Revuelta de los mayores

La institución de la vejez ha experimentado grandes cambios a través de la historia y, con ellos, el papel y la consideración social de los viejos. En el pasado han sido fuente de experiencia y conocimiento dignos de respeto, pero también, a veces –como muestra el dramático relato de la película de Shohei Imamura, “la balada de Narayama”– una carga para la supervivencia de las siguientes generaciones.

Cuando la vida y la razón parecían avanzar en la consolidación de derechos para la vejez, las políticas económicas aplicadas desde los años 80 comenzaron a recortar derechos en aras del beneficio capitalista. Las pensiones públicas se presentaron como una carga que había que aligerar y las residencias de mayores se convertían en un atractivo negocio para grandes empresas y fondos de inversión a los que los gobiernos autonómicos ponen la alfombra del laissez faire abandonando la regulación de unos centros cada vez más precarizados. La muerte de residentes durante la pandemia de Covid-19 por la negativa del gobierno de Madrid a trasladar a hospitales a los enfermos ha sido el símbolo más cruel del desprecio institucional a los mayores.

El detonante de las pensiones fue la insultante revalorización del 0,25% en 2018 que se venía aplicando desde la reforma de 2013 aprobada por el PP y la prevista aplicación para 2019 del llamado “factor de sostenibilidad” (una reducción de cuantías según la esperanza de vida). La indignación explotó en manifestaciones masivas, se crearon plataformas diversas de pensionistas en toda España y el gobierno del PP se vio obligado a suspender temporalmente la aplicación prevista de ambas medidas.

Pero era solo una medida temporal que no aseguraba revertir la situación para el futuro y la protesta siguió también contra el conjunto de recortes que las pensiones públicas habían sufrido con las reformas de 2011 y 2013. Los pensionistas no solo pensaban en ellos sino en las generaciones futuras cuya precariedad les condenaba a pensiones peores que las actuales.

La lucha se mantiene –en octubre se congregaron 20.000 personas en Madrid– mientras se siguen discutiendo nuevas reformas en el Parlamento. Hasta el momento, lo más sustancial ha sido la recuperación, por ley, de la revalorización de las pensiones con el IPC medio y la derogación del factor de sostenibilidad con un “Mecanismo de Equidad Intergeneracional”, pendiente de futuras negociaciones que ya cuenta con la cotización extra del 0,6% (0,5% los empresarios) para engrosar la hucha de las pensiones. Junto a esos avances, hay pequeñas mejoras en caso de viudedad o relativas a quienes sufrieron penalización de sus pensiones, aun con largas carreras de cotización. Quedan aspectos importantes que legislar, todavía no cerrados: pensiones mínimas, destope de bases máximas y periodo de cálculo de la Base Reguladora (hay fuertes presiones para ampliarlo a más de 25 años).

Por su parte, la situación de las residencias de mayores en España adolece de serios problemas: escasez de residencias públicas; plazas residenciales concentradas en centros masificados, sobre todo privados; una ratio de plazas por cada 100 mayores de 65 años inferior a la recomendada por la OMS. Las principales denuncias son la escasez y precariedad del personal cuidador, horarios y turnos agotadores, abuso de sujeciones físicas a internos, desprofesionalización, incumplimiento de pliegos en centros concertados y falta de inspecciones. También la falta de otras alternativas sanitarias o de atención domiciliaria.

Madrid es una de las Comunidades Autónomas donde es mayor la degradación de las condiciones laborales de las cuidadoras y de trato a los mayores en residencias. También donde la Marea de Residencias arraigó más tempranamente, en 2019. Ha sido la Comunidad más castigada por las muertes en residencias, especialmente en la primera oleada de la pandemia del Covid-19, cuando el protocolo del gobierno regional impedía la hospitalización de enfermos. Hasta la fecha, de los 34.399 fallecidos en residencias en España, 6.902 lo fueron en Madrid. Y de los 10.492 fallecidos en España entre marzo y junio de 2020, casi la mitad ocurrieron en Madrid.

Tras la movilización, ha llegado el reciente Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales que apuesta por un nuevo modelo de residencias que debería parecerse a un hogar, con unidades de convivencia de quince personas y con espacios comunes (cocina y salón). También limitar las sujeciones e incrementar plantillas hasta una ratio de una trabajadora por cada dos personas atendidas. Todo ello, junto a un mayor fomento de la ayuda a domicilio. El mayor obstáculo para su aplicación residirá en la oposición de la mitad de las CCAA que votaron en contra (9 frente a 10), entre ellas, además de las gobernadas por el PP, Castilla la Mancha, País Vasco y Cataluña, sin olvidar a buena parte de los empresarios.

Respecto a las muertes en residencias, hasta ahora, PP y Vox han bloqueado la formación de una Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid. Y en vía judicial, hay casi 400 denuncias, algunas archivadas y en parte recurridas al TC, y los jueces de instrucción se centran en culpar a trabajadoras y directivos de las Residencias, dejando –de momento– impunes al “protocolo de la vergüenza” y a quienes lo aprobaron.

 La revuelta de los mayores –sin olvidar la contribución de fuerzas políticas que apoyan sus propuestas– ha abierto una vía de esperanza a la reversión de derechos perdidos y a la justicia social, a la vez que afirma el valor de un colectivo al que se ha venido ignorando durante mucho tiempo. Un colectivo que no actúa solo para sí y aislado de otros, que ha hecho frente a la banca con la brecha digital (el “Somos viejos no idiotas” de Carlos San Juan); que defiende las pensiones de hoy, pero también las futuras y la mejora de los salarios, la sanidad y la educación publicas y de calidad, y lucha por una vida digna en las residencias, aliándose con los familiares y las trabajadoras de los centros.