LEY DE DEPENDENCIA Y ESTADO DE BIENESTAR

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Éxodo 87 (ener.-febr.’07)
– Autor: Varios Autores –

JUNTO a la sanidad, la educación y las pensiones, la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia representa una novedad de enorme calado social porque se presenta con la pretensión de llegar a convertirse en cuarto pilar del estado de bienestar. Y esto merece, de entrada, no sólo una acogida favorable, sino también una mirada reflexiva o crítica.

Porque esta es una ley nueva entre nosotros, impensable si nos retrotraemos sólo algunos años en nuestra historia. Trata de abordar una problemática reciente en la sociedad española, debido el crecimiento de las personas dependientes y al modelo tradicional de atención, basado, fundamentalmente, en el trabajo de la mujer. Se estima que en este año 2007 España cuenta con una población dependiente de unos 2,8 millones de personas: 1.1 millones con una discapacidad (dependencia) severa o total y 1,7 con discapacidad (dependencia) moderada.

El concepto de dependencia, está ligado, como se ve, al de discapacidad. Y éste es un fenómeno muy complejo porque afecta a muy diferentes personas y a un número de facultades diverso en cada una de ellas. La funcionalidad de una persona es distinta según el número y la intensidad de las facultades afectadas. Es más, la disfuncionalidad en alguna facultad (visión, audición, desplazamiento, desarrollo de tareas, relación con los demás, etc.) no tiene por qué impedir el desarrollo y autonomía de la persona.

La sociedad se enfrenta, entonces, al dilema de atender a la dependencia o promover la autonomía. No puede evitar este reto si pretende ser una sociedad justa. Porque, por una parte, las personas dependientes son ciudadanos y ciudadanas que tienen unos derechos, y, por otra, la discapacidad suele arraigar, en mayor medida, entre las capas sociales más vulnerables (familias pobres, mujeres, etc.).

La presencia de la nueva ley de dependencia en la sociedad española nos invita a una doble consideración o mirada. Desde un punto de vista crítico, el vaso aparece medio vacío: más allá del interés electoral y de legitimación de un sistema desigual e injusto (la ley se ha fraguado en un paquete de pactos entre el gobierno, la patronal y los sindicatos mayoritarios), son muchos los síntomas que hacen pensar que los problemas ligados a la autonomía/ dependencia de las personas no se van a resolver tan fácilmente: el trabajo doméstico de las mujeres va a seguir siendo el principal recurso, los empleos en este sector continuarán siendo precarios (a cargo principalmente de mujeres inmigrantes) y las personas dependientes seguirán siendo más bien objeto de atención que protagonistas de su propia vida.

Sin embargo, en la medida que la ley va a afectar a aquellos sectores sociales más frágiles (por edad, enfermedad o accidente) que hasta ahora han sido meramente objetos de misericordia (atención familiar –singularmente de la mujer) o transacción mercantil y pasan a ser sujetos de derechos, el vaso está medio lleno y merece reconocimiento. Al menos, un impulso que nos anime a dar nuevos pasos hacia ese otro mundo posible que queremos construir.