JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN

Benjamín Forcano

Exodo 110 (sept.octub.) 2011
– Autor: Benjamín Forcano –
 
José Antonio Martín Pallín, destacado jurista español, conocido por su “insobornable independencia” y por ser “garantista y de izquierdas, sólo comprometido con los valores constitucionales”, ha sido Magistrado del Tribunal Supremo y es Magistrado emérito del mismo Tribunal, miembro de la Comisión Bioética de España y de varias instituciones de juristas, presidente de la Asociación de Derechos Humanos de España, presidente de la Unión Progresista de Fiscales y Portavoz de Jueces para la Democracia, Premio Jurista de la Universidad Complutense de Madrid.

Es un placer, José Antonio, entrevistarte para la revista Éxodo. Sin duda, tus palabras serán de

Comienzo por dos preguntas de actualidad. La primera a propósito de lo que has escrito sobre la última reforma de la Constitución y la segunda sobre el juez Garzón.

Relacionando tu misión de juez, de ciudadano y de político, ¿mantendrías la decisión tomada por el gobierno o mantienes a pesar de todo una postura crítica con lo que ha hecho?

En primer lugar, muchas gracias por tus palabras.

El caso se explica por sí mismo y cuando yo escribí en El País todavía no había salido la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, en el sentido de considerar que las ayudas a Grecia eran constitucionales. El problema es muy grave y se ha procedido con una rapidez y una frivolidad impropia de unos gobernantes que tengan sentido de responsabilidad, no solamente en el presente sino en el futuro. Imponer por Constitución un déficit es un brindis al sol. En el caso de que se incumpla, ¿cuál sería la sanción? ¿A esa persona la podríamos considerar como un malversador de caudales públicos? ¡No entiendo nada!

Lo único que podrían decir es: mire, Vd. se ha pasado del déficit constitucional. Otra solución sería: “bueno, Vd. está tergiversando la realidad, porque en definitiva sería el Tribunal Constitucional el que tendría que resolver”. ¡Peor me lo ponen! Porque un tribunal lo que tiene que hacer, con arreglo a unas pautas jurídicas, difícilmente puede echar sobre sus espaldas la política económica de un país, o la política económica de varios países de la Unión Europea. Entonces ¿qué hace el Tribunal Constitucional? Pues hacer como ha hecho Alemania: “¡Hombre, es constitucional, pero la próxima vez reúnan Vds. al parlamento, porque en una democracia hay que reunir al parlamento!”. ¡Vaya avance! Después de todo, creo que ha sido una medida perjudicial, porque al final si se aplica estrictamente en términos políticos, que no jurídicos, el gobierno de turno va a decir: ”los gastos públicos deben llegar hasta aquí, por tanto, tengo que recortar”.

Como te decía, me resulta casi obligatorio preguntarte por quien tendría que haber respondido esta entrevista: Baltasar Garzón. Este juez es considerado a nivel internacional el juez estrella de nuestro país. Tiene a su favor más de 80 premios concedidos. ¿Por qué, sin embargo, parece tener en su contra a la clase judicial española?

Hay varios factores. En primer lugar, su proyección internacional. Garzón ha intervenido en casos de jurisdicción universal, que han tenido repercusión universal. Y, además, han sido tan emblemáticos como el de Pinochet, que según yo creo fue el punto culminante que atrajo la atención de todo el mundo, no solamente jurídica sino también política. Muchos exclamaron entonces: “¡Hombre, pues los dictadores no son tan intocables como, al parecer, nos querían hacer creer los sabios jurídicos de otras épocas!”.

En segundo lugar, dentro de nuestro país ha intervenido en asuntos que han levantado polémica, como el GAL… Es cierto que se podía haber abstenido, pero el GAL ya existía y los hechos son los hechos. Por tanto, fue una aportación que, cuando llegó la causa al Tribunal Supremo, decidimos volviese a repetirlo todo, aunque sabíamos que le iban a atacar por ese lado, sobre todo en Estrasburgo.

Y muchos más temas, de alto contenido económico, como el relacionado con Botín, etc. Y eso ha hecho que mucha gente se haya sentido aludida y ofendida, y se hayan desatado campañas de prensa contra él. Pocas personas han sido tan zarandeadas por los medios de comunicación como el juez Baltasar Garzón. Lógicamente, ese eco tan desproporcionado a unos les ha gustado y a otros les ha molestado. No olvidemos que la Gürtel tiene también su origen en Garzón y por ella le van a exigir responsabilidades. Estos y otros factores explican por qué su caso resulta controvertido y criticado.

Según datos objetivos, el 90% de las causas instruidas por Garzón en 22 años han sido justificadas por el Tribunal Constitucional. ¿Cómo explicas que haya pasado a ser investigado sin consistencia jurídica precisamente por aquellos que debieran homenajearle?

Entramos en un tema que antes no había abordado, la causa por la guerra civil. Aquí no existe una derecha democrática al nivel de Francia o de otros países, es una derecha muy ligada al discurso, que por más de 40 años ha machacado al país, haciéndole creer que todos los asesinatos cometidos por el franquismo estaban justificados y se regían por la ley del “ojo por ojo”. Con esto se ha judicializado un debate histórico y político, al que el juez Garzón trata simplemente de darle forma jurídica. Una infinidad de historiadores habían denunciado que el franquismo fue un régimen genocida. Si en el año 49 o 50 los norteamericanos deciden que el franquismo debe caer porque quieren aquí una democracia, había la posibilidad de que Franco se hubiera sentado en el banquillo de los acusados y esto hubiera tenido graves consecuencias. No fue así, pero eso no justifica que, porque haya durado otros veintitantos años más, todo lo que hiciera fuese una Santa Cruzada.

¿Tú crees que, con posibles fallos, porque todo el mundo los tiene, la actitud fundamental del Juez Garzón se puede considerar imparcial y valiente con su oficio?

Con las explicaciones que hace el juez Baltasar Garzón, pone en marcha formalmente una causa penal contra el franquismo. Es un auto que está ahí. Cualquiera lo puede leer, es algo contundente. Es un auto de casi 10.000 páginas, en las que va detallando muy minuciosamente los hechos. Y repito una vez más que los hechos son los hechos y no se pueden cambiar. Por lo tanto, cualquier discusión de que si el franquismo fue A o fue B, está en el plano de la dialéctica política. Están los hechos, con ejecuciones de farsas jurídicas, como el consejo de guerra y ejecuciones, como la desaparición de personas, de niños, etc.

¿Está en peligro el futuro judicial de Garzón? ¡Se le acusa, creo, de prevaricación en España!

Algunos piensan que debe responder de sus actos como cualquier otro ciudadano.

Han encontrado en el caso Gürtel una base jurídica y práctica, mucho más sólida que en el caso de la Guerra Civil, o de los malos en Nueva York, que no aparecen aun después de haber pasado tanto tiempo… Cualquier otro juez en su caso hubiera dicho: ”yo no puedo seguir investigando más”.

Estas dos causas son las que pueden seguir adelante. Y entonces vamos a entrar en un debate de hechos. Efectivamente, se ordenó las escuchas a letrados relacionados con la trama, pero ¿cuando cambiaron los letrados no actuó con diligencia inmediata? Eliminó el contenido de esas conversaciones de la causa; quizás se descuidó 48 horas.

Si aplicamos este mismo rasero a todos los jueces y juezas españolas, tendríamos un porcentaje de imputados bastante alto.

Tú tienes una larga carrera como fiscal, magistrado y ahora como abogado del Tribunal Supremo. ¿Te ha tocado verte ensalzado o perseguido por incidir con independencia en la solución de intereses en conflicto?

Sí. Por ejemplo, en el caso Banesto, sobre el que ahora Mario Conde tiene acceso a los medios (algunos dicen que ha comprado Intereconomía, no sé si es cierto). La verdad es que, en términos muy correctos, dice que yo también me equivoqué. Bueno, ahí está también mi sentencia, el que tenga humor –porque es un poco larga-, pues que la lea y valore según su contenido.

Después ha habido actuaciones, más que nada derivadas de mi presión sobre la sociedad y los Derechos Humanos, que han sido desagradables al poder del momento. Desagrado del poder político que consideraban mis opiniones sobre el registro, que afortunadamente era en el barrio del Pilar, una cosa surrealista, entrar en un barrio como si fuese una ciudad sitiada, la famosa patada a la puerta, etc.

Esto no me ha creado simpatías. Lógico. Un Ministro del Interior se opuso a que me nombraran Fiscal General de Madrid y, la verdad, me hicieron un favor, porque ser Fiscal General de Madrid hubiera mermado muchas de mis actividades. Además, son cerca de 300 fiscales, y son una piña, con lo cual los problemas ya no son jurídicos sino seguramente administrativos.

Después, aunque con alguna reticencia, he de reconocer que me apoyó gente del Poder Judicial, relacionada con el PSOE. Me nombraron Magistrado del Tribunal Supremo, que supuso la culminación de todas mis aspiraciones. Y hace algunos años la Comisión General de Juristas, una de las Comisiones más antiguas del mundo, que tiene su origen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, me ha nombrado Comisionado y me ha procurado una actividad en el Exterior Internacional, como en Latinoamérica en que he estado más de 100 veces. Ahora tenemos una especial atención en el área Egipto- Túnez.

¿El poder judicial, qué es para ti: un servicio público, un poder del Estado, un poder al servicio de los ciudadanos?

Yo lo vivo con ilusión, porque creo que el poder judicial es un instrumento insustituible en un Estado de Derecho y una estructura que puede ayudar a los ciudadanos y proporcionar beneficio a la cohesión social y a la paz social: “A cada uno, lo suyo”.

En otros casos, el Estado tiene que ser consciente de que no puede dar a cada uno lo suyo porque la realidad es constructiva, estamos ya, y esto es relativamente reciente, dentro del Poder Judicial y dentro de la Fiscalía en eso que llaman la Cultura de la Mediación. Vamos a procurar solucionar los conflictos antes que desemboquen en un juicio. Por varios motivos: porque se agudizan las tensiones cuando llegas al juicio y porque es más caro. Hay que ahorrar, ahora que estamos en tiempos de crisis y es bueno para todos. Siempre he concebido el poder judicial así, una garantía frente a los abusos del poder, garantizar al ciudadano que no se va a ver sometido a los abusos del poder.

Pienso que no pocas veces esto no es entendido por los ciudadanos, quizás el defecto sea nuestro.

En tu libro “¿Para qué servimos los jueces?”, no dudas en afirmar que el modelo judicial español está agotado, aquejado al parecer de males endémicos. ¿Cuáles?

Trataré de resumirlo. Los constituyentes vieron que el problema radicaba en que nuestros juicios eran procedimientos escritos y reiterativos. Lógicamente la informática ha incurrido en la lentitud y ¡sé lo que digo!, porque se acumulan tantos folios que resulta inmanejable: más de 10.000 folios en el caso Garzón. En un asunto ya inamovible, no se necesita un complemento de información, salvo que el autor del auto, sea Garzón o sea quien sea, diga: “Es que estaba loco cuando lo hice”, que es inverosímil, en cuyo caso termina el material de la declaración y se dice: “bueno, vamos a juicio”, para así no acumular. Este es uno de los males, la falta de la realidad, y lo ven los ciudadanos: repetición innecesaria de papel, superacumulación de pruebas y no llevarlas a juicio oral.

Después hay un segundo mal, aunque se han hecho esfuerzos para tratar de acortar los procedimientos, por ejemplo en el ámbito civil, pero resulta que cuando ya tienes una sentencia favorable y te dicen que tienes derecho a cobrar, 10.000 euros, por ejemplo, tú te vas tan contento del Juzgado pensando “¡hay que ver! Qué bien ha funcionado todo”. Pero, ¿y ahora cómo los cobras? Ese es el problema, la ejecución de la sentencia y ahí tampoco se ha querido hacer nada.

Paradójicamente, aceptamos con naturalidad el hecho de que tanto los Ayuntamientos como la Dirección General de Tráfico, sin darnos opción posible, puedan meterse en las cuentas corrientes para cobrar las multas. Y en un procedimiento judicial eso todavía no se puede hacer. Vamos, que le cuesta mucho al que ha ganado una sentencia cobrarla y eso hace que sea absolutamente desmoralizador.

¿El atraso y carencias del poder judicial son de ahora, de la democracia, o tienen arraigo en tiempos pasados? ¿Qué peso le atribuyes al franquismo y al nacionalcatolicismo?

Al franquismo ninguno y al nacionalcatolicismo le reprocho muchísimas cosas, pero en esto ¡seamos justos! Después de 40 años de dictadura, lo actual resulta una contradicción, tenían que hacer una justicia democrática, respetuosa con los derechos y libertades, todo lo contrario a lo que era el franquismo y, sin embargo, llevamos ya 30 años de democracia y seguimos diciendo: “Tenemos más de cuatro mil jueces y antes teníamos mil. Y ahora necesitamos 500 más”. Esto parece una factoría de jueces. Se han convocado para este año, creo recordar, menos de 100 plazas de Policía Nacional y 400 plazas de Jueces y Fiscales, eso es algo que tendrán que explicar a los ciudadanos.

¿El sectarismo de los partidos políticos pesa y tiene reflejo perverso a la hora de hacer su nombramiento?

No en los jueces en general. Donde se concentra la presión política es fundamentalmente en el nombramiento de Magistrados del Tribunal Supremo y en menor medida en los Tribunales Superiores de Justicia. La influencia se refugia más todavía en la sala segunda, ya que esta sala segunda de lo Penal va a poder exigirle responsabilidades en el sentido de que hay una visión, ya no digo de Estado, que es una palabra muy gastada y además un poco totalitaria, sino una visión democrática, que requiere transparencia y servicio a los ciudadanos.

Aun cuando no puede exigirse a los jueces que dejen a un lado su ideología, ¿ves posible establecer un Estatuto del juez que garantice su independencia? ¿Señalarías algunos de sus rasgos básicos?

El Estatuto ya está establecido, en Naciones Unidas concretamente, la Comisión Internacional de Juristas, de la que yo formo parte, tenemos desde hace muchos años un centro para la independencia de jueces y abogados.

Todos hemos establecido reglas internacionales, de cómo deben ser las características de un juez, en cuanto a su selección, su formación, su retribución y en cuanto a poder actuar libre de presiones de los poderes políticos.

En términos generales, discrepo radicalmente en la formación, es un problema gravísimo. Un juez tiene que tener memoria reflexiva, sensata y tiene que ser capaz de reflejar o abordar la realidad.

¿Cómo ves hoy las luchas entre la España centralista y la España constitucional? ¿La Constitución actual marca un rumbo nuevo para el ejercicio del Poder Judicial?

No creo que tenga que ver con esto el centralismo o las autonomías. Eso es un problema endémico en nuestro país, no se arregló en su momento, creo que perdimos la oportunidad en la primera República, hubiera sido un bien para España, no ha sido así y estamos pagando las tensiones.

Creo que mucha gente ha tergiversado las resoluciones del Supremo y del Constitucional. El Supremo dice lo que puede ser. Pero la educación no es un problema político, es un problema de las Ciencias de la Educación, de la Psicología. Por tanto, dejemos que la política actúe en otro lado. ¿Qué es más razonable y qué está dando magníficos resultados en Cataluña? El catalán, como lengua que se utiliza en colegios. Hay colegios que utilizan el catalán y si el chico o la chica tiene problemas de inmersión, se le pone un refuerzo para que se adapte y esto funciona bien.

Es un poco lo que reconoce el Tribunal Constitucional, habla de la proporcionalidad, de que el sistema funciona bien, lo dice el Tribunal Supremo. ¡Cómo va a decir que el castellano no es lengua vehicular! Si también funciona bien y satisface las necesidades pedagógicas y educativas de niños y niñas. Eso es lo fundamental y no el debate político ancestral, que no tiene nada que ver con lo que dice un Estado moderno.

¿Qué no debiera faltar hoy a ningún juez que presuma de actuar con libertad y ecuanimidad dentro de una democracia: memoria, inteligencia, calidad humana, conocimiento del entorno social…?

En primer lugar, el conocimiento. Ya se decía un poco en la época del franquismo, que las leyes se deben adecuar con arreglo al conocimiento de la realidad social, no aislarse del entorno, acercarse al conflicto de ambas partes, cosa que no se enseña, que no está en los códigos, no hay una regla uniforme escrita, que se pueda aprender de memoria. Al mismo tiempo, un gran sentido de la independencia, y humildad, pues nos podemos equivocar. Para eso están los Sistemas de Recursos y en todo caso, como es una resolución, no debería ser de comprensión exclusiva de los juristas.

¿Hasta qué punto la jurisdicción de la Corte Penal Internacional de La Haya es universal, sin limitaciones, para poder actuar en toda clase de territorio?

Las palabras tienen un profundo significado, se habla de la Corte Penal Internacional, lo cual es exacto, pues la forman muchos países, sólo quedan fuera los que no la han firmado. Si fuese universal sería omnicomprensiva, (entonces, no quedarían fuera Estados Unidos, Rusia, China y algunos otros países que no la han firmado). Se ha hecho una pequeña concesión diciendo: Bueno, todos aquellos países que rechazan algo tan fundamental como que sus ciudadanos sean juzgados por crímenes contra la humanidad, genocidios, tortura, etc., no tienen razones ni argumentos en contra. Entonces, se ha dicho que si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo acuerda por unanimidad, también se puede ir contra los ciudadanos de los países que no lo han firmado. Pero enseguida surge la pregunta: ¿Quién está en el Consejo de Seguridad con derecho a veto? Rusia, China y Estados Unidos.

¿Tú crees que desde el punto de vista éticojurídico, cuando se trata de juzgar esos crímenes contra la humanidad, hay razones serias para que ningún país pueda eximirse?

En absoluto, las razones serí an la prepotencia de los resabiados imperialistas, como cuando los americanos decían: “a mis soldados no los juzgarán extranjeros”. Eso sería también lo que dijo Napoleón en su momento, Luis XV y todos los autócratas que han existido a lo largo de la historia, no hemos avanzado mucho.

¿Qué mal habría que enmendar más urgentemente en el momento presente para, según indicas, “corregir el rumbo que nos está rebajando ante nuestros ciudadanos?”.

La verdad que este cambio de rumbo no se puede hacer de la noche a la mañana, se está empezando a hacer cosas, creo que la autocrítica es muy importante, las asociaciones judiciales hemos hecho un ejercicio de autocrítica que no se ha hecho en otros sectores profesionales, sólo falta que esto se generalice y halle capacidad de transmisión. A veces, los ritmos son opacos y aburridos y esto aleja al ciudadano de la justicia, hay que dar un enfoque correcto y no se va a conseguir de la noche a la mañana.

¿Señalarías como un mal mayor la politización de la justicia desde el emblemático instrumento del Tribunal Constitucional?

Con el Tribunal Constitucional tenemos el mismo problema que con los Magistrados del Tribunal Supremo, a los Magistrados los nombra el Consejo del Poder Judicial, el Consejo a su vez está influenciado por el Parlamento, mejor, no por el Parlamento sino por los partidos políticos, porque esto no se decide en debate libre y abierto en la Comisión de Justicia. Si fuera en el Parlamento, que es al fin y al cabo una soberanía, pero… pero no engañemos al ciudadano, esto se decide en Ferraz y Génova y algunas veces se les da una pequeña tajada a los nacionalistas…, alguna vez a Izquierda Unida, pero eso ya son concesiones de restos.