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Éxodo 93 (marz.-abril.’08)
– Autor: Víctor Urrutia –
Las transiciones política y religiosa han dado paso a una nueva situación de la iglesia católica en España. Si en los años iniciales de la democracia se plantearon como asuntos preferentes el proceso de secularización y la adaptación del “gobierno de la Iglesia” a los “gobiernos de la democracia”, emergen ahora otras cuestiones de gran calado: la confrontación de la jerarquía con los “gobiernos progresistas”, el malestar interno dentro de la propia Iglesia y la creciente significatividad de las minorías religiosas no católicas. Todo ello enmarcado en un contexto en el que las cotas de secularización y de laicidad van configurando una nueva cultura religiosa en la sociedad española. En otras palabras,el pluralismo de la sociedad y la consolidación del Estado laico van estrechando el margen de influencia de la jerarquía que se siente, además,incapaz de articular un mensaje evangélico coherente y una Iglesia más acorde con los nuevos tiempos.
Esta incapacidad, más allá de sus efectos en la comunidad eclesial y de las repercusiones que tenga la Iglesia como agente social en el conjunto de la sociedad civil española, puede afectar también a la concepción y al papel que se asigne a la religión en nuestro país. Estamos,pues ,aquellos que tratamos de vivir la fe de manera coherente con nuestra época y aquellos que,sin tener esa fe,admiten la contribución positiva de las creencias religiosas al acervo humanista de la sociedad,ante una delicada situación.
Toma de posición
Estos últimos cuatro años de gobierno socialista han supuesto una alineación,como no se había conocido antes,de la jerarquía con las posiciones políticas más conservadoras del Partido Popular. Manifestaciones públicas con el partido de la oposición,manifestaciones propias en Madrid (con la familia como excusa) en las que se ha cuestionado la gestión del gobierno y la supuesta crisis de la democracia,declaraciones de destacados miembros de la jerarquía (Rouco, Cañizares,García-Gasco , Martínez Camino),escritos panfletarios de otros obispos (ej. Huesca),así como el altavoz mediático de la cadena COPE,han creado un juego peligroso al poner de manifiesto que la polarización o “frentismo” político tiene su correspondiente polarización religiosa. Por una parte,la jerarquía más conservadora (la que oficialmente aparece en los medios de comunicación) toma una postura inequívoca de apoyo al Partido Popular y por otra genera en el seno de la Iglesia una franja de separación con un importante número de fieles. La transversalidad,un valor social de la reciente historia de la Iglesia en la transición,ha quedado mal parada por la estrategia seguida por los portavoces públicos de la jerarquía. Los creyentes,en sus diversos grados de adhesión eclesial,se están viendo obligados a tomar postura contra las indicaciones de sus pastores. Cada vez se hace más patente el divorcio o el cisma entre aquéllas y las prácticas de los fieles. Parece como si la tolerancia y la aceptación de los nuevos derechos que van introduciendo los gobiernos y que van siendo asumidas por la ciudadanía fueran para unos avances de la sociedad y para otros las grietas que el mal va provocando en la democracia. Todo es “relativismo” y sólo la postura de la jerarquía es la válida.
El gobierno socialista,elegido libremente por la ciudadanía,es merecedor del deterioro democrático (Cañizares dixit) y,sin embargo,el gobierno de los obispos,no elegido democráticamente,no es responsable de nada (de lo que sucede en la sociedad y, específicamente,de lo que sucede en la Iglesia). A esta simplificación de posturas nos está llevando la estrategia calculada de la jerarquía eclesiástica estos últimos años y con ello a una polarización entre “la Iglesia” y “el gobierno”.
Apoyos: internos y del Estado
Cuenta la jerarquía con un sector importante de la sociedad civil eclesial: las llamadas fuerzas neoconservadoras (Comunión y Liberación,Movimiento Neocatecumenal,Opus Dei,entre otras). Paradójicamente,cuenta además con la colaboración económica del Gobierno de España (que no ha denunciado ningún acuerdo de los firmados en 1979) y que mantiene las grandes políticas de financiación de la red educativa católica concertada y de la enseñanza pública de la religión católica. Cuenta también con el apoyo de los gobiernos autonómicos y de los gobiernos locales. Este último,con ser el menos citado,no es el menos importante.
La estructuración del Estado Autonómico está dando lugar a una “nueva relación” entre las iglesias diocesanas y sus correspondientes autoridades locales, sean provinciales,municipales o autonómicas. Relaciones que no pueden entenderse en el sentido estricto de la confluencia o separación de las competencias políticas entre el Estado y la Iglesia pero que en el ámbito de las relaciones informales y de las administraciones ofrecen un marco importante de reflexión.
Está,en primer lugar,el papel que las iglesias locales juegan en la recuperación y fortalecimiento de las identidades colectivas regionales y muy especialmente en aquellas donde plantean problemas las reivindicaciones nacionalistas: País Vasco y Cataluña. Las presiones para “ajustar” los nombramientos de obispos a la ideología hegemónica nacionalista de dichas comunidades es una constante desde hace años (tanto por parte de algunos grupos políticos como por parte de los sacerdotes nacionalistas). Son los casos de rechazo de la elección de Monseñor Blázquez o del cardenal Carles en los años noventa y el más reciente de Monseñor Iceta, obispo auxiliar de Bilbao. Presiones y polémicas que obedecen a la proximidad ideológica de gobiernos y/o partidos que han tenido responsabilidades de gobierno. Igualmente es sintomático el mutuo apoyo entre gobiernos y obispos para el diseño o ejecución de políticas concretas que facilitan sus estrategias ideológicas. Materias tales como la educación (elaboración del “currículum para las enseñanzas primaria y secundaria” o la financiación de centros religiosos) y el desarrollo de determinadas políticas sociales son ejemplo de esa mutua colaboración en el País Vasco,N avarra y anteriormente en Cataluña.
En segundo lugar,en otros ámbitos de carácter más simbólico-cultural puede hablarse también de esta cooperación,más o menos explícita entre los gobiernos autonómicos y locales de Castilla y León y Galicia. Sus imaginarios mítico-colectivos encuentran en las raíces de la historia y de la cultura religiosa valiosas fuentes de recuperación de su identidad política. Identidad necesaria para construir sus comunidades como un factor de acción política,independientemente de la orientación ideológica del gobierno de turno.
Otras versiones matizadas de todo lo anterior pero “útiles”para el apoyo político,en uno u otro sentido,podemos encontrarlas en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad de Valencia con gobiernos populares que “se dejan querer” por la jerarquía y “quieren”,junto con ella,una confrontación con el gobierno de España. Está siendo particularmente significativa la cuestión de la asignatura de educación para la ciudadanía,rec hazada por el sector más conservador de la CEE y,simultáneamente,por la propia presidenta de la Comunidad de Madrid,que ha mostrado su apoyo a la objeción de conciencia de la asignatura y está dispuesta a la no aplicación de la Ley de Educación en esta materia.
