Escrito por
Éxodo 145
– Autor: José Luis Segovia Bernabé –
Nuestro país estaba tristemente acostumbrado a la producción de exilados políticos, pero ni las instituciones ni la ciudadanía estaba preparada para la crisis humanitaria que se produce especialmente a partir de 2015 y que viene siendo calificada como la crisis de refugiados más importante desde la II Guerra Mundial. Más de 60 millones de personas desplazadas forzosamente por todo el mundo y un millón personas cruzando el Mar Mediterráneo. Han pasado varios años y la imprevisión y la falta de recursos siguen siendo la tónica general. Todo apunta a que la cifra se puede incrementar en el futuro con un número creciente de personas desplazadas a causa del cambio climático, cuestión sobre la que nuestra conciencia es más bien escasa.
En cualquier caso, hay que empezar dejando bien claro que el primer derecho es el derecho a no tener que desplazarse forzosamente por la guerra, las hambrunas, la falta de oportunidades o el deterioro medioambiental. Ello exige una (inexistente) acción internacional concertada y una política proactiva de cooperación que sea mucho más que la búsqueda de oportunidades para el país “cooperante” o un mero trueque de contención de salidas del país de origen a cambio de “un poco” de desarrollo y tecnología.
Incorporo a este primer desafío la necesidad de educar para la interculturalidad y el mestizaje y el avance hacia una ciudadanía cosmopolita, vinculada al ideal cristiano de la fraternidad, recogido por la Revolución Francesa, recuperado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y necesitado de urgente salvaguarda. No se nos puede escapar que los aspectos relacionados con las migraciones y con el “otro”, en general, son susceptibles de manipulación política y social acudiendo a los grandes facilitadores del totalitarismo: el miedo al diferente, el cultivo de la humillación y, en nuestros días, el uso perverso de las fake news y ¡el humor! vinculados a las redes sociales que se aprovecha de una bajada de los filtros morales que tiene todo lo relacionado con lo festivo para introducir un discurso de odio y discriminación hacia los extranjeros. Particular preocupación deben causarnos los datos del Pew Research Center 2018 sobre España[1]. Éstos muestran un incremento de la intolerancia y, en general, su crecimiento significativo en el ámbito católico practicante. Es difícil no considerar como facilitador del discurso xenófobo el papel de algunos medios participados por la Iglesia.
Imprevisión de las administraciones
Si hace unos años era comprensible que las cuestiones relacionadas con el asilo y refugio y la movilidad humana en general nos pillarán con el “pie cambiado”, a estas alturas es imperdonable la imprevisión de las administraciones, cierto pensamiento mágico que espera que las cosas se resuelvan solas, la falta de coordinación y el hecho de que solo responden por la presión mediática y el impacto en la opinión pública. El reciente caso de los MENA (menores extranjeros no acompañados) desatendidos por la Comunidad de Madrid (su tutora legal) es paradigmático. A pesar de que desde hace años, por ONG y trabajadores, se venía señalando la insuficiencia de los recursos residenciales y del personal educativo y que todo iba a explotar, hasta que no han salido en los medios las fotografías de los niños durmiendo literalmente por el suelo no se ha empezado a ampliar la exigua respuesta que se estaba dando. El lema parecía ser: “a ver si se cansan y se van”.
Pero tampoco son mucho mejores las respuestas de otras administraciones. No se puede olvidar que el asilo es competencia del gobierno central. Éste parece responder con mayor prontitud allá donde enfocan las cámaras y con diletante parsimonia donde concurre el sufrimiento sin más. A modo de ejemplo, las personas solicitantes de asilo con tarjeta roja que les acaba de vencer están recibiendo citaciones para renovarla para dentro de cinco meses. Durante este tiempo, este grupo de “afortunados” está en el limbo. Por no hablar de la perversa, estéril, contraproducente y criminógena relación de circularidad y mutua dependencia que se establece entre el permiso de residencia y el de trabajo que impide buscarse la vida honesta y legalmente y que hace invisibles a bastantes, obligados a vivir en la clandestinidad y la economía sumergida.
De igual forma, no podemos felicitar al Ayuntamiento pues no hace intervención social con las personas extranjeras que llegan y acaba destinando a dispositivos para personas sin hogar a un perfil joven, sano, activo y entusiasta que puede acabar cayendo en el sinhogarismo. Las condiciones de hospedaje dejan bastante que desear y escribo estas líneas después de que me cuenten que la respuesta a un requerimiento ha sido literalmente “es lo que hay”.
Algunas constataciones
La primera es que el ámbito de la extranjería constituye hoy la mayor zona opaca a los ojos de los derechos humanos en los denominados Estados de Derecho. La existencia de una legislación restrictiva de derechos, segregadora de personas y que choca frontalmente con la dinámica expansiva y universalista que caracteriza los derechos humanos evidencia la tacha de inmoralidad que se puede hacer al ordenamiento jurídico en materia de extranjería. Algunas situaciones son especialmente groseras como la de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). La simple lectura de las resoluciones de los jueces de control o las vigorosas recomendaciones del Defensor del Pueblo, que exigen el cumplimiento de obviedades en su interior, evidencian la escasa base moral y de justicia sobre las que se asienta la privación de libertad por razones administrativas.
En otro orden, aquellos que esperábamos, incluso con balconeras de “Refugees Welcome”, no han llegado. Mejor: no les hemos dejado llegar. La Unión Europea y el Estado Español han incumplido de manera grosera sus compromisos. Mirábamos a Siria y al Este y estaban entrando por Frontera Sur en condiciones de extrema precariedad. Ahora hay que sumar las personas desplazadas “dublinadas” (p.e. devueltas por Alemania y que entraron por España), las que no van a ser reconocidas como refugiadas, las que no son renovadas en plazo su tarjeta roja… Un inmenso limbo jurídico para el que hay que crear marcos nuevos que impidan una pendiente resbaladiza hacia la criminalidad y que les otorgue el contenido básico de los derechos humanos (cuesta escribir esta obviedad en pleno siglo xxi).
Por otra parte, hay que insistir en que la condición de solicitante de refugio otorga una serie de derechos frente a los cuales los Estados no pueden inhibirse. Estamos ante deberes jurídicos, no solamente éticos. No es de recibo que para pedir asilo haya que recorrer miles de kilómetros cuando, de cambiarse las normas, podría pedirse en la embajada o consulado del país al que se dirigen.
Casi 10 años después de ser aprobada, seguimos sin desarrollo reglamentario de la Ley de Asilo, lo que revela el desinterés manifiesto de todo el espectro político. El personal que está tramitando no tiene preparación para ello y es insuficiente. Por ejemplo, en algunos centros penitenciarios se les ha dado una mini charla a las trabajadoras sociales y, sin ninguna formación, ni siquiera tener claros los conceptos básicos, se han convertido en tramitadoras de las peticiones de asilo. Pareciera que todo está encaminado a poner dificultades y a que nada prospere y todo se pierda en una burocracia imposible.
Las administraciones parecen actuar solo a “golpe de telediario” y cuando lo hacen suele ser de modo descoordinado, partidista, cortoplacista y no considerando a las personas desplazadas en su totalidad personal y familiar. Naturalmente lo mismo se puede decir elevado al cubo de los países que forman parte de la Unión Europea. Aunque en el tema migratorio hay una unidad muy grande institucional en el seno de la Iglesia católica española, claramente pro-migrante, sin embargo el incremento de recursos que la nueva situación reclama es excesivamente lento. Los bastantes comprometidos, lo estaban y siguen estando, pero se necesitan más personas y más medios de acogida.
La ciudadanía ha dado ejemplos elocuentes de solidaridad creando redes, llevándose a dormir a personas a sus domicilios particulares y generando una encomiable presión política. Entre ellos se han contado algunos grupos y congregaciones de la Iglesia. Gracias a su impagable labor, se han podido empezar algunas iniciativas que se suman a las existentes (de fuera y de dentro de la Iglesia) y que, conscientes de su valor testimonial, describiremos.
Aunque se ha producido un cambio de orientación de los flujos en el seno de la Unión Europea hacia España y las cifras diarias se han incrementado notablemente, en términos globales no hay un incremento de la presión de los desplazamientos en la UE y nos movemos en rangos que, si media la previsión, son manejables. Desde luego, no hay ninguna invasión, máxime si se comparan nuestros flujos migratorios con los de países colindantes con los que sufren la guerra y que tienen unas cotas de solidaridad sobresalientemente más importantes que la nuestra.
Algunas iniciativas de la Iglesia
Junto con repuestas múltiples de la ciudadanía, de ONG, y de comunidades y movimientos cristianos concretos, la Iglesia de Madrid ha tratado de dar respuesta a través de la Mesa por la Hospitalidad creada por el arzobispo. Una suerte de gabinete de crisis de la diócesis que se ha movido entre la impotencia del desbordamiento de tanto sufrimiento, la rabia por la falta de sensibilidad y de respuesta de las administraciones, y la conciencia de estar haciendo poco ante la magnitud de la tragedia humanitaria. En esta colaboración, necesariamente breve, me limito a hacer algunas catas.
La primera. Lo mejor de una ciudad o pueblo es su gente. De la Iglesia también su gente sencilla y los servidores de la comunidad sensibles a los dramas del momento. Debo reseñar que, cuando empiezan a llegar personas susceptibles de asilo y refugio a la estación de autobuses de Méndez Álvaro, la primera en responder ha sido la ciudadanía a través de redes de solidaridad y algunas comunidades cristianas y congregaciones religiosas (habría que matizar: algunos miembros de las mismas que venían trabajando en este campo).
A lo largo del verano del 2018 empezaba a repetirse la historia del terrible invierno pasado: decenas de personas llegaban a Madrid remitidas desde Andalucía, cuyos recursos estaban colapsados. Llegaban muy despistados, sin conocer el idioma, con un proyecto migratorio en algunos casos completamente ilusorio, algunas personas enfermas y todas muy desconcertadas después de semanas (o meses) de durísimos recorridos migratorios por África. Mientras, la televisión se prodigaba en mostrar encomiables despliegues en torno a determinados barcos convertidos en mediáticos. Sin embargo, los que llegaban en las pateras parecían encontrarse en un limbo de atención social.
La transición de gobierno del PP al PSOE favoreció la inacción de la administración central, quien ha realizado una política aún más de cosmética que real (p.e., en términos de supuesta sanidad universal, estamos como estábamos, porque aún no está desarrollado normativamente el tema a pesar de los grandilocuentes anuncios del actual gobierno).
Por parte de la Mesa por la Hospitalidad, sin olvidar que su papel era subsidiario, se puso en marcha un programa que aún no ha logrado los resultados apetecidos aunque va avanzando: la red de parroquias de acogida de emergencia. Éstas van rotando temporalmente y, en el caso de ser activadas, funcionan como “hospedaje de campaña”. Se montan camas, se preparan cenas y desayunos y, durante el tiempo determinado que la parroquia y sus voluntarios ofrecen, se ayuda a que los recién llegados se sitúen, contrasten con la realidad su proyecto migratorio, tomen contacto con sus familiares y amigos, pueda revisarse su situación legal y sanitaria, exploren las vías legales y tengan una atención presidida por la calidad y la calidez. La experiencia del CPS San Carlos Borromeo, las parroquias Ntra. Sra. de las Angustias, Ntra. Sra. de Europa, Ntra. Sra. de la Paz y en este momento Santa Irene, junto con las que se apunten en el futuro, permitirá asegurar una red solidaria de emergencia para el caso de que los recursos del sistema se colapsen. Naturalmente, hay plena conciencia de que es un parche, pero el agradecimiento de quienes han estado acogidos y el enriquecimiento y la honda revitalización que han experimentado las comunidades cristianas constituye un buen indicador de que se camina en la dirección correcta.
Tras esta experiencia tan positiva, y con el argumento de la fraternidad y la iluminación de Mateo 25 (el juicio final), alguna parroquia ha decidido pasar a constituirse en lugar de hospitalidad de larga duración, apostando por el acompañamiento integral de las personas desplazadas y que funcione sin límite temporal al servicio de su proyecto migratorio. Es el caso de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Paz. Fran, su párroco, Alberto y un grupo de jóvenes cristianos voluntarios, deciden, haciendo una lectura orante del evangelio sin glosa, que los que habían estado acogidos temporalmente se queden el tiempo que sea necesario en la propia casa parroquial haciendo vida compartida. La experiencia está siendo impresionante para todos. Recojo el testimonio de un huésped musulmán: “Soy fiel al Islam y lo seguiré siendo, pero ni yo ni mis hijos, ni los hijos de mis hijos olvidarán jamás que fui acogido en una parroquia católica”. Viven juntos, rezan juntos, juegan blancos y negros al futbol en el colegio próximo de las hermanas… Todo un signo, más que de interculturalidad, de auténtica fraternidad, de la que se empeña en buscar todo lo que nos nivela e iguala y, al mismo tiempo, en respetar lo que nos diferencia.
Mientras tanto, junto con otras entidades de Iglesia y del resto de la sociedad civil, con la Delegación de Migraciones, Confer Madrid, Caritas Madrid, San Egidio, Sercade, Pueblos Unidos, Justicia y Paz y otras muchas se trata de mostrar que lo imposible es posible y que la movilidad humana ha venido para quedarse. De ahí la necesidad de que los organismos internacionales establezcan normas y criterios para que los flujos migratorios se desarrollen de manera ordenada, responsable, segura y con todas las garantías para las personas. Esa es la mejor manera de luchar contra las mafias: asegurar primero el derecho a no tener que desplazarse y, cuando devenga inevitable, hacerlo con todas las garantías y con el mayor conocimiento posible de riesgos y oportunidades. Al servicio de este ideal está el compromiso del papa Francisco con los “Pactos que salvan vidas” a suscribir en el marco de la ONU en Marruecos en diciembre de este año. La Mesa, presidida por el cardenal Osoro, organizó una jornada de sensibilización política con presencia de autoridades de las diferentes administraciones. Lamentablemente, la clase política de todos los colores era (y sigue siendo) bastante ajena a la trascendencia de apoyar unos Pactos internacionales sobre migraciones y refugio como los que promueve la Santa Sede. Se trata de ser hospitalarios, pero también de evitar los desplazamientos forzosos y, cuando se producen, de elevar los listones de la efectividad de los derechos de las personas desplazadas.
[1] El 41% de los cristianos comprometido consideran que el número de migrantes debería reducirse en nuestro país, subiendo hasta el 47% en el caso de los no practicantes. La cifra se reduce a un 26% en el caso de los no creyentes. Cfr. Vida Nueva 3086 (2018) 9-16 junio, p. 22.
