Escrito por
Éxodo 92 (ener.-feb.’08)
– Autor: Vilma Núñez –
1. INTRODUCCIÓN
El Tribunal Permanente de los Pueblos establecido en 1979 como sucesor de los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras de América Latina (1974-1976), tiene como su vocación y Estatuto dar visibilidad y calificar en términos de derecho todas aquellas situaciones en las que la violación masiva de los derechos fundamentales de la humanidad no encuentra reconocimiento ni respuestas institucionales, sea a nivel nacional o internacional.
El Tribunal inició una sesión un poco atípica dentro de su trayectoria.
En esta audiencia se ha contado con la colaboración del Movimiento Social Nicaragüense “Otro mundo es posible”. Se adhirieron y participaron numerosas organizaciones de Nicaragua y otras del ámbito internacional.
El Jurado nombrado por el Tribunal Permanente de los Pueblos ha incluido como Juez a Vilma Núñez de Escorcia y como conjueces a Juan Hernández Zubizarreta, Ivonne Yánez, Gustavo Castro Soto, Giannini Tognoni y Dolores Jarquín.
Atendiendo a la alta calidad de los informes y de los testimonios presentados, el Tribunal constata como evidente la violación de derechos, que se beneficia de vacíos jurídicos en el derecho internacional. No obstante la normativa existente a nivel internacional proporciona un marco que debe respetarse adecuando los comportamientos de actuación de las empresas trasnacionales y los requerimientos y exigencias de los Gobiernos a tales empresas.
2. HECHOS
Unión Fenosa es una empresa de origen español que está operando además en otros 12 países. Presta servicio a 8,7 millones de clientes de gas y electricidad. Dicha transnacional ha violado el marco jurídico institucional, constitucional y la normativa internacional.
El Jurado toma conocimiento de los conflictos y violación a las leyes en países centroamericanos, en el Caribe (República Dominicana, de donde fuera expulsada) y Colombia. En Nicaragua, Unión Fenosa comienza a operar en el año 2.000. A partir de esa fecha las y los nicaragüenses han sufrido constantes violaciones.
Los permanentes racionamientos vienen generando numerosos daños y perjuicios. Según el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Energía (INE, ente regulador) se reciben 3.000 reclamaciones mensuales de usuarios, o sea 36.000 reclamaciones al año.
El Tribunal ha clasificado los principales abusos de Unión Fenosa a los usuarios del servicio. La política de flexibilización laboral de Unión Fenosa generó más de 400 despidos a partir de noviembre de 2000. Las contratas institucionalizadas violan sistemáticamente los derechos de sus trabajadores y Unión Fenosa es responsable por esta situación, además de hostigar a los sindicatos y negarse a negociar un convenio laboral.
Los anteriores gobiernos contribuyeron al problema energético al no ocuparse por buscar un cambio en la matriz energética (en la generación). Para el año 2008, Unión Fenosa ha declarado un Día Solidario con Nicaragua, aportando 300.000 dólares para proyectos de promoción, acceso y permanencia en las aulas escolares. Estas supuestas prácticas no son más que marketing humanitario.
El actual Gobierno de Nicaragua
La compañía española se comprometió en junio de 2007 a hacer lo que ya está comprometido hacer en su contrato, rehuyendo la indemnización y la restitución al pueblo nicaragüense por el incumplimiento de sus obligaciones dejando al país en una grave crisis energética.
Unión Fenosa reclama 53 millones de dólares al gobierno nicaragüense por apropiación indebida de sus inversiones al iniciar el INE el proceso de arbitraje. El propio gobierno recurre al mercado regional centroamericano para adquirir energía que permita paliar el déficit de generación del mercado nacional.
Instituciones financieras internacionales Han apoyado un modelo que justificaba las privatizaciones y que ha permitido que el capital privado invirtiese planificando únicamente la obtención de beneficios en un corto plazo.
Las empresas generadoras vinculadas a la elite nicaragüense y a la clase política han buscado la maximización del beneficio en corto plazo y no han realizado las inversiones necesarias en sus plantas, todo por concesión y vinculación de los diversos gobiernos a esas privatizaciones.
El Gobierno del Estado español Unión Fenosa recibe apoyo político y económico del Gobierno español, quien secunda los Planes de Ajuste Estructural y las condiciones impuestas por las instituciones financieras internacionales (de las que forma parte el gobierno) y por la aceptación de las políticas de los Fondos de Ayuda al Desarrollo.
Unión Fenosa ha actuado de manera similar en Guatemala y Honduras; y en El Salvador ha hecho otro tanto a través de la transnacional pesquera española Calvo y la eléctrica estadounidense AES Corporation.
3. CONSIDERACIONES
3.1. Las corporaciones vinculadas a la energía, que incluyen empresas petroleras y de electricidad, se han apropiado de los recursos energéticos y han convertido en fuentes de lucro lo que son derechos.
3.2. El Derecho comercial global que regula los derechos de las empresas transnacionales se coloca jerárquicamente muy por encima de los derechos de las mayorías sociales. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos queda sometido a las relaciones de poder, a la privatización de los mismos y a la bilateralidad asimétrica.
