EL HAMBRE EN AMÉRICA LATINA:DESDE LOS DERECHOS HUMANOS HASTA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

José Luis Vivero

Éxodo 97 (ener.-febr.’09)
– Autor: José Luis Vivero –
 
Vivimos tiempos de crisis, de escasas esperanzas en el corto plazo, de pesimismo e incertidumbre. Estamos en medio de una impresionante crisis económica que destruye empleos a un ritmo vertiginoso y que ha hecho aumentar el número de hambrientos en el mundo en más de 100 millones en sólo dos años. Pero no sólo estamos ante una crisis económica sin parangón desde 1929, esta crisis se superpone y en parte es causada por una crisis del modelo políticoeconómico neoliberal, de mercados desregularizados, globalización sin leyes, reducción del Estado al mínimo y aumento de las desiguladades entre los que ganan con la globalización (pocos) y los que pierden (muchos). Por otro lado, no olvidemos la crisis alimentaria que golpeó fuerte al mundo durante el 2008. Al igual que en 1974, ese año será analizado en los libros de historia como el año en el que el mundo se asustó de nuevo ante el alza desmesurada de los precios de los alimentos. Tenemos abiertos varios frentes de crisis: financiero, inmobiliario, del petróleo, del medio ambiente, y de la hegemonía estadounidense. Y esta situación tiene lugar en un mundo donde casi la mitad de su población (2.600 millones de personas) vive con menos de 2 dólares al día, de los cuales 1.400 millones están considerados pobres extremos (Chen y Ravallion, 2008); donde se anticipa una importante crisis del agua, donde el progreso agrícola necesario para producir más alimentos por unidad de área con mayor eficiencia se ha estancado; y donde se desperdician sin consumirse entre el 40 y el 60% de los alimentos producidos en el mundo desarrollado (Pascoe y Vivero, 2008).

Durante el año 2008 FAO ha dado a conocer las nuevas cifras sobre el número de personas hambrientas en el mundo. Esas cifras no dejan de crecer a un ritmo que da pavor. En el 2005 eran 848 millones, en 2007 eran ya 923 y en 2008 alcanzaron 963 millones (FAO, 2008). En tres años, los años de la crisis alimentaria y la crisis económica, ha aumentado en 115 millones el número de hambrientos, y todavía se espera que esa cifra siga creciendo. En América Latina, la situación era mucho más positiva, pues entre 1990 y 2005 los hambrientos se redujeron, bajando hasta un 8% de población. Sin embargo, cifras recientes indican que el número de personas desnutridas habría aumentado en 6 millones entre 2005 y 2007, llegando a la cifra más actual de 51 millones (10% de la población), por lo que en dos años se han anulado los avances realizados en los últimos 15 años. El alza de los precios de los alimentos es la principal explicación, y todos esperan que esta situación se agrave por la profunda crisis financiera y económica que estamos viviendo.

AMÉRICA LATINA EN UN MUNDO EN CRISIS: AUMENTO DE LOS HAMBRIENTOS

Crisis aparte, en América Latina más de un tercio de la población es pobre y cerca de un cuarto es indigente. El mayor problema de pobreza e indigencia se observa en áreas rurales, donde más del 50% de la población es pobre y cerca del 30% se encuentra en niveles de pobreza extrema (CEPAL, 2007b). Sin embargo, la región genera un 30% más de los alimentos necesarios para que todos los latinoamericanos coman bien. No es tanto un problema de producción como de desigualdad en el acceso a los mismos.

Las personas pobres son las más afectadas con la crisis de los alimentos debido a que son quienes destinan la mayor parte de su ingreso a comprar alimentos. Igualmente es aquella proporción de la población que tiene menos posibilidades de sustituir el gasto ante el alza de los precios, puesto que ya se encuentran en una situación precaria (von Braun, 2008). Y una gran parte de estos pobres extremos y hambrientos pertenecen a grupos indígenas, que se llevan la peor parte de los ciclos económicos de la región: cuando la región crece ellos apenas notan los beneficios, y cuando la región está en crisis son los que más sufren las consecuencias (Hall y Patrinos, 2004). El hambre tiene rostro de mujer joven, viste trajes tradicionales y habita en el campo. La desnutrición crónica es dos veces más común entre los niños indígenas.

EL HAMBRE ES POLÍTICA

A lo largo de la historia reciente, las explicaciones causales del hambre han pasado por varios periodos. Inicialmente se daban explicaciones naturales para el hambre, basadas en la vieja concepción malthusiana de la escasez de los recursos y el crecimiento demográfico exponencial. Actualmente sabemos que el mundo produce muchos más alimentos que los necesarios para alimentar bien a toda la población. Posteriormente, durante los años 80 y 90, aparecieron las justificaciones económicas del hambre como fallo del mercado y consecuencia directa de la pobreza, a través de la reducción de la capacidad de acceder al alimento, en lo que el Nobel de Economía Amartya Sen denominó la “Teoría de las Titularidades” (Sen, 1981). Finalmente, desde mediados de los años 90 están apareciendo autores que se esfuerzan por demostrar que la explicación última del hambre en el tercer milenio se debe casi siempre a causas políticas (de falta de voluntad o de falta de acciones políticas relevantes) y que está muy ligada a la realización de los derechos humanos de los individuos y al rol del Estado como garante y protector de dichos derechos.

El hambre es ante todo un fenómeno político, derivado no sólo de la indolencia e inactividad estatal, sino muchas veces de prácticas políticas directamente causantes de las mismas. En consecuencia, las víctimas se caracterizan no tanto por la pobreza como por la falta de poder político para exigir el respeto a sus derechos y para ejercer presión política ante su Estado. El hambre, según la explicación de ciertos autores, se debe a la falta o al fracaso de un “contrato político” entre los gobernantes y la población, que impondría a aquéllos unas determinadas obligaciones de cara a satisfacer a los ciudadanos ciertas necesidades básicas y derechos humanos, en particular el derecho humano al alimento (De Waal, 1997). Con medios de comunicación vigilantes y que presionan, y grupos de ciudadanos que conocen y reclaman sus derechos, el Estado se vería abocado a la necesidad de satisfacer esas demandas. En ese sentido, Amartya Sen ya indicaba con muy buen criterio que en los países donde hay democracia no ha habido nunca una hambruna (Sen, 2001). Se ha transformado en una posición altamente aceptada, entonces, que el hambre y la desnutrición no deben ser percibidas únicamente como “problemas” sociales, humanitarios o técnicos, bien sean considerados desde el punto de vista agronómico, bien desde el punto de vista médico-nutricional, sino como auténticos “problemas” políticos y como fallos de los sistemas económicos de producción, distribución y acceso al alimento, y por tanto ha de ser materia de la política y las políticas públicas (CEHAP, 2006).

¿CUÁNTOS HAMBRIENTOS PUEDEN TOLERAR LAS DEMOCRACIAS LATINOAMERICANAS?

Se ha sostenido repetidamente que el fracaso que ha experimentado el sistema democrático en América Latina para mejorar el bienestar de las poblaciones nos ha llevado a “democracias fallidas”, que no atienden los verdaderos principios de la democracia, es decir, el bienestar de sus pueblos. Entre estos principios 1 debería estar la protección de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), que son determinantes en las vidas de todas las personas. La garantía de los derechos humanos a todos los habitantes de una nación, y especialmente los DESC, es un requisito previo para acceder completamente a la condición de ciudadanos. Aquellos que están desnutridos y con su derecho a la alimentación violado no tienen interés, ni estímulo, ni energía para desarrollar otras facetas suyas de ciudadano. No se sienten parte de un sistema democrático que los olvida hasta el punto de no cubrir sus necesidades vitales más básicas.

En este sentido, es en rigor difícil hablar de democracias consolidadas cuando casi el 40% de la población de la región vive en la pobreza, con 71 millones de pobres extremos y 51 millones de hambrientos; con 1 de cada 4 jóvenes fuera del mercado laboral y del sistema educativo; cuando las tasas de mortalidad materna e infantil no corresponden al nivel de desarrollo económico; y cuando 120 millones de latinoamericanos no gozan de sistemas de saneamiento. ¿Cómo podemos hablar de democracias consolidadas cuando hay 9 millones de niños que padecen desnutrición crónica, lo que significa que su futuro como ser humano está ya hipotecado desde el nacimiento? ¿De qué manera se puede esperar, por otra parte, que poblaciones famélicas, enfermas e iletradas puedan alcanzar algún grado de participación política, manifestada a través del voto?

LA COHESIÓN SOCIAL DEL ESTADO DEBE EMPEZAR POR ERRADICAR EL HAMBRE

La cohesión social es el paradigma de desarrollo más reciente en América Latina, un paradigma que ha venido para quedarse y que actualmente monopoliza los numerosos debates sobre desarrollo económico, social y consolidación de las democracias que se están llevando a lo largo de Iberoamérica. La cohesión social se articula en torno a tres elementos que se potencian entre sí: a) la reducción de brechas sociales, especialmente la brecha en los ingresos; b) la garantía del disfrute de derechos de los ciudadanos, y c) la promoción del sentido de pertenencia a la sociedad (CEPAL, 2007a). Y en este marco de desarrollo regional estamos dejando el hambre olvidada en una esquina. Porque, muchas veces parece que no tenemos presente que en Latinoamérica sí existe el hambre (América Latina) disfruta de una situación favorable para enfrentar los desafíos vinculados con una mayor cohesión social. Una mayor preocupación de los gobiernos por los problemas sociales, una expansión del gasto público y una institucionalización democrática creciente, con procesos electorales sostenidos con regularidad, ayudan a crear condiciones para reducir drásticamente la profunda brecha económica y social que nos afecta desde hace décadas. Queda claro que la erradicación del hambre debe ser la primera prioridad política, y la primera urgencia temporal, en el camino hacia una mayor cohesión social y equidad en América Latina. El Derecho a la Alimentación debe ser parte de los derechos mínimos que toda sociedad debe garantizar a sus ciudadanos. Reducir la brecha de oportunidades e ingresos, condición básica para el logro de mayor cohesión social, implica en primera instancia mejorar las condiciones de vida de aquellos que no tienen lo elemental para vivir: los alimentos (FAO/CEPAL/PMA, 2007).

HISTORIA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN EL PLANO INTERNACIONAL

Los cambios en el sistema jurídico internacional durante la segunda mitad del siglo XX han tenido un alto impacto en la adhesión de América Latina a los principales tratados que reconocen los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y específicamente el derecho a la alimentación adecuada. En 1948 se elabora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se considera el Derecho a la Alimentación en el artículo 25. Posteriormente, en 1966 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que recoge este derecho en su artículo 11. Este artículo hace mención también a la dimensión urgente de no morirte de hambre, refiriéndose al derecho fundamental de toda persona de estar protegida contra el hambre como un derecho básico. Con la primera Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 se refuerzan dichas responsabilidades. Posteriormente, en 1999 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en su observación general n.° 12 sobre el PIDESC establece la interpretación técnica y la definición más precisa de este derecho. La segunda Cumbre Mundial de la Alimentación en 2002 reiteró el compromiso por respetar, proteger y lograr el derecho a la alimentación, así como reducir a la mitad el número de personas hambrientas en 2015. Otro acuerdo internacional, éste de carácter regional, que contempla dentro de sus disposiciones el derecho a la alimentación es el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador) , en su artículo 12. En 2004 el Consejo de la FAO aprobó, a fin de promover la realización de dichos compromisos internacionales, las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada. Estas directrices voluntarias conforman un programa global de medidas gubernamentales y recomendaciones prácticas para los países (FAO, 2005). Finalmente, en diciembre de 2009 se dio un paso significativo en la exigibilidad de estos derechos al aprobarse el Protocolo Facultativo del PIDESC que permitiría a las personas a las cuales les han sido violados sus derechos económicos, sociales o culturales acudir a un tribunal internacional.

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