Laicidad, en la antesala del 2020

Francisco Delgado

Balance y causas de las carencias en laicidad, dentro el entramado político y del tejido social de la España actual

I. A modo de preámbulo

Los pueblos que constituyen el actual Estado español han estado sometidos, durante siglos, a “practicar” una determinada religión obligatoria: “la católica y romana”. Ello ha marcado, profundamente, nuestra historia, cultura, tradiciones… en materia de religión y/o secularización. Y también nuestra convivencia social, leyes, libertades, grado de democracia…

La unidad católica de España, se remonta al III Concilio de Toledo del año 589, con el abandono del arrianismo por parte de los reyes godos. Se afianza durante la Reconquista y con el poder absoluto de los Reyes católicos en el siglo XV, continúa con el establecimiento de la Inquisición (que duraría –de facto– hasta la mitad del siglo XIX), durante el Imperio de Carlos I y Felipe II y, posteriormente, con la colonización y cristianización de América y otros territorios. A España apenas llega la Reforma protestante, ni los principios de la Ilustración. Con el inicio del siglo XIX se aprueba una Constitución liberal (la de 1812), pero que afianza el catolicismo político indisoluble y “eterno” de la nación española, prohibiendo cualquier otro culto o convicción.

A lo largo de este convulso siglo XIX, sectores liberales tratan de establecer la libertad de culto, restar poder a la Iglesia católica romana, se producen varias desamortizaciones de bienes muertos propiedad de la Iglesia católica, que se re-venden a la nobleza, sobre todo para sanear las deprimidas arcas del Estado y sus deudas.

Sin embargo en la línea marcada por los Concordatos de 1418, 1737 y 1753, se firma el Concordato isabelino de 1851 (base ideológica y política de los actuales Acuerdos concordatarios de 1979), en donde (muy resumidamente):

  1. Se re-establecen las relaciones preferenciales del Estado (monárquico-isabelino) español con la Santa Sede, después de varias rupturas en el siglo XIX, como consecuencia, por un lado de las desamortizaciones de Mendizábal (entre otras) y también por las desavenencias entre el Estado central español y el papado por su respaldo al Carlismo, que por entonces apoyaba diversos procesos secesionistas.
  2. Se declara que la única religión del Estado es la católica y romana, quedando prohibidas otras religiones, en la línea que marcó la Constitución “liberal” de 1812.
  3. Se concede a la Iglesia católica amplios poderes para incidir ideológicamente en la Enseñanza y su capacidad para censurar obras escritas que no estuvieran de acuerdo a la moral católica.
  4. Se les subvencionará el culto y el clero de forma oficial y obtienen exenciones tributarias de todo su patrimonio y negocios mercantiles.

Un siglo después (1953), la dictadura franquista actualizará (después de un costoso proceso de desencuentros con la Curia romana) el Concordato, (con el Papa Pío XII), ratificando los enormes privilegios políticos, tributarios, económicos, simbólicos, jurídicos y en materia de Enseñanza y Servicios sociales.

En medio de todo ese proceso histórico, surgió un muy breve y muy convulso “oasis democráticodurante los años de la II República española, que trató de establecer el Estado laico (es decir, la libertad de culto y la libertad de conciencia), la Enseñanza única y laica, que eliminó los privilegios simbólicos, jurídicos, políticos, fiscales y económicos de cualquier entidad religiosa o de otra naturaleza ideológica.

La II República no llegó a durar una década, el fascismo internacional y las potencias liberales se encargaron, directa o indirectamente, de atacar los valores republicanos y laicistas… con la “falacia” de que la República caería en manos del comunismo internacional.

También una gran parte del clero católico, ya antes de proclamarse la República, la atacaron y luego fueron aliados del golpe de Estado de 1936 y de la represión franquista (durante y posterior). Aunque es cierto que algunas revueltas populares y políticas, que surgieron durante el periodo republicano, atacaron al clero y a sus bienes, generando odios y dolor innecesario.

Constitución de 1978

En 1977, se establecía una democracia formal, después de cuatro décadas de un régimen totalitario que cometió diversidad de atropellos contra personas y grupos no “adictos” al Régimen”, en lo que se puede considerar como “crímenes de lesa humanidad” y en donde y hasta 1967 (Ley de libertad religiosa) estuvieron prohibidas otras religiones o convicciones que no fueran las que proclamaba la católica romana. Y ello con un potente apoyo del aparato de jerarquía católica oficial.

En diciembre de 1978 se aprueba una Constitución que (aun en su ambigüedad) declara el Estado como no confesional. Sin embargo, unos días después (enero de 1979), un Gobierno interino (con el Parlamento disuelto) firma cuatro Acuerdos concordatarios con la Santa Sede (de muy dudosa constitucionalidad) y en la línea ideológica de los concordatos isabelino (1851) y franquista (1953), antes mencionados, en los que se vuelven a establecer enormes privilegios simbólicos, jurídicos, económicos, tributarios y en materia de Enseñanza. Acuerdos hoy, cuatro décadas después, vigentes, que –en mi opinión– son de muy dudosa constitucionalidad y que –además– han quedado muy obsoletos.

Estos Acuerdos están suponiendo un enorme lastre para poder avanzar en libertad de conciencia y en laicidad institucional. Además de que no hay suficiente voluntad política para adecuar el Estado a una realdad plural y secular de una inmensa mayoría de la ciudadanía.

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II. Secularización de la ciudadanía, frente a una tendencia a la confesionalidad, tanto política, como institucional

En la diversidad de territorios que conforman (hoy) el Estado español existe una potente secularización de la sociedad, (incluso por encima –en algunas cuestiones– de la media europea) y AFORTUNADAMENTE se han aprobado y están vigentes derechos civiles, en la línea de cualquier Estado democrático europeo de nuestro entorno.

Sin embargo, desde los poderes del Estado, se mantienen unas relaciones muy privilegiadas con El Vaticano y, en los últimos tiempos se tiende a una especie de multi-confesionalidad, por parte de casi todo el espectro político de cualquier ideología y en cualquier región y municipio.

Según últimos estudios del CIS (que coinciden con otros estudios sociológicos de diversas universidades o y organismos públicos) a finales de 2017 el 68,7% de la ciudadanía se declaran católic@s, cuando hace algo más de dos décadas rondaban el 90%.

El CIS se refiere a encuestados de todas las edades. Pero, si lo desglosamos por franjas de edad que basculen entre los 20 y los 40 años, las cifras descienden por debajo del 50%.

Es más (y esto es lo importante) cuando preguntan a ese casi 69% si cumple con los preceptos católicos, como se puede observar –en el cuadro adjunto– son sólo algo más del 16% los que habitualmente asisten a misa u otros rituales.

Un indicativo, muy fiable, son las personas que señalan la casilla en la Declaración del IRPF, para que se financie la Iglesia católica, año tras año, no pasan del 35%.

Las personas que se declaran ateos, agnósticos o no creyentes, ya superan el 26% y entre los menores de 40 años superan el 40%.

Otro dato interesante es que –según datos de la Memoria anual de la Conferencia Episcopal Española–, en 2013 se bautizaron sólo al 58% de los niños que nacieron. A pesar de ser un rito de paso muy arraigado popularmente, es decir que hay más de un 40% de los nacidos que (ya) no se bautizan.

En cuanto a matrimonios civiles, estos superan (con creces) los que se hacen por ritos de carácter religioso. Los últimos datos es que de media, en el conjunto del Estado, aproximadamente dos de cada tres matrimonios se realizan por el ritos civiles (juzgado o ayuntamiento) y en algunos territorios como Euskadi y Catalunya los números a favor de los ritos civiles son mucho más altos.

Si ello lo trasladamos a la Enseñanza, a pesar de las presiones (más o menos encubiertas) que se ejercen en (algunos) centros sobre las familias, para que éstas matriculen a sus hijos e hijas en religión, en el curso 2015-16, el número de alumnado que asistía a clase de religión (en el conjunto de las etapas y del Estado, en los centros de titularidad pública) no pasaba del 45%. Si nos atenemos a toda la Enseñanza, incluida la católica las cifras aumentan, lógicamente. Y si nos centramos en el alumnado de secundaria (cuando los chavales pueden decidir por ellos mismos), las cifras descienden muchísimo.

Un interesante estudio (muy reciente) hecho en Andalucía (territorio que nos viene ofreciendo en las encuestas del CIS una media más alta en cuanto a religiosidad católica, entre la ciudadanía adulta) es muy elocuente:

“Investigadores del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Granada, dentro del grupo Valores Emergentes, Educación Social y Políticas Educativas”, han llevado a cabo el estudio entre los meses de mayo y junio de 2017 en todas las universidades de Andalucía.

Entre las conclusiones y sugerencias, la investigación ha puesto de manifiesto que la “descristianización” de la sociedad (en Andalucía) es un hecho evidente, y de modo progresivo, en todas las capas sociales.

Los jóvenes, desde hace años, se encuentran alejados de la Iglesia y, actualmente, la religión para muchos de ellos ocupa los últimos lugares en una escala de valoración de las cosas importantes de la vida (16%) y ya sólo un 40% se define como católico.

Los promotores del estudio explicaron que “lo más grave” es que la propia Iglesia católica, como institución, es (ahora) un elemento activo más de colaboración en esta “descristianización” de la sociedad española.

Se trata por tanto de una contradicción con su misión evangélica, pues no sólo no contribuye a que los jóvenes encuentren a Dios, sino que es un obstáculo para muchos de ellos.

Estos datos, entre otros, reafirman el avance de la secularización de la sociedad española, aunque solo sean análisis cuantitativos.

Sin embargo la cuestión de la laicidad, hoy por hoy, no forma parte de las AGENDAS POLÍTICAS de forma nítida y clara. Sólo se aprecian ciertos escarceos, pequeñas iniciativas y denuncias, algunas declaraciones de intenciones… y muy poco más

Y lo más grave es que la inmensa mayoría de las y los responsables políticos –hoy en activo– tienen un enorme desconocimiento de lo que para las libertades y la democracia representa un proyecto laicista de Estado.

Para ser claros: la mayoría de políticos y políticas en España, (incluidos los más jóvenes) confunden laicismo, con ateísmo, anti-religiosidad…

…o, incluso, se confunde (interesadamente) con multi-confesionalidad o diálogo inter-religioso (muy de moda desde algunos años), aunque en España (todavía), como se observa por la encuesta del CIS reseñada anteriormente, las religiones minoritarias representan el 2,8% de la población. Pero, desde el ámbito político, suelen utilizarlo como coartada para mantener los privilegios de la Iglesia católica, apelando a una errónea e interesada forma de interpretar la libertad religiosa.

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III. Neoliberalismo y religiones

A los estragos sociales que está causando, en las últimas décadas, el neoliberalismo, es decir una nueva forma de capitalismo y ciber-capitalismo depredador e insaciable hay que sumar la alianza con las diferentes corporaciones religiosas, entre ellas “El Vaticano”, que tratan de imponer sus dogmas en contra de derechos civiles varios y que apoyan la privatización (en su favor) de los Servicios Públicos, con la finalidad de hacer negocio mercantil e ideológico, sobre todo en la Enseñanza.

Pero también (y cada vez más) a través de la privatización de la Sanidad y de los Servicios Sociales comunitarios (infancia, pobreza, personas mayores…), se organizan verdaderas multinacionales religiosas de la caridad… y así en todo el Planeta, los gobiernos “ceden” a éstas una parte más o menos importante de la atención sanitaria, educativa, social… que debería de ser una prioridad pública, por aquello de la justicia social y el Estado compensador.

Y en este nuevo escenario de una renovada complicidad de la política con la religión corporativa (y viceversa) aparecen nuevos grupos y corrientes neo-fascistas y xenófobas, ciertas formas de nacionalismos patrióticos con un fuerte componente emocional y excluyente, que encuentran un adecuado espacio de poder en toda Europa, de forma muy peligrosa.

Ello constituye (a medio y largo plazo) un enorme peligro para las libertades, los derechos civiles, la igualdad de género e, incluso, la destrucción de fuertes Estados democráticos, sociales, redistributivos y de Derecho, tal y como la Ilustración los concebía.

Ya lo están siendo con planteamientos xenófobos los cada vez más potentes grupos neo-cristianos de fuerte componente fascista en todo Centroeuropa al impedir, desde el poder político al que han llegado, la entrada de inmigrantes y refugiados, por ejemplo… pero más adelante exigirán la eliminación de otros derechos.

El muy reciente “fenómeno Trump” (un gran aliado del poder religioso) o la posición privilegiada en el poder de los neo y pentecostales en Brasil son un ejemplo, pero hay más. Por ejemplo, la oposición religiosa a la libertad de las mujeres, en cuanto a decidir sobre su maternidad o su sexualidad, está generando enormes problemas en toda América latina, algunos de los cuales están inmersos en procesos revolucionarios o han salido de ello. También en el ámbito de la Enseñanza, se están perdiendo avances en laicidad como en Méjico y Uruguay.

La religión que en algunos Estados europeos se había relegado (en parte), a lo largo del siglos XIX y XX a los ámbitos privados que le corresponde por su naturaleza, hoy –sin embargo– ocupa, de nuevo, espacios de poder político, caso de Francia o del centro y del este europeo, especialmente las diversas iglesias cristiano ortodoxas, que están acumulando un enorme poder político, patriótico y económico en Rusia, Grecia, Bulgaria, Rumanía y hasta en Serbia.

En este entramado, los sectores islámicos (moderados) también “sacan tajada”, exigen compensaciones políticas en la línea del mal entendido como diálogo inter-religioso, que comenzó –al inicio de este siglo– concretamente en Turquía y propiciado por un presiente español (Zapatero) empeñado en ello, en mi opinión, con una estrategia muy errónea, con la intención de contrarrestar al islamismo radical y criminal… pero ha sido en vano. Sólo hay que observar la deriva islamista de Turquía, con una terrible pérdida derechos (sobre todo de las mujeres y la infancia, también la libertad de de expresión de los medios de comunicación) y la caída (de facto) del Estado laico, tan importante en esa parte de Europa a lo largo del siglo XX.

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IV. Importancia de la laicidad y de la libertad plena de conciencia para asentar una democracia y los derechos civiles

La laicidad debe formar parte de todo proyecto jurídico y político de un Estado Democrático, Social y de Derecho, y por tanto también de las organizaciones de ámbito superior que los pueblos europeos acuerden libremente construir para extender y unificar sus conquistas sociales y democráticas.

La laicidad no es ninguna “religión”, ni tampoco la “religión” de los no creyentes o de los ateos, agnósticos, indiferentes…. la laicidad es un principio democrático de funcionamiento político e institucional que no niega ninguna identidad, tampoco la religiosa, ni está en contra de las creencias particulares, sino que respeta la libertad y derechos de cualquiera de ellas, al establecer principios básicos que permiten garantizar su articulación en el ámbito común de una sociedad que es plural.

La laicidad se asienta en tres principios intrínsecos a la propia democracia y a los Derechos Humanos:

  • La libertad de conciencia.
  • La igualdad de derechos sin privilegios, ni discriminación.
  • La universalidad de las políticas públicas.

Lo que implica la clara distinción entre el ámbito público y el privado y la estricta separación entre la política y las religiones u otros particularismos ideológicos.

Sin embargo, en el conjunto europeo, como en el anterior capítulo poníamos de relieve, se percibe una situación acelerada de pérdida de derechos y libertades cívicas en casi todos los campos.

Ideologías, como las religiosas oficiales y las neoliberales, imponen sus formas excluyentes de entender el mundo y las relaciones interpersonales, su moral y dogmas particulares y sus políticas sociales desiguales al conjunto de la ciudadanía, generando, con ello, enormes desigualdades sociales y económicas y recortes de derechos a la mayoría de la población y especialmente a los grupos más desfavorecidos por razón de clase social, sexo, orientación sexual, origen étnico o nacional, capacidades funcionales, etc.

Se hace, por tanto, necesario impulsar el laicismo como movimiento a favor de la laicidad en todo el ámbito europeo. Por ello Europa Laica propuso a la sociedad civil y a sus organizaciones de base, a los partidos políticos, a los diferentes gobiernos y a las instituciones europeas en el año 2014 una “Carta Europea por la Laicidad y la Libertad de Conciencia”, que fue entregada oficialmente en el Parlamento Europeo (Bruselas), a su Presidencia y a los Grupos Parlamentarios y, también, en el seno del Consejo de Europa con sede en Estrasburgo (que lo componen 47 países de todo el Continente) y a su Presidencia y Secretaría General… como recordatorio y a modo de Tratado anexo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y a la legislación internacional sobre los Derechos de la Infancia.

Esta Carta, se puede leer en:

https://laicismo.org/2014/05/carta-europea-por-la-laicidad-y-la-libertad-de-conciencia/61735/

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V. Expectativas a medio plazo

Una parte de la sociedad española viene proponiendo una reforma (más o menos profunda) de la actual Constitución, hay quienes reclaman un “nuevo proceso constituyente”. Pero en ambos casos dependerá, claro está, de las mayorías y minorías políticas y hasta dónde llegará, realmente, la “soberanía popular”… en un mundo global, cuyo “sistema capitalista depredador” lo inunda todo, desde la base social, hasta el poder. Salvo que asistamos a un nuevo proceso revolucionario, en “clave s.XXI”, que modifique, radicalmente, la forma de organización social y política de la sociedad. Y no parece que a medio plazo vaya a suceder.

Los principios de la Ilustración, basados en aumentar los derechos de la persona, considerarlas ciudadanas y no siervas… se fueron afianzando a los largo de décadas en una gran parte de Europa y del continente americano, aunque de forma muy lenta y con mucho esfuerzo.

Al mismo tiempo que las sociedades se iban secularizando, también los Gobiernos y las instituciones de los Estados, se iban desprendiendo –poco a poco– del poder de las iglesias. Pero como hemos ido reflexionando anteriormente esta situación, desgraciadamente, está comenzando a cambiar en este inicio del s.XXI y no precisamente para bien.

Ciñéndonos a los territorios que actualmente, jurídica y administrativamente, conforman el Estado español, una determinada moral, el boato y costumbres de la religión católica, siguen casi intactas e incrustadas en una parte amplia de las estructuras del Estado.

Como ya se ha comentado en el primer capítulo, unos Acuerdos concordatarios con la Santa Sede vienen a certificar las históricas prebendas que la Iglesia católica mantenía en materia tributaria, en financiación directa, en el ámbito escolar y en los servicios sociales, en cuestión del patrimonio artístico, en el ámbito de las fuerzas armadas… etc.

Pero por si esto era poco, los diversos gobiernos de la democracia (en los tres ámbitos: estatal, local y autonómico) han aumentado parte de estas prebendas con aun más financiación, mayor alcance de los tributos, aumento de los conciertos educativos para financiar la enseñanza dogmática católica, privatización de servicios sanitarios, educativos y sociales de todo tipo a favor de órdenes religiosas, asociaciones, etc.

Al inicio de este 2018, estamos ante nuevo escenario. Para muchos, las viejas estructuras políticas están en cuestión, han aparecido nuevos líderes, aparentemente nuevas formas de participación, también los viejos y “menos viejos” partidos pretenden renovarse, pero ello sucede cuando una parte importante del tejido social sólido NO religioso se ha ido desvaneciendo, poco a poco y el antiguo activismo sindical se ha ido corporativizando y perdiendo prestigio social.

Aunque, ¿por qué no confiar… que en esta nueva etapa, con una sociedad realmente muy secularizada, una nueva forma de hacer política, vaya a cambiar ¡por fin! las actuales relaciones caducas y preferenciales de las instituciones del Estado, con la Iglesia católica y también las que comienzan a darse con otras religiones.

En ese caso: ¿cuáles podrían ser los tres ejes principales de actuación a corto y medio plazo?:

  1. Garantizar la independencia efectiva del Estado con respecto a cualquier confesión religiosa, asegurando –así– la neutralidad ideológica de las administraciones públicas.
  2. Eliminar cualquier tipo de privilegio o discriminación en el trato económico y fiscal para todas las entidades de carácter privado, sean religiosas o no, con el fin de asegurar el principio democrático de la igualdad de derechos ante la Ley y la separación de los ámbitos público y privado.
  3. Asegurar una Educación laica, como derecho universal, igual e integrador, dentro de un proyecto común de ciudadanía.

Para ello hay que modificar algunos preceptos de la Constitución de 1978; denunciar y derogar los Acuerdos concordatarios con la Santa Sede y diversos acuerdos de cooperación con otras confesiones; reformar diversas leyes de carácter tributario, generar leyes y normas de secularización institucional (a través de una Ley de Libertad de Conciencia), pero, sobre todo, modificar actitudes y conductas de los poderes públicos y de los responsables políticos, normalizando una real separación del Estado de la religión, ya sea la católica o cualquier otra.

Es un error confundir la laicidad de las instituciones con el del diálogo inter-religioso o tratar de mezclarlo, como en los último años se pretende hacer en algunos Ayuntamientos y CCAA.

Tratar de mezclar laicidad institucional con el Diálogo Inter-religioso no tiene sentido alguno ya que entre ambos no hay temas comunes que tratar, a diferencia de los que serían propios entre las distintas confesiones sobre lo religioso, su contenido espiritual, entendimiento o confluencias. Poner en un mismo nivel ambos temas es confundir asuntos de distinto plano y categoría conceptual y social.

Las confesiones religiosas (todas) deben ser tratadas como organizaciones privadas de fieles sujetas al derecho común, como cualquier otra Asociación o Entidad privada. Ser católico, evangelista, judío, musulmán, o nada, o de cualquier otra identidad o convicción particular, resulta irrelevante para el contenido de universalidad que deben tener las políticas públicas y normas de convivencia.

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VI. A modo de conclusión

Nos encontramos en la antesala del año 2020 y parece que el siglo XXI comenzó “ayer” e incluso la aprobación de la Constitución de 1978, ahora tan denostada por una parte de la sociedad, como si ésta (ella sola) tuviera la culpa de algunos de los graves desmanes políticos cometidos en estos años… aunque hay que reconocer los errores que se cometieron en 1977 y 78, que hay que solucionar lo antes posible, siempre que seamos capaces.

Pero sin embargo hay que ser conscientes de que se han dado enormes pasos en derechos civiles, desde 1978, algunos de ellos con oposición muy firme de la cúpula católica y de otras religiones minoritarias: como la posibilidad del divorcio, la interrupción voluntaria del embarazo, derechos de las mujeres y de la infancia, diversidad de modelos de familia, matrimonios de personas del mismo sexo… y hay más.

Sin embargo en cuanto a laicidad de las instituciones del Estado, de la Enseñanza… se ha avanzado muy poco o nada e, incluso, en algunas cuestiones se ha retrocedido… Por ello la meta que nos debemos proponer para la próxima década 2020-2030… Es tratar de romper esa barrera, hacer la Transición en esta cuestión… Más allá de que se reforme la Constitución o se abra un verdadero proceso constituyente.

La actual secularización de la sociedad propicia avanzar hacia el Estado laico.

Aunque podría suponer un cierto obstáculo el repunte internacional de una involución en materia de laicidad y de derechos civiles. Y ello tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando se marquen estrategias. Porque no sólo es necesario hacer acertados diagnósticos y mantener vivo el deseo, sino elegir el camino y la estrategia más adecuada para conseguir un objetivo.

Ya que a nivel planetario, la desigualdad social y económica, impuesta por un capitalismo depredador insaciable (lo que algun@s denominan neoliberalismo, creo que de forma muy suave) está minando los principios más elementales de las democracias, allá donde se estaban asentando o estaban de forma muy incipiente, incluso democracias consolidadas en mayor o menor grado. Como consecuencia de ganando la tesis de que es mejor que el mercado opere ciegamente (la religión del s. XXI) y ello está propiciando, además de enormes desigualdades sociales, crisis tremendas que afectan a los derechos y libertades.

Por ello es tan difícil articular un tejido social sólido y organizado, sobre todo en el ámbito de la izquierda sociológica y política clásica. Situaciones últimas tenemos varias, por ejemplo en los procesos revolucionarios que han surgido hace unos años en el norte de África, que –por ahora– han desembocado en nuevas dictaduras religiosas y en reinos de taifas, también tenemos algunos ejemplos en América latina y en otros lugares del Planeta.

La situación en el horizonte del 2020 es muy compleja, de ahí que habrá que articular renovadas fórmulas de acción colectiva, social y política…

… y quizá aprovechando que en este año (2018), se cumple el 60 aniversario de la proclamación de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, 50 años del asesinato, de M Luter King, como consecuencia de sus ideas y de la defensa radical de los Derechos Civiles y 40 años de la aprobación de la Constitución de 1978, que aun con los errores cometidos, nos permitió salir de cuatro décadas de totalitarismo y oscurantismo político nos de aliento y fuerza para reflexionar sobre cómo abordar –con rigor– el futuro en materia de Laicidad y de Derechos y Libertades.

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Francisco Delgado (*)

Tipógrafo y diplomado en Psicología Industrial. Fue diputado en 1977 y senador en 1979, durante 5 años presidente de la Confederación española de AMPAS, miembro del Consejo Escolar del Estado, durante 15 años y entre los años 2008 y 2017, presidente de Europa Laica.

Autor de diversas publicaciones, la última: “La cruz en las aulas” (Akal-2015)

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