Soberanía ciudadana en las situaciones de crisis de régimen

Carlos Fernández Liria y Luis Alegre Zahonero

Nos encontramos ante una crisis de régimen casi comparable a la que sufrió la República de Weimar. Afortunadamente, no parece que esta crisis haya llegado todavía a carcomer los cimientos del propio parlamentarismo y las instituciones republicanas en sí mismas. De momento, la desafección parece enfocarse más contra esas maquinarias burocráticas de poder que son los partidos (sus manejos, sus disciplinas y sus privilegios).

En cualquier caso, las situaciones de crisis de régimen implican siempre una cierta disolución de las “casillas” con las que organizamos las cosas. Las palabras pierden una parte de su poder performativo. La disolución de estos “paquetes” libera a sus elementos (que quedan flotantes), y se abre una  oportunidad para grandes transformaciones. Pero nada garantiza que esas transformaciones sean necesariamente a mejor.

Al menos desde el 15M, quedó claro que la variable “rechazo a los políticos” estaba fuertemente arraigada y era transversal a capas muy amplias de la sociedad. Quien ganara ese elemento para su construcción tenía muchas posibilidades de ganar la partida. La batalla decisiva se jugaba en el trabajo de “empaquetar” esa variable junto a otras: ese elemento flotante podía enlazarse en un mismo “paquete” con el “odio a los banqueros que nos roban”; la “desconfianza frente a las maquinarias mediáticas que nos manipulan” y el “rechazo a las élites económicas que nos explotan”; pero también podía ganarse para otra construcción distinta en la que quedaría emparentado con el “rencor a los inmigrantes que nos quitan el trabajo”, el “desprecio a los funcionarios y empleados públicos que consumen nuestros recursos” o incluso el “rechazo a las instituciones democráticas en general y al parlamentarismo”. Dependiendo de qué modo de enlazar triunfara, podíamos encontrarnos con salidas muy distintas a la situación de crisis en la que nos encontramos. Afortunadamente, el propio 15M (como movimiento popular y espontáneo que pedía más y mejor democracia) introdujo anticuerpos contra el fascismo y nos proporcionó el antídoto contra los modos de enlazar en los que basan su éxito partidos como el Front National, Alternativa por Alemania o Amanecer Dorado.

En  cualquier caso,  la tarea pendiente seguía siendo trasformar en poder político ese nuevo sentido común y esa mayoría social que se reconoció en el 15M. Todo el terreno político estaba repartido hasta entonces entre partidos de izquierdas y partidos de derecha. Esta organización conceptual estaba consolidada por una larga tradición, una historia de lucha con sus victorias y sus derrotas, muertos y mártires por el camino, episodios heroicos y episodios criminales, elementos simbólicos comunes, colores y canciones compartidas.

Una larga historia de desorientación, derrotas y traiciones, había ya producido cambios decisivos que, sin embargo, resultaban en gran medida invisibles por la falta de palabras adecuadas con las que nombrarlos. La palabra “casta” puede considerarse un acierto poético que vino a reorganizar el tablero por completo: su introducción administraba de un modo distinto el sistema de semejanzas y diferencias (relevantes e irrelevantes) con el que pensamos el mundo. Los elementos singulares de los bloques izquierda y derecha eran enormemente heterogéneos entre sí. La lucha por palabras mejores planteaba las siguientes cuestiones: ¿qué es objetivamente más relevante, que se financien con los mismos bancos y se jubilen en los mismos consejos de administración o que cierren sus Congresos con canciones distintas?; ¿qué es más relevante, que usen las mismas tarjetas black, hagan negocios con las mismas constructoras y regalen dinero a las mismas eléctricas o que utilicen colores distintos en su bandera? Los grandes poderes económicos repartían prebendas por igual a izquierda y derecha porque hacían negocios por igual con las burocracias de ambos partidos. Por otro lado ¿qué es más relevante, compartir ciertos símbolos y referencias o tener en común el miedo a perder el trabajo, la casa, a no poder pagar los estudios de los hijos o a que se tengan que ir al extranjero? A las mayorías sociales golpeadas por la crisis nadie les daba amnistías fiscales (por muy de derechas que se sintieran) y las eléctricas o los bancos no nos preguntaban por la filiación política antes de cortarnos la luz o robarnos los ahorros.

La palabra “casta” vino a hacer visibles cosas que hasta entonces no lo eran. Para mucha gente resultó evidente que el nombre que habían usado hasta entonces las cosas “no era el suyo”. Vino a hacer visible que un autónomo o un pequeño empresario (que se encuentra además con mil trabas de la administración para sacar su negocio adelante) se parece más a un funcionario o a un asalariado que a un banquero; que un consejero de Caja Madrid de Izquierda Unida se parece más a un consejero de Caja Madrid del Partido Popular que a un minero asturiano; que un jubilado del PP se parece más a un jubilado del PSOE que a Rodrigo Rato… etc.

Los ciudadanos europeos tenemos una fuerte deuda contraída -¿quién va a negarlo?- con la clasificación previa: cualquier jubilado que cobre una pensión, cualquier enfermo que sea atendido en los mejores hospitales con independencia de su nivel de renta, cualquier trabajador protegido por un convenio colectivo, cualquier persona humilde con acceso a la educación, cualquiera que esté orgulloso de sus derechos civiles y políticos, cualquier ciudadano con derecho a voto; cualquier mujer con derecho a decidir sobre su propio cuerpo, cualquiera que disfrute de un matrimonio civil, de vacaciones o de la separación entre la Iglesia y el Estado, tiene motivos para no olvidar la disputa histórica entre la izquierda y la derecha. Europa la debe a las tradiciones de izquierda la forja de un sentido común y la inserción en nuestro ADN de una dignidad que nos recuerda que no debemos humillarnos ante nadie por muy rico que sea o mucho poder que tenga; la sedimentación de un “instinto de clase” que puede permitir a un jornalero analfabeto saberse más digno que el cacique local y mirarle con desprecio. La mejor prueba de todo lo que le debemos a esta tradición es la velocidad a la que gran parte de las conquistas sociales se están desmantelando desde que, con la caída de la Unión Soviética, las élites económicas occidentales sintieron que desaparecía también el “enemigo interior” y se envalentonaron para recuperar el terreno perdido tras la derrota del fascismo en la II Guerra Mundial.

Sin embargo, los dirigentes de las organizaciones surgidas con estas luchas aceptaron la derrota sin dar la batalla y surgieron las terceras vías, la obsesión por la respetabilidad ante las élites, la vileza de aceptar los espacios de confort que se ofrecían dentro del sistema y el intento de emular las políticas que preconizaba el neoliberalismo triunfante impuesto de la mano de Thatcher y Reagan. No le faltaban buenos motivos a Margaret  Thatcher para decir que, de todo su legado, el fruto que más orgullo le producía era, precisamente, Toni Blair. La tradición socialista y comunista había impuesto, con la derrota del nazismo, un nuevo sentido común dentro del cual estaban obligados a moverse también las fuerzas conservadoras. Este triunfo cristalizó en el constitucionalismo rígido (unas constituciones que blindaban una cantidad importante de derechos, incluidos derechos sociales) del que hemos disfrutado los ciudadanos europeos durante las décadas de mayor prosperidad, bienestar y justicia social que ha conocido el Continente.

Pero las tornas empezaron a cambiar a finales de los años 70, y se fue imponiendo un nuevo sentido común neoliberal que, ante todo, produjo una transformación en la estructura de la distribución de la renta: los ricos iban obteniendo un porcentaje cada vez mayor de la renta nacional en detrimento de las clases medias y los sectores populares. No obstante, las clases medias lograron mantener durante bastante tiempo su poder adquisitivo (o, al menos, la ficción de su poder adquisitivo) por la vía del acceso fácil al crédito y el endeudamiento. Sin embargo, una vez operado este cambio radical en la estructura de distribución de la renta, la burbuja no podía durar para siempre, y hoy estamos pagando la factura de su estallido.

Precisamente por eso es ahora cuando se ha podido poner de manifiesto que las maquinarias burocráticas heredadas de aquellas luchas, aunque hubieran mantenido sus colores y sus símbolos, habían sido cooptadas por los poderosos; hemos sufrido en carne propia la burla de ofrecer a los jubilados hacerse banqueros; hemos constatado con terror quiénes eran realmente los dueños de nuestras casas; hemos comprobado atónitos que las burocracias de izquierda, tanto como las de derecha, aceptaban alegremente que las leyes de la “economía” dejaran a millones de personas sin casa en un país con millones de viviendas vacías (sin sospechar siquiera que ahí hubiera algo mal planteado); hemos tenido que pagar de nuestro bolsillo los excesos de casino y aceptar un cambio constitucional (operado en común por rojos y azules) para que no pueda ser de otro modo…

En esas condiciones, es tan imposible forjar una voluntad general como lo sería en una sociedad estamental en la que los privilegiados pudieran arrebatar al pueblo llano una parte de su riqueza imponiendo corveas, tallas y diezmos. Si un estamento tiene capacidad de apropiarse de una parte de la cosecha o puede imponer la obligación de trabajar gratuitamente en sus tierras varios días a la semana, no hay modo de que, por medio de la deliberación, se alcance ningún tipo de interés común ni voluntad unida de todos. Y a este respecto, no introduce una gran diferencia el hecho de que este sistema de expolio se realice por medios meramente económicos (o recurriendo a la corrupción), sin necesidad de una estructura jurídica que sancione formalmente tales privilegios.

Dada esta situación, es lógico que surgieran voces que exigían redibujar el tablero, recuperar la centralidad del eje “arriba / abajo” y combatir el espejismo que generaba el eje “azul / rojo”. La batalla principal se daba en la capacidad de organizar el campo de juego de un modo distinto. Para conseguirlo, el “lugar de los poetas” (el lugar donde “se ponen las palabras a las cosas”) se convirtió en el campo de batalla decisivo[1].

A este respecto, supuso una batalla decisiva la disputa por el contenido de algunas palabras clave como “libertad”, “corrupción” o “patria”.

Nos habíamos acostumbrado, por ejemplo, a dar por bueno un sentido demasiado estrecho de libertad. El liberalismo siempre ha tenido el mayor interés por reducir el concepto de libertad a la ausencia de coacciones (que nadie te ponga una pistola en la cabeza para obligarte a hacer algo). Sin embargo, como hemos visto, es evidente que cabe luchar por un sentido más amplio: existen también condiciones materiales, en positivo, para el ejercicio de la libertad. La libertad de movimiento, por ejemplo, no se puede separar de la posibilidad efectiva de desplazarte. Aunque nadie te amenace, si no puedes ni comprar un billete de metro, es obvio que tienes una libertad de movimientos reducida. O respecto a la libertad de expresión: es una trampa desconectar el derecho a expresar las propias opiniones del hecho de que sólo un puñado de corporaciones tengan los medios para hacerlo. Pero, además de esto, es imprescindible recuperar el sentido político y republicano de libertad: solo podemos hablar de individuos realmente libres cuando hablamos de ciudadanos, es decir, de individuos que no obedecen más leyes que aquellas de las que ellos mismos son soberanos además de súbditos. Un individuo es libre en un sentido muy determinado solo cuando ocupa la dignidad del legislador, es decir, la posición de quien elabora las leyes a las que va a rendir obediencia. Ese concepto de libertad es, precisamente, el que forja la idea de Ciudadano. Y, por supuesto, alguien no puede ocupar la dignidad del legislador si vive con miedo: con miedo a perder el empleo, con miedo a que sus hijos se vayan al extranjero, con miedo a no poder poner la calefacción o con miedo a ser desahuciado de su propia casa.

También estaba en disputa el sentido de la palabra “corrupción”. La “corrupción” es algo que nadie puede defender (al menos en voz alta). Ahora bien, con esta palabra es posible nombrar cosas muy distintas. Es posible quedar atrapado en un sentido estrecho que llame “corrupción” tan solo al hecho de meter la mano en la caja. Sin embargo, puede llegar a resultar evidente (y es necesario trabajar para conseguirlo)  que hay todo un conjunto de elementos estructurales que, sin violar ninguna ley, sin embargo, son sin duda corrupción: regalar miles de millones de fondos públicos a empresas eléctricas a cambio de que te ofrezcan sillones en sus consejos de administración es legal, pero es corrupción. Trocear la sanidad pública para repartirla entre unos cuantos amigotes puede ser legal, pero es corrupción. Entregar el parque de viviendas públicas a fondos buitres es legal, pero es corrupción. Construir aeropuertos sin aviones o autopistas que no van a ningún sitio con el único objetivo de enriquecer a unas cuantas constructoras es legal, pero es corrupción. Es más, hay algunas cuestiones que no sólo son legales sino que son la ley misma pero que, sin embargo, son corrupción. Por ejemplo, una ley de financiación de partidos que permite a los bancos prestarles dinero y perdonárselo cuando quieran (algo que ha permitido siempre a los bancos tener a la mano el “botón” de liquidar cualquier partido con solo ejecutar la deuda contraída con ellos) es la ley misma, pero es corrupción.

Es evidente que las mayorías sociales siempre quieren acabar con la corrupción. Ahora bien, se persiguen objetivos distintos (y en ese sentido se tienen mayorías sociales distintas, voluntades generales distintas e incluso pueblos distintos) dependiendo de qué se termine imponiendo como el  verdadero sentido de la palabra “corrupción”.

Lo mismo hay que decir respecto a la noción de “patria”, otro de los troyanos que Podemos ha sabido introducir en el tablero político. Qué pueblo somos y qué queremos es una batalla que se libra en el lugar de los poetas. Resulta más fácil verlo cuando se trata de la construcción de la idea misma de “patria”.

Es evidente que los humanos (seres racionales pero finitos) no nos limitamos a ser “razón pura”, y eso tiene consecuencias: no podemos (ni debemos) dejar de sentirnos orgullosos de nosotros mismos, de nuestras cosas y de los nuestros, por el hecho, en gran medida arbitrario (y bastante irracional), de que son “los nuestros”. Ahora bien, eso de la “patria” es algo que se puede rellenar con los contenidos más diversos. Para el caso de España, por ejemplo, es posible rellenarlo de un modo que te haga sentir orgulloso de ser machista, de maltratar animales, de ser grosero, homófobo, intransigente, granuja y defraudador. Pero es igualmente posible construir un concepto de “patria”, y con él un pueblo, que nos haga sentirnos orgullosos se tener uno de los mejores sistemas de sanidad pública del mundo (y vivir como una traición a la patria cualquier intento de desmantelarlo), orgullosos del ejemplo de dignidad y resistencia que el 15M dio al mundo, de ser un país plurinacional y diverso, de ser uno de los países menos homófobos del mundo o de ser un país valiente y fraterno en el que cuando los bancos nos echan a cualquiera de nosotros de nuestras casas, nuestros vecinos se organizan en una Plataforma de Afectados por la Hipoteca para defendernos.

Siempre es posible ser un pueblo mejor. Pero la convicción de que tiene sentido objetivo la diferencia entre “mejor” y “peor” o “progreso” y “retroceso” no es suficiente para librarnos del problema del juicio ni, por lo tanto, de la libre creación y la política. Hay preguntas que no pueden aspirar a una respuesta concluyente, pero no por ello deben renunciar a la objetividad ni a reclamar asentimiento universal:

¿Qué debemos hacer?, ¿qué podemos hacer con las fuerzas que tenemos?, ¿cómo hacerlo?, ¿para qué?, ¿qué merece ser transformado?, ¿qué merece ser conservado?, ¿qué exige ser suprimido?, ¿qué debe ser aplazado?; ¿hay que poner igualmente patas arriba lo económico, lo político y lo antropológico o, como defiende Santiago Alba, conviene más bien ser revolucionario en lo económico, reformista en lo político y conservador en lo antropológico? Pero ¿en lo antropológico hay que conservarlo todo y en lo económico cambiarlo todo?,¿qué sí y qué no? No hay ningún sitio desde el que deducir con certeza reglas tan minuciosas que nos ahorraran el problema del juicio. Las reglas hay que crearlas (creando normas más justas, formas más bellas, palabras más verdaderas) y esa tarea se encuentra con las dificultades con las que se encuentra toda creación. Sin embargo, cabe esperar que, en determinadas condiciones y mediante el ejercicio público del juicio, un pueblo vaya creando palabras realmente más verdaderas, normas verdaderamente más justas y formas objetivamente más bellas, es decir, cabe esperar que un pueblo se pueda ir inventando y mejorando a sí mismo.

En este terreno, el 15M supuso un punto de inflexión: la repolitización de la sociedad que no podía quedar sin efectos. Ese estallido logró que, por primera vez en mucho tiempo, un pueblo entero se sintiera concernido por los asuntos públicos. Todo el mundo discutía por la calle, incluso con desconocidos, sobre la situación general del país. Los asuntos comunes pasaron a ser considerados por cada uno como propios. Quedó claro que, si política no la hacemos todos, la hacen unos pocos a su favor (y en contra de la mayoría). De nuevo logramos vislumbrar todos en nuestro interior la dignidad del legislador. Recuperamos el orgullo ciudadano de quien se sabe libre sólo en la medida en que haya dado consentimiento a las leyes de las que es súbdito. Pudo parecer que todo se disolvía sin dejar rastro, y eso tranquilizó a una clase política que, tan arrogante como imprudente, consideró que nada había pasado.

Sin embargo, una vez saboreada de nuevo la dignidad ciudadana, era cuestión de tiempo que la gente buscase el modo de transformar ese anhelo social en poder político. En los últimos años ha irrumpido una nueva oleada de repolitización del país: durante un tiempo, se volvió a hablar de política en los bares y en las comidas familiares. Todo el mundo se volvió a sentir concernido por los asuntos públicos y, como bien sabía Alexis de Tocqueville, ese es el peor escenario imaginable para los tiranos.

Y, ciertamente, si hay algo que puede hacer temblar a los tiranos son los discursos con pretensión de validez universal. Y esa es la tarea que tenemos por delante hoy: construir un discurso que no se dirija sólo a los pobres y los desarrapados apelando a sus intereses particulares (o a la empatía de los ricos). Acabar con las injusticias que estamos sufriendo nos concierne a todos. Y los más golpeados por ellas tienen derecho a defender que quieren que las cosas cambien porque son injustas y no sólo porque les perjudican a ellos en particular. Hay principios que son por sí mismos una exigencia de la razón: la libertad de todos los hombres y mujeres para perseguir su propia “felicidad por el camino que mejor les parezca”; la igualdad de todos los miembros de la sociedad en tanto regidos por normas comunes; la libertad en sentido ciudadano que, lejos de encerrarnos sin más en nuestros negocios privados, nos permite al menos vislumbrar en nosotros la dignidad del legislador; la grandeza del soberano a la que nos da acceso ese “no sé qué de divino” que reside en cada uno de nosotros (y que no teme enfrentarse a “poderes salvajes” por muy poderosos que sean); las condiciones materiales con alcance universal para el ejercicio de esa libertad (si un sólo conciudadano ve anegado ese “no sé qué de divino” por un desahucio, un despido, una educación insuficiente o una enfermedad curable, perdemos todos en cierto modo nuestra condición de ciudadanos); la fraternidad que nos permita construir una verdadera voluntad general como pueblo y, por lo tanto, fundar un verdadero estado civil…etc. La validez de estos principios no depende de su coincidencia con los intereses de los pobres. Son una exigencia que interpela de un modo insobornable a cualquier ser racional. Y quienes lo han perdido todo (y, por lo tanto, pueden estar dispuestos a defenderlos con mayor entrega y determinación) tienen derecho a no defenderlos en nombre de sus intereses privados sino en nombre de la verdad, la justicia y la belleza.

[1]    Esta cuestión es tratada con detalle (y con el apoyo de Platón, Kant, Shiller y Nietzsche) en el libro de Luis Alegre que, próximamente, publicará la editorial Akal con el título El lugar de los poetas. Un ensayo sobre estética y política.