domingo, agosto 1, 2021
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Los fondos NGEU. Sombras nada más

Los fondos NGEU. Sombras nada másIntentar entender hoy lo que son y serán los programas de la Unión Europea calificados como Nueva Generación UE (NGEU), es una tarea farragosa, pues supone entrar, más que en un terreno complejo, en un terreno donde la confusión, el lenguaje enrevesado, las mentiras y las medias verdades vienen siendo la norma.

Por ejemplo, si hiciéramos una encuesta, estoy seguro de que la mayoría de las personas a las que preguntáramos contestarían que estos fondos se están empezando a distribuir y ese es el ambiente que predomina también entre algunos espacios de movimientos sociales.

Mientras, la realidad, esa señora tozuda, se empeña en estar en un lugar diferente al del imaginario colectivo. A la fecha, no ha llegado un solo euro de esos fondos y el gobierno está mintiendo conscientemente cuando aparece diciendo que está poniendo en marcha subvenciones con financiación de los NGEU, porque no se han dado los pasos previos al desembolso de los fondos:

A la fecha, ni uno solo de los 27 países ha presentado sus Planes para distribuir los fondos en inversiones y de reformas de sus economías a la Comisión Europea, teniendo como plazo para hacerlo el 30 de abril.

A la fecha, la Comisión Europea no cuenta con la autorización de los 27 países miembros para salir a los mercados de capitales a endeudarse para nutrir ese fondo de, aproximadamente, 800.000 millones de euros. Diez países no han sometido todavía la llamada Decisión de Recursos Propios a sus respectivos parlamentos, y es más que probable que algunos retrasen ese momento para negociar algunas ventajas o para lograr la redefinición de toda la arquitectura del proyecto.

Aun si se dieran esos pasos y los 27 gobiernos presentaran sus Planes de reformas e inversiones, y los 27 países, a través cada uno de los mecanismos que marca su ordenamiento constitucional, autorizaran a la Comisión Europea a emitir bonos en los mercados de deuda, todavía quedarían otros pasos que tampoco están garantizados:

Los Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tendrán que ser aprobados por la Comisión Europea, que examinará, especialmente, que en ellos se incluyan las reformas (recortes) que son obligatorias para recibir esos fondos y que están contenidas en los documentos de “Recomendaciones” del Consejo Europeo para cada país, conocidos como el Semestre Europeo.

Si los Planes pasan este primer filtro de la Comisión Europea serán revisados y, en su caso, aprobados por el Consejo Europeo, es decir, por la reunión de los gobiernos de los 27 países, que tendrá que votarlos por mayoría cualificada de, al menos, 15 países que representen el 65% de la población de los Estados de la UE.

Si se pasan estos dos filtros, los países podrían pedir a la Comisión Europea un primer desembolso equivalente al 13% de los fondos asignados como “subvenciones”. En el caso del Estado español, el gobierno podría solicitar casi 10.000 millones de euros.

Pero, para que lleguen esos fondos, la Comisión Europea debe tener la aprobación de los 27 países para poder acudir a los mercados de capitales a captarlos, cuando todavía hoy hay 10 países que no lo han hecho y los gobiernos de Hungría y Polonia han recurrido al Tribunal de Justicia de la UE contra el Reglamento.

Si se salvan estos dos procesos, la Comisión Europea podrá salir a contratar préstamos a los mercados de capitales, con unos requisitos y protocolos complejos, con captación paulatina de fondos, a través de la banca, anunciando cada captación con meses de antelación y esperando que se cubran la totalidad de las emisiones de bonos, en las condiciones pedidas o deseadas.

Sumando todos estos calendarios, y si todos los países aprueban la Decisión de Recursos Propios, podemos decir que, si llegan fondos este año 2021, lo harán, como muy pronto, en el último trimestre.

¿Pero cuando lleguen los fondos la situación mejorará?

Los fondos llegarán condicionados a las reformas que está exigiendo la UE. Aunque toda la negociación se lleva en secreto, sabemos que son ajustes en pensiones, posible subida del IVA, cambios en el mercado laboral y garantías de que vuelva a la reducción del déficit y la deuda pública, pues el Pacto de Estabilidad no está derogado, sino solo suspendido durante este año 2021 y con una prórroga que se da por segura para el 2022, y casi segura para el 2023. Sin olvidar que sigue en vigencia el Artículo 135 de la Constitución, que establece la “prioridad absoluta” del pago de la deuda pública. Deuda que llega a 1.345 billones de euros, un 120% del PIB. Mayor aun si se contabiliza la de organismos públicos como AENA, ADIF, RENFE… y la deuda no financiera de más de 83.000 millones de euros.

Cuando se vuelva al Pacto de Estabilidad, se tendrá que reducir al 60% del PIB, algo prácticamente imposible, aun con recortes salvajes.

La UE y el gobierno y la oposición conservadora nos llevan a un nuevo plan de ajuste, con la golosina de la llegada de los “inmensos” fondos de la UE.

Otro aspecto clave es si esos fondos serán suficientes para producir las transformaciones que se les adjudican. En el primer documento “España Puede”, que el gobierno del Estado español presentó a la UE en octubre de 2020, se dice lo siguiente:

“La movilización de un volumen tan importante de recursos (…) permitirá no solo la superación de la crisis y la recuperación del empleo, sino que facilitará la modernización de nuestra economía, para que esa recuperación sea verde, digital, inclusiva y social”

Se trataría de unos fondos milagrosos. Pero con que le echemos unos números podemos dimensionar lo que se ha llegado a llamar un tsunami de recursos.

Por ejemplo, los 72.700 millones de las “subvenciones” esperadas, darían para 1.535 euros por habitante. Pero como esas “subvenciones” son para seis años, serían 256 euros por habitante y año.

Otras comparaciones también nos muestran que no es una cifra significativa: Cada año pagamos 31.500 millones por los intereses de la deuda pública y otros 95.000 millones de amortizaciones, y los fondos apenas suponen el 5,4% de la deuda pública.

¿Qué uso se pretende dar a los fondos?

Aunque hasta ahora no se han detallado qué proyectos se financiarían, sabemos que el gobierno los ha venido consensuando con las grandes empresas, la banca y las consultoras que trabajan para estas y también para el gobierno, y que la mayoría de los fondos irían hacia grandes proyectos (PERTE) ligados a vehículo de baterías, a hidrógeno como combustible, a impulsar el turismo, a rescatar aerolíneas, a la digitalización y el 5G, y hacia otros proyectos que marchan en sentido contrario a lo que habría que hacer para generar empleo sostenible y de calidad, y enfrentar las crisis económica, climática, de agotamiento de los combustibles fósiles, de biodiversidad, de contaminación…

La solución que nos plantean la UE y el gobierno es profundizar en lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos. La solución que quieren poner en marcha es parte del problema.

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