jueves, diciembre 3, 2020
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Soberanía alimentaria en España

Éxodo 129
– Autor: José Ramón González Parada –

Qué es soberanía alimentaria

Hablar de soberanía alimentaria es hablar de la capacidad de un país de producir los alimentos que su población necesita y de la voluntad de hacerlo. No es lo mismo la soberanía alimentaria que la seguridad alimentaria [1]; esta última se construyó desde la perspectiva de la demanda, cómo alimentar a una población, pero no trata el tema de la producción; no entra en el problema de cómo se producen, dónde y por quién, esos alimentos necesarios. Su mensaje inicial va en la dirección de reclamar el aumento de la producción mundial de alimentos para enfrentar las hambrunas, crear un sistema internacional de ayuda alimentaria –el Programa Mundial de Alimentos– y la gestión de las reservas mundiales de granos. Centrada en una “perspectiva de escasez”, las dimensiones de disponibilidad y acceso a los alimentos, utilización y estabilidad, representan los principios bajos los cuales se han diseñado y financiado los proyectos y programas orientados a la contención de la crisis alimentaria y a la disminución del hambre en las últimas décadas.

La noción de “soberanía alimentaria” [2] surge a finales del pasado siglo en las filas de los movimientos sociales, campesinos e indígenas, como concepto político pensado para dar determinado contenido al concepto normativo de seguridad alimentaria, en el marco de contestación global al neoliberalismo, y ante la incapacidad y abandono de los gobiernos nacionales de políticas a favor de la agricultura local.

La soberanía alimentaria no se afirma desde el estado frente a otros estados, sino desde un sujeto frente al poder transnacional que domina la producción y distribución de los alimentos. La soberanía que se reivindica como medio necesario para asegurar la alimentación lo es ante los monopolios, el latifundio, el agronegocio y el macro mercado global. Aborda por tanto el debate sobre la agricultura, el cambio de modelo económico, la oposición a los transgénicos, la denuncia de los efectos en la salud de los agrotóxicos y el acaparamiento de tierras, como idea fuerza con dimensión internacional, como utopía que se manifiesta con toda su fuerza transformadora, hasta convertirse en un programa político de gran calado.

Soberanía alimentaria es ante todo una estrategia que garantiza la no dependencia de las importaciones ni de los mercados financieros que controlan el flujo mundial de alimentos, y por tanto es una estrategia que se enfrenta al mercado internacional controlado por el agronegocio, incluidas las corporaciones de matriz nacional. Una estrategia que en cambio defiende al campesinado local como la garantía para mantener la capacidad productiva propia y su acceso a los mercados locales, disminuyendo drásticamente los miles de kilómetros recorridos por los alimentos globalizados desde su cultivo a los consumidores. Por eso, la soberanía alimentaria es ante todo el resultado de un movimiento campesino representado especialmente por Vía Campesina [3]. Y es también un modelo productivo que evita depender de los agroquímicos y del petróleo.

Soberanía alimentaria en el caso español

No hay una fórmula para indicar de cuánta soberanía alimentaria dispone un país, pues en cada momento se podrá determinar qué intercambios, qué comercio internacional de alimentos son los mas convenientes, sin por ello perder la capacidad de producir los propios alimentos. Que España es capaz de producir todos los alimentos que la población necesita queda fuera de toda duda. Dispone de tierra en abundancia, de costas, de una agricultura bien diversificada, de cultura agraria y de la suficiente capacidad de transformación para alimentar a toda la población. Que esto sea lo que prefieren los que controlan el comercio de productos agrarios ya es harina de otro costal, pues el negocio es la importación y exportación de los alimentos, no garantizar el abastecimiento nacional.

Una ojeada al comercio de alimentos

Algunos alimentos básicos nos sirven para valorar el modelo agrario del país, y para acercarnos a conocer el grado de dependencia o autonomía de que disponemos. Uno de estos productos es el maíz, protagonista principal de la elaboración de piensos para la ganadería, pero se debe enfatizar que también se lo destina en pequeña medida para la elaboración de biocombustibles, siendo una variedad de maíz transgénico el más utilizado para la producción de energía. Este maíz, la variedad bt176, fue prohibido en el año 2005 por la Unión Europea, pero como señala el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA) para entonces España ya se había convertido en el país con mayor cantidad de hectáreas cultivadas con maíz transgénico de Europa, y uno de los 14 países del mundo con más de 60.000 hectáreas dedicadas a estos cultivos [4].

A pesar del impulso dado al cultivo del maíz fuera de sus hábitats tradicionales de la Cornisa Cantábrica –que obliga a una sobreexplotación del acuífero para el regadío en las áreas de secano– este grano no satisface ni el 50% de la demanda de piensos para las granjas, por lo que hay una gran dependencia de las importaciones. La rentabilidad de la producción de maíz, en cambio, ha comenzado a elevarse desde el año 2010 debido a la concentración de tierras en manos del agronegocio y a la aplicación de técnicas intensivas muy agresivas ambientalmente con la consiguiente degradación de los suelos. Esta rentabilidad no llega a los pequeños y medianos productores, que optan por abandonar un cultivo al que fueron impelidos por el sistema de ayudas de la PAC.

Un cultivo tan tradicional y localizado, como ha sido el maíz, es hoy un ejemplo de la reconversión agraria y del comercio de alimentos en manos de las grandes compañías.

Una mirada a la humilde patata también nos informa de la creciente dependencia externa de nuestra agricultura. Un producto que con la crisis vuelve a recuperar su papel en la dieta popular, sin embargo su producción se ve amenazada. El área destinada al cultivo de la patata está disminuyendo (disminución del 15,25% en el período 2006 al 2012) a consecuencia de los costes de producción que no compensan los precios pagados al productor. Por eso, cada vez dependemos más de las importaciones.

Estos ejemplos bastan por el momento para señalar el rumbo de nuestra agricultura, cada vez más integrada en el mercado internacional, produciendo alimentos elaborados para la exportación, e importando productos básicos para el mercado interior. Llama la atención el trasiego internacional del trigo, pues, a pesar de contar con una extensa superficie cerealista, importamos nada menos que 5,3 millones de toneladas en el año 2012; más o menos el equivalente de una barra de pan por persona y día fue elaborada con trigo importado. Una agricultura cada vez más controlada por las grandes cadenas alimentarias. Un ejemplo paradigmático de la pérdida de control de la producción es la compra de una conocida marca de embutidos por un inversionista chino.

Estos procesos tienen repercusión directa en el patrón alimentario que se impone por la influencia de las grandes superficies de distribución. Los hábitos alimenticios están cambiando, pasando a ocupar parte de nuestra dieta productos elaborados o semielaborados, envasados, bebidas, reconstituyentes y toda suerte de novedades que sustituyen una alimentación más sana, pero que choca con el estilo de vida, la prisa, y la pérdida de conocimientos culinarios. Una aparente variedad de formas, que ocultan la paulatina pérdida de diversidad de los productos autóctonos, de temporada, cercanos, apenas ya reconocibles.

Los hábitos alimenticios introducidos por las grandes cadenas comerciales tienen un protagonista, la soja. Es un componente habitual en multitud de alimentos industriales y sobre todo un producto del agronegocio. Los pocos productores españoles que se aventuraron en el mercado de la soja se ven altamente perjudicados por la caída de los precios internacionales, por lo que poco a poco van perdiendo terreno en el mercado de consumo debido a que ya no pueden ni cubrir sus costos de producción. La producción local apenas supone el 1% de la demanda interna. Dos tercios de las importaciones de soja provienen de Brasil, Paraguay y Argentina, donde Monsanto introdujo la soja transgénica. Un sistema agroalimentario que condiciona la demanda, orientándola hacia productos preparados ofrecidos por las grandes cadenas, y cada vez más alejada de la producción campesina local.

Una tendencia general, basada en atractivos nuevos sabores conseguidos químicamente y en los precios de oferta, frente a la que está surgiendo un movimiento de productores y consumidores que se asocian para volver a degustar alimentos cultivados por campesinos con procedimientos ecológicos, un movimiento muy interesante, pero también muy minoritario.

La PAC contra la soberanía alimentaria

Cualquier valoración del sistema agrícola español no puede olvidar que nuestra agricultura depende de las decisiones europeas emanadas de la Política Agraria Común, la PAC, cuyo objetivo nunca ha sido la soberanía alimentaria de los países miembros. Como señala Maite Arístegui, campesina vasca y diputada de Amaiur en el Congreso (Esbozos nº 7):

“La Comisión europea sigue cavando en el mismo agujero: organizar la producción para el mercado mundial, en cantidades industriales, impulsando la especialización de cada país y la uniformización de la alimentación, en suma, la industrialización de agricultura. Consecuencias directas: alarmante pérdida de empleo agrario, disminución clara de la capacidad productiva, pérdida impresionante de la autonomía de las explotaciones, cuyo control pasa a manos de las industrias y grandes estructuras, dificultad para la transmisión e instalación en las explotaciones, imposibilidad de lograr rentas dignas y vivir del campo, desertificación de campos y culturas…” [5]

La propiedad de la tierra, y no su producción, pasa a ser el eje de la rentabilidad, participando los propietarios de forma muy desigual en el beneficio de las subvenciones de la PAC [6]. Las subvenciones se han dedicado a la erradicación de cultivos, a la sustitución de otros, y a la reconversión de la tierra a la producción ecológica. En este último caso, las subvenciones no favorecieron la producción ecológica, sino a los grandes terratenientes de la dehesa española naturalmente ecológica, que ha recibido subvenciones sin ninguna inversión.

Las ayudas desacopladas de la PAC han generado resultados desalentadores, desfavoreciendo en gran medida a los pequeños y medianos productores. A pesar de esta inequitativa realidad, las subvenciones de la PAC ascienden a más de 6,7 mil millones de euros, representando aproximadamente el 30% del total de la renta agraria española, estableciendo que, a excepción de los bancos y la energía, ningún otro sector de la economía española se ha beneficiado con tan cuantiosa cifra, pero, a pesar de ello, existen problemas de pobreza para los productores agrícolas, ya que en ciertos casos no alcanzan ni a cubrir sus costos.

Aproximadamente el 75% del total de los subsidios adjudicados en el año 2009 fueron acumulados por tan solo el 16% de los productores más importantes. En varias partes del país existe una sustitución alarmante de los cultivos variados por amplios monocultivos, generando impactos colaterales al medio por la utilización de químicos abrasivos para el suelo y otras sustancias utilizadas para “intensificar la producción”. El sistema de subsidios de la PAC favorece la concentración de la propiedad de la tierra, y no ayuda a la incorporación de jóvenes agricultores ni a la sostenibilidad de la economía campesina.

¿Qué dicen los campesinos?

El campesinado español vive en una situación de perpetua reconversión, a la vez que el capital extranjero invierte en extensas áreas de cultivos en invernaderos. Un menor peso del PIB del sector primario se consideró un indicador de modernidad y competitividad del país, ya que eran los servicios y especialmente la construcción las locomotoras de la economía. De ahí surge la presunción de que a menos campesinos más prosperidad. ¿Habrá que alegrarse de que actualmente haya 296.000 obreros agrícolas en paro? La disminución del número de explotaciones agrarias, del empleo y de la tierra cultivada ha supuesto una disminución de la producción para las necesidades de alimentación de la población.

La Alianza por la Unidad del Campo en la que confluyen los sindicatos UPA y COAG señala el año 2012 como un año aciago. Nos informa de los precios al productor que en casos como el de la leche no cubren los costes de producción, de la pérdida constante y progresiva para los productores, del consecuente abandono de la actividad. “Paralelamente, continúan aumentando de forma escandalosa los márgenes comerciales de la cadena de distribución. Y si preocupante es este panorama en sí, lo es más aún el hecho de que el 2012 haya estado marcado por la aplicación de unas políticas agrarias nocivas para los verdaderos agricultores que en cambio favorecen a las grandes empresas y terratenientes. Y prosiguen: Por eso, seguimos exigiendo precios rentables para nuestros productos y frenar las importaciones sin control y los costes abusivos que nos arruinan. Exigimos acabar con el dominio de la industria y la gran distribución que especulan y se enriquecen a nuestra costa” [7].

Por su parte. el Sindicato Andaluz de Trabajadores impulsa la ocupación de tierras para dar trabajo a los jornaleros, defiende la explotación de las tierras ociosas con métodos agroecológicos y promueve la toma de conciencia sobre el problema del empleo agrario en Andalucía y otras regiones, y sobre el impacto de la crisis en el empobrecimiento generalizado. La preocupación del SAT por el hambre fue de amplio conocimiento público con las acciones simbólicas de requisa de alimentos en supermercados, poniendo así de manifiesto la relación entre emergencia alimentaria, subutilización de las tierras y empleo agrario. En otras palabras, la relación entre el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria.

Hay experiencias en marcha que intentan contrarrestar la creciente dependencia del sector agrícola a través de los grupos de consumo –alianzas entre productores y consumidores en un mercado cercano– o los intercambios entre productores de una misma región para aprovechar mejor los recursos (cerealistas con ganaderos en el País Vasco), asumiendo que no solo el precio debe determinar la producción, sino también el mantenimiento del empleo rural y la protección ambiental.

La producción y el acceso a los alimentos en condiciones de equidad social y sostenibilidad ambiental es una revolución de la economía y un desafío a los poderes constituidos, por ello soberanía alimentaria deberá ser un concepto que forme parte del corpus de la filosfía política del siglo xxi, como lo fue la idea de soberanía nacional en siglos anteriores.

La soberanía alimentaria en la agenda política

Las anteriores referencias sobre la produccion y comercio de alimentos en España nos indican que el país marcha en dirección contraria a su soberanía alimentaria. Transgénicos, dependencia de agroquímicos, concentración de la propiedad en manos de las grandes empresas del agronegocio, compra de empresas locales por capital extranjero, deslocalización de la producción y creciente dependencia de las importaciones para satisfacer la demanda interna, son sus indicadores.

A pesar de toda esta tendencia –o precisamente por eso– la demanda de soberanía alimentaria va calando lentamente en el mundo agrario. Son referentes de Vía Campesina y, por tanto, han adpotado la estrategia de la soberanía alimentaria los sindicatos agrarios COAG, EHNE, SAT y el Sindicato Labrego Galego. Junto con ellos una constelación de organizaciones sociales y ONGs agrupadas en la Plataforma Rural, editan la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, principal y casi único órgano difusor de la soberanía alimentaria, que también ha logrado ingresar en algunas –muy pocas– universidades como materia de especialización. La Cátedra Tierra Ciudadana de la Universidad Politécnica de Valencia es su principal referencia académica.

En la esfera política, IU, Bildu y Equo incluyen la soberanía alimentaria en sus programas. El área federal de Ecología y Medio Ambiente de Izquierda Unida propone “la soberanía alimentaria en el sector agrícola y ganadero, mediante la defensa e impulso de la explotación agrícola familiar, potenciando la recuperación de los espacios agrícolas tradicionales y reconociendo el aporte medioambiental y de preservación de la biodiversidad que realizan la agricultura y la ganadería extensivas” [8].

Más allá de las declaraciones de intenciones, por el momento la reivindicación alimentaria queda circunscrita a pequeños sectores campesinos y a una minoría militante. La crisis puso en la agenda otras urgencias, pero la secuela de más de dos millones de personas que hoy dependen del reparto de alimentos debe hacer reflexionar sobre la estrategia de la soberanía alimentaria, que anuncia un tiempo postcapitalista.

[1] Seguridad Alimentaria en Emergencia Alimentaria, Grecia, Portugal, España. Icaria. RIOS.

[2] Soberanía alimentaria, ibídem

[3] Para más información: www.viacampesina.org

[4] Para más información: www.isaaa.org

[5] La PAC, una Política Agraria Común agonizante, en Esbozos, nº 7, octubre 2012.

[6] Según la Alianza por la Unidad del Campo (UPA-COAG), el 59% de los solicitantes de subsidios de la PAC en Castilla-León no son ni agricultores ni ganaderos.

[7] Alianza por la Unidad del Campo. Informe 2012.

[8] Documento aprobado por el Pleno del Área Federal de Izquierda Unida el 20 de junio de 2009.

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