Mercedes Gallizo

Juanjo Sánchez, Miguel Á. de Prada, Evaristo Villar

Mercedes Gallizo, política aragonesa y militante sucesivavente en diferentes partidos y sindicatos de izquerda. Durante los años 2004 y 2011 fue Directora General de Instituciones Penitenciarias.

¿Anda por los suelos “la justicia”, como denuncia una crónica reciente sobre el alarmante abandono en que se encuentra en Madrid?

La Justicia es un concepto que no todo el mundo entiende de la misma manera. Depende si nos referimos a la Administración de Justicia y al conjunto de normas legales de aplicación en el país, o si estamos pensando en un principio que tiene que ver con la ética, con la equidad. La realidad es que ambas cosas están en estado de abandono: los medios y los recursos de los que dispone la administración de justicia para de­sempeñar su tarea son crecientemente insuficientes y la producción jurídica del Gobierno está claramente escorada a la derecha; se ha perdido todo interés por el consenso y por legislar en función de las necesidades reales y no de la ideología. Y, por otro lado, el acceso de los ciudadanos a la justicia, así como los criterios con que esta se imparte, están cada vez más alejados de la equidad indispensable.

¿Es por esta razón, acaso, por la que el ministro Gallardón se empeña en imponer su Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita…, o hay otras razones? En todo caso, ¿no implica ese Proyecto un intolerable recorte al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva?

El ministro Gallardón considera que la Asistencia Jurídica Gratuita es un lujo recogido por una Constitución demasiado garantista, pero del que se puede prescindir cuando hay escasez de recursos. No puede prescindir del todo de ella, porque sería contrario a la Constitución, pero sí reducirla a su mínima expresión, que es lo que viene haciendo. La vida es muy desigual para todas las personas, pero ante la administración de justicia deberíamos ser todos iguales. Con las tasas y los recortes a la justicia gratuita, se ahonda la brecha entre las posibilidades de los poderosos y los humildes hasta convertirla en una sima.

Intolerable es sobre todo, nos parece, que ese recorte afecta de forma dramática a los ciudadanos más débiles e indefensos: a las mujeres, a los inmigrantes, a los desahuciados de sus viviendas… ¿No se confirma con ello que la justicia no es igual para todos, que hay una justicia para los poderosos y otra para los demás, y apenas una para los pobres?

Los pobres no tienen el mismo acceso a la defensa, ni siquera ante una evidente injusticia, que las personas que disponen de recursos. Sea para defenderse de acusaciones, o sea para perseguir a quienes les ha perjudicado, se necesita recurrir a profesionales a los que hay que pagar. En ocasiones, hay que pagar también tasas. Muchas personas desisten de ejercer derechos porque no se los pueden permitir. Esto no es tolerable en una democracia.

Las mujeres no son débiles ni indefensas. Con ellas, la cuestión es otra: seguimos viviendo en un mundo muy masculino y bastante machista. Los recortes en el derecho al aborto son incomprensibles desde una lógica de realidad (aunque sea una lógica muy conservadora) y atentan básicamente contra la libertad de las mujeres, que es lo que el machismo no acepta.

Por ejemplo, si la justicia fuera, en verdad, igual para todos y funcionara como tal, ¿estarían la mayoría de los flagrantes casos de corrupción en este país –corrupción de poderosos, en gran parte- aún pendientes de una sentencia firme?

Algunos casos de corrupción tardan mucho tiempo en instruirse porque tienen ramificaciones complejas y, en ocasiones, los instruyen juzgados con pocos medios. También porque hay una cierta obstrucción a la acción de la justicia, pero eso no siempre se puede acreditar. Si unimos esto a que prácticamente todas las personas que son condenadas por estos hechos recurren sus sentencias (y hasta que se ve el recurso no son firmes), los procesos se alargan hasta el infinito. Luego se argumenta para revisiones, clasificaciones, o indultos, el tiempo transcurrido entre los hechos y la condena definitiva, que la persona no ha vuelto a delinquir, que está reinsertado… Todo esto no es sino una verdadera burla a la justicia y a la necesidad de que se aplique sin demoras indebidas y sin subterfugios.

De hecho, la relación entre el poder (político, económico…) y la justicia, ¿no es, cuando menos, sospechosa de parcialidad? ¿Qué pasa con el Consejo General del Poder Judicial? ¿Y con el Tribunal Supremo o el Constitucional…? ¿No estamos ante una politización antidemocrática de la justicia?

Esta no es una cuestión sencilla de resolver. Es cierto que el hecho de que haya nombramientos “políticos” en los órganos superiores de gobierno de los jueces aporta una imagen de manipulación de los mismos. Imagen que en muchas ocasiones se corresponde con la realidad. Manipulación partidista más que política.

Pero no es menos cierto que es la manera en que los ciudadanos, la soberanía popular, puede incidir en la administración de justicia. Si fueran las asociaciones de jueces quienes nombrasen a los que rigen la justicia, no estaría menos contaminada esa elección porque también estas asociaciones tienen una gran carga ideológica; y, además, las asociaciones no están sometidas como los partidos a las urnas ni tienen que rendir cuentas ante ellas.

No sé cuál es la fórmula perfecta, pero soy partidaria de que la ciudadanía intervenga en el nombramiento de los órganos de gobierno de los jueces, uno de los poderes del estado.

Otro síntoma de que la justicia no parece que sea igual para todos es el caso (que ha vuelto a saltar a la discusión pública con motivo de la abdicación del Rey) de los aforados, sobre todo del exceso de aforados en nuestro país… ¿Qué decir de ello?

Primero conviene aclarar que “aforado” no significa inmune, sino que las causas que puedan afectar a estas personas se ven en Tribunales Superiores (más garantistas, se supone). No hay que olvidar tampoco que el aforamiento (y, en ciertos casos, la inmunidad) se estableció como una garantía para los electos, o para algunos altos funcionarios públicos -jueces- para que pudiesen mantener la independencia en sus actos públicos y no condicionasen sus decisiones por el temor a las presiones, en forma de demandas, que pudiesen sufrir. Tambien hay que señalar que la inmensa mayoría de los aforados son miembros del ámbito judicial. Dicho esto, es cierto que se ha extendido el aforamiento de una manera bastante exagerada y que seguramente hay que replantearlo y hay que vincularlo con las actuaciones que tengan que ver con el ejercicio de su cargo, no con todas las causas que puedan afectarles. Y en ningún caso se puede dar la idea de que estar aforado va a significar que a alguien no se le va a aplicar la ley con el mismo rigor que a cualquier otro ciudadano.

Y otro, por citar solo uno más, ciertamente no menos sospechoso e irritante: la práctica aleatoria e interesada de los indultos… ¿Por qué no se indulta a unos y se indulta con tanta facilidad a otros?

A mí me produce gran coraje que se utilicen los indultos de forma interesada o que haya en ellos tráfico de influencias porque eso ha puesto bajo sospecha el indulto mismo ante la mayoría de la gente. Yo creo que el indulto puede ayudar a la aplicación de la justicia cuando la pena impuesta no ha podido tener en cuenta las particulares condiciones de la persona condenada (porque hay una pena mínima, por ejemplo) o la evolución singular de esta persona en el tiempo. El indulto, cuando está motivado por razones humanitarias, puede servir para corregir efectos perversos de la aplicación estricta de la ley. Lo triste no sólo es que a veces no se aplican con justicia, sino tambien que hay cientos de personas con razones justísimas esperando indultos que nunca llegan porque nadie se preocupa de “moverles los papeles” y otros son atendidos rápidamente porque tienen padrinos.

¿Y qué decir de la Ley de Reforma de la Justicia Universal? Los intereses y las circunstancias reales que la han motivado ¿harán que esa reforma genere más y mejor justicia?

No estoy de acuerdo con la reforma que se ha hecho y, sobre todo, no estoy de acuerdo con los motivos por los que se ha hecho, por la presión de un país a alguno de cuyos dirigentes se les había abierto una causa por delitos de lesa humanidad. El sentido de la Justicia Universal es justamente poder perseguir crímenes de derecho internacional que no son perseguidos en los países en los que se producen. Dar pasos atrás en materia de compromiso con los derechos humanos en el mundo es una muy mala noticia para España y para la justicia.

Al hablar de la justicia, tampoco podemos olvidarnos de las cárceles, que usted conoce muy bien. ¿Podemos hablar de justicia igual para todos en este ámbito? ¿Quiénes van finalmente a la cárcel y cómo son tratados dentro unos y otros?

La justicia es igual para todos por principio, pero de forma teórica. En la práctica, las desigualdades hacen que ese principio se altere de manera sustantiva. El derecho a la defensa no puede ser ejercido de igual manea por quien tiene recursos que por quien no los tiene, por ejemplo. Pero, además, la penalización que tienen los pequeños delitos, que son los que mayoritariamente cometen personas sin recursos, y los grandes delitos (sobre todo en el caso de los delitos económicos) es muy despropocionada. La mayoría de las personas que están en prisión han cometido delitos pequeños; a veces, muy pequeños. La suma de estos pequeños delitos acaba en condenas abusivas. He escrito un libro, “Penas y personas” para, entre otras cosas, denunciar estas desigualdades.

Todos estos síntomas de claudicación de la justicia, ¿no merecerían una mayor, más contundente, indignación, e incluso rebelión, de la ciudadanía? En su opinión, ¿no hay en la ciudadanía demasiada resignación? ¿Y demasiada complacencia en la política? ¿Qué propondría para cambiar esta situación?

Creo que hay una escasa conciencia acerca de la importancia que tiene la justicia, la administración de justicia, el sistema de penas, el sistema penitenciario… que dicen muchísimo de cómo es una sociedad y de sus valores.

En España tienen, además, mucho peso los argumentos del populismo punitivo. Es sorprendente encontrar, a veces, a personas progresistas sumándose a la demanda de más penalización ante delitos detrás de los cuales hay personas enfermas, o marginales a las que se debe tratar y ayudar. Los políticos no se atreven a enfrentarse a una opinión pública educada en ideas de venganza, tan injustas como inútiles para mejorar los niveles de seguridad; ni se propone re­educarla explicando lo que hay detrás de cada suceso terrible que se produce y lo que se puede y se debe hacer para evitarlo, que siempre va mucho más allá del código penal.

Nuestra revista ÉXODO tiene en su origen y en su proyecto una inspiración cristiana, profética y evangélica. Y desde ella, esta situación de la justicia se nos hace más dolorosa, más insoportable. Porque lo pagan los más débiles, los pobres, los excluidos. “Practicar la justicia” es el eje de este número de la revista: ¿cree que esta exigencia profética y evangélica puede alentar hoy día “otra forma de justicia”?

Me parece un buen lema: practicar la justicia. Estamos demasiado acostumbrados a echar la culpa de todo a los otros, al sistema… que a veces eso esconde una falta de compromiso personal para mejorar las cosas, para hacerlas de otra manera. En mis casi 8 años al frente del sistema pentienciario español, he tenido la oportunidad de conocer a muchos cristianos comprometidos, que dedican una parte importante de su tiempo y de su vida a ayudar a las personas más solitarias y más abandonadas de todos: los que cumplen condenas en los centros penitenciarios. Practicar la justicia es también comprometerse con los pobres, los excluidos, a menudo enfermos, drogodependientes y llamar la atención sobre esa injusticia profunda que lleva a que una sociedad que no da oportunidades a muchas personas, que no les ayuda a resolver sus problemas, luego les penalice por no saber adaptarse.