Éxodo 131

Éxodo 131
– Autor: Evaristo Villar –

Si los mercados se lo permiten –o contra la misma irracionalidad de los mercados–, estos partidos políticos están llamados a gestionar en un próximo futuro, de forma más justa y humana, el actual drama de la desigualdad en España.

Con el objetivo de conocer la respuesta que llevaban en su programa político ante el desafío de la desigualdad, Éxodo, antes de las elecciones, le hizo a los partidos políticos de ámbito estatal –aquellos que, a nuestro juicio, contaban con probabilidades de conseguir representación en la Cámara Legislativa en las elecciones generales del 20-D de 2015– la misma y única pregunta: ¿Cuál es la propuesta de tu partido para solucionar la desigualdad en España?

De los cinco partidos a los que cursamos la pregunta –PP, PSOE, Ciudadanos (C’s), Podemos e Izquierda Unida-Unidad Popular (IU-UP), solo tres se dignaron contestar: los dos emergentes (Podemos y C’s) e IU-UP.

El fenómeno vergonzante de la desigualdad social no le podía resultar indiferente a formaciones políticas que, como IU-UP, Podemos o C’s pretenden llevar la voz de la ciudadanía a las instituciones, nacidas para la igualdad y actualmente convertidas en fuentes de desigualdad y corrupción. Hasta es posible que el malestar social que está provocando todo esto haya sido causa determinante del nacimiento de alguna de estas formaciones políticas. Con sus diferentes acentos, se expresa claramente en sus respuestas el malestar o el abierto rechazo a un sistema cuya articulación social se está mostrando muy desigual y cruel con las mayorías populares.

El PP y PSOE, el histórico bipartidismo, declinaron la invitación. Del PP ni siquiera hemos recibido un “político” acuse de recibo. Probablemente, desde la responsabilidad de Gobierno en el que está se sabe en gran medida responsable de la actual situación. Como al aprendiz de brujo, su artilugio de los recortes, llevados a cabo sin ningún miramiento, le puede estar resultando ahora imposible de controlar. No se puede olvidar que la fervorosa obediencia a los poderes financiaros acaba siempre achicando los espacios para el ejercicio humano de una política social justa. Por su parte, el PSOE, por incapacidad o torpeza de sus gestores de prensa, nos tuvo durante bastante tiempo pendientes de una respuesta que nunca llegó. Una vez más, ha desmentido en la práctica la “S” que figura en su nombre.

Las respuestas que presentamos a continuación son suficientes, a nuestro modo de ver, para descubrir las formas de reaccionar, desde distintas sensibilidades políticas, ante el fenómeno de la desigualdad en España

Ciudadanos

Hay muchos tipos de desigualdad en nuestro país. Desigualdad salarial, lo que se conoce como brecha salarial entre hombres y mujeres; desigualdad laboral propiciada por la precariedad de nuestro sistema laboral, y desigualdad social propiciada por factores estructurales, culturales y de organización del Estado.

La desigualdad laboral es consecuencia de un sistema laboral precario propiciado por la reforma laboral del PSOE en 2010 y la reforma del PP. La reforma laboral del PSOE, además de abaratar el despido a 33 días por año trabajado, permitió la concatenación ilimitada de contratos temporales. Por otro lado, la reforma del PP trajo consigo que la posibilidad de que un contrato indefinido pudiera tener un año de prueba. Sinceramente, no se ve el concepto de indefinido de esta posibilidad.

Como consecuencia, nos encontramos con que el mes pasado (noviembre) el 92% de los contratos fueron temporales y se calcula que el 80% de ellos están en fraude de ley.

Tenemos muy claro que un contrato precario es una vida precaria. Por tanto, planteamos acabar con la dualidad de contrato temporal-contrato indefinido, creando un contrato único. Nos encontramos con que los trabajadores con contratos temporales tienen menos amparo jurídico que los indefinidos. De esta manera estaríamos extendiendo y ampliando la protección a todos los trabajadores por igual. Acabaríamos con la disyuntiva en la que se encuentran muchos empresarios entre “hacer fijo” a un trabajador o echarle. Creando así, estabilidad.

Por otro lado, creemos que el hecho de ampliar la baja por paternidad de 2 a 8 semanas y que este tiempo no pueda transferirse a la madre, es una medida para luchar contra la desigualdad laboral y la brecha salarial que afrontamos muchas mujeres a la hora de buscar trabajo.

Por supuesto, hay que volver a educar en igualdad. Es la mejor política que cualquier gobierno puede llevar a cabo. Nos encontramos con que en estos últimos cuatro años el gobierno ha dejado de invertir en igualdad, lo que ha repercutido gravemente en el incremento de la desigualdad.

Por último, es muy necesario afianzar las 17 Comunidades Autónomas y las dos Ciudades Autonómicas en la Constitución, estableciendo claramente las competencias del gobierno de la nación de aquéllas. Así evitaremos no sólo duplicidades, evitaremos sobre todo que un ciudadano en Galicia tenga derechos diferentes que un ciudadano que viva, por ejemplo, en Madrid.

Podemos

Uno de los grandes retos que tiene nuestra economía para la próxima legislatura es atender la situación de las personas más afectadas por la crisis y disminuir la pobreza y la desigualdad.

España es el país europeo en el que más ha aumentado la desigualdad desde el inicio de la crisis. Todos los indicadores de privación material se han deteriorado multiplicando las situaciones de emergencia social y de pobreza. Más de 10 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza y casi 3 millones de personas están en una situación de pobreza severa, lo que representa en torno a 750.000 familias que no perciben ningún tipo de ingreso y casi 4 millones de parados sin prestación por desempleo. Además, el empleo ya no es una garantía para evitar la pobreza, y mucho menos para alcanzar un bienestar suficiente. Hay un porcentaje creciente de trabajadores pobres y la “recuperación” es compatible con la extensión de empleos de baja remuneración y con menor protección social.

El incremento del desempleo, la devaluación salarial y la erosión del estado de bienestar derivada de las políticas aplicadas explican esta situación. Según datos del último estudio en materia salarial de la OIT, España es el segundo país después de EEUU donde más ha incrementado la desigualdad entre el 10% más rico y el 10% más pobre, y el 90% de este incremento se explica por la precarización del mercado de trabajo. Por si esto fuera poco, también ha aumentado la desigualdad después de tener en cuenta los impuestos y las prestaciones sociales, lo que muestra la debilidad redistributiva de nuestro sistema fiscal y de protección social.

Se necesitan políticas dirigidas a mejorar la situación de los más perjudicados, una potente labor redistributiva impulsada por el sector público (por la vía de los ingresos y los gastos) y una recuperación del crecimiento de los salarios. Estas políticas, además, deben diseñarse de forma que sean herramientas eficaces para luchar contra las desigualdades entre mujeres y hombres.

Para ello debemos poner fin a la política de “austeridad fiscal” (condicionar toda la política económica al objetivo de reducir el déficit público por debajo del 3% en 2016, y hasta el déficit cero en 2018), y a la “austeridad salarial” (perseguir mediante reducciones salariales el objetivo de mejorar la competitividad). Proponemos suavizar la senda de reducción del déficit, condicionándola al cumplimiento de otros objetivos como la reducción del desempleo, y promover la recuperación del peso de los salarios en la renta. Nuestra propuesta de política económica reduce el déficit público, pero a un ritmo que permite también reducir la enorme brecha social abierta por las últimas dos legislaturas de austeridad y recortes.

Además, es necesario fortalecer las políticas sociales: debemos atender la situación de aquellos grupos sociales especialmente afectados por la crisis o en situaciones de privación mediante un Programa de Garantía de Rentas, y reforzar los servicios básicos del estado de bienestar. Hay que revertir los recortes en los servicios fundamentales del estado de bienestar, dotándolos de la financiación suficiente e impulsando la creación de empleo en la educación, la sanidad y el cuidado de las personas.

Por ello, PODEMOS impulsará un plan de choque de lucha contra la pobreza y la desigualdad, financiado e impulsado desde la administración central y contando con el acuerdo de las CCAA y ayuntamientos. Nuestro objetivo se dirige hacia la pobreza cero, asegurando la universalización de la cobertura de rentas para la población que cae por debajo del umbral de la pobreza. Este plan consta fundamentalmente de dos grandes medidas.

En primer lugar, impulsaremos una Renta Garantizada, consistente en un programa de renta diferencial (complementaria de los ingresos existentes) para todos los hogares con ingresos por debajo el umbral de pobreza monetaria, aumentando la cuantía de la prestación básica por persona equivalente integrada en la unidad de convivencia. La cuantía inicial se establecerá en 600€ mensuales para las unidades de convivencia de un solo miembro, aumentándose progresivamente en función del número de miembros (35% adicional de la renta garantizada para el segundo miembro, y 20% por cada uno de los siguientes) hasta un máximo de 1.290€. Este plan integrará a todas las prestaciones sociales que se encuentren por debajo de ese umbral.

Pero, además, y en segundo lugar, este plan se reforzará con un plan de Renta Complementaria. El coste total de ambos planes sumará 15.000 millones de euros, el 1,5% del PIB. Reducir el déficit público más lentamente, en un punto y medio del PIB, financiaría la totalidad de nuestra propuesta.

El establecimiento de un complemento para trabajadores con baja remuneración, que elimine la discriminación que supone la “trampa de la pobreza” al tiempo que garantiza el acceso de los trabajadores de bajos ingresos a niveles suficientes de bienestar. Para aquellos beneficiarios de la Renta Garantizada que trabajen o encuentren empleo supondría de hecho una retirada graduada (y no súbita) de la prestación conforme vayan aumentando sus ingresos salariales. Supondrá garantizar unos ingresos mínimos de 900€ mensuales para estos trabajadores, que también se incrementarán con el número de miembros de la unidad de convivencia. Este complemento sólo será efectivo a partir de unos ingresos reconocidos del trabajo por encima de 250€, para evitar posibles situaciones de fraude.

Estas medidas no solo son económicamente posibles, tal y como queda reflejado en nuestra memoria económica, sino que además son necesarias para construir los cimientos de una economía moderna del siglo xxi. Necesitamos un crecimiento social e inclusivo que no deje atrás a nadie. Es tiempo de otra política, es tiempo de otra economía. Nacho Álvarez, Secretario de Economía de Podemos

IU-UP

Implementar en un año un Plan de Emergencia Social destinado a los colectivos más vulnerables y con recursos extraídos de las capas más adineradas de la población, de forma que la desigualdad se reduciría intensamente. Mediante nuestro Plan de Emergencia Social seremos capaces de sacar de una situación de vulnerabilidad extrema a unos 16 millones de personas en tan sólo un año, atendiendo desde el Estado con decisión y voluntad a las necesidades de los colectivos más desfavorecidos: parados, mujeres, niños, jóvenes, pensionistas, trabajadores pobres, etc.

El Plan cuenta con muchas medidas. Con nuestro programa de Trabajo Garantizado ofreceremos en un año la posibilidad de trabajar dignamente a un millón de personas en actividades relacionadas con los servicios sociales, los cuidados a las personas y al medioambiente (en definitiva: a la vida), el cuidado de los espacios urbanos y actividades culturales, recreativas y deportivas. Además, llevaremos a cabo un plan de empleo y formación destinado a 600.000 parados de larga duración, así como un plan de empleo específico para 400.000 jóvenes. A aquellas personas que a pesar de todo sigan sin trabajo y sin ingresos les ofreceremos una Renta Garantizada de 529 euros al mes que logre que ninguna familia se quede sin recibir dinero. Incrementaremos la pensión mínima y el salario mínimo para acabar en nuestro país con las figuras de pensionistas y trabajadores pobres, elevando cada año el nivel mínimo hasta llegar a 1176 euros mensuales en 2019.

Declararemos la guerra a la pobreza energética que atenaza a 1,4 millones de hogares haciéndonos con el control de las empresas energéticas y estableciendo tarifas de luz, agua y gas por tramos en función de la renta, para que nadie se quede sin suministro por falta de ingresos. Crearemos un bono transporte gratuito para las personas que se encuentren en riesgo de exclusión social. Paralizaremos todos los desahucios que amenacen a personas que no pueden pagar su hipoteca, crearemos un parque público de viviendas para que todo el mundo pueda tener alternativa habitacional sin pagar más de un 20% de sus ingresos, y erigiremos un Banco Bueno que compre parte de las deudas de familias y pequeñas empresas con el objetivo de aliviar sus cargas financieras. Incrementaremos notablemente los recursos y medios para combatir la violencia sexista, equipararemos progresivamente los derechos de paternidad de los hombres a los de las mujeres, e incrementaremos la cuantía por hijo a cargo hasta los 1.200 euros por niño al año. Ampliaremos la red de escuelas infantiles de titularidad y gestión pública para cubrir toda la demanda de escolarización de 0 a 3 años. Por último, legislaremos para que las pymes y los autónomos no sufran un marco normativo discriminatorio además de darles las facilidades y ayudas necesarias para que saquen adelante sus actividades.

El coste total de nuestro Plan alcanza 52.494 millones de euros, que es mucho menos de lo que ya nos hemos gastado en rescatar a la banca (60.000 millones de euros), o casi lo que cada año perdemos por contrataciones y licitaciones públicas corruptas (48.000 millones de euros). Nuestro país recauda unos 90.000 millones de euros menos de lo que debería si nos fijamos en nuestros vecinos europeos, de forma que es posible obtener suficiente dinero para financiar nuestro Plan de Emergencia Social. Para ello proponemos combatir con firmeza el fraude fiscal de las grandes empresas y grandes fortunas, reformar algunos impuestos como el IRPF y el Impuesto de Sociedades, y crear nuevas figuras como un impuesto extraordinario sobre el incremento patrimonial de los más ricos, un impuesto a las transacciones financieras y un impuesto a los bienes y gastos de lujo.

Éxodo 131
– Autor: Demetrio Velasco –

1. La fragilidad del logro irrenunciable de la igualdad

 Si no fuera porque las ciencias sociales nos han enseñado que ante las cuestiones que parecen ser obvias, porque parecen ser de sentido común, conviene estar alerta, pensaríamos que es superfluo dedicar un artículo a la reflexión sobre la actitud de los cristianos ante la desigualdad. Parecería que la respuesta a la cuestión es sencilla y concisa: los cristianos/as, tanto por su condición de ciudadanos de sociedades democráticas, como, sobre todo, por su condición de creyentes en el Dios de Jesús y en su proyecto de humanidad, no pueden sino ser adversarios decididos de la desigualdad. Pero ni la realidad es tan obvia, ni el sentido común guía siempre la conducta del ser humano, aunque éste se autodenomine cristiano. Es un hecho indiscutible que los cristianos son responsables directos o, al menos, cómplices más o menos conscientes, de que la desigualdad siga siendo en nuestros días una de las lacras más graves que impiden que tanto el proyecto democrático como el plan divino, de que todos los seres humanos sean libres e iguales, se cumplan en la realidad.

En estas breves páginas pretendo explicar las razones de esta situación. Para ello, partiré de una doble constatación que espero permita situar la cuestión con la necesaria perspectiva. En primer lugar, considero que hay un consenso generalizado en que el principio revolucionario de la igualdad de todos los seres humanos es uno de los logros más importantes que la humanidad ha hecho en los últimos siglos, de la mano de las revoluciones liberales, primero, y de los movimientos socialistas e igualitaristas, después. Un logro que debe considerarse irrenunciable, si queremos seguir hablando de sociedades humanas dignas de tal calificación. Quizá sea esta la razón por la que hay que, a pesar de la evidencia empírica más persistente de nuestra historia: la escandalosa y omnipresente desigualdad con la que en gran medida se han tejido las relaciones humanas, desde los orígenes de la humanidad hasta nuestros días, sigamos creyendo en la igualdad humana. Sin embargo, este logro extraordinario e irrenunciable ha mostrado ser de una gran fragilidad. Cuando el principio de la igualdad humana parecería haberse convertido histórica y sociológicamente en un argumento irrefutable para asegurar progresivas cotas de igualación entre los seres humanos, han surgido nuevas legitimaciones ideológicas del desigualitarismo que, desgraciadamente, han solido ir acompañadas de graves retrocesos en la lucha por la aplicación de dicho principio. Hoy, vivimos uno de esos momentos históricos.

2. El capitalismo y su dialéctica legitimante del desigualitarismo

La “crisis epocal” que estamos padeciendo parece resolverse generando mayor desigualdad e injusticia y los discursos que legitiman esta deriva desigualitaria afloran sin ningún pudor. La hegemonía de la razón cínica trata de convencernos de que hemos ido demasiado lejos en la marcha hacia la igualdad y de que hay que devolver a los ricos, a los poderosos y a los escogidos por la fortuna, los recursos que habían consentido compartir con los demás, injustamente forzados por la demagogia igualitarista. El acoso y derribo que ejerce el capitalismo actual sobre el Estado de Bienestar keynesiano y el cuestionamiento radical que se sigue haciendo de una posible Europa social, como si se tratara de una veleidad inasumible, nos dan razón del momento crítico por el que atraviesa la causa de la igualdad. Personalmente, creo que afirmar que la escandalosa y creciente desigualdad que vienen padeciendo nuestras sociedades es expresión de una “dialéctica criminal” que fractura radicalmente nuestro mundo es algo más que una expresión tremendista. Estudios solventes muestran de forma fehaciente que, si el sistema capitalista ha sido siempre un sistema de “inclusión excluyente”, en su actual configuración se está mostrando como un violento proceso de inclusión que impone la explotación económica, la dominación política y la hegemonía cultural a escala global. Como sistema de exclusión violenta condena a una gran parte de la humanidad al empobrecimiento creciente y a la destrucción de su ecosistema e, incluso, a su “no existencia”, en el caso de que no interesen ni siquiera para ser objeto de dominación o explotación. Dialéctica criminal porque produce un doble efecto negador de los seres humanos: la aniquilación biológica producida por el genocidio más grave que haya conocido la humanidad, como es el producido por el hambre y todo lo que le niega al ser humano la posibilidad material de vivir; y el nihilismo espiritual de quien por su ambición de apropiarse de todo lo que esté a su alcance, se impide a sí mismo vivir con los otros como otros y desde ellos. Además, hay que resaltar que la sima cada vez mayor que separa a las minorías oligárquicas y plutocráticas de la inmensa mayoría de la población mundial no es un accidente del fatalismo histórico, sino el producto necesario de un proyecto histórico, el del sistema capitalista global y de su momento actual que creo razonable calificar de “fascismo social”&[1]. Una mirada retrospectiva a los últimos siglos de la historia de Occidente, como la que han realizado algunos analistas sociales de reconocido prestigio, no hacen sino confirmar este diagnóstico&[2]. Si a lo dicho añadimos que nuestras sociedades están siendo sometidas a una situación en la que cada vez es menos plausible organizar una convivencia cabalmente democrática y en la que buena parte de la ciudadanía renuncia a “preferir la lucha por la peligrosa libertad que aceptar la servidumbre voluntaria”, me temo que el futuro de la igualdad es y seguirá siendo muy problemático.

3. No hay cristiano que pueda negar la verdad básica de la igualdad

En segundo lugar, creo que no es preciso recordar que la igualdad de todos los seres humanos es un principio esencial e irrenunciable para los cristianos que se saben y quieren hijos y hermanos del mismo Dios Padre-Madre. Creer en el principio de la Encarnación realizada en Jesús es creer que todo ser humano, particularmente si es pobre o víctima, está llamado a experimentar en su vida lo que son unas relaciones humanas libres e igualitarias. No hay cristiano que pueda negar esta verdad básica si es que quiere seguir siéndolo. Sin embargo, hay que reconocer que la confesión de este principio se ha mantenido en contra de toda evidencia empírica que nos muestra cómo el cristianismo ha sido desde sus orígenes hasta nuestros días cómplice de las formas de desigualdad más injustas y escandalosas. Tampoco han faltado entre los cristianos quienes no sólo han defendido con fervor dicha realidad desigualitaria, sino que han llegado a legitimar la desigualdad en nombre de innumerables razones e incluso a sacralizarla en nombre de un pretendida voluntad divina.

En algún momento he escrito que en esta cuestión tan relevante para el cristianismo, como en muchas otras, los cristianos han mantenido mayoritariamente las mismas actitudes que las que ha mantenido la mayoría de la población de las sociedades de las que han formado parte. Esta situación me ha suscitado algunos interrogantes que me siguen pareciendo pertinentes ahora. ¿A qué se debe que, tras siglos de legitimación y lucha por la igualdad democrática, sigamos viviendo en un mundo tan radicalmente desigual? ¿La afirmación de que “todos los hombres somos (nacemos) libres e iguales”, de la que hemos dicho que refleja una contraevidencia empírica, y sin la que sería imposible comprender y justificar nuestros mejores logros antropológicos y sociopolíticos, es algo más que un espejismo y un mito anacrónico de la sociedad liberal moderna?; por qué los logros de la igualdad son tan razonables y, a la vez, tan frágiles; por qué las desigualdades perviven e incluso se multiplican; por qué los discursos legitimadores de la desigualdad siguen siendo plausibles; por qué se siguen racializando las relaciones de dominación y de exclusión, cuando sabemos que no existen razas y que lo que dicha racialización tiene siempre como objetivo es considerar inferior a quien se quiere dominar, excluir, colonizar o “civilizar”.

Para responder siquiera someramente a estas cuestiones creo preciso hacer una contextualización histórica y social de la desigualdad que por razones de espacio ha de ser muy esquemática&[3]. Entre las numerosas hipotecas que históricamente han impedido que el principio igualitario se tradujera en unas relaciones humanas y sociales justas y solidarias, me referiré, explícitamente, a tres: a la “lógica propietarista”, a “la lógica nacionalitaria” y a “la lógica patriarcalista y clerical”. Creo que su vigencia sigue siendo, todavía hoy, determinante en la generación creciente de la desigualdad.

La hipoteca de la lógica propietarista

Es obvio que para perseguir el principio de igualdad hay que luchar contra la lógica propietarista y desigualitaria de nuestra sociedad y contra la matriz cultural del individualismo posesivo que la alimenta y legitima. Hay que denunciar a las minorías que se apropian de la riqueza de todos de forma injusta e insolidaria, reproduciendo así la dialéctica criminal que, al posibilitar que unos pocos tengan tanto, condenan a la gran mayoría a la pobreza y exclusión social, cuando no a la muerte biológica.

Pero casi todos nosotros nos hemos socializado en una cultura ya secular de “individualismo propietarista”, que ha permitido a cristianos honorables enriquecerse a toda costa, sin sentirse obligados por límites legales o morales y, menos aún, sin sentirse responsables de la situación de tantas víctimas como dicho enriquecimiento ha creado. Todos somos partícipes de un “materialismo histórico reaccionario”, que se ha afirmado hegemónicamente en nuestras sociedades, sobre todo, a través de la ideología todavía vigente del “liberalismo doctrinario”, desde su creación en la primera mitad del siglo xix. Este tuvo la virtualidad de crear un imaginario social, en el que el rico estaba llamado providencialmente a desarrollar una vocación que le permitía dedicarse a cargar el camello de oro sin tenerse que preocupar por las dificultades de caminar con él por el angosto camino que lleva a la salvación. Tampoco las víctimas, dejadas de lado por mor de dicho imaginario, se iban a poder cruzar en su camino como un obstáculo y, si lo lograban, se las criminalizaba hasta expulsarlas de él. Para eso se crearon las leyes de pobres, que, en nuestros días tienen sus correspondientes traducciones jurídicas y políticas. La más importante de todas, como ya formulara Rousseau, la de un “contrato social” burgués que consagra, mediante el engaño y el cinismo, la desigualdad y la servidumbre del pobre&[4]. Si cito a Rousseau es para resaltar la duración y el peso de esta hipoteca. Y porque es patente el despliegue de medios de todo tipo que las oligarquías y plutocracias que rigen nuestro mundo utilizan para lograr sus objetivos de legitimación de un sistema capitalista cada vez más desigualitario e injusto. J. Stiglitz, en un importante texto sobre la desigualdad de nuestras sociedades&[5], describe el proceso actual de legitimación de la misma por parte de los privilegiados del sistema, como un engaño sistemático acerca del papel que juegan y deben seguir jugando el Estado y el Mercado actuales en la actual situación de crisis global. Una legión de autores y de lobbys están empeñados en seguir haciéndonos creer que los Estados deben limitarse a crear las condiciones que “los Mercados” necesitan para mostrar sus virtualidades sociogenéticas benefactoras. Para ello, hay que deslegitimar al Estado como ineficiente gestor público, exigiendo privatizaciones y desregulaciones, y a los gobiernos como responsables de la situación de crisis. Aunque esto vaya en contra de todas las evidencias, como ha sido el uso que se ha hecho del Estado para salvar al sistema financiero de sus fiascos, o para garantizar el “botín” a los victimarios exculpándoles de cualquier responsabilidad con el sometimiento y empobrecimiento de las víctimas.

Frente a esta hipoteca propietarista ha servido de poco recitar la “doctrina cristiana” sobre el destino universal de los bienes creados y sobre la voluntad divina de que seamos fraternalmente iguales. En este sentido, de poco ha servido la ya centenaria Doctrina Social de la Iglesia para desactivar la vigencia de este imaginario de individualismo posesivo, radicalmente desigualitario. Seguramente esto ha sido así, en gran medida, porque las Iglesias, preocupadas más por sus propios intereses que por la causa de los pobres, han acabado adaptando su doctrina a los intereses y objetivos de los ricos y poderosos de este mundo. Por eso acabaron sacralizando también el contrato social burgués y pasaron a afirmar que el derecho de propiedad privada era un derecho sagrado. De sus limitaciones, apenas si se hace una glosa doctrinaria sin efecto práctico alguno. Estoy persuadido de que si las Iglesias cristianas hubieran exigido, como lo hizo Jesús, la eutanasia del rentista para quienes siendo ricos quisieran seguir llamándose sus seguidores y hubiera aplicado la excomunión (o al menos hubiera negado el acceso a la comunión en el sacramento de la eucaristía) a tantos que han mostrado ostentosamente su riqueza adquirida de forma injusta y criminal, hoy, no nos sería tan difícil señalar (nos) a los victimarios y depurar sus (nuestras) responsabilidades respecto a las víctimas de la desigualdad y de la pobreza. En nuestras sociedades pesa todavía como una losa sobre el imaginario social hegemónico la convicción de que ser rico, e incluso muy rico, sin tener que justificar la forma en que se ha llegado a serlo, es perfectamente compatible con la condición de cristiano honorable.

Creo que la forma en que los cristianos debemos luchar contra la desigualdad es cuestionar esta lógica propietarista, tomándonos en serio que seguir manteniéndola nos responsabiliza de la “diáléctica criminal” a la que nos hemos referido. Como afirma el papa Francisco, hay que activar el potencial subversivo del evangelio que obligue a la iglesia a “salir” al encuentro de los pobres y excluidos, siguiendo los dos principios que deben inspirar al cristiano: el principio Encarnación (siguiendo los pasos de Jesús) y el Principio Misericordia (que refleje el verdadero rostro de Dios). Esto no se hace con proclamas doctrinarias, sino pasando a construir la verdadera “praxis” (crítico-práctica, transformadora y revolucionaria) de una iglesia evangelizadora: “primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar” (Evangelii Gaudium, n. 24). Escuchar y estremecerse ante el clamor de los pobres y comprometerse de forma radical para hacer que “ese Reino que lo toca todo” llegue a “todos los hombres y a todo hombre”, no es una cuestión opcional ni “se trata de una misión reservada a sólo a algunos”, sino que se trata simple y sencillamente de hacer lo que Dios quiere para quienes pretenden seguir llamándose cristianos. “Es un mensaje, tan claro, tan directo, tan simple y elocuente, que ninguna hermenéutica eclesial tiene derecho a relativizarlo. ¿Para qué complicar lo que es tan simple?… Jesús nos enseñó este camino de reconocimiento del otro con sus palabras y con sus gestos. ¿Para qué oscurecer lo que es tan claro? No nos preocupemos sólo por no caer en errores doctrinales, sino también por ser fieles a ese camino luminoso de vida y de sabiduría. Porque “a los defensores de ‘la ortodoxia’ se dirige a veces el reproche de pasividad, de indulgencia o de complicidad culpables respecto a situaciones de injustica intolerables y a los regímenes políticos que las mantienen.” (Evangelii Gaudium n. 194).

La hipoteca de la lógica nacionalitaria

La vocación inclusiva e igualitaria del Estado-nación, nacido en el contexto de las revoluciones liberales, y, más tarde, de las revoluciones democráticas e igualitaristas, se ha concretado a través de una nacionalidad garantizada por un estatuto de ciudadanía reconocida a todos. La salida de los privilegios propios de los particularismos premodernos: estamentales, políticos, religiosos, etc., garantizando derechos y libertades a toda la ciudadanía fue una de las razones más importantes de la construcción de dicho Estado-nación.

Pero dicha vocación no se ha cumplido nunca de forma suficiente, y no sólo en los casos de los nacionalismos etnoculturales o etnorraciales, dogmáticos y excluyentes, sino tampoco en los estados-nación más reconocidamente democráticos. La ciudadanía y la nacionalidad nacieron separadas, pero pronto se juntaron en un matrimonio espúreo (pero con intereses comunes) y están condenados a un divorcio inevitable. Si bien la ciudadanía respondía a la lógica democratizadora que dinamizaba a las revoluciones modernas, ésta estuvo lastrada, no sólo por la lógica del individualismo posesivo y propietarista, a la que nos hemos referido, sino también por la lógica nacionalitaria. La ciudadanía se convirtió así en un “instrumento de cierre y de exclusión” que permitía legitimar relaciones concretas entre individuos y grupos sociales situados de formas muy diferentes en la estructura social, en la división del trabajo, en los imperativos comunitarios de pertenencia (religiosos, étnicos, lingüísticos, de género, etc.). Así surge un “nosotros” y un “ellos” que, para ser adecuadamente entendidos, exigen, previamente, ser situados en el contexto conflictivo y polémico que los vio nacer. En el caso paradigmático de la revolución francesa, es sorprendente ver cómo el concepto revolucionario de “nacional”, el de quienes se asocian voluntariamente en la construcción de la república (universalizable a todos los revolucionarios, pero no a los nobles franceses), se fue limitando a los republicanos y franceses (en el contexto de la guerra), primero, y a los franceses con residencia fija y registrada en suelo francés, más tarde, creándose un código de la nacionalidad propio del nacionalismo etnocultural racializado. Como dice un clásico en el tema, “desde una perspectiva global, la ciudadanía es un poderoso instrumento de exclusión social, que protege a los Estados prósperos del inmigrante pobre. Cada Estado crea un modelo legal e ideológico de relación entre ciudadanos y extranjeros, que conlleva una discriminación a la hora de reconocer derechos y deberes a unos y a otros… En este sentido, todo estado es nacionalista y excluyente”&[6].

Sin entrar, ahora, a explicitar la larga y compleja historia de exclusión social que ha supuesto la condición nacionalitaria exigida para ser un ciudadano democrático y no un “extranjero” o un “ciudadano de papel”&[7], me parece indiscutible que, hoy, sigue siendo una de las graves hipotecas que pesan sobre la ciudadanía democrática y que generan desigualdades escandalosas. En el actual y difícil momento de la Unión Europea, creo que la vigencia de dicha hipoteca es de tal relevancia que, si no se ponen pronto los medios para levantarla, está en grave peligro el mismo proyecto inclusivo e igualitario que define a la misma. De hecho, la ciudadanía europea no acaba de trascender la concepción etnodemográfica de la nacionalidad que sigue siendo decisiva en los diferentes modelos de integración nacional.

Son muchos los ejemplos en los que los intereses y ambiciones nacionales acaban imposibilitando medidas en la buena dirección. Para mí, el ejemplo más claro de lo que es un proyecto europeo desigualitario y excluyente es la reacción de los gobiernos europeos ante la situación extrema en que millones de refugiados están llamando a nuestra puerta. La incomprensible reacción de carácter particularista y nacionalista de los diferentes gobiernos de los Estados-nación europeos convierte en papel mojado no sólo la proclama universalista y revolucionaria de los derechos humanos, sino la más elemental dignidad que se supone deben reflejar en su comportamiento quienes se sienten responsables de unas situaciones de guerra y de crisis socieconómica y política, que están en el origen de la extrema necesidad de los refugiados.

En medio de este panorama es difícil, en muchos casos, valorar adecuadamente la actitud de los cristianos/as ante el carácter desigualitario de la lógica nacionalitaria, porque lo es, asimismo, distinguirla de la de la mayoría de sus conciudadanos no cristianos. No me refiero solamente a la historia más reciente de Europa, en la que grupos significativos de las diversas confesiones cristianas han mantenido posturas polémicas que han alimentado la guerra y la violencia en nombre de los prejuicios identitarios. Me refiero también a la facilidad con la que cristianos considerados progresistas prestan su apoyo explícito a causas nacionalistas que poco o nada tienen que ver con la construcción de sociedades más justas e igualitarias. Lamentablemente ha sido secularmente corriente la instrumentalización del cristianismo para justificar e incluso sacralizar la construcción de las naciones y de los Estados-nación, al tener que hacer creer que han sido expresión de la Providencia que las ha escogido para cumplir con su misterioso designio divino. La sacralización de las patrias sigue siendo todavía hoy una forma de idolatría que muchos cristianos practican con un fervor propio de los fanáticos y fundamentalistas.

Algunos de los gobiernos que han regido los destinos europeos se han reclamado con frecuencia partidarios de un “humanismo cristiano”, que, a la hora de la verdad, ha resultado ser lo que Tierno Galván denunciaba como un “humanismo de las compatibilidades” y que les ha llevado a ser cómplices de políticas públicas radicalmente desigualitarias. Este humanismo ha sido un discurso abstracto que ha permitido seguir hablando del ser humano en general sin tener en cuenta su situación concreta en las relaciones sociales; así ha servido igual para pobres que para ricos, para ciudadanos que para extranjeros, para hombres que para mujeres. A la hora de la verdad, un humanismo inocuo y vacío, ajeno a los principios básicos del cristianismo antes señalados: Encarnación y Misericordia. Como dice el papa Francisco, “los grandes principios sociales pueden quedarse en meras generalidades que no interpelan a nadie… si evitan ser concretos” (E. G. n. 182). Hay que afrontar la cruda realidad desde “el realismo de la dimensión social del evangelio. Porque, así como algunos quisieran un Cristo puramente espiritual, sin carne y sin cruz, también se pretenden relaciones interpersonales sólo mediadas por aparatos sofisticados, por pantallas y sistemas que se pueden encender y apagar a voluntad. Mientras tanto el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura” (EG n. 88).

Si los cristianos queremos ser fieles a nuestra vocación de practicar la fraternidad humana, debemos impedir que la hipoteca nacionalitaria acabe vaciando de contenido los derechos humanos fundamentales que todo ser humano tiene y que son expresión de su propia dignidad. «Con el debido respeto a la autonomía y la cultura de cada nación, no debemos olvidar nunca que el planeta pertenece a toda la humanidad y es para toda la humanidad; el mero hecho de que algunas personas nacen en lugares con menos recursos o menos desarrollo no justifica el hecho de que están viviendo con menos dignidad” (EG 190). En un mundo cada vez más plurinacional, con migraciones masivas, con tantísimo desplazado, refugiado o exiliado, los conflictos originados por la diversidad y la diferencia no pueden resolverse humanamente desde la afirmación de identidades excluyentes, sino desde la conciencia de que todos, sin excepción, somos diferentes y mestizos y, por ello, somos iguales. Si el principio encarnación nos enseña que no se puede ser cristiano a distancia, el principio misericordia nos enseña la forma concreta de amar al ser humano concreto “en todas sus condiciones, en todas sus debilidades, en todas sus necesidades”, como el buen samaritano, sin miedo a mancharnos las manos ni a coger olor a oveja&[8]

La hipoteca de la lógica patriarcalista y clerical&[9]

Como afirma plásticamente F. Hinkelammert, “la Revolución Francesa no da muerte sólo al rey y a los aristócratas, sino también a los primeros representantes de los derechos humanos del ser humano mismo: Olimpe de Gouges, la mujer feminista, y Babeuf, el hombre de la igualdad obrera. Son esos derechos los que, en adelante, promoverán la emancipación humana”&[10]. Cuando, ahora, leemos la declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que Olimpe de Gouges escribía en 1791, como una réplica necesaria de los Derechos del hombre y del ciudadano, nos parece un texto lleno de coherencia democrática que solo un imaginario patriarcalista y sacralizado podía considerar contrario al orden natural y divino y, por tanto, una grave amenaza que merecía ser castigada como un crimen contra la humanidad. A pesar de que la voz de Olympe de Gouges no era la única que demostraba que en aquel contexto revolucionario “el nivel de conciencia posible” permitía pensar en una sociedad en la que hombres y mujeres fueran libres e iguales&[11] el “nivel de conciencia real” lo hacía prácticamente imposible e inviable. La lógica patriarcalista, radicalmente desigualitaria, tenía tras de sí una historia milenaria cuyo peso se hace sentir todavía en nuestros días con una fuerza y una vigencia enormes.

Si por patriarcado entendemos un sistema de dominación que ejercen los varones en cuanto género en todas las esferas de la vida, desde la familiar a la política, configurando las instituciones más importantes de la sociedad y determinando las relaciones sociales de exclusión y subordinación de las mujeres, es obvio que estamos hablando de una de las causas más importantes de la desigualdad humana, si no de la más importante. Si, además, abundan las legitimaciones ideológicas y religiosas de este sistema de dominación patriarcalista, argumentando que la desigualdad de hombres y mujeres es un hecho natural y querido por Dios, podemos comprender que la hipoteca de la lógica patriarcal y clerical plantea un reto de enorme trascendencia. Para los cristianos/as habituados a convivir en una Iglesia de estructura patriarcalista y clerical, profundamente desigualitaria, el reto es todavía mayor.

En efecto, a menudo nos sorprendemos de que en las sociedades más progresistas sigan manteniéndose situaciones de injustificable desigualdad entre hombres y mujeres en casi todos los ámbitos de la vida (salarios, control del poder, hegemonía cultural); con frecuencia nos escandalizamos de los brutales casos de “violencia de género” que se dan en el seno de las familias; cada día nos golpea la inhumana situación de la explotación sexual y de acosos en que se ven inmersas multitud de mujeres; casi siempre los cristianos seguimos contemplando el proceder de una iglesia patriarcalista y clerical que sigue manteniendo a las mujeres en una situación de subordinación incompatible con una praxis cabalmente evangélica. Pero en estas circunstancias no solemos preguntarnos por las razones profundas que originan estas situaciones de dominación y opresión de las mujeres, que siempre nos remiten al sistema patriarcalista y clerical vigente.

Solamente una praxis coherente puede luchar contra este sistema de dominación que es el patriarcalismo clerical. Se han dado muchos y muy relevantes pasos en este sentido. Los diferentes feminismos han sabido explicitar, con mayor o menor éxito, las formas de caminar hacia esta praxis. No voy a extenderme aquí en recoger sus aportaciones más relevantes. Me limito a referirme a una cuestión que considero especialmente significativa por lo que se refiere a la actitud de los cristianos/as al respecto. Es la posición que la Iglesia católica sigue manteniendo ante lo que despectivamente denomina “Ideología de género”.

Una de las aportaciones clave del feminismo, desde sus orígenes, ha sido la de ver en el género la categoría central para comprender las relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres y la de explicar la construcción social de dicha categoría. Frente a la “falacia naturalista” que ha situado siempre en lo biológico la determinación de lo femenino como inferior y subordinado a lo masculino, la teoría feminista del género demuestra que dicha inferioridad y condición femenina es fruto de una construcción humana y social que hay que deconstruir. La mujer, más allá de su condición sexual, es un sujeto humano que exige ser socializada como tal, es decir, en condiciones de libertad, igualdad y autonomía espiritual. De ahí, la necesidad de humanizar lo sexual y controlarlo desde la autonomía y responsabilidad de la mujer. La teología feminista no sólo ha asumido este reto de ver en la categoría de género “un signo de los tiempos” para, desde su adecuada comprensión, comenza a deconstruir el patriarcalismo clerical, sino que nos recuerda que, si de verdad creemos que la mujer es, como ser humano, “imagen de Dios”, se debe cuestionar y se debe deconstruir toda la categorización teológica, jurídica y cultural que de la mujer se ha hecho en la Iglesia para legitimar su condición de subordinación y dominación.

La reacción del sistema patriarcalista y clerical ante el intento feminista de humanizar y dignificar a la mujer ha sido la de atacar la “ideología de género”, desfigurándola, para así poder diabolizarla y condenarla. La ideología de género, se dice, además de querer borrar la diferencia entre hombres y mujeres y de subrayar que la relación entre ellos es fundamentalmente polémica y hostil, origina una situación de relativismo moral que conlleva la promiscuidad sexual y la ruina de la familia tradicional. Querer negar la naturaleza sexual que diferencia esencialmente a hombres y mujeres es ir contra la naturaleza y contra el plan divino. La ideología de género es una expresión del materialismo individualista y antinatural que amenaza la vida humana en todos los sentidos. Por lo que respecta a la posición de una parte importante de la Iglesia jerárquica, se ha seguido manteniendo, además, desde un jusnaturalismo premoderno y sacralizado una concepción desigualitaria de la mujer, que tanto en el orden biológico, como en el ontológico, la destina a ser subordinada e inferior al varón. Ni la renovación conciliar ni las aportaciones del pensamiento feminista han podido desactivar coherentemente las estructuras sexista y desigualitarias&[12].

Los cristianos/as, ante la lógica desigualitaria del patriarcalismo clerical, tenemos ante nosotros el reto ineludible de aplicar aquí, una vez más, el principio de Encarnación, que nos obliga a seguir el camino de Jesús de forma históricamente suficiente. Desde él es injustificable seguir “condenando a distancia”, en abstracto, dicha lógica, sin implicarnos en desmontar las causas ideológicas, sociopolíticas y religiosas que la alimentan. Para la Iglesia es ineludible el compromiso por desterrar de su ordenamiento jurídico y de su vida institucional todas las discriminaciones de género que nada tienen que ver con el Dios encarnado en Jesús.

Concluyo, recordando que comenzamos un año santo, jubilar, en el que se nos invita a practicar el principio Misericordia y así poder descubrir el verdadero rostro del Dios de Jesús que nos ama y nos quiere libres de las hipotecas que no nos dejan ser felices porque quiebran nuestra dignidad de seres humanos. Más de una vez hemos querido ganar el “jubileo” y las “indulgencias” sin renunciar a seguir siendo WASP&[13]. Pero el camino no es el del “hombre rico” que, por querer ganar la plusvalía espiritual que le faltaba sin tener que renunciar a su riqueza, según dice el evangelio, se volvió triste a su casa. El jubileo nada tiene que ver con el camino mágico del cazaindulgencias individualista e insolidario. El camino es el del buen samaritano que supo descubrir en la víctima tirada al lado del camino el “rostro de misericordia” y actuar en consecuencia con él.

[1] Velasco, D., Fascismo social. Políticas del miedo y control social, Universidad de Deusto 2014.

[2] Stiglitz y Piketty nos han mostrado, recientemente, con sólida argumentación y evidencias empíricas, que el abandono del ideal de la igualdad y el crecimiento de la desigualdad está siendo una grave amenaza para las sociedades democráticas. P. Rosanvallon, en un magnífico libro, tras lamentar el olvido real en nuestros días del ideal revolucionario de la igualdad y de las plasmaciones prácticas de éste en el siglo XX, se refiere a algunas perversiones democráticas que se dieron en el siglo xix y que se están acentuando en nuestros días, evidenciando una regresión histórica al respecto. Z. Baumann: “Pero desde hace 20 o 30 años la distancia entre los países desarrollados y la del resto del mundo está disminuyendo, y, por el contrario, en el interior de las sociedades ricas las desigualdades se están disparando. Hay informes que dicen que en Estados Unidos estas desigualdades están llegando a los niveles del siglo XIX” (¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos?, Paidós 2014).

[3] Para un tratamiento más amplio, ver Velasco, D., “La quiebra de lo humano en la difícil lucha contra la desigualdad”, Iglesia Viva, n. 244 (2010) pp. 61-82.

[4] Rousseau, J. J., “El rico acuciado por la necesidad, concibió finalmente el proyecto más meditado que jamás haya entrado en mente humana: fue emplear en su favor las fuerzas mismas de quienes lo atacaban, hacer defensores suyos de sus adversarios, inspirarles otras máximas, y darles otras instituciones que le fuesen tan favorables como contrario le era el derecho natural… Tal fue, o debió ser, el origen de la sociedad y de las leyes, que dieron nuevos obstáculos al débil y nuevas fuerzas al rico, destruyeron sin remisión la libertad natural, fijaron para siempre la ley de la propiedad y de la desigualdad, hicieron de una hábil usurpación un derecho irrevocable, y sometieron desde entonces, para el provecho de algunos ambiciosos, a todo el género humano al trabajo, a la servidumbre y a la miseria. Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Alianza Editorial 1986, pp. 265-266. Este sofisma del rico logra convencer al pobre de que, si se rebela y lucha por romper las cadenas que le impiden ser libre e igual, se convierte en culpable de romper un contrato sagrado y de provocar una situación fatal para todos.

[5] Stiglitz, J., El Precio de la Desigualdad, Taurus 2012; ver, asimismo, el libro de Wilkinson, R., y Pickett, K., Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva, Turner 2009, en el que se argumenta acerca de los muchos inconvenientes que tiene la desigualdad, como un elemento de corrosión social.

[6] Brubaker, R., Citizenship and Nationhood in France and Germany, Harvard University Press 1992, Preface, X.

[7] Velasco, D., “Raíces histórico-ideológicas del extranjero”, en AAVV, El extranjero en la cultura europea de nuestros días, Universidad de Deusto 1997, pp. 345-384.

[8] El papa Francisco cita la Alocución de Pablo VI en la última sesión pública del Concilio (Misericordiae Vultus, n. 4).

[9] Uso el concepto de “clericalismo” como una sacralización y absolutización del poder que en sociedades laicas (democráticas) legitima su naturaleza y ejercicio antidemocráticos.. Es obvio que el clericalismo no es exclusivo del ámbito religioso.

[10] Hinkelammert, F., “Globalización como ideología encubridora. Desfigura y justifica los males de la realidad actual”, Cocilium 293 (2001) 36).

Éxodo 131
– Autor: Juan Francisco Martín Seco –

La igualdad como derecho adquirió mayoría de edad en la Ilustración, época que representa el tránsito de una sociedad, la del antiguo régimen, estructurada a la sombra de privilegios, a una sociedad enmarcada en el principio de igualdad ante la ley. Todos los ciudadanos, incluyendo los mismos gobernantes, están sometidos por igual a la ley (Estado de derecho, Montesquieu) y todos los ciudadanos tienen por igual la posibilidad de participar en el gobierno de la sociedad (Estado democrático, Rousseau).

No obstante, la Revolución Industrial, las nuevas tecnologías, la división del trabajo, crearon un nuevo orden de producción en el que resultaba imposible llevarla a cabo de manera individual. El trabajo solo se podía prestar en los nuevos centros laborales. La concentración de los medios de producción en pocas manos arrojaba a la indefensión más absoluta a la mayoría de los ciudadanos. Los ideales de la Revolución Francesa –libertad, igualdad y fraternidad– fueron traicionados por el movimiento liberal a medida que fue evolucionando. Es más, el liberalismo económico desvirtuó, hasta anularlos, los principios del liberalismo político. Las inmensas desigualdades económicas transformaban en conceptos vacíos para la mayoría de la población los derechos civiles y políticos. La situación había evolucionado hacia un nuevo despotismo, donde el único cambio era la titularidad del grupo dominante.

Marx supo ver con realismo que la concentración del poder económico implicaba también una concentración, en las mismas manos, del poder político, por lo que las enormes desigualdades económicas se traducían no ya en un debilitamiento, sino en una anulación de la democracia, instaurándose una especie de tiranía del dinero, tan grave como la de la monarquía absoluta.

No es extraño, por tanto, que desde distintos ámbitos se reclamase trascender el Estado liberal burgués con una nueva concepción, el Estado social, que parte de la consideración de que los aspectos económicos condicionan el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Se estima que quizás la mayor esclavitud surge de los lazos económicos, lo que ya contempló Rousseau al propugnar que «ningún ciudadano sea suficientemente opulento como para comprar a otro, ni ninguno tan pobre como para ser obligado a venderse». Si el Estado quiere ser verdaderamente un Estado de Derecho y democrático, no tiene más remedio que ser también social, renegar del laissez faire e intervenir en el ámbito económico. Primero, para garantizar los derechos sociales y económicos, sin los cuales los derechos políticos y civiles serían para la gran mayoría de los ciudadanos letra muerta. Segundo, para establecer un contrapeso al poder económico, de manera que este no pueda manipular a su antojo el juego democrático, y garantizar así, aunque sea mínimamente, la objetividad del propio Estado.

Nadie ignora la evolución sufrida en los dos últimos siglos por los sistemas políticos y económicos, la historia del movimiento obrero y social, las luchas, la sangre, los sacrificios, que fueron necesarios para modificar aquel capitalismo salvaje. Y todos conocemos cómo los mismos partidos liberales y conservadores fueron asumiendo los presupuestos del Estado social, y el modo en que estos principios fueron informando poco a poco todas las constituciones y el ordenamiento político de los distintos Estados.

Sin embargo, desde hace ya bastantes años (mediados de los setenta) se viene produciendo en el mundo un retroceso en este desarrollo democratizador. El capital ha dado jaque mate a los Estados nacionales, único ámbito en el que, mejor o peor, se habían establecido mecanismos medianamente democráticos, y en el que el poder político había impuesto límites y reglas a las desmedidas ambiciones del poder económico. Al renunciar los Estados a esos mecanismos de control, renuncian al mismo tiempo a su soberanía y a las cotas de democracia alcanzadas por pequeñas que sean. La desregulación de la economía y la eliminación de todo tipo de reglas, de manera que el capital funcione internacionalmente con total libertad, trasladan el verdadero poder más allá de las fronteras nacionales, a esferas carentes de cualquier responsabilidad política y democrática.

La globalización de la economía no es un fenómeno inscrito en la naturaleza de las cosas ni un orden que se haya formado por fuerzas imposibles de controlar; es más bien el resultado de una ideología, la neoliberal, que se ha impuesto a lo largo de estos cuarenta años y que ha arrastrado a los gobiernos a abdicar de sus competencias. Han renunciado a practicar cualquier mecanismo de control de cambios, permitiendo que el capital se mueva libremente y sin ninguna cortapisa; han desistido en apariencia de toda política proteccionista y como consecuencia de ello han relajado los procedimientos de control en todos los mercados.

La implantación progresiva de la libre circulación de capitales y del libre cambio ha generado efectos nocivos en las condiciones de vida de los trabajadores y las clases populares. Se está incrementando sustancialmente la desigualdad. La ideología liberal, unida al chantaje empresarial de la deslocalización, va minando todos los elementos de protección que en los países occidentales habían conseguido los trabajadores. Con el pretexto de ganar competitividad frente a las industrias y productos extranjeros, se imponen reformas laborales para, según dicen, flexibilizar el mercado de trabajo.

Con la expresión «flexibilidad del mercado laboral» no se pretende designar otra cosa más que su desregulación; esto es, eliminar en lo posible la normativa legal que a lo largo de la historia se ha ido acumulando a efectos de proteger a una de las partes intervinientes, aquella que se consideraba más débil, la mano de obra. La doctrina jurídico-política venia aceptando que el mercado de trabajo no puede regirse por los mismos parámetros que cualquier otro mercado, puesto que el objeto de contratación no es una mercancía más, sino el propio trabajador. Por otro lado, se supone que las partes no se encuentran en idéntica situación. El trabajador parte de una posición de inferioridad, ya que la única alternativa posible a la de vender su fuerza de trabajo es, como tantas veces se ha dicho, la de morirse de hambre. De ahí la necesidad de que la sociedad organizada –el Estado– tutele las condiciones laborales y dictamine unos mínimos que prevalezcan incluso sobre la voluntad de las partes, en la creencia de que la decisión de una de ellas no se manifiesta libremente sino forzada por las circunstancias. Pues bien, bajo la excusa de la competitividad, palabra maldita, se intenta eliminar este armazón.

El fenómeno de la deslocalización juega incluso virtualmente porque, aunque no sea tan fácil para las empresas cambiar de ubicación y tengan que tener antes en cuenta muchas variables, la sola posibilidad está actuando sobre los gobiernos, los legisladores, y los trabajadores y sirve de coartada a neoliberales, organizaciones empresariales y demás fuerzas económicas para sus reivindicaciones.

Pero el aumento de la desigualdad en la riqueza y en la renta durante estos últimos cuarenta años tiene también otro origen: los sistemas fiscales se han ido haciendo cada vez más regresivos. El pensamiento económico dominante con la disculpa de la libre circulación de capitales y de la deslocalización ha ido imponiendo desde los tiempos de Reagan y Thatcher rebajas fiscales. Se ha llegado a afirmar que bajar los impuestos es de izquierdas. Pero la reducción de las cargas fiscales nunca es gratuita. Acarrea una contrapartida, la disminución del gasto público y frecuentemente de los gastos sociales, generándose un deterioro de los servicios públicos que, como es lógico, sufren en mucha mayor medida las clases bajas que son sus principales usuarios. Es frecuente que bajo la bandera de la competitividad se reclame la reducción de las cotizaciones sociales para a continuación afirmar que es necesario reformar el sistema público de pensiones para hacerlo viable.

La disminución de tributos que se demanda afecta siempre a los impuestos directos. Se tiende a disminuir su progresividad. Se reduce la tarifa del impuesto sobre la renta. Se elimina el impuesto de patrimonio o el de sucesiones. Se rebaja el impuesto de sociedades. Se crean sistemas de elusión fiscal para las grandes fortunas y se plantea una tributación diferenciada para las rentas de capital en la que haya desaparecido la progresividad y el tipo sea inferior al que grava las otras fuentes de ingresos. El pretexto siempre es el mismo: “el capital viaja a la velocidad de la luz”, indicando que si no se le concede todo tipo de ventajas emigrará a otras latitudes más confortables.

En este tema, al igual que en los salarios y en las condiciones laborales, puede producirse una carrera sin fin. Practicar el dumping fiscal conduce tan solo a que los otros países contesten con medidas similares o incluso de mayor alcance. El proceso no tendrá término hasta que los sistemas tributarios de todos los países queden reducidos a impuestos indirectos y un gravamen sobre las nóminas.

Desde que Reagan y Thatcher sometieron a una profunda reforma los sistemas fiscales de EE.UU. y Gran Bretaña, los demás países con mayor o menor intensidad han ido adoptando medidas en la misma dirección, aquella que conduce a sistemas fiscales regresivos y a incrementar la desigualdad en la distribución de la renta disponible.

Los datos confirman los razonamientos anteriores. En “Economie européenne. Annexe statistique. Printemps 2015”, de la Comisión Europea, se puede ver cómo a partir de mediados de los setenta en casi todos los países la distribución de la renta va evolucionando a favor del capital y en contra del trabajo. Prescindiendo de los ciclos, los costes laborales unitarios en términos reales (CLRU) son constantes o levemente crecientes hasta mediados de los setenta, y empiezan a descender a partir de esa fecha. Los CLRU son tan solo un cociente, cociente entre los salarios reales (SR) y la productividad del trabajo (PT). En tanto que los primeros crecen en igual o mayor cuantía que la segunda, los CLRU permanecen constantes o se incrementan, y la distribución de la renta nacional se mantiene también constante o se modifica a favor del trabajador. En el caso contrario, cuando los SR crecen menos que la PT, los CLRU disminuyen y el reparto de la renta se modifica a favor del capital y del beneficio empresarial.

Será quizás en el proyecto de Unión Europea donde aparece de forma más clara el intento de insurrección del capital de los lazos democráticos. Todos los mecanismos que se han descrito convergen en la llamada Unión Europea, puesto que los mercados, tanto los de mercancías como de capital, son supranacionales mientras los aspectos políticos quedan confinados en los Estados nacionales. A lo largo de todos estos años los distintos tratados han ido configurando un espacio mercantil y financiero único, sin que apenas hayan existido avances en la unidad social, laboral, fiscal y política. Nadie se plantea en serio la unión política ni colocar como objetivo factible la creación de los Estados Unidos de Europa. Si alguna vez se mencionan es tan solo para animar a los ciudadanos, pero conscientes de que constituyen una total utopía.

El Tratado de Maastricht, con todo su desarrollo posterior y la constitución de la Unión Monetaria, ha confirmado el edificio liberal de la Unión Europea y está contribuyendo de manera decisiva al desmantelamiento del Estado social. Buen ejemplo de ello lo conforman los estatutos del Banco Central Europeo, al que se le asigna, a diferencia de otros bancos centrales, como el de la Reserva Federal de EE.UU. una única finalidad, la estabilidad de precios, desentendiéndose del crecimiento y el empleo.

Son muchos los informes que se publican últimamente acerca de la distribución de la renta y de la riqueza, pero en todos ellos, de una o de otra manera, la conclusión es la misma: la desigualdad. Tanto en el ámbito mundial como en el europeo y en el nacional presentan cifras escalofriantes y un tanto obscenas, y evidencian cómo estas diferencias se han incrementado con la globalización y en estos últimos años con la crisis. Hace algunos días, Credit Suisse hizo público su informe sobre la riqueza mundial correspondiente a 2015, del que se desprende que el 1% más rico de la población cuenta con el 50% de la riqueza mundial, es decir, igual porcentaje que el 99% restante; y que el 71% más pobre –3.386 millones de personas– posee solo el 3% de la riqueza del planeta.

Recientemente también la ONG Oxfam Intermón, en un estudio titulado «Europa para la mayoría y no para las élites», utilizando datos de Eurostat, concluye que la pobreza en Europa ha llegado a límites alarmantes. En la Unión Europea viven 123 millones de personas con riesgo de exclusión social, número que ha aumentado en ocho millones desde que comenzó la crisis, al tiempo que 342 personas disfrutan de un patrimonio superior a 1.000 millones de dólares.

El informe señala cómo el problema de la pobreza y de la desigualdad en Europa no es de escasez sino de reparto, y está causado en buena medida por unas decisiones políticas injustas y nocivas, a las que no son ajenas las élites y las fuerzas económicas y la enorme influencia que estas ejercen sobre los órganos políticos. Esta injerencia no solo tiene efectos sobre la desigualdad, sino también sobre la calidad democrática de las sociedades, pudiéndose hablar incluso de secuestro de la democracia. En este sentido, el informe facilita un dato muy significativo. En 2014, el 82% de los participantes en los grupos de expertos en materia fiscal de la Comisión Europea representaban intereses privados o comerciales. Esto explica por qué en los últimos treinta años los sistemas fiscales de todos los países han evolucionado hacia estructuras más regresivas, primando los impuestos indirectos sobre los directos y reduciendo drásticamente la progresividad de estos últimos, amén de permitir canales de evasión y paraísos fiscales que multiplican el fraude. Cualquier proyecto de armonización en Europa de los impuestos directos ha fracasado al encontrar enfrente a los grandes poderes económicos, muy satisfechos de que los distintos países pugnen entre sí para ver quién reduce más la carga fiscal del capital y de las empresas.

El 16 de octubre, y con motivo del día internacional de la erradicación de la pobreza, Eurostat publicaba un breve informe acerca de la población en riesgo de pobreza y exclusión social en Europa. En esta Unión Europea que presume de desarrollo y de ser ejemplo de economía del bienestar, una de cada cuatro personas vive en riesgo de pobreza, situación que ha empeorado desde 2008, año del comienzo de la crisis, pasando del 23,8% al 24,4% en 2014. Pero, además, detrás de estas cifras se esconde una gran disparidad por países.

En realidad, esta variable no constituye un índice de la pobreza absoluta, sino una medida de la desigualdad económica que sufre cada país, ya que se considera en riesgo de pobreza o exclusión social aquella parte de la población que posee unos ingresos (descontando impuestos directos y añadiendo prestaciones sociales) inferiores al 60% de la media nacional. Concretamente para España, Eurostat fija el límite para 2014 en 16.719 euros para una familia de dos adultos y dos niños, y en 7.961 para un hogar formado por un solo individuo.

De las cifras de Eurostat se desprende que curiosamente en este periodo es en los países que permanecen fuera de la Unión Monetaria donde menos ha aumentado la proporción de personas en el umbral de la pobreza; es más, entre los pocos Estados (seis) donde este porcentaje se ha reducido, los tres en los que lo ha hecho en mayor medida no están en el euro: Polonia, que ha pasado del 30,5 al 24,7%; Bulgaria, del 44,8 al 40,1%, y Rumania, del 44,25 al 40,2%. Esta evolución contrasta con la que presentan los países del Sur de Europa y que han sido sometidos al rescate, o más bien diríamos a la intervención, que es en los que más se ha incrementado el porcentaje de pobreza en el periodo 2008-2014. A la cabeza se sitúa Grecia, que pasa del 28,1 al 36%, seguida de Irlanda (del 23,7 al 29,5%), España (del 24,5 al 29,2%), Chipre (del 23,3 al 27,4%) y Portugal (del 26,0 al 27,5%).

Los datos anteriores confirman algunas cosas que ya sabíamos. Primero, que no entrar en la Unión Monetaria ha resultado beneficioso para algunos países –al menos para sus clases bajas–, y que otros, como España, han hecho un mal negocio adoptando la moneda única. Segundo, que las políticas de austeridad y la llamada depreciación interna, que desde Berlín y Frankfurt se han impuesto a algunas economías, castigan de forma muy desigual a los ciudadanos, por contraposición a la depreciación monetaria que, si bien empobrece a los nacionales frente al resto del mundo, no modifica la distribución de la renta y la riqueza interior.

Este es uno de los grandes problemas que genera una unión monetaria sin integración fiscal: que incrementa las desigualdades, tanto entre los Estados como entre los ciudadanos de cada uno de los países, y este es el futuro que nos espera en adelante mientras permanezca el euro. El anuncio de cualquier reactivación económica suena a falso para los millones de españoles que han visto empeorar gravemente su situación económica y que no vislumbran la posibilidad de un retorno a la situación de partida, sino que más bien intuyen que la amenaza de nuevos ajustes y recortes subsiste dentro de la moneda única.