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Éxodo 93 (marz.-abril.’08)
– Autor: Colectivo Ioé –
Un potente aparato empírico compuesto por 180 indicadores sirve de base para elaborar 34 índices sintéticos de las principales dimensiones sociales: desde la distribución de la renta y el patrimonio hasta las condiciones de trabajo; desde el acceso a la vivienda y la contaminación ambiental hasta la participación ciudadana, las relaciones internacionales o la igualdad de género. Una explotación de esa base informativa se recoge en el libro Barómetro social de España que, a partir de una perspectiva histórica más amplia, ofrece claves de reflexión para abordar el debate acerca de la cuestión social en nuestro país.
Los resultados del estudio son paradójicos. La fase expansiva de la economía española, iniciada a mediados de la década de 1990, ha supuesto efectivamente un fuerte incremento de la renta y el empleo. No obstante, esta trayectoria meteórica dista mucho de haber sido positiva y equitativa en lo que a sus consecuencias sociales, territoriales y ambientales se refiere:
Mientras el capital –inmobiliario y financiero– se ha más que duplicado (crecimiento anual del 8%), las rentas salariales se han estancado (reducción del salario medio del 2,4%). Los sectores sociales más perjudicados son las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes no comunitarios.
Las desigualdades de ingresos y patrimonio se han ampliado, sobre todo a consecuencia del encarecimiento de la vivienda: los propietarios de suelo y promotores inmobiliarios se han enriquecido desmesuradamente a costa de endeudar a los compradores, que necesitan doble número de salarios para pagar un piso medio, lo que ha triplicado las deudas de los hogares.
Según la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, aplicada en 2002 y 2005, el patrimonio medio de la cuarta parte de hogares más ricos era 41 veces superior al de la cuarta parte de hogares más pobres (el diferencial en 2002 era de 33, lo que supone un incremento de la desigualdad del 23% en sólo tres años).
El gasto público en políticas sociales, que experimentó un gran crecimiento entre 1975 y 1993 (+12,4 puntos del PIB), ha retrocedido entre 1994 y 2005 (-3,5 puntos del PIB), alejándose de la media europea, mientras crecía la privatización de la sanidad, la educación, la vivienda y las pensiones. Esta tendencia tiene como principal efecto una dualización de los servicios y prestaciones, en perjuicio de los sectores sociales con menos recursos.
El modelo de producción y consumo ha dado lugar a un intenso deterioro del aire y el agua: la emisión de CO2 ha crecido tres veces más de lo comprometido en el Protocolo de Kioto; el consumo de energía ha crecido, en relación al PIB, a un ritmo doble que la media europea; y el uso de plaguicidas que contaminan la tierra y el agua ha aumentado en un 60%.
La participación indirecta de la población en la política, a través de los procesos electorales, es elevada. Sin embargo, sólo ejercita su derecho a participar directamente en asuntos públicos en torno al 20% de la población. Las diversas administraciones y los partidos políticos, en connivencia con los grandes grupos de poder económicos y mediáticos, acaparan la gestión de lo político.
La consolidación de España como “país del Norte” se ha realizado en la frontera de mayor desigualdad económica y ecológica del planeta, aquella que separa Europa y África. En 2005 los pagos del servicio de la deuda externa desde el Sur hacia el Norte fueron 5,3 veces mayores que la ayuda oficial al desarrollo del Norte hacia el Sur, un diferencial que duplica el existente en 1994. Las empresas transnacionales españolas, apoyadas por la política exterior del gobierno (créditos FAD y CESCE), han contribuido cada vez más con sus inversiones a esa deuda externa del Sur.
