viernes, mayo 20, 2022
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VOCES DESDE Y CONTRA LOS CIE. PARA QUIEN QUIERA OÍO

Éxodo 102 (ener.-febr’10)
– Autor: Miguel Ángel de Prada –
Ferrocarril Clandestino, Médicos del Mundo y SOS Racismo Madrid
 
“Para quien quiera oír”… Es el subtítulo de este informe elaborado durante más de dos años por tres organizaciones sociales que han ido siguiendo el recorrido de 40 historias de vida contadas por sus protagonistas reducidos al silencio internados en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid. Los CIE son espacios no penitenciarios cuya función es la de facilitar la expulsión de las personas extranjeras en situación de irregularidad administrativa (no tener los papeles regularizados), privándolas de libertad durante un período máximo de 40 días. Esta ha sido la teoría hasta la reciente modificación de la Ley de Extranjería que prolonga el período de privación hasta 60 días. Y la práctica, ¿cuál ha sido la situación real en estos centros para las personas allí encerradas y para sus familias? A esta pregunta pretende dar una respuesta el trabajo minucioso que las tres organizaciones sociales han ido recogiendo durante más de dos años. Todo empezó por la denuncia de un grupo de mujeres recluidas en el CIE de Aluche que enviaron por carta a los medios de comunicación: estaban sufriendo la vulneración de sus derechos más elementales tras las rejas del CIE. Han seguido los informes del Defensor del Pueblo y de diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos; el informe encargado por la propia Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo a la consultora STEP (2007) para analizar las condiciones de los CIE en los diferentes países comunitarios, se concluye sobre la situación en España que el sistema es excesivamente estricto, propio de un régimen típicamente penitenciario, con estancia casi permanente en las celdas y unas condiciones higiénicas deplorables.

… y para que se pueda difundir. El texto que ahora comentamos interpela “a quien quiera oír”, sirve de altavoz a las voces de los silenciados a través del testimonio de vida en el CIE. Se trata de un texto bajo la licencia del “creative commons” que desborda la práctica civilizada de la restricción de la difusión de ideas acogida a la propiedad de los derechos. Al subtítulo se añade así el cauce de la libre difusión de la información para que ambas acaben con una situación que haría sonrojar a otros capítulos del terror y, precisamente, producida en el corazón de nuestra sociedad que se pretende abierta. Porque, tal como señala C. Taibo en el prólogo, la situación que desvela el informe bien pudiera ser un proyecto piloto objeto de generalización posterior al servicio de la estrategia del darwinismo social de la UE, decidida a preservar los recursos mundiales escasos en manos de una escueta minoría privilegiada y decidida a excluir a la mayoría.

Observar lo observado y repensar el modelo de sociedad que está construyendo la Unión Europea. De los testimonios recogidos se establecen los hechos en el interior silenciado de los CIE tras las rejas reales ocultas al exterior. Testimonio tras testimonio repiten las denuncias de las condiciones de habitabilidad, lejos del mínimo deseable, en condiciones de hacinamiento y malas situaciones higiénico-sanitarias. Pero también se documentan denuncias de malos tratos verbales, físicos y psicológicos por parte del personal policial, que en opinión del informe constituyen medidas represivas sin fiscalización externa que supervise tales sucesos y sin velar por el cumplimiento de los derechos de las personas retenidas. Y la pregunta es inevitable, ¿por qué el sistema sancionador español no depara las mínimas garantías de un Estado de derecho en el interior de los CIE? Y la misma pregunta debe hacerse sobre la Unión Europea, dado que no sólo no denuncia tales situaciones, sino que les da cobertura jurídica. Ha sido precisamente la Europa comunitaria la que ha aprobado la Directiva conocida como la Directiva de la Vergüenza que ampara violaciones de derechos que se suponían reconocidos y establecidos en la misma: se aprueba el internamiento en CIES por un periodo de hasta año y medio; se aprueba la privación de libertad a un ciudadano extranjero por la mera decisión de una autoridad administrativa sin la obligatoria supervisión a priori de un juez que vele por esta limitación de un derecho tan fundamental; se permite deportar a menores de edad en situación de desamparo sin tener en cuenta el interés superior del menor, tal como exigen la Carta Europea de los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Pero esta Directiva de la Vergüenza no está aislada, forma parte de una orientación de la normativa comunitaria de restricción de derechos para la población migrante; el propio gobierno socialista español apoyó el restrictivo Pacto por la Inmigración impulsado bajo la presidencia comunitaria de Sarkozy. Tal como expone el informe que comentamos, la nueva orientación política del gobierno reviste de progresista el retroceso de derechos, utilizando el recurso de la comparación, dado que la propia legislación comunitaria permitiría ser más duros. Sin embargo, más allá de los objetivos declarados para el ordenamiento de la inmigración legal y de combatir la irregular, los países de la UE del capital apuntan a utilizar las políticas migratorias como mecanismos de ajuste de sus mercados laborales. Las fronteras de la UE son permeables en la dirección norte-sur pero se intenta su impermeabilización cuando la dirección es surnorte; son permeables a ciertos trabajadores cualificados, como deportistas de élite, e impermeables para trabajadores ordinarios. En suma, los flujos son libres para capitales y, cada vez más, para mercancías pero restrictivos para ciertas personas. Además para las personas del sur las fronteras no se atraviesan una sola vez; dentro de las ciudades, en sus calles, a la salida del metro se apostan funcionarios que condicionan la libertad de movimiento por el tipo de ciudadanía o la carencia de ella, por el fenotipo de cada grupo de personas. Pero otro cambio en las fronteras de la UE consiste en su expansión, dado que se alejan cada vez más del territorio de la UE; la inclusión de países como Marruecos, Senegal, Mauritania o Libia en las políticas de gestión de la migración hace que el control fronterizo se traslade a terceros países de formas diversas, externalizando los sistemas de control de fronteras (patrullas conjuntas en los mares; deportación encubierta de menores para ser tratados en Centros de otros países, etc.), condicionando la concesión de ayuda al desarrollo a cambio de la firma de acuerdos bilaterales que posibilitan la expulsión. El mecanismo es conocido: a medida que se alejan las fronteras del territorio europeo, se va diluyendo la responsabilidad política de su gestión ante los ciudadanos. En este marco complejo se inscribe la creación de los CIE, presentados como instrumento facilitador de las expulsiones pero actuando represivamente desde su función punitiva desvelada por este y otros informes.

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