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Radicalizar la democracia, extender la igual libertad
“Radicalizar la democracia”, puede ser entendida de maneras diferentes. Me interesa considerar la que atañe a la ampliación del sentido de su sujeto, el pueblo, algo que puede equipararse a la propuesta de una democracia más inclusiva. Pero eso significa sobre todo recuperar el ideal de la democracia como diálogo de iguales, sin que esa igualdad pase por una homogeneidad que diluya al pueblo en muchedumbre o masa, y no en el conjunto de ciudadanos libres e iguales.
En algún otro trabajo he tratado de subrayar que semejante propuesta es una suerte de hilo rojo en la historia de las ideas y de la experiencia política. Un hilo que bien podemos remontar al relato de Herodoto sobre lo que distingue a la democracia frente a otras formas de organización política. Herodoto nos presenta un diálogo entre tres nobles persas, Otanes, Darío y Megabizo sobre cuál es la mejor forma de gobierno para los persas. Al decir de Ótanes, cuyo lema es «no quiero ni mandar, ni obedecer a los otros», la única solución es la democracia, porque en ella se reconcilian autonomía y obediencia en la convivencia social: «No quiero mandar como rey, ni ser mandado como súbdito… (prefiero) el poder del pueblo, que tiene el más bello de los nombres, isonomía» (Herodoto, Historias, iii, 80-83). La raíz de la democracia, pues, consiste en que todos los miembros de la comunidad política mandan y obedecen por igual. Eso es posible en la medida en que existe una ley que es común por su origen (nos la hemos dado todos a nosotros mismos), y al mismo tiempo nos hace iguales en el trato: todos iguales bajo la misma ley, la que nos hemos dado todos a nosotros mismos. En suma, lo mismo que buscará Rousseau: la democracia consiste en ser libre, obedeciendo a una regla general; conciliar la obediencia a una ley general, con la autonomía, la obediencia a la propia razón, un propósito que Rousseau resuelve mediante la noción de voluntad general, que no es la mera suma de la voluntad de todos (la suma de intereses particulares), sino la identificación del interés común, mediante la ficción de la regla de mayoría.
Así, radicalizar la democracia puede entenderse como la tarea que consiste en extender (y garantizar) lo que Balibar ha denominado la egalibertad, la igualdad de todos en las libertades y en los derechos$[1]. Es una tarea de reconocimiento y de garantía. Reconocimiento y garantía de una igualdad que no supone tratar a todos por igual, sino promover que todos puedan ser igualmente libres desde su propia condición y, por tanto, exige políticas públicas para remover los obstáculos que hacen que una buena parte de la población, por razones de muy diverso orden, no esté en condiciones de alcanzar y disfrutar establemente, con garantías, esa igual libertad. Esa exigencia tiene, a su vez, un doble sentido.
En primer lugar, es exigencia de inclusión, en el sentido de que trata de ampliar la condición de sujetos, de ciudadanos, al máximo posible de quienes quieran formar parte del cuerpo político, del pueblo, rompiendo las barreras que vetan el acceso a esa condición de ciudadanía por razones de sexo, raza, lengua, cultura, u origen nacional. Ese proceso de extensión ha tenido sobre todo un reto mayor y multisecular, romper la barrera que apartaba a las mujeres de la igual consideración de ciudadanía. La revolución feminista es por eso un proyecto prioritario y universal de extensión de la condición de sujeto a la mayor parte de los seres humanos, que estaba excluida de tal título, las mujeres.
Las otras barreras para el carácter inclusivo de la democracia han sido objeto de procesos de demolición, al amparo de la herencia ilustrada como motor. Entre ellas, a mi juicio, el desafío más importante de la inclusión afecta a la superación del rasgo de identidad entre ciudadanía y origen nacional. En un mundo globalizado e interdependiente, la condición de origen se revela como un requisito injustificado para excluir de la ciudadanía a quienes llegan con la intención de formar parte de la comunidad política, a quienes trabajan y viven entre nosotros, contribuyendo al bien común, pero siguen soportando la condición de ser destinatarios de las leyes sin poder tomar parte en su elaboración (a través de la elección de representantes). Creo que hay que reconocer que, en el espacio de libertad, seguridad y justicia que pretende constituir la Unión Europea, y pese al déficit notable de sus políticas migratorias (de las políticas migratorias de los Estados miembros) se ha avanzado en ese proceso de democratización que es, como digo, un proceso de inclusividad. Se flexibilizan las condiciones de acceso a la nacionalización y se abre camino la idea de que la voluntad de pertenecer, acreditada mediante la residencia estable y la contribución al mantenimiento de los bienes comunes, debe ser la llave del acceso a la ciudadanía. Pero aún hay camino por recorrer.
La revolución feminista es un
proyecto prioritario y universal de
extensión de la condición de sujeto a
la mayor parte de los seres humanos
Hay otro sentido de la exigencia de igual libertad para todos que, a mi juicio, ha sido explicado por Axel Honneth con mucho acierto$[2]. Para que ese objetivo no se quede en un ideal abstracto, en mera retórica, coartada para una legitimidad vacía o como mucho parcial, la extensión de la democracia se debe medir en términos de la progresiva universalización de la garantía de los derechos sociales, lo que exige una capacidad de financiación de los correspondientes servicios. A esto quiero dedicar una consideración específica.
La importancia del test de los derechos sociales en el proceso de radicalización de la democracia
Las tesis de Balibar y Honneth sobre la igual libertad como exigencia del proceso de democratización y sobre la concreción de la igual libertad en el acceso y garantía de los derechos sociales comportan tres matizaciones que afectan al modo de entender el modelo de Estado social de Derecho como instrumento clave para garantizar ese objetivo.
Ante todo, como expresamente subraya Balibar, una concepción activa de los sujetos de esa libertad: activa, es decir, no pasiva, no reducidos a la condición de consumidores de los bienes y mercancías que les procura una visión asistencialista y paternalista del Estado social. Además, exige ser conscientes de las exigencias de lo que podríamos denominar el alma cívica, la necesidad de actuar en común, y no como mónadas, tal y como quiere el mercado (y aquí sigue siendo pertinente la denuncia de la ideología del individualismo posesivo que hiciera MacPherson). Y precisamente por eso, Honneth insiste en que los derechos sociales son el test concreto de las políticas de reconocimiento, lo que a mi entender es la respuesta clave a la pregunta sobre cómo garantizar la inclusión.
El problema que Honneth sabe identificar bien, a mi entender, es la generalización de dos de las formas de menosprecio (en el sentido profundo de negación explícita de reconocimiento, no solo de omisión): el menosprecio que se manifiesta en la negación de derechos y en la exclusión de la comunidad jurídica y política, y, en segundo lugar, el menosprecio hacia los valores propios de una forma de vida calificados como indignos, como un obstáculo para la propia realización, para el progreso. Una y otra forma de negación del reconocimiento no solo producen exclusión, sino también la pérdida de autoestima, la autodestrucción. Muy concretamente, y en relación con la primera de estas dos manifestaciones, Honneth insiste en la importancia de las exigencias de reconocimiento y en el marco normativo que debe asegurar su satisfacción, como pistas para reconstruir ese modelo. El motor de esta demanda de reconocimiento sería –insisto– el acceso y la garantía universal –igual, que no mecánica, uniforme– de los derechos sociales, que lejos de ser conquistas adquiridas se encuentran en permanente proceso de cuestionamiento. Como ha recordado Ferrajoli, para implementar estable y adecuadamente el acceso a los derechos sociales deben desarrollarse lo que él denomina ‘garantías primarias’, esto es, una agenda legislativa que empodere a la administración para llevar a cabo esas garantías de la igual libertad en el acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, el derecho a una pensión digna, el derecho a la protección de la dependencia, y un mínimo vital, lo que exige a su vez y ante todo una política fiscal igualitaria y eficaz. Y exige regular una lógica del mercado dominada por lo que califica como “poderes salvajes” y que hoy, dejada a su deseo de irrestricción, impulsa a vaciar de la condición de derechos a los derechos sociales (que Balibar entiende como palancas de la igualdad real), convertidos en mercancías y sujetos por tanto a la desregulación y competencia feroz que es propia de la lógica del capitalismo financiero$[3]. La cuestión es que ese proceso de desmantelamiento –palancas de igualdad real– no tiene consecuencias soólo en términos de pérdida de capacidad adquisitiva o de empeoramiento de las condiciones laborales. Es el sentido más profundo de la precarización como condición social definitiva. 
Se trata ante todo de saber si avanzamos o no en ese objetivo. Creo que la crisis que estamos viviendo y que parece paralizar el proceso de recuperación de la gran recesión de 2008, como consecuencia entre otros factores de la guerra en Ucrania y de la batalla por los recursos energéticos que está generando un desbocado proceso de inflación, puede inclinarnos a un balance negativo sobre el avance en el objetivo de inclusión en términos de los derechos sociales. Podemos acudir a algunas herramientas que ayuden a medir lo que hoy parece un proceso inverso, esto es, un incremento de la desigualdad. Por ejemplo, el coeficiente o índice Gini, que mide la desigualdad que hay entre los ciudadanos de un mismo país, y tiene en cuenta factores como el PIB, la oferta educativa, o la disposición de bienes y servicios, y así permite orientar las políticas públicas que puedan garantizar el objetivo de mayor igualdad salarial (siendo el valor 0 el de mayor igualdad y 1 el de mayor desigualdad$[4]). La misma tendencia se observa en el informe FOESSA recientemente publicado y es confirmada por los datos de exclusión social que ha proporcionado el INE$[5] y por el Índice AROPE de la UE (At Risk of Poverty and/or Exclusion), una tasa que sirve para medir el grado de cumplimiento del proceso de inclusión social que la propia UE incluyó entre sus objetivos en la Estrategia EU 2020, y que remite al porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social. Los resultados de ese índice, por lo que se refiere a España en 2021, muestran que hay mucho por hacer. Por ejemplo, la población en riesgo de pobreza o exclusión social en España aumentó en 2021 hasta el 27,8%, ocho décimas más que el año anterior. El INE explica que este porcentaje se establece con un nuevo concepto de la tasa AROPE, que mide la población que se encuentra en alguna de estas tres situaciones: riesgo de pobreza, personas con carencias material y social severa, o con baja intensidad en el empleo$[6].
Ha de valorarse el
esfuerzo de la agenda
legislativa desplegada por
el gobierno de coalición en
España para la garantía de
derechos sociales
Sin embargo, creo que hay que matizar ese balance. Sobre todo, porque, a diferencia de la gran depresión de 2008, en esta ocasión la UE y también el gobierno de España han entendido la necesidad de intervenir y, precisamente, en buena medida, en las condiciones de acceso a derechos sociales y a los bienes y servicios que son su garantía primaria. Hablo, en primer lugar, de la decisión de la UE de crear los Fondos Next Generation, con una dotación de más de 800.000 millones de euros, de los que 426.700 millones se destinan a fondos de resiliencia y cohesión social. Y, en segundo lugar, creo que ha de valorarse el esfuerzo de la agenda legislativa desplegada por el gobierno de coalición en España para la garantía de derechos sociales, con prioridad para la clase media y trabajadora, que se cifra en partidas que suponen casi 30.000 millones de euros (un 2,3 del PIB), y muy concretamente en medidas de contención del coste del suministro de energía y de reforma del mercado eléctrico y gasístico, así como para imponer una contribución más proporcionada a la banca y a las grandes empresas energéticas en relación con las exigencias de ahorro y austeridad que recaen sobre toda la población.
La radicalización de una democracia
de alcance global, que garantice “lo no
decidible”, no puede estar a merced
del juego político de las mayorías
No puedo terminar sin destacar un objetivo de radicalización de la democracia que excede el ámbito de las políticas nacionales. Como han subrayado Balibar y Ferrajoli en dos importantes libros recientes cuya lectura recomiendo con énfasis$[7], la humanidad vive en una encrucijada como nunca en nuestra historia. Una encrucijada que es la de la amenaza real de la destrucción de la vida en el planeta, desde luego, de la vida de nuestra especie, pero no solo. La ciencia y la experiencia acreditan la existencia de problemas globales (las amenazas a la paz mundial, el incremento de las desigualdades a escala global, la muerte de millones de personas por falta de acceso a recursos como el agua y a medidas de higiene y salud, de alimentación y de medicamentos, la muerte y penuria de millones de personas que se ven obligadas a desplazarse de sus hogares, el calentamiento global, la crisis de recursos energéticos…) que en buena medida no son (o no son solo) desastres naturales, sino violaciones de derechos fundamentales que no son atajadas desde los Estados nacionales, en buena medida porque les superan, porque no son capaces de regular lo que el mismo Ferrajoli denomina “poderes salvajes”. Por eso, un grupo de juristas y políticos ha lanzado la idea de una Constitución global que enuncie las prioridades y la agenda a desarrollar (los bienes y derechos a garantizar, sus garantías primarias y secundarias), desde una perspectiva que esté a la altura de las amenazas globales, inabordables desde los Estados nacionales. Esa es la radicalización de la democracia a construir, un Estado de Derecho, una democracia de alcance global, que garantice lo que, en sus propias palabras, califica como “lo no decidible”, lo que no puede estar a merced del juego político de las mayorías.
[1] Cfr. Etiénne Balibar, La igualibertad, Herder, 2017 (original, La proposition de l’égaliberté, PUF, 2010). Más recientemente, Cosmopolitique. Des frontières à l’espèce humaine, écrits 3, La Découverte 2022.
[2] Ver Honneth, El derecho de la libertad, Katz, 2014, y sus trabajos sobre la aplicación de la teoría del reconocimiento del otro, que analizan la construcción de lo que ha calificado como “sociedad del menosprecio”, La sociedad del desprecio, Trotta, 2011, y Reconocimiento. Una historia de las ideas europea, Akal, 2019.
[3] Luigi Ferrajoli, representante de la teoría del garantismo penal y, también, de un constitucionalismo para embridar la lógica del mercado y que se proyecta con carácter global. Ver, Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, 1999; Constitucionalismo más allá del Estado, Trotta, 2017; Manifiesto por la igualdad, Trotta, 2019 y, recientemente, Por una Constitución de la Tierra. La Humanidad en la Encrucijada, Trotta, 2022.
[4] El país con un índice de Gini más igualitario en 2021 es Islandia (con un índice de 0,246). El más desigual, Sudáfrica, índice 0,630. España índice de 0,345. https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=EU
[5] Cfr. https://www.foessa.es/blog/confirmacion-oficial-del-aumento-de-la-desigualdad-la-pobreza-y-la-exclusion-social-en-espana/.
[6] La tasa que determina el umbral de pobreza se fija en el 60% de la media de los ingresos. La “carencia material severa” se mide por referencia a los mínimos en siete de un total de 14 aspectos de la vida.
[7] Ya mencionados: Cosmopolitique, de Etienne Balibar, y Por una Constitución de la tierra. La Humanidad en la encrucija, de Luigi Ferrajoli.
