martes, octubre 19, 2021
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LAICIDAD Y EMANCIPACIÓN: OTRO PROYECTO INACABADO DE LA MODERNIDAD

Número 80 (sept.-oct.’05)
– Autor: José Antonio Pérez Tapias –

Llevamos tantas décadas de crisis de la modernidad que a la postre hemos convenido en considerar postmoderna la época en que vivimos. No obstante, como no dejamos de buscar salidas al bloqueo en que nos sitúan las contradicciones de la modernidad en crisis, hay quien plantea, como el sociólogo alemán Ulrich Beck, el tránsito a una “segunda modernidad”, bien es verdad que dando el paso con las suficientes dosis de crítica y autocrítica para que entremos ahora en una “modernidad reflexiva”, como indica el también sociólogo Anthony Giddens. Propuestas de este tipo vienen a partir de planteamientos similares a los de Jürgen Habermas cuando hablaba hace años, frente a postmodernistas enfáticos, de que la modernidad, con todas sus crisis, llegaba hasta nosotros como “proyecto inacabado”, como herencia con una tarea que proseguir, por más que fuera necesario hacer una crítica sin contemplaciones de lo que había sido la modernidad. Marx y Nietzsche ya apuntaron por ahí, y pensadores posteriores como Heidegger, como Horkheimer y Adorno, o como Levinas, cada cual por su propio camino, ya profundizaron en esa crítica.

Herencias valiosas de la modernidad son, por ejemplo, la democracia constitucional y la afirmación de derechos humanos universales, o las ciencias y las tecnologías de que disponemos, por mencionar algunas especialmente relevantes. Sabemos también que los procesos de modernización han supuesto a veces graves distorsiones que han pervertidolos mismos logros de la modernidad, volviéndolos contra sus objetivos iniciales, aquellos que se inscribieron en el proyecto de emancipación humana al que la Ilustración dio expresión en las distintas esferas o ámbitos de la vida de individuos y sociedades. De ahí que las contradicciones de la misma modernidad hayan supuesto realidades de violencia y de nuevas formas de barbarie, como los sistemas totalitarios o los excesos tecnocráticos de una civilización tecnológica, que han desmentido de manera irrefutable las pretensiones mitificadoras de la tan moderna ideología del progreso.

Pero, aun con todo, ni en medio de una “globalizada postmodernidad” -quizá “transmodernidad” para quienes están en las periferias del Prime Mundo, como piensa Dussel-, podemos, en cierto sentido, dejar de ser modernos; tampoco en la manera de replantear a estas alturas las relaciones entre religión y política, que es de lo que se trata cuando hablamos de laicidad, estando obligados también en este terreno a proseguir, mediando la crítica y aprendiendo de la experiencia, un proyecto inacabado. La laicidad del Estado, y de otros ámbitos públicos, se cifra en logros y también se vive como proceso.

El punto en el que hoy se sitúa la reflexión es la consideración, que tratamos que sea universalmente compartida, de que la laicidad de los espacios públicos es una condición necesaria para la convivencia democrática. Cuando argumentamos a favor de ello, y actuamos en esa dirección en la práctica política, lo hacemos desde el convencimiento de que se trata de una exigencia de justicia que hemos ido descubriendo en la trayectoria histórica de las democracias constitucionales. La consolidación de un Estado como laico es elemento clave para que un Estado democrático de derecho, a la vez que afirma su soberanía, se configure como plenamente consecuentecon el reconocimiento igualitario de los derechos de la ciudadanía. La laicidad del Estado, como característica jurídico-política que entraña la institucionalización de una respetuosa separación entre lo político y lo religioso, supone la erradicación de toda situación de privilegio pretendida por cualquier confesión religiosa en sus relaciones con los poderes públicos. De esa forma se garantiza el respeto a los derechos de cada cual, pues se asegura su salvaguarda independientemente de sus creencias y prácticas en materia de religión, y se consigue un marco institucional para la exigible imparcialidad de gobiernos y administraciones públicas en su trato con las diferentes comunidades religiosas.

Tal laicidad del Estado es lo que concuerda con el respeto debido a los derechos democráticos de cada ciudadano, destacando a este respecto lo que supone en relación a libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de asociación y libertad religiosa,así como con el adecuado reconocimiento del pluralismo de una sociedad secularizada, es decir, liberada de injustificables tutelas de confesiones religiosas, que quiere vivir en democracia.

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