La urgencia de un cambio de gestión en materia de aguas para conservar los ríos vivos

Éxodo 120
– Autor: Santiago Martín y Erika González –

Los ecosistemas hídricos como los ríos, humedales y lagunas tienen un inmenso valor que procede de su importancia ecológica como refugio de multitud de especies vegetales y animales, y también como ecosistemas que interconectan distintas áreas o hábitats. Además, junto con los acuíferos, son las fuentes de un bien básico para la vida como es el agua. La buena conservación de estos ecosistemas es indispensable para garantizar la vida, no sólo de los ecosistemas naturales sino también de la población humana pues el abastecimiento de agua para las personas y para sus actividades depende del buen estado que tengan estos hábitats.

A pesar de su enorme valor, en España, los humedales, lagunas y acuíferos sufren un grave deterioro. Entre las principales responsables de esta situación se encuentra la política en materia de aguas que ha desarrollado, y sigue impulsando, el gobierno, independientemente del color político. Históricamente las instancias gubernamentales han considerado el agua sólo bajo su condición de motor de desarrollo económico y, de esta manera, su principal objetivo ha sido incrementar los recursos hídricos disponibles para las crecientes demandas. La exigencia de acceder a cada vez mayores volúmenes de agua proviene fundamentalmente del regadío: la agricultura consume el 80% del agua disponible en el Estado español. Y la construcción de cientos de grandes embalses, así como de varios trasvases, como por ejemplo el que conecta el río Tajo con el Segura, ha sido la herramienta que ha permitido este elevado consumo.

La política de satisfacer las irracionales demandas de agua a través de la construcción de infraestructuras y de la sobreexplotación de los ecosistemas ha tenido serias secuelas sobre los ecosistemas hídricos, como por ejemplo, el hecho de que, aproximadamente, el 13% de las zonas irrigadas extraen agua de acuíferos sobreexplotados o bajo riesgo de intrusión de agua salada; la existencia de más de medio millón de pozos ilegales y la inundación de cientos de valles con grandes embalses que han conllevado a la desaparición de pueblos y de zonas de gran valor ecológico, histórico y arqueológico, entre otras.

El principal factor de insostenibilidad: el crecimiento ilimitado de la demanda de agua

Es cierto que a principios de este siglo las políticas de gestión del agua tomaban una nueva dirección, en 2004, el Gobierno del PSOE derogó la construcción de los trasvases Ebro-Júcar-Segura-Sur y Ebro-Cataluña, desestimó la construcción de una gran parte de los embalses previstos, continuó con la política de modernización de regadíos, se empezó a considerar a los ríos como ecosistemas a conservar, y se inició una apuesta importante por la reutilización de aguas residuales depuradas. Si bien a partir de entonces se ha hecho un esfuerzo importante por incrementar la eficiencia en la utilización del agua, tanto en la agricultura como en el abastecimiento urbano, esos ahorros han sido invertidos en su práctica totalidad en abastecer nuevas demandas de ambos sectores. Es decir, el principal causante del deterioro de los ríos y acuíferos, el crecimiento ilimitado de la demanda de agua, no se cuestiona ni se toman medidas para frenarlo, sino que es continuamente satisfecho ya sea con medidas de eficiencia o directamente con más infraestructuras, tal y como se constata con los nuevos planes hidrológicos que está aprobando el gobierno español.

Los planes hidrológicos son los documentos de planificación hidrológica, que contemplan las demandas de agua, las obras de todo tipo que se van a realizar, los proyectos para solucionar el deterioro de los ríos y acuíferos, etc. y deben incorporar la Directiva Marco de Agua (DMA). La DMA fue transpuesta a la legislación española 1 y debería ser una herramienta para avanzar en una gestión que priorice la conservación de los ríos y acuíferos ya que contempla por ejemplo la necesidad de transparencia en la gestión, la participación pública, la recuperación de costes, etc. Sin embargo, existen barreras que han impedido que en España suponga una mejoría para el medio ambiente, por un lado, la DMA no es suficientemente restrictiva para limitar la excesiva demanda de agua en regiones mediterráneas y, por otro lado, la trasposición que se realizó hace diez años fue totalmente insuficiente y deficiente.

Con todo, la incorporación de la DMA introduce como objetivo prioritario el hecho de que los ríos españoles alcancen el buen estado ecológico para el año 2015, para lo cuál los planes hidrológicos se tenían que haber modificado, en aras de cumplir este objetivo, en el año 2010. En cambio, es en 2012 y, fundamentalmente, en 2013 cuando han sido aprobados los nuevos planes. Precisamente, tras la condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al Estado español el 4 de octubre de 2012 por no aprobar e implantar a tiempo estos nuevos planes hidrológicos.

Más allá del retraso en la aprobación de los planes hidrológicos, lo que Ecologistas en Acción considera como la causa fundamental de no llegar al buen estado ecológico de ríos y acuíferos en 2015 es el propio contenido de estos planes: las irracionales demandas que pretenden abastecer, las obras hidráulicas que contemplan, la ausencia de medidas efectivas para proteger los ecosistemas, etc. En general son planes desarrollistas, no tienen en cuenta la disponibilidad de agua es cada vez más limitada y, prácticamente, ignoran los aspectos ambientales, o los consideran de forma marginal (caudales ambientales, protección de cauces y riberas, etc.).

Todos los planes mostraban serias deficiencias, siendo especialmente agresivo el Plan del Ebro, que contempla la creación de 445.000 nuevas hectáreas de regadío en la Demarcación del Ebro (actualmente existen algo menos de 1 millón) y la construcción de un elevado número de embalses en esta misma demarcación. También se contempla la construcción de infraestructuras altamente impactantes en los planes de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y de la del Tinto, Odiel y Piedras. Los ejemplos pueden seguir con el caso de la demarcación del Guadiana, donde se planifica el incremento de la superficie de regadío en 22.000 nuevas hectáreas o en la del Guadalquivir, donde el caudal ecológico propuesto es muy inferior al necesario para la conservación de los ecosistemas y no respeta la variabilidad estacional necesaria. En el reciente plan hidrológico del río Tajo ha empleado datos obsoletos, sacrifica los caudales ambientales y la consecución de objetivos de calidad en beneficio del Trasvase Tajo-Segura. Estos son sólo algunos ejemplos que muestran la ausencia de medidas para una adecuada conservación ambiental.

El cambio climático y el agua

El establecimiento de caudales ambientales en los ríos significa implantar medidas que aseguren el volumen de agua necesario para mantener, como mínimo, la vida piscícola que de manera natural habitaría allí, así como su vegetación de ribera. Este aspecto esencial para la conservación ambiental sí tiene un buen reflejo en la legislación española pues está contemplada en varias normas, entre ellas, la Ley de Aguas 2. En cambio, la realidad es que se incumplen de forma sistemática y no parece que vaya a cambiar la situación sino a agravarse, no sólo por cubrir la excesiva demanda de agua sino también por los efectos del cambio climático.

Recientemente los medios de comunicación reflejaron los resultados de un estudio publicado en la revista científica Progress in Physical Geograph que afirmaba que el caudal de los ríos de cabecera de la geografía española ha descendido de forma muy significativa. Según las agencias periodísticas “El análisis abarca cuatro décadas, en las que el volumen de agua de las zonas altas de las cuentas hidrográficas ha disminuido de media un 1’5% cada año, una tendencia muy clara observada exclusivamente en tramos de río no intervenidos directamente por el ser humano” 3. Esta situación ya fue analizada por Ecologistas en Acción en el documento “Disponibilidades hidricas en España y Cambio Climático”, que presentó en 2009 en la Cumbre de Cambio Climático de Copenhague.

Tabla. Aportaciones medias anuales (Hm3/año)

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.

Según los datos obtenidos en las estaciones de aforos de los ríos dependientes del Ministerio de Medio Ambiente, las aportaciones a los cauces se han reducido entre 1996 y 2005 un 15%, con respecto a los valores medios obtenidos en el periodo 1940-1995. Entre las causas que más pueden influir en esta reducción está el aumento de las temperaturas, especialmente en los períodos de más precipitaciones, primavera y otoño, lo que a su vez incrementa la evaporación reduciendo la escorrentía. Así las cosas, mientras se reduce la disponibilidad de este recurso, se sigue incrementando su demanda.

Con este panorama, el control de la demanda, las políticas ambientales para la recuperación y protección de caudales ecológicos y la planificación de usos bajo criterios de racionalidad y sostenibilidad ambiental debería ser una prioridad para el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Los nuevos planes hidrológicos no tienen esta prioridad ni contemplan la reducción de los aportes de agua a los ríos por el efecto del cambio climático. En todos los casos se cuenta con un agua que no existe, por ejemplo, el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Guadalete y Barbate contempla una reducción de aportaciones de agua a los ríos por efecto del cambio climático de un 8% para el horizonte 2023 y, según datos del Ministerio de Medio Ambiente (ver tabla 1), la reducción entre el periodo 1996/97-2005, con respecto al periodo 1940/41-1995/96, ha sido del 14%.

Propuestas para la sostenibilidad en la gestión del agua

Tras las críticas vertidas, se hace necesario aportar propuestas desde una perspectiva sostenible y ecologista.

Como se ha señalado, el incremento en la eficiencia en la utilización del agua, aunque importante, ha quedado demostrado que es insuficiente para alcanzar un cierto grado de sostenibilidad. Es necesario entonces no sólo frenar el actual crecimiento de la demanda, sino también proceder a su reducción sobre los niveles actuales. La recuperación de un cierto reequilibrio hídrico en una buena parte de las cuencas hidrográficas de nuestro país obliga a reducir la actual superficie de regadío, llevándola a un máximo de tres millones de hectáreas regadas para el conjunto del Estado, abandonando por tanto varios cientos de miles de hectáreas de regadío actualmente existentes. Por otro lado, el volumen de agua obtenida por la modernización de regadíos debe destinarse enteramente a reforzar los insuficientes caudales que actualmente discurren por nuestros ríos.

Se deben elaborar y aprobar los planes hidrológicos de todas las demarcaciones hidrográficas, estableciendo un régimen de caudales ambientales adecuados para todos los cauces y en todos sus tramos, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Aguas, en el Plan Hidrológico Nacional y en la Directiva Marco de Aguas, así como desestimar la construcción de nuevos embalses y trasvases.

Tiene que incrementarse sustancialmente el precio del agua que actualmente soporta regadío, con el fin de internalizar los costes ambientales y sociales de su uso y primar así el ahorro y la eficiencia. En este sentido, la tarificación debería ser en el cien por cien de los casos volumétrica, estableciéndose una política de bloques en los precios, de tal manera que el coste del agua por metro cúbico se incremente sustancialmente conforme aumentan los consumos. También debería diseñarse un plan de cierre progresivo del más de medio millón de pozos ilegales existentes, estableciéndose para ello un límite temporal.

Por último, también habría que realizar un plan para la eliminación en cuatro años de la totalidad de construcciones existentes en el dominio público hidráulico y zonas de influencia directa de los cauces, a la vez que se desarrolla un plan de restauración ambiental de las áreas afectadas, mediante la recuperación del bosque de ribera originario.

Estas son algunas de las propuestas que se consideran prioritarias en Ecologistas en Acción para la conservación de los ecosistemas acuáticos y los acuíferos, así como para asegurar el abastecimiento a la población con criterios de equidad.

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1 Mediante la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que en su artículo 129 modifica el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

2 También se contempla en la ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y sus modificaciones, el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH) y la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH).

3 “Espectacular descenso del caudal de los ríos de cabecera españoles”, Econoticias, 27 de septiembre de 2013.