El duro camino que vamos recorriendo las mujeres

Mª José Clavo Sebastián

Escribir sobre la realidad femenina actual desde el punto de vista de la discriminación sexual en nuestra sociedad es un tema tan amplio que supera con mucho las dimensiones de este artículo, ya que abarcaría la multiplicidad de aspectos que se anudan en la vida de las mujeres, cada uno de los cuales por sí mismo contiene una gran cantidad de información y de interpretaciones por las muchas vertientes que presenta. Por esta razón mi exposición tratará de ofrecer una visión general que necesariamente tiene que ser sintética, y en la que tal vez queden ocultos o no mencionados elementos que sin embargo se encuentran presentes en la vida real.

  1. ¿De dónde venimos?

La discriminación femenina es un hecho constatable en todas las sociedades. Si bien es cierto que esta situación de desigualdad no se presenta con la misma intensidad en todas las culturas, ya que hay algunas en las que las mujeres sufren un grado de sometimiento muy alto, sancionado y legitimado por sus sistemas jurídicos y religiosos, lo cierto es que la desigualdad se encuentra presente en todas, y en todas obedece a las mismas causas.

Las raíces de la desigualdad femenina se encuentran en la presencia del patriarcado. Este es un sistema simbólico y social creado y organizado por los varones,  que vive en los discursos ideológicos y se materializa en las estructuras sociales, cuya característica esencial  consiste en  el ejercicio del poder masculino que afecta directamente a la vida femenina en sus múltiples dimensiones.

La intensidad de la opresión masculina no es la misma en todas las culturas. Concretamente en la nuestra tiene una historia de debilitamiento a causa, entre otros factores,  de las luchas de las mujeres por su liberación, sin embargo estas conquistas son muy recientes y podemos decir que hasta hace algunos pocos años nuestras condiciones de vida se encontraban inmersas en  sociedades fuertemente patriarcales.

Aunque muchas de las ideas que se mencionan aquí ya no actúan de forma extrema en nuestra sociedad, sin embargo estamos convencidas de que se encuentran presentes en el consciente e inconsciente colectivo de muchos de los varones con los que convivimos, y de algunas de nuestras mujeres mayores pertenecientes a sectores conservadores. Por otro lado, este sistema es plenamente actual en otras sociedades no occidentales.

El patriarcado se materializa en modelos de organización social cuyas instituciones y normas son opresoras para la mujer. El sistema, además, genera múltiples mecanismos que mantienen y reproducen las condiciones que aseguran su vigencia y su conservación.

Consideramos los más decisivos la división sexual del trabajo, la imposición desde el poder de medidas sociales androcéntricas sobre la educación, sobre la dificultad de contar con recursos económicos y de participar en los espacios públicos, medidas que sitúan a las mujeres en una posición de inferioridad y dependencia respecto del varón. Esta posición de desventaja social se refuerza a través de la defensa y legalización desde el poder, masivamente masculino, de unas normas sexuales reguladoras de determinadas conductas que obstruyen las posibilidades de desarrollo personal femenino.

La división sexual del trabajo recluye a las mujeres en el espacio privado para desempeñar las tareas de la crianza de los hijos y del cuidado doméstico en exclusiva. Al contraer matrimonio la mujer acepta la supremacía del varón, y las instituciones jurídicas matrimoniales y familiares presuponen y legalizan esa superioridad[1].En España la obediencia al marido y el derecho de este a ejercer la patria potestad sobre los hijos quedaba textualmente recogida en los códigos jurídicos hasta la ley del 2 de mayo de 1975[2].

La educación de las niñas informal y/o formal es entendida como una herramienta imprescindible para que aprendan a desempeñar sus roles de género y a asumir su condición de dependencia e inferioridad. La estructuración sexual tiende a perpetuarse  mediante la transmisión de sus valores  a través de la educación formal e informal del país. Las consecuencias para las niñas, jóvenes y mujeres se concretan en que se les sustrae la posibilidad de desarrollar las capacidades intelectuales, morales, personales y sociales que proporciona la plena educación, y el desarrollo de habilidades técnicas y/o profesionales que constituyen un aporte importante para el desarrollo de cada ser humano; además, contribuyen a que las mujeres, desde niñas, asuman como algo natural su condición de personas subordinadas a personas; y, por otro lado, la sociedad no les proporciona los medios para poder desempeñar un empleo o un trabajo que les permita disfrutar de autonomía económica y reconocimiento social. En nuestro país, hasta la aprobación de la Ley sobre los derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer el 22 de julio de 1961[3], ésta era excluida del mundo laboral por sustraerle a sus obligaciones de esposa y madre dentro del hogar. Todo ello concurre a lograr que las mujeres se encuentren sin recursos y que no les quede otra posibilidad que depender de un varón si quieren sobrevivir con una cierta dignidad social.[4]

El escaso desarrollo educativo de las mujeres produce en ellas una inseguridad intelectual y moral que las hace dependientes del varón no sólo económicamente, sino también psicológicamente. En muchos países, y,  en el nuestro hasta 1975 como hemos dicho, las mujeres se encuentran tutorizadas por varones y carecen de autonomía personal y económica. Los varones: padres y esposos ostentan la jefatura de la familia.

Desde un punto de vista político se decide que la “naturaleza” de las mujeres y su papel en la sociedad no las hace aptas para asumir estas responsabilidades, que su puesto está en el ámbito privado y su función es la reproducción y el cuidado. El pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres cuestiona una de las prerrogativas esenciales de los hombres: el  monopolio en la gestión de la cosa pública. Si no existiera discriminación y la participación y representación política fuera indistintamente ejercida por hombres y mujeres, se tambalearía la propia estructura de poder, se ampliaría el contenido del debate político, y se modificaría la naturaleza de muchas de las decisiones. Reconocer a las mujeres como sujetos reales de plenos derechos de ciudadanía significa  una pérdida del poder absoluto e indiscutible del varón.  Las consecuencias de esta situación son trascendentes para las mujeres, suponen la continuación de su subordinación al poder patriarcal, a la discriminación y desigualdad, sus reivindicaciones quedan en manos de “la buena voluntad” de los hombres.

La división sexual del trabajo sitúa a los hombres en la esfera pública económica y política, son ellos los que monopolizan los roles de la élite social. En estos roles se acumulan el poder y la autoridad, las personas que los desempeñan controlan los recursos de sus organizaciones y utilizan su poder, entre otras cosas, para proporcionar oportunidades y recompensas a sus afines, entre los que se encuentran los que pertenecen a su mismo sexo. El acceso de los varones a estos bienes les dota de poder sobre las mujeres, poder en sentido weberiano, es decir, capacidad para decidir sobre su conducta a cambio de proporcionarle los recursos que necesita para desarrollar su vida y de los que ella se ve privada por su falta de  educación y la ausencia de oportunidades de trabajo.

Las élites, además, tienen todos los recursos para imponer unas normas sexuales que refuerzan y legitiman el sistema de estratificación sexual  profundamente androcéntrico. La sexualidad femenina no es autónoma sino que se entiende en función de las necesidades y deseos de dominio y control masculino. En España hasta 1978[5] la mujer casada incurría en delito de adulterio penalizado con prisión menor (hasta 6 años y 1 día de privación de libertad) por una sola infidelidad probada sin consentimiento del marido, mientras que para que el hombre casado incurriera en delito de amancebamiento era preciso que hubiera manceba dentro del hogar conyugal o notoriamente fuera de él y estaba prohibida toda acción directa o indirecta tendente a la investigación de la paternidad. Así mismo, hasta 1978[6] se consideraba delictiva la información, difusión y venta de anticonceptivos, figura penalizada con arresto mayor (hasta 6 meses y un día de privación de libertad) y dentro del matrimonio la violación no era considerada delito.

Este estado de dominación masculina se legitima mediante la construcción de una ideología sexual  que lo justifica. Esta ideología hay que entenderla  como una percepción distorsionada de la realidad construida para servir a los intereses del poder. El patriarcado en realidad es un pacto implícito entre varones, que atraviesa clases, razas y culturas, a los que el discurso cultural, construido por ellos mismos, adjudica una  serie de prerrogativas que se pueden sintetizar en la de pertenecer  al conjunto de los privilegiados que  protagonizan la vida social.

Las consecuencias de este estado social no recaen solamente sobre la conducta de las mujeres sino también sobre su mundo interno.  El sistema contribuye a generar una identidad femenina acorde con sus objetivos. Es inherente a la formación de estereotipos culturales femeninos apoderarse de las heterogeneidades materiales y sociales, de las mujeres en este caso, y producir representaciones en singular del tipo “la mujer” mediante la supresión de las diferentes modalidades de serlo. Acorde con este proceso homogeneizador se transmiten unas ideas cuyas características se pueden concretar en que “la mujer” es pasiva, incapaz de ser autónoma desde un punto de vista personal y material, intelectualmente limitada, ignorante, preparada únicamente para las tareas domésticas de procreación, cuidado y transmisión de la tradición y subordinada al varón. Esta imagen se produce en contraste con la autorrepresentación de los varones esencialmente agentes, autónomos, poderosos, capaces física e intelectualmente, etc.

Los estereotipos forman parte, entonces, del conjunto de dispositivos sociales con que cada colectividad cuenta para controlar las subjetividades y promover una conducta acorde con sus intereses. El proceso presenta claramente una dimensión política y cultural, no es sólo el resultado de un procedimiento de construcción del sujeto sino que, en la medida en que responde a instancias políticas, culturales o sociales:

Es también un espacio en el que se ejerce un poder que actúa sobre las subjetividades controlándolas para que sigan pautas las conducta promovidas por los agentes hegemónicos.[7]

Este esquema del patriarcado se encuentra plenamente vigente en muchas de las culturas musulmanas y también en España hasta el final de la dictadura. Se ha encontrado presente en  los valores, costumbres y creencias sociales, legalizado en el sistema jurídico, materializado en la estructura y funcionamiento de la sociedad española y apoyado con entusiasmo por la Iglesia Católica.

  1. ¿Dónde estamos?

Las transformaciones en Europa y EEUU han sido fuertemente impulsadas por los movimientos feministas que tienen ya una historia de más de dos siglos. Esta lucha se ha realizado a dos niveles: a nivel teórico, mediante el análisis y crítica de la ideología patriarcal, que, “ha dotado a las mujeres de los recursos teóricos y epistemológicos necesarios para visibilizar su propia historia y necesidades”,[8] y a nivel práctico mediante el activismo y la reivindicación en las calles e instituciones llevada a cabo por las asociaciones de mujeres.

Muchas de las leyes que ha utilizado el patriarcado para imponer su orden social se han suprimido y otras se han transformado. Ello es un síntoma de que también lo ha hecho, al menos en parte, la ideología patriarcal, porque los sistemas jurídicos se fundamentan siempre en unos principios ideológicos y un sistema de valores a los que sirven y tratan de preservar.

En 1948 la Asamblea general de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El fuerte movimiento a favor de los derechos de las mujeres que se venía desarrollando desde mediados del S.XIX no dejó pasar la oportunidad que le ofrecía la nueva Declaración. Consiguieron que los problemas femeninos fuesen tratados en una comisión específica, muchas de sus propuestas fueron aprobadas por la Asamblea e incorporadas a la Declaración, así se aprobó que en  el texto del artículo 1 se utilizara la formulación: “Todos los seres humanos”, en lugar de: “Todos los hombres”, de significado evidentemente masculino. En adelante la Declaración evitará en todo momento la palabra “hombre” y cualquier redacción que pudiera ser restrictiva en función del sexo. A partir de entonces, mientras el sujeto del artículo fuera la persona o el individuo (como así fue), las mujeres entraban de lleno en sus consecuencias. En esta Declaración aparecen por primera vez reconocidos los derechos a la igualdad por razón de sexo, a igual salario por trabajo igual, a la igualdad de oportunidades, los derechos de igualdad en el matrimonio, derecho a la dignidad y no discriminación de las madres solteras.

A partir del año 1975 en España, año en que comienza el periodo de transición democrática, se llevan a cabo una serie de reformas legales muy importantes para las mujeres y que comienzan a situarnos a nivel de los logros por la igualdad aprobados en la mayor parte de los Estados de la Comunidad Europea. En 1975[9] se anula la Licencia Marital, una ley indigna para las mujeres, expresión de la subordinación al varón regulada por el sistema, esta ley obligaba a todas las mujeres a obtener un permiso firmado del marido para ejercer derechos tales como firmar contratos de trabajo, cobrar su salario, sacar el carnet de conducir o el pasaporte y abrir e intervenir en cuentas bancarias, etc. Es la más patente negación del derecho de autonomía personal y de libre disposición de la propia vida.

La supresión de la discriminación legal por razón de sexo quedó regulada de forma  general  por la Constitución de diciembre de 1978[10], con artículos específicos que prescriben la igualdad en el matrimonio[11] y en el trabajo[12]. Ese mismo año se despenalizan los anticonceptivos y se eliminan los delitos de adulterio y amancebamiento; en 1980, el Estatuto de los Trabajadores prohíbe toda normativa laboral que discrimine a las mujeres en el empleo[13]; en 1981 se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio[14].

En los últimos años, tanto en España como  en la Unión Europea y las Naciones Unidas, se van aprobando leyes cuyo objetivo es que la igualdad entre mujeres y hombres no sea únicamente  formal, sino una realidad a todos los niveles.

En España la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres inició una etapa nueva en las políticas de igualdad. Su objetivo fue promover la igualdad real, más allá de la formal, combatiendo las manifestaciones de discriminación por razón de sexo, explícitas o implícitas, y los estereotipos sociales que constituyen importantes obstáculos para la consecución de la igualdad efectiva. Incorporó la llamada “estrategia dual”, presente en las instituciones internacionales, consistente en la regulación de la transversalidad de igualdad de género en todas las políticas públicas y en la puesta en práctica de acciones positivas[15].

La aprobación de estas leyes ha hecho posible una vida muy diferente de la de hace cuarenta años en España para las mujeres. Les han devuelto el derecho a ejercer su autonomía personal, sexual y económica, robado por el patriarcado, y el mismo estatus que el varón en el seno del matrimonio.

En estos años, el número de mujeres que se dedican en exclusiva al cuidado del hogar va disminuyendo, ello se debe a que se van incorporando al mercado laboral. La carrera profesional es una prioridad para muchas de ellas, que aplazan el desarrollo de otros aspectos de su vida, como el matrimonio y la familia, hasta la consecución de sus objetivos profesionales. Esta incompatibilidad entre trabajo y familia, que no es tan intensa en otros estados europeos, se debe a que todavía no está plenamente asumida por los varones la corresponsabilidad en el hogar y, por otro lado, el Estado español no presta apenas ayudas.

Para tratar de resolver esta falta de equilibrio entre las tareas que asumen las mujeres y las que asumen los varones en el seno de la familia, se van tomado diversas medidas, denominadas políticas de conciliación, que van dirigidas a hacer efectiva la corresponsabilidad familiar en la vida real y la compatibilidad entre la vida laboral y la vida familiar.

En cuanto a la educación, la Ley orgánica de Educación y la de la Reforma de Ley orgánica de Universidades prescriben un modelo educativo basado en la igualdad ente niños y niñas, en el que se forme a los alumnos en la adquisición de actitudes igualitarias y en el que se analicen y supriman los estereotipos sexistas. La presencia femenina en los niveles educativos postobligatorios es superior a la de los varones, excepto en determinadas ramas de FP. Ello se debe a que sus aspiraciones profesionales y expectativas son cada vez mayores y sus éxitos académicos superan a los de sus compañeros, si bien es cierto que todavía se perciben diferencias en la elección de los estudios universitarios y ello  determina su futuro profesional.

En el ámbito laboral las conquistas son indudables. Se han suprimido los obstáculos del acceso de las mujeres a profesiones y trabajos considerados hasta hace pocos años exclusivamente masculinos. Es cierto que en el mundo laboral existen todavía muchas desigualdades injustas que hay que combatir, sin embargo se ha logrado la autonomía económica para las mujeres de forma normalizada, con los problemas de empleo coyunturales compartidos con los varones y también, desde luego, con obstáculos específicamente sexistas. A pesar de todo hay cada vez más mujeres que desempeñan tareas profesionales de importancia decisiva para el buen funcionamiento social en al campo de la abogacía, de la medicina, en el ámbito académico, técnico, empresarial, económico, etc.

También se han abierto las puertas de la política para la participación femenina, hay cada vez más mujeres en el espacio público, en las listas electorales de los diferentes partidos políticos, en el Parlamento, en el Senado, en el Ejecutivo y en el Consejo del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en el Parlamento Europeo. Sus voces se dejan oír junto a las de sus compañeros en debates, comparecencias públicas, mesas de negociación, portavocías, etc.

Aunque todavía queda mucho camino por recorrer para conseguir la igualdad real, sin embargo, el hecho de que se encuentre recogido en la ley el reconocimiento del derecho de igualdad con todos los dispositivos disponibles para conseguir que sea efectiva, y que en estos momentos la ideología patriarcal sea políticamente incorrecta y socialmente rechazada, ha supuesto un importante cambio de mentalidad en el seno de nuestra cultura. Según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas del 2010[16] el 95% de los españoles está a favor de su consecución.

  1. ¿Qué nos falta?

Sin embargo, como hemos dicho, se trata de un proceso que está lejos de quedar concluido, porque continúan vigentes estereotipos sociales sobre las mujeres que ejercen una fuerte influencia en  múltiples aspectos de sus vidas. Hay, de hecho, un desajuste entre valores éticos y democráticos, que se defienden teóricamente en el discurso, y las tendencias y conductas reales en las que se expresan actitudes discriminatorias tanto a nivel colectivo como a  nivel individual.

La imagen tradicional de las mujeres es un obstáculo serio, en estos momentos, para la plena realización de aspectos importantes de sus vidas, como hacer efectiva la corresponsabilidad en la vida familiar, sin la cual tienen muchas dificultades para compatibilizar sus aspiraciones profesionales con las familiares; la aplicación del principio de igualdad de oportunidades, cosa que no está ocurriendo, sobre todo en el mundo laboral, en que los varones tienen una posición de ventaja en relación con las mujeres en las contrataciones, la formación permanente, la promoción profesional, la pertenencia a los ámbitos de toma de decisiones y en un mayor salario por la realización de un trabajo igual; en relación al denominado “techo de cristal”, expresión que manifiesta la situación de exclusión de las mujeres de los espacios superiores en los que se toman decisiones de importancia con consecuencias en la colectividad.

No hemos mencionado en este estudio el terrible problema de la violencia de género que nos deja en España alrededor de sesenta mujeres al año asesinadas por sus parejas o exparejas por el hecho de ser mujeres. Son crímenes culturales, punta de un iceberg que se esconde tras ellos, y que nos muestran hasta qué punto el patriarcado continúa vivo en el mundo interno de los hombres, que consideran a las mujeres objetos sobre los que se  tiene derecho de propiedad y, por tanto, derecho  a hacer con ellas lo que uno quiera. No puede haber expresión más clara de la negación de la humanidad al género femenino. 

La complejidad de los procesos de cambio social se manifiesta a veces en una falta de coherencia entre los principios, las representaciones ideales y las actitudes concretas, que pueden derivar de la convivencia de los antiguos esquemas con posiciones más progresistas.[17].

Todas estas marginaciones en la vida real, que responden a los estereotipos femeninos propios del patriarcado, persisten en la vulneración de la dignidad de las mujeres y confirman nuestra sospecha de que en el interior de muchos varones perviven los deseos de continuar ejerciendo un poder sobre nosotras, y de no resignarse a perder su estatus de seres privilegiados que les ha otorgado el patriarcado por el hecho de ser varones.

Lo que las mujeres necesitamos y demandamos es lo que cualquier ser humano necesita y demanda, los ele­mentos imprescindibles con los que una vida humana tiene que contar  para poder realizar una existencia plena a la cual tenemos derecho. De forma sintética estos elementos son autonomía per­sonal y reconocimiento social. Pero nuestra autonomía se ve limitada por la desigualdad de oportunidades con la que nos encontramos en relación con los varones  al tratar de crecer personal y profesionalmente. Esta situación de discriminación hiere nuestra dignidad  y es expresión de una falta de valoración de las mujeres como personas, que es profundamente injusta, y que muestra el déficit de reconocimiento social, que todavía sigue admitiendo que hay distintos grados de humanidad.

Breve apunte sobre la situación de las mujeres en la Iglesia

Si en la sociedad civil, a pesar de que existe igualdad formal, continúa habiendo una brecha importantísima de género en muchos de los ámbitos sociales, económicos, laborales, políticos, etc., en el seno de la Iglesia Católica la discriminación es total. Esta situación, de lesa injusticia, se encuentra recogida en el ordenamiento jurídico que rige esta sociedad eclesial. Uno de los mecanismos más importantes, por no decir el único,  que le permite conservarse y reproducirse como una sociedad de estas características,  es la defensa y legitimación desde el poder, masivamente masculino, de una determinada  ideología de género. Esta ideología tiene como consecuencia obstruir  las posibilidades de opción femeninas en su seno, impidiendo su acceso a los ámbitos de decisión, en los que se establecen las principales actuaciones de la Institución,  de este modo las mujeres quedan en situación de simple acatamiento a lo decidido por las instancias masculinas.

Todas las Constituciones de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas recogen entre sus primeros artículos el rechazo  de cualquier clase de discriminación por razón de sexo, raza, nacionalidad, religión, etc. porque entienden que todos los seres humanos somos iguales en nuestros derechos como tales seres humanos. Sin embargo parece que la Iglesia Católica no está de acuerdo con esta declaración de igualdad de derechos ya que no se ha adherido con su firma a la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer aprobada en la asamblea general de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmada por casi 100 Estados.

Esta situación femenina en la institución eclesiástica católica plantea inevitablemente una serie de preguntas: ¿cómo es posible que las mujeres, que llevamos peleando por el reconocimiento de nuestros derechos desde el S.XVIII en Europa, que hemos conseguido, al menos, una igualdad formal en las Constituciones de la mayoría de los Estados del mundo y, sobre todo y con mucha dificultad, hemos conseguido que culturalmente la desigualdad  sea valorada negativamente entre nosotros/as, seamos sin embargo discriminadas de forma explícita en una institución como la Iglesia Católica? ¿Cómo es posible que la Iglesia, que es una institución plenamente inscrita en nuestra sociedad occidental, cuyos miembros son personas que se han criado y socializado en los valores democráticos,  que  pertenecen a esta cultura que defiende los principios éticos de la igualdad de todos los seres humanos como algo incuestionable, sin embargo defienda sin pudor la inferioridad de las mujeres y recoja esta idea en sus textos legales y doctrinales, así como en su funcionamiento, en el cual las mujeres tienen un lugar secundario en relación con los varones que ostentan un orden patriarcal? ¿Cómo es posible que la Iglesia no haya evolucionado? Y es más,  ¿cómo se dice cristiana una Institución que discrimina unas personas de otras por el simple hecho de haber nacido con un sexo determinado? ¿No es un aspecto nuclear del cristianismo la idea de que todos somos iguales, todos de un enorme y similar valor como seres humanos?

Discriminar, invisibilizar, ignorar, minusvalorar, marginar y, me atrevería a decir, explotar, ya que hay muchas más mujeres que varones trabajando en la Iglesia sin ningún tipo de reconocimiento, son formas de opresión  que forman parte de la experiencia común de todos los oprimidos de la historia: negros, pobres, migrantes, mujeres…

El Dios de los cristianos, a quien la Iglesia pretende representar, siempre se puso del lado de los oprimidos e invitó a todos sus seguidores a colaborar en su proyecto liberador. La Iglesia, que  difunde y defiende este mensaje  en relación con la situación de injusticia social de millones de seres humanos empobrecidos como consecuencia, en gran medida, del sistema neoliberal, sin embargo practica en su seno y sanciona con normas legales una discriminación activa hacia la mitad de la humanidad. Si esta grandísima incoherencia no se corrige, tendremos que pensar que tras su mantenimiento se oculta un oscuro deseo de poder masculino sobre las mujeres.

[1] Alberdi, Cristina, “Análisis de la realidad jurídica en torno a la mujer”, en López Gay, Pina (comp.), La mujer en el mundo actual, Madrid: Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 1982, p. 71.

[2] Ley 14/1975 de 2 de mayo Sobre la reforma de determinados artículos del Código Civil y del Código de Comercio sobre la situación jurídica de la mujer casada y los derechos y deberes de los cónyuges. Boletín Oficial del Estado de 5 de mayo de 1975, nº 107.

[3] Ley 56/1961 de 22 de julio Sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer. Boletín Oficial del Estado de 24 de julio de 1961, nº 175.

[4] Las ideas expuestas en este apartado acerca de la discriminación educativa, laboral y política de las mujeres proceden de uno de mis artículos publicados en la revista Brocar nº 35, titulado “Las mujeres en Pakistán o el poder del patriarcado”, Logroño: Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Rioja, 2011, pp. 287-303.

[5] Ley 22/1978 de 26 de mayo Sobre la despenalización del adulterio y el amancebamiento. Boletín Oficial del Estado de 30 de mayo de 1978, nº 128.

[6] Ley 45/1978 de 7 de octubre Por la que se modifican los artículos 416 y 343 bis del Código Penal. Boletín Oficial del Estado de 11 de octubre de 1978, nº 243.

[7] Clavo, M. J., Inmigración femenina y ética, Actas del VII Congreso sobre Migraciones Internacionales en España, Bilbao, 11-13 de abril de 2012, pp. 3704-3705.

[8] Fernández Fraile, M. E., “Historia de las mujeres en España: historia de una conquista”, La Aljaba, Segunda época, Volumen XII, Universidad de Granada: Instituto de Estudios de la Mujer, 2008, p. 12.

[9] Cit., p. 2.

[10] Constitución española de 1978, art. 14. Boletín Oficial del Estado de 29 de diciembre de 1978, nº 311.

[11] Ibid., art. 32.

[12] Ibid., art. 35.

[13] Ley 8/1980 de 10 de marzo del Estatuto de loa Trabajadores, art. 4 C. Boletín Oficial del Estado de 14 de marzo de 1980, nº 64.

[14] Ley 30/1981 de 7 de julio Por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio. Boletín Oficial del Estado de 20 de julio de 1981, nº 172.

[15] Para una información más amplia sobre la situación actual de las mujeres en nuestro país se puede consultar el Tercer Informe 01/2011 sobre la Situación de las Mujeres en la Realidad Sociolaboral Española, elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) de España.

[16] Centro de Investigaciones Sociológicas. Barómetro de noviembre 2010.

[17]Ob. cit., p. 290.