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Exodo 110 (sept.octub.) 2011
– Autor: José Luis Segovia Bernabé –
Todos sabemos de la burocratización del aparato de la justicia y de su sorprendente anestesia hacia el dolor humano (el de las víctimas, el de los infractores y el de los operadores jurídicos, desbordados por tanto papel y por la impotencia). También percibimos su paulatino alejamiento de las necesidades de las personas que buscan la resolución de sus conflictos o la pacificación de la convivencia. Por otra parte, existe un desconocimiento monumental acerca de su funcionamiento real, reducido a caricatura. En España, resulta especialmente grave la espectacular divergencia entre la inseguridad ciudadana generada por los delitos y su percepción por parte de los ciudadanos. Aún sorprenden más la visión de lenidad y “blandenguería” que tiene buena parte de la población acerca del funcionamiento del sistema penal y penitenciario y sus penas.
Conscientes de que el primer paso para transformar la realidad es combatir el desconocimiento (la audacia de saber kantiana), se constituyó hace unos meses la Plataforma “Otro derecho penal es posible”. Animada por el profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Julián C. Ríos Martín, y secundada por un número creciente de profesionales del Derecho (profesores, abogados, magistrados, fiscales, funcionarios…), asumió como primer objetivo informar y concienciar a la población acerca del funcionamiento real de la máquina judicial. En definitiva, se trataba de presentar el Derecho real vivido, el Derecho en sus consecuencias reales. A través de la web www.otroderechopenal.com se tratan de combatir “Algunos mitos acerca del sistema penal”. A largo plazo se pretende mostrar mediante datos objetivos cómo evoluciona el sistema penal. Así, se ha acreditado que, mientras que en los últimos lustros en términos absolutos la delincuencia viene decreciendo (aunque aumenten algunos delitos concretos: contra la seguridad en el tráfico, violencia de género…), paradójicamente, la curva de personas en prisión ha venido creciendo de manera desproporcionada, colocándonos a la cabeza de la UE, ¡siendo la tasa de delitos inferior a la media europea, muy por debajo, p.e., de Alemania, y manteniéndonos muy por encima de ella en presos por habitante!
A corto plazo, la Plataforma ha logrado algunos resultados esperanzadores. Con motivo de la reforma del Código Penal de diciembre de 2010, se consiguió que parte de la opinión pública y casi toda la clase política asumiera la evidencia de que teníamos, de hecho, el Código Penal más severo de la UE. Muchos se sorprendieron de que hubiese penados con condenas efectivas de cerca de 100 años no reductibles (todos pensaban que los condenados a penas centenarias acababan con unas pocas décadas), o que la mayoría de los presos cumpliesen la totalidad de las condenas “a pulso” hasta el último día, o que en nuestras prisiones se almacenen miles de enfermos mentales y centenares de septuagenarios y discapacitados. También se verificó la importancia de la progresión de grado y de una adecuada política de permisos como evitadores de la reincidencia.
Cuestionar por qué se ha producido esta distorsión en el imaginario colectivo es una tarea pendiente. Se pueden anticipar algunas respuestas: el papel sensacionalista de los medios de comunicación que han convertido el telediario y las tertulias en página de sucesos, un funcionamiento del sistema judicial y de sus garantías burocrático, poco explicado y nada comprensible, ciertos errores judiciales amplificados o un insano regodeo en pasados crímenes horrendos (por otra parte, tan poco numerosos que conocemos a sus víctimas por el nombre y apellidos).
Ayudó mucho a objetivar la realidad la publicación de “Andar 1 km. en línea recta. La cárcel del siglo XXI que vive el preso”, editado por la Universidad P. Comillas, con muchos datos inéditos. Gracias a la colaboración inestimable de numerosos colectivos sensibles a los derechos humanos, se ha logrado una atemperación penal para los “manteros” (en un sistema de sobreprotección de la propiedad intelectual), conseguido la humanización de algunos aspectos de la ley de extranjería y una mayor proporcionalidad en las penas (desmesuradas en casos de pequeños trapicheos de droga).
Nuestra Plataforma se ha centrado en el ámbito del Derecho penal, pero estamos seguros que buena parte de sus postulados son aplicables a otros campos jurídicos. Tratamos de repensar la justicia desde la simplicidad y el sentido común, apostando por estudios sobre el impacto de su efectividad y consecuencias. Lamentablemente, lo jurídico sigue siendo un ámbito un tanto autista, solo mejorable dialogando con otras disciplinas sociales.
La Plataforma reivindica otorgar importancia a cuestiones tan fundamentales como las necesidades humanas, la urgencia de minimizar la violencia y disminuir en todo lo posible el sufrimiento humano. Por otra parte, intentamos concienciar de que el miedo es mal compañero de la justicia, de que el temor al otro, cuanto más difuso es y menos analiza racionalmente, más despersonaliza, cosifica y acaba por despeñarnos al totalitarismo.
Sin duda alguna, el modelo de la Justicia Restaurativa puede aportarnos mucho: fórmulas de mediación penal y penitenciaria, de facilitamiento de procesos personales de integración personal para las víctimas y para los infractores (incluso en delitos violentos, terrorismo, etc.) ayudarán a humanizar el sistema penal y penitenciario. También será preciso continuar la lucha contra la desigualdad evitando la cultura de la irresponsabilidad. Además de “saber”, habrá que tener el coraje de “ponernos en el lugar del otro”, tanto más dignificante y humanizador cuanto más “otro” sea.
