Evangélicos y poder en Colombia. Los efectos de un cambio constitucional

César Moya

Éxodo 153
– Autor: César Moya –

Este artículo es una reflexión acerca de cómo han incidido los evangélicos en la articulación del poder en Colombia a partir de la creación de la nueva constitución que rige desde 1991 y la transformación del Estado a uno no confesional. No obstante, en contextos como el colombiano, el poder debe contrastarse con la violencia, tal como lo plantea Arendt (2005): “cada reducción de poder es una invitación abierta a la violencia” (p. 118).

El fenómeno evangélico en Colombia, como en el resto de América Latina, es demasiado diverso como para delimitarlo conceptualmente (Míguez Bonino, 1995). Sin embargo, es posible visibilizar unas características entre dos grupos principales: los procedentes del evangelicalismo norteamericano heredado del siglo XIX y los procedentes directos de la Reforma del Siglo XVI, representados en las iglesias llamadas “históricas”. Aquí se hará referencia al primer grupo.

La incidencia política del movimiento evangélico en Colombia tiene como punto de partida la Constitución de 1991. Esto es evidente en los cambios que se dieron en relación con el preámbulo y algunos de los artículos. El preámbulo de la antigua constitución de 1886 declaraba a Colombia como un país de confesión católica: “En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, y con el fin de afianzar la unidad nacional, una de cuyas bases es el reconocimiento hecho por los partidos políticos de que la religión Católica, Apostólica y Romana es la de la nación […]” (Consejo Nacional Constituyente, 1886). Con estos privilegios, la hegemonía de esta iglesia llegaba a los mismos partidos políticos del momento, el liberal y el conservador, los cuales la reconocieron como la religión estatal. De ahí que otros grupos religiosos encontrarían oposición para su pleno desarrollo y mucho más para su injerencia en las decisiones políticas que determinaban el rumbo del país.

Sin embargo, después de 100 años de vigencia, la Constitución ya no respondía al momento del Estado. Las nuevas fuerzas políticas que habían surgido en el país en las últimas décadas, así como la desmovilización del M-19 y al mismo tiempo la prevalencia de otros grupos guerrilleros, ejercían una presión desde todos los sectores sociales, reconociendo que era necesaria la reconstitución del Estado. Es así como se convocó a las distintas fuerzas políticas sociales y regionales, quienes tuvieron sus representantes en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, dentro de ellos los evangélicos, representados en el Movimiento Unión Cristiana (Olano García, 2011, p. v-xi). Esto, de por sí, marcaba un hito en la historia política de Colombia; por primera vez los cristianos no católicos tenían representación sin participar directamente en uno de los partidos tradicionales.

Un cambio sustancial de la nueva constitución fue su preámbulo. Aunque invocaba la protección de Dios, no circunscribía al Estado a una determinada confesión de fe: “En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación […] (Olano García, 2011, p. 1). También, reconoce varias “iglesias”, en relación con la libertad de conciencia y su libertad ante la ley (Art. 19). De aquí se deduce el respeto frente a decisiones que tuvieran que ver con la raza, el sexo, el origen familiar, religión y política, entre otros (Art. 13). Además, consagró como uno de los derechos fundamentales la paz (Art. 22).

En este contexto es que, en los últimos veinte años, 36 evangélicos han llegado a ocupar un escaño en el Congreso de la República, la mayoría de ellos elegidos bajo partidos tradicionales y unos pocos bien sea por un partido u otros grupos evangélicos (Velasco, 2018, pp. 229-233). Pero, más allá de las cifras de participación de los evangélicos en las curules legislativas, es importante mencionar las alianzas que han realizado con partidos de ultraderecha cuestionados por sus relaciones con el narcotráfico, el paramilitarismo o hechos de corrupción, así como su respaldo y bendición a algunos de sus candidatos.

Además de lo anterior, lo paradójico de esta apertura a la diversidad, para un grupo que dice representar al 20 por ciento del total de la población cristiana (Cedecol, citado en El Tiempo, 7 de enero de 2017), es que asuma posturas moralistas basadas no sólo en su fundamentalismo religioso sino también político. Lo anterior, por supuesto, va de la mano con el respaldo que recibieron de parte de los sectores más conservadores.  Tanto así que sus agendas políticas se han establecido con propuestas que desaprueban la adopción homoparental, el matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia y la llamada ideología de género, temas que influenciaron la votación no sólo de las últimas elecciones presidenciales sino del plebiscito por la paz del año 2016.

En un contexto de violencia, como ha sido el colombiano, asumir una posición contraria al camino de la paz no sólo es paradójico sino contradictorio con respecto al evangelio en un país de inmensa mayoría cristiana. Así quedó demostrado en el Plebiscito del 2 de octubre de 2016 cuando el voto por el No se impuso con un poco más del 50% de la totalidad de la votación, resultado en el que los evangélicos jugaron un papel decisorio dado su rechazo a la ideología de género, pues la consideraban peligrosa para la sociedad. Así lo expresó el presidente de la Confederación Evangélica de Colombia Edgar Castaño, “El acuerdo vulnera principios evangélicos como el de la familia cuando se habla de equilibrar los valores de la mujer con los de estos grupos [LGBTI]”, al tiempo que reconoció el voto decisivo de los evangélicos: “si salieron a votar cuatro millones de evangélicos, posiblemente la mitad de ellos rechaza los acuerdos” (Marcos, 2016).

Fue tal la determinación de estos evangélicos que después del plebiscito suscribieron un manifiesto, “Pacto Cristiano por la Paz”, en el que realizaron 44 observaciones al Acuerdo y propusieron una renegociación. Como resultado tres de ellos integraron una delegación que viajó a la Habana para participar del diálogo con las FARC-EP (Semana, 29 de octubre de 2016). No obstante, varias de esas observaciones, como la oposición a la participación de excombatientes en política, reducción de penas a los mismos y enfoque de género, concordaban con las del Centro Democrático, partido de derecha liderado por el expresidente Alvaro Uribe. Sus propuestas presentadas al gobierno de Santos constan en los documentos y discursos de diversos actores desde el anuncio del Acuerdo del 24 de agosto de 2016 hasta la firma del Acuerdo final el 24 de noviembre del mismo año (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016).

La articulación de los evangélicos con el poder en Colombia se consolidó aún más en los pasados comicios, tanto para presidente como para curules legislativas. Según la Misión de Observación Electoral (2019, pp. 66-76), en la campaña para la presidencia de la República, los evangélicos jugaron un papel determinante en la votación, especialmente con Viviane Morales, reconocida como referente de los evangélicos, quien renunció a su candidatura para sumarse a la del Centro Democrático, Iván Duque, quien a la postre sería elegido presidente. De esta manera el respaldo de varios sectores evangélicos, dentro de esos el partido MIRA, no se hizo esperar. Así, se consolidaba la alianza de los evangélicos con los sectores de derecha y se ratificaba lo expresado anteriormente como paradójico: quienes se auto definen como seguidores de Jesús renunciaron a su talante de paz.

Por su parte, las elecciones legislativas también ratificaron las alianzas de los evangélicos con las políticas de derecha al obtener una suma considerable de curules. Para MOE (2018) tal fenómeno se dio, especialmente, a través del movimiento Colombia Justa Libres, liderado por el pastor John Milton Rodríguez, logrando 4 curules en el Congreso. Aunque, según el mismo Rodríguez, se habían lanzado como un movimiento independiente para rechazar la manipulación de la que habían sido objeto por parte de la clase dirigente. Además, porque consideraba importante que los casi 12 millones de evangélicos participaran de las grandes decisiones de Colombia (Semana, febrero 20 de 2018).

 

Sin embargo, su plataforma política seguía reiterando los temas propios de la derecha tales como el desconocimiento de la población LGBTI. Nada raro, porque en el 2016 sus seguidores participaron en las movilizaciones contra las cartillas del Ministerio de Educación que instruían en el tema de género, además de haber hecho parte de la delegación para revisar los acuerdos luego del plebiscito (MOE, 2018). Los 6 puntos clave de su movimiento eran “la defensa de la familia, la educación y la vida; la defensa de la Constitución y las instituciones; la lucha contra la corrupción; el desarrollo económico sostenible; la protección del medio ambiente; y la defensa de la libertad religiosa y de expresión” (El Tiempo, 23 de diciembre de 2017). Pero no evidenciaron compromisos con el Acuerdo de Paz. Más bien, la agenda moralista fue su prioridad.

 

Para finalizar, la nueva constitución abrió una puerta para que los evangélicos tuvieran incidencia en las políticas del Estado, sin embargo, quienes han recorrido ese camino han sido absorbidos por los grupos dominantes. Por tanto, afirman políticas conservadoras en relación con la familia y el consiguiente rechazo a otros modelos de relaciones de género, promueven las políticas neoliberales y tienen un amplio despliegue mediático, además de su capacidad económica, tal como lo menciona MOE (2018, p. 76), y oponerse al Acuerdo de paz, lo cual implica promover la violencia. Esto último como resultado tanto de sus intereses políticos como de la ausencia de una teología de paz práxica y no solo ortodoxa. Han hecho caso omiso a las palabras del profeta: “procurad la paz de la ciudad … y rogad por ella; porque en su paz tendréis vosotros paz” (Jer. 29:7).

Referencias

Arendt, H. (2005). Sobre la violencia. Madrid: Alianza.

Consejo Nacional Constituyente (1886). Constitución Política. Recuperado de https://normograma.info/medellin/normograma/docs/pdf/constitucion_politica_1986.pdf

El Tiempo (23 de diciembre de 2017). No podemos quedarnos diciendo que somos apolíticos: Pastor Rodríguez.  Recuperado de https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/congreso/pastor-habla-de-las-candidaturas-cristianas-al-congreso-de-la-republica-164648.

El Tiempo (enero 7 de 2017). ¿Cómo son las iglesias cristianas en Colombia?   https://www.eltiempo.com/cultura/gente/iglesias-cristianas-en-colombia-41383

Marcos, A. (12 de octubre de 2016). El voto evangélico clave en la victoria del No en el plebiscito de Colombia. Recuperado de https://elpais.com/internacional/2016/10/12/colombia/1476237985_601462.html

Míguez Bonino, J. (1995). Rostros del protestantismo latinoamericano. Buenos Aires: Nueva Creación.

Misión de Observación Electoral (2019). Impacto de los partidos políticos evangélicos en los comicios electorales colombianos. En Misión de Observación Electoral (Ed.), Religión y política (pp. 60-92). Bogotá: MOE.

Oficina del Alto Comisionado para la Paz (2016). Biblioteca del proceso de paz con las FARC-EP, Tomo VIII, De la refrendación al Acuerdo del Colón. El Plebiscito, el gran diálogo Nacional, el Acuerdo final y su refrendación. Recuperado de https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Documents/tomo-8-proceso-paz-farc-refrendacion-plebiscito-.pdf.

Olano García, H. (2011). Constitución política de Colombia concordada. Bogotá: Doctrina y Ley.

Semana (20 de febrero de 2018). Los cristianos que se cansaron de entregar sus votos a los políticos. Recuperado de https://www.semana.com/nacion/articulo/los-cristianos-nos-cansamos-de-ser-un-eco-john-milton-rodriguez/557683.

Semana (29 de octubre de 2016). Cristianos: ¿el poder decisorio en la política? Recuperado de https://www.semana.com/nacion/articulo/religion-inclina-la-balanza-politica-en-colombia/502530.

Velasco Montoya, J.D. (2018). De minorías dispersas a aliados estratégicos. En Pérez, J.L., y Grundberger, S. (Ed.), Evangélicos y poder en América Latina (pp. 221-246). Lima: IESC-KAS.