que dejamos de ser ciudadanos para convertirnos en consumidores; frente al individualismo radical, contra el etnocentrismo cruel, reivindicamos la compasión universal. Son imprescindibles actitudes que generen esperanza, frente a los difíciles momentos que atravesamos, porque la esperanza, además de mirar hacia delante, mira hacia esa utopía que mencionábamos antes, apostando al mismo tiempo por la racionalidad y por lo inédito viable.

Somos, nos guste o no, generalmente racistas, xenófobos, y de manera implícita o explícita, es algo que podemos comprobar, leer, ver casi cada día. Así se acaba de evidenciar en las poblaciones de Vic y Torrejón de Ardoz, por ejemplo, cuyas actuaciones nos han llenado de vergüenza ciudadana. En estos casos concretos, nuestro Gobierno “se ha hecho cargo”, recolocando una situación incoherente y un tanto caótica. Antes de adentrarnos en el tema, vamos a delimitarlo, dentro de lo posible. ¿Qué es un migrante? Una persona que va de su país a otro, que viaja, que se desplaza, por muy diversas razones y motivos. Los pensionistas alemanes que viven en Mallorca o Canarias, también son inmigrantes. Pero como el lenguaje no es inocente ni casual y sí connotativo, para el imaginario social, nada que ver: porque el “inmigrante” tiene que ver con el país de origen y con el nivel de renta. Es como si los “inmigrantes” fuesen exclusivamente los pobres. ¿Y qué es la inmigración de los pobres? Ante todo, un problema humanitario que nos interpela y al que se pretende dar respuestas económicas o economicistas: son refugiados. Refugiados económicos. ¿Por qué no reivindicar el estatuto de “refugiado económico”?

Vayamos pues al tema, asumiendo que la inmigración, mayoritariamente, es producto de la pobreza y el empobrecimiento, casi siempre inducidos por los llamados países del primer mundo (o sea nosotros) y de la que hemos de responsabilizarnos.

POR LA DIGNIDAD DE TODOS

Muy a menudo, cuando se pormenorizan sustantividades sobre la realidad de ciertos colectivos, puede suceder que se tache al mensajero de populista/demagógico (cuando puede que se limite a ser políticamente incorrecto), con un claro intento descalificador del llamado “pensamiento fuerte”, supuestamente obsoleto y fuera de la realidad. ¿En qué escenario? Como ya se ha apuntado, en el de la mundialización de los dineros, la desregulación de capitales, el llamado comercio informal, tan estigmatizado que, por ello, estigmatiza a quienes lo practican: la economía informal es la única forma de subsistencia para millones de personas aunque esta economía no tenga reconocimiento a efectos de protección social; y aunque esto no sea objeto de este pequeño artículo, en el análisis de la desigualdad no sólo entre Norte y Sur y los motivos que la generan, sino también en el propio Norte.

Evidentemente, no sólo esto está en la génesis de las migraciones pero coincide con esta etapa de reconstrucción neoliberal del mundo y con la acción reguladora de una cierta manera de entender la economía frente a la acción reguladora de la política. Parece que olvidamos que la economía es “una actividad de transformación de la naturaleza que tiene como finalidad satisfacer las necesidades de las personas, de todas las personas y, por lo tanto y por definición, sólo tiene sentido referida a esta finalidad”.

CIUDADANÍA

A finales del XIX, Marshall define el concepto de ciudadanía como la pertenencia plena y responsable de una persona a un Estado: la codificación de los derechos y deberes de estos ciudadanos es un elemento fundamental en la formación de una nación. Son estos derechos y deberes y su ejercicio los que, en definitiva, delimitan la frontera entre ciudadanos y objetos de gobierno o súbditos: la ciudadanía –dialéctica entre derechos y deberes– ya es un valor en sí misma y el civismo está constituido por los mínimos éticos exigibles.

Los tribunales, los cuerpos políticos representativos, los servicios sociales y las escuelas son las instituciones que han de garantizar el ejercicio de esta “ciudadanía social” de Marshall (lo que Rousseau llamó “ciudadanía republicana”, agente moral de la “res” pública). Fueron la Constitución de los Estados Unidos y los Derechos del Hombre y del Ciudadano (derechos no solamente civiles sino políticos y sociales), a raíz de la Revolución Francesa, los que hicieron nacer el concepto de soberanía; los que le dieron la pauta para definir esta “ciudadanía social” de la que la solidaridad es un grado e implica un compromiso personal a medio y largo plazo, con una intervención dirigida a cambiar estructuras injustas: la precariedad no puede estar sujeta también a las leyes del mercado. En muchos casos, eso es precisamente lo excluyente.

El ejercicio de los derechos políticos produce ciertos derechos sociales: derecho a un cierto nivel de bienestar económico y social y derecho a compartir plenamente el legado social. Y en 1948 se plasman en un documento todos estos derechos suscritos actualmente por 185 países: es la Declaración de los Derechos Humanos. Esta Declaración ha cumplido ya cincuenta achacosos años y casi podríamos afirmar que estos derechos se vulneran sistemáticamente, no sólo en el llamado Tercer Mundo, o en los países de economías emergentes, sino en el Primero y, concretamente, en nuestro país: una cosa son los DD HH y otra los derechos reales de los ciudadanos. La positivización de derechos en los actuales modelos socioeconómicos es ciertamente complicada.

Tenemos, por consiguiente, por un lado, los DD HH, de obligado cumplimiento. Pero, a partir de 1978, en nuestro país tenemos la Constitución que enmarca los derechos y deberes de todo ciudadano en nuestro país.

Así, somos por lo tanto sujetos de tres grupos de derechos fundamentales: _ – políticos: control del Estado por el ciudadano _ – ciudadanos (civiles) _ – sociales (incluye los económicos y los culturales).

Se impone pues reclamar los derechos universales no sólo dentro de los Estados sino contra los Estados (Derechos del individuo contra el Estado: Hobbes, Locke, Kant). ¿Y por qué hablamos de todo esto, se preguntará el posible lector? Pues voy a intentar explicarlo brevemente.

HABLEMOS DE DERECHOS. LA LEY DE EXTRANJERÍA/LA LEY DE LOS NO-DERECHOS

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