Escrito por
La historia del bloqueo institucional para nombrar nuevos altos cargos de la judicatura, y que recientemente ha supuesto el nombramiento para el Tribunal Constitucional de Enrique Arnaldo, conocido colaborador y defensor económico y político del Partido Popular, reforzará la práctica dominante del poder judicial de interpretar la ley con los criterios de la defensa a ultranza del poder –de los poderes– realmente existente. Conviene recordar recientes historias.
La Audiencia Nacional –sumario 11/13– de un juicio contra 47 personas va establecer elevadas penas de cárcel a varios procesados, en su mayor parte abogados, en base a que su labor, en favor de los presos y exiliados, es calificada como un grave delito.
Más conocidos son los de Alsasua y el Proceso. En el primero, unos jóvenes se pelean en una taberna con los símbolos máximos del poder, la Guardia Civil. No hay daños físicos. Pero se entiende que, el atrevimiento de cuestionar el poder político entre las personas de sus servidores más renombrados, merece rigurosas condenas. Algunos fueron condenados a más de 12 años.
Lo del Procés catalán exige castigo. No solo se atreven a cuestionar al Estado español, sino que pretenden despreciar al poder del Estado con su deseo de separarse del mismo. Tal afrenta a un poder –que obviamente solo merece veneración y defensa– exige una condena muy elevada. El poder judicial se configura así en una institución que tiene como misión la defensa incondicional del poder político constituido. Esta defensa define su filosofía y al mismo tiempo marca su estrategia judicial. Pero esa defensa del poder –de operar a su servicio– se extiende también a otros poderes, a otros poderosos.
Hace ya un tiempo el Tribunal Supremo paralizó la ejecución de la exhumación de Franco, implícitamente alegando que había que considerar los intereses, deseos y convicciones de su famosa familia, y explícitamente afirmando que el enterrado había sido nada menos que Jefe de Estado de España desde el 10 de octubre de 1936 hasta que se murió. El Tribunal protege a un determinado y poderoso grupo, tanto por considerar la relevancia y el poder histórico de la familia del finado como el extraordinario poder y categoría política del propio finado. El Tribunal Supremo entiende por tanto que una ley no debe aplicarse cuando vaya en contra de los intereses de unos individuos particulares… especialmente poderosos.
El poder judicial asume la defensa incondicional de poder constituido mediante el castigo de aquellos que muestran solidaridad con los enemigos del Estado. Al margen de que sean prácticas legalmente delictivas –que por supuesto no lo son–, lo que se pretende es penalizar la actitud de no distanciarse de esos sus enemigos. El poder judicial exige respeto y lealtad ilimitada a los súbditos respecto a su otro poder –el Estado– del que depende, al que adora, y en él que está.
El poder judicial tiene como misión la defensa incondicional del poder político constituido
Esa pasión –adoración– del poder por parte del Tribunal Supremo y otras altas instancias judiciales, como la Audiencia Nacional, se expresa en la incondicional defensa del poder. Los que cuestionan el poder establecido y pretenden cambiarlo o rechazarlo, y los que se atreven a enfrentarse a sus agentes, deben ser castigados.
Otros poderes. En noviembre de 2018, el Tribunal Supremo decide dar marcha atrás a una previa decisión legal. Da la razón a la Banca y decide que son los clientes y no los Bancos (¡faltaba más!) los que deben pagar el impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios. Así, el Tribunal acuerda que no pueden tomarse decisiones que vayan en contra de los intereses de unos particulares –la Banca– objetivamente poderosos.
En las grandes instancias judiciales, a la hora de dictar sentencia, resulta determinante el referente del poder –de quien manda–. Los que se oponen al poder constituido y su agente, al margen del carácter que tenga su oposición, deben ser castigados. Y los poderosos –diversos tipos los poderosos con diversos tipos de poder– serán protegidos, arropados, beneficiados en sus sentencias porque, hagan lo que hagan, mandan. Y el solo hecho de mandar legitima un trato privilegiado.
Los acontecimientos descritos ejemplifican una de las grandes causas de la marginalidad –quiebra creciente– de la democracia. Las decisiones judiciales citadas, desafortunadamente, no son excepciones al principio democrático de que las decisiones políticas –en este caso judiciales– deben expresar la voluntad y el interés general. En demasiadas ocasiones las decisiones del poder judicial priorizan en la práctica la voluntad del Poder, de los grupos de poder, de los poderosos.
El Tribunal Supremo entiende que una ley no debe aplicarse cuando vaya en contra de los intereses de unos individuos especialmente poderosos
Así, defensa a ultranza del poder establecido y de los poderes reales en los casos de conflicto entre la institución política o económica, por un lado, y, por otro, la demanda de derechos y prestaciones por parte de los ciudadanos, léase súbditos. Recordar que interpretar una ley no es aplicarla sin más. El poderoso juez correspondiente tiene un amplio margen a la hora de aplicar la ley. Margen que le lleva a elegir normas legales e interpretarlas como él y sólo él considere conveniente. Eso supone que esos jueces, poderosos jueces, en la práctica, incorporan sus criterios de defensa del poder frente a derechos, libertades y prestaciones individuales en la aplicación de la ley. Lo hacen porque ésa es su concepción política, su concepción del mundo. Porque son jueces de derechas y, como tales, aplican las propuestas de la derecha de cómo se debe gobernar la sociedad; qué es lo prioritario a la hora de gobernar. El respeto y defensa de la Autoridad y de los que tienen… y mandan.
Por otro lado, y como notorio, una gran mayoría de jueces que está ya en las altas instituciones del poder judicial o están por edad y experiencia judicial en posición de acceder a esas instituciones son, sin más, de derechas. Con lo cual, frente a este panorama, ¿qué es posible hacer?
Plantear elecciones a los altos cargos e instituciones de la justicia por parte del conjunto de los jueces. El problema es que sigue existiendo una notable mayoría de candidatos a estos altos cargos que se sitúa en la derecha. Con el tiempo podría cambiar la correlación de fuerzas políticas y que, al menos, crezca el progresismo en el conjunto de los jueces votantes “inferiores “. Ello implicaría cambiar el escenario hacia una mayor neutralidad en las grandes decisiones judiciales. Hacia una mayor democracia. Que así sea.
