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Éxodo 114 (may.-jun.) 2012
– Autor: Carlos Sánchez Mato –
Desde el inicio de la actual crisis económica, los Gobiernos se han hartado de mentir a los ciudadanos difundiendo que el sistema financiero español era el más sólido del mundo desarrollado. Nada más lejos de la realidad. Las entidades financieras españolas, como las del resto del mundo desarrollado, son sociedades enormemente endeudadas que con un patrimonio neto muy reducido multiplican sus activos (fundamentalmente créditos). Eso les permite obtener beneficios nominal y porcentualmente muy elevados con poco capital pero a costa de incurrir en riesgos desmesurados que cada cierto tiempo provocan descomunales crisis. El fin de la burbuja inmobiliaria y la consiguiente caída de los precios de los activos ha provocado que los incrementos de morosidad (incluso no demasiado elevados) en sus inversiones crediticias, coloquen a las entidades en situación de quiebra por su incapacidad para absorber las pérdidas.
Desde el primer momento, negaron la dimensión de su grave problema y optaron por ocultar los quebrantos sufridos con el apoyo del Banco de España que no actuó como obligaba su función de supervisor y de los sucesivos Gobiernos de la nación. El círculo vicioso se vio agravado con las restricciones del crédito a empresas y familias que complicaron aún más la situación. La agudización de la crisis en la economía real amplió el problema del sector inmobiliario al resto de sectores. La quiebra de empresas y el consiguiente incremento de personas en situación de desempleo ha producido una escalada de la morosidad de empresas y, en menor medida aún, de las familias.
Todo este proceso ha incrementado la insolvencia de las entidades financieras. Si se tratara de otro tipo de empresas, habrían cerrado sus puertas después de despedir a sus trabajadores y haber iniciado un procedimiento concursal de incierto resultado para sus acreedores. Ese ha sido el fin de decenas de miles de pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Pero esos mecanismos no funcionan en el caso de bancos y cajas de ahorro. Sus deudas son mayoritariamente con ahorradores de todo el país y para el poder político no es una opción que caigan sin que se produzca un efecto dominó de resultados impredecibles (sobre todo en el ámbito político).
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el que le ha sucedido después de las elecciones de noviembre de Mariano Rajoy han abordado de forma pésima esta crisis bancaria. Han diagnosticado de forma claramente errónea que los problemas de las entidades eran de liquidez y no de solvencia y han pensado que el tiempo resolvería el déficit de recursos de las entidades. Además han culpabilizado a parte del sistema (cajas de ahorro) eximiendo a la otra parte (bancos privados).
A partir de ahí, articularon soluciones buscando operaciones de concentración con la errónea creencia de que entidades de mayor tamaño tendrán más fortaleza cuando la solvencia depende de la cantidad y calidad del capital de bancos y cajas y ése es precisamente el aspecto que no se ha solucionado. Por todo lo anterior, existe una grave responsabilidad política del Gobierno de la nación actual y del anterior ya que han utilizado más de 215.000 millones de euros de dinero público sin transferir la propiedad del sistema financiero al Estado que ha aportado fondos superiores a la totalidad del patrimonio neto de las entidades en manos de sus accionistas privados. El elemento de más gravedad que se puede atribuir al poder político en esta crisis es la socialización de las pérdidas de las entidades bancarias, ya que las deudas de las entidades financieras las acabaremos pagando todos los ciudadanos. Como muestra evidente asistimos el pasado 9 de junio a la petición de un préstamo por parte del Reino de España a las instituciones europeas por un importe de 100.000 millones de euros que tendrá como destino el saneamiento de las entidades bancarias. Se está produciendo una brutal transferencia de renta de los asalariados y capas más humildes de la sociedad a las más ricas, con un crecimiento brutal de las desigualdades que está llevando a la mayoría a sufrir unas condiciones de vida y de trabajo cada vez peores, y una total falta de expectativas de futuro. Al mismo tiempo que se demoniza el gasto social, las entidades bancarias sobreviven por el apoyo financiero por parte del Estado y del Banco Central Europeo. Más de 540.000 millones de euros entre inyecciones directas de capital, avales y préstamos del Estado y del Banco Central Europeo constituyen el sólido vínculo entre el poder económico y el político que, una vez más, ha optado por salvar a los causantes de la crisis en vez de a sus víctimas.
Por eso queremos una banca pública que impulse otra política económica centrada en la creación de una estructura económica sostenible y basada en los siguientes puntos fundamentales:
• Derogación de todas las medidas legislativas que abren la puerta a la conversión de las cajas en bancos privados.
• Realización de auditorías por organismos públicos competentes de todas las entidades financieras para conocer su situación real en la que puedan participar los ciudadanos elegidos mediante fórmulas democráticas sin vínculos previos con los auditados.
• Conversión de las cajas de ahorro en entidades públicas mediante su nacionalización. El dinero público que se ha utilizado no debe retirarse en el plazo de cinco años y debe servir para la creación de un Sistema Público de Cajas de Ahorro coordinado y basado en el principio de solidaridad. No queremos un funcionamiento de las cajas como el de hasta ahora.
• Fin de los sueldos millonarios de los altos directivos y establecimiento de un sistema retributivo equivalente al existente en la función pública.
• Actuación radical desde el Ministerio Público para ejercer acciones de responsabilidad por la actuación de los consejos de administración de las cajas de ahorro y sus bancos y empresas participadas.
• Establecimiento de políticas que garanticen un mejor trato a impositores, fin de desahucios para familias imposibilitadas del pago de su primera vivienda y establecimiento de un stock de viviendas en régimen público de alquiler.
• Exigimos un modelo respetuoso con la democracia, que podamos controlar por su transparencia y ligado al territorio y a las necesidades de los ciudadanos.
• Que no haya destrucción de puestos de trabajo y se garantice la continuidad de la obra social con un adecuado uso de los recursos.
• La actuación de las cajas formará parte integral de la política económica y social de las Administraciones Públicas con la prioridad de la consecución del pleno empleo y el desarrollo de todo cuanto a ellas compete en el beneficio ciudadano y en su dignidad.
No es una utopía irrealizable. Es técnicamente posible y socialmente necesaria una banca pública que garantice un uso responsable de los ahorros de la ciudadanía. En manos de todos nosotros está el cambio social necesario que lo haga posible.
