martes, diciembre 1, 2020
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La servidumbre remunerada

Éxodo 126
– Autor: José A. Pérez Tapias y Laura Ascarza Ces –

Diez claves de la corrupción política

Democracia y corrupción política son incompatibles. La corrupción, tanto más cuanto más se dé en la realidad política de una sociedad, destruye las bases de la democracia: contraviniendo sus reglas básicas, aquéllas además que se fijan en leyes, llega a afectar a su núcleo ético y a la indispensable confianza de la ciudadanía en sus instituciones y en las personas en las que depositó la responsabilidad por la cosa pública. Por ello, se puede afirmar que a más corrupción, menos democracia. También, es cierto, puede decirse en sentido inverso: a más democracia, menos corrupción. Es decir, cuanto más consolidado y mejor estructurado esté un sistema democrático, no sólo con buenas leyes, sino con eficaces mecanismos de control de quienes ejercen algún tipo de poder, con sistema judicial independiente, con medidas adecuadas de transparencia, con una opinión pública vigilante y con una ciudadanía participativa, menos corrupción política habrá en la sociedad.

Pero aun sabiendo que de casos aislados de corrupción una democracia sana puede defenderse, no admite tibieza alguna la exigencia de mantener una estricta vigilancia para que la corrupción no se dé. El corrupto no sólo se daña a sí mismo como cargo público, devaluando su misma condición de ciudadano al fallar en la confianza que sobre él se puso, sino que lleva consigo un potencial de contaminación sobre el cuerpo político que en ningún caso hay que infravalorar –el mismo término “corrupción” da pie para, desde sus connotaciones, tener en cuenta ese peligro en cuanto a la extensión de unas prácticas ilegales que, si no se atajan, pueden llegar a ser grave patología, no sólo del sistema político, sino de la sociedad en su conjunto–. Por tanto, si se quiere democracia, hay que erradicar la corrupción política. Y por lo mismo, para luchar contra la corrupción es indispensable fortalecer todos los mecanismos propios de un Estado democrático de derecho. Va en ello la credibilidad del sistema y el respaldo sin fisuras a la legitimidad de sus instituciones.

Es en aras de ganar esa credibilidad como se retoma una y otra vez el discurso sobre la regeneración de la democracia, de las instituciones. Sí, de ello viene hablándose desde hace más de un siglo. Así lo hizo en España Joaquín Costa, padre del llamado “regeneracionismo”, que ponía en la oligarquía y el caciquismo los males de aquella sociedad que hacía el tránsito desde el siglo XIX al XX. Pero ya entrado el XXI podemos preguntarnos qué ha pasado para que se haya avanzado tan poco en la lucha contra la corrupción. ¿Cuáles son sus causas y por qué no se llega a neutralizarlas del todo? Hay que atender a todos los factores que inciden en esta llamada “lacra social”, desde los económicos hasta los culturales, desde los nacionales hasta los transnacionales. Y al doble frente de los corrompidos y los corruptores. No cabe duda de que las estructuras oligárquicas de los partidos políticos y las redes clientelares que desde ellas se generan han seguido siendo factores propiciadores de prácticas de corrupción, sea incentivándolas, sea encubriéndolas. Eso requiere aún más que su erradicación se acometa sin ingenuidades y con estrategias políticas adecuadas, aplicadas con la inteligencia y la voluntad necesarias.

No debería ser necesario insistir, pero sí conviene hacerlo, en la necesidad de una cultura política bien asentada en la sociedad en la que, desde su núcleo moral, se generen pautas de respeto a la legalidad, de valoración de lo público y de exigencia ética suficientes para que los hábitos sociales fueran no sólo contrarios, sino hostiles a cualquier forma de corrupción. Como eso requiere una conciencia cívica robusta, el medio para conseguirla no es otro que una acción educativa eficazmente orientada en esa dirección. Cabe pensar que no es casualidad que partidos políticos contrarios a la presencia de una educación para la ciudadanía en el sistema educativo sean los que se ven muy afectados por comportamientos corruptos en sus propias filas, los cuales apuntan a que incluso su propia financiación ha estado lejos de los cauces legalmente admitidos.

La corrupción sistémica como (des)orden de dominio y sumisión

La corrupción que pone en peligro la democracia no es ya la de unos pocos individuos aislados, sino la que se presenta como red organizada, la que cuenta con involucrados en diferentes instituciones públicas y en distintos niveles de las administraciones del Estado. Es entonces cuando hablamos de corrupción sistémica, no atribuible a la mera coincidencia de casos de suyo separados, sino debida a redes de corrupción política que han penetrado en instituciones públicas, en partidos políticos, en sindicatos, etc. En tales situaciones se acrecienta no sólo el componente mafioso que tales redes de corrupción llevan consigo, sino la deriva del poder político hacia un puro poder de dominio que pone lo público al servicio de intereses privados. Lo que ello conlleva es que los implicados en las redes de corrupción forman una trama en la que quedan atrapados por las leyes de la complicidad mafiosa –como la misma omertá–, de modo que a la vez que apuntalan el dominio sobre los ciudadanos a través de un poder que usan en beneficio propio, quedan sometidos al dominio en red del que forman parte. Se establece así un sistema de servidumbre que se puede entender de manera análoga a la servidumbre voluntaria de la que hablaba La Boétie para explicar el sometimiento de los pueblos a los tiranos. Ahora, las voluntades compradas generan una tupida red de servidumbre remunerada, la cual bloquea las mismas condiciones de libertad y de igualdad que un sistema político democrático requiere.

Al amparo de la impunidad: humana, demasiado humana, la corrupción política

Lo diremos con la conocida expresión nietzscheana: la corrupción es humana, sólo que demasiado humana, es decir, a ella se llega desde una lábil condición humana, la cual, en tanto que se deja corromper, entra en procesos de deshumanización. Lo “demasiado humano” se vuelve contra lo humano. Y eso es así en lo humano personal y en esa humanización que implica la democracia en Estados de derecho como logro civilizatorio.

Mas siendo algo a lo que da pie la condición humana, para erradicar la corrupción, de efectos socialmente devastadores por la desmoralización que genera, ésa que ya constataba Ortega en la realidad social, no bastan los discursos moralistas, sino que es necesario adoptar medidas legales con fuerte impulso político –medidas moralmente orientadas– para, desde la dinámica de las instituciones, luchar eficazmente contra la corrupción. Se impone diseñar una legislación que no deje resquicio para la impunidad respecto a ninguna forma de corrupción.

Intereses privados contra bienes públicos

Si Mandeville hablaba de vicios privados y virtudes públicas, y de cómo los primeros, contando entre ellos con la ambición individual, podían dar lugar en el conjunto de la realidad social a virtudes públicas –por ejemplo, como pensaron los liberales, a través de la “mano invisible” de un mercado autorregulado–, ahora, en relación a la corrupción se puede hablar de intereses privados que actúan contra los bienes públicos. Nada, por tanto, de mano invisible que ponga orden en el desorden. Éste se acentúa con tanto “meter mano” en la caja de los fondos públicos o, en general, con la patrimonialización a cuenta de particulares de los bienes que son de todos. Esa privatización perversa, llegando al expolio de lo público, es lo que va en la entraña de la corrupción.

La corrupción y sus variantes: el sometimiento a “poderes salvajes”

Siguiendo al jurista italiano Luigi Ferrajoli, podemos ver en el fondo de todos los casos de corrupción política el sometimiento de la política, a través del comportamiento ilegal e inmoral de los individuos, a los poderes económicos. Éstos, reforzados, mediante la corrupción que inducen se asilvestran aún más, puesto que corrompiendo encuentran un poder político pervertido que se pone a su servicio, aumentando así el deterioro de lo público y su pérdida de valor en todos los sentidos. La primacía de los intereses privados se ve realzada por el carácter absoluto y salvaje reivindicado para sí por los grandes poderes empresariales.

La descomposición del cuerpo político: corrupción y necrofilia

La corrupción, si no se ataja con decisión y eficacia políticas, afecta al conjunto del cuerpo político, al que se extiende como metástasis imparable. El Leviatán se vuelve así un monstruo contaminado, lo cual hace que el Estado vea multiplicarse en su seno los componentes de violencia, de arbitrariedad, de injusticia… La corrupción atenta contra la democracia y significa muerte del Estado en tanto que estructura política para una democracia constitucional. Si nos acordamos de la distinción de Fromm entre biofilia y necrofilia, aplicada a la vida social y a las dinámicas políticas, concluiremos que la corrupción es marcadamente necrófila. Con razón, pues, la ciudadanía, asqueada, reacciona contra el hedor que desprende.

La contaminación del cuerpo social: la corrupción normalizada

No sólo el cuerpo político, es toda la realidad social la que se ve afectada por una dinámica de corrupción expansiva, incluso hasta ser muchas veces sistémica. Esa normalización de la corrupción es la que se convierte en socialmente letal: no es posible con ella lo que el filósofo israelí Avishai Margalit entiende como sociedad decente. La corrupción no sólo supone expolio de bienes públicos, aprovechamiento de lo que es de todos en beneficio de uno, sino que comporta una ofensa social que es humillante para el conjunto de la ciudadanía. Lo grave es que cuando “se socializa” la corrupción se pierde la sensibilidad social para reaccionar ante ella; es más, se genera una permisividad que supone una distorsión grave de la eticidad –dicho al modo hegeliano– que debe acompañar a una sociedad bien ordenada, por supuesto, a una sociedad democrática. En tales circunstancias, como dice el escritor paraguayo Esteban Bedoya, vemos cómo a veces se instala en la sociedad el convencimiento de que la corrupción de los poderosos es inevitable y hasta los ciudadanos de “a pie” se suman en lo que pueden pensando que es lo que toca con los nuevos tiempos. En épocas de economía en alza, todo eso lo alienta el síndrome de nuevo rico al que muchos se apuntan -el ensayista Javier Gomá lo subraya con buen tino-, corolario de la otrora denominada “cultura del pelotazo”.

De las campañas electorales a los apaños particulares

Sabido es que la enfermedad mortal de la corrupción política tiene una de sus causas estructurales en la financiación de los partidos políticos. Por ahí empieza en muchos casos, bajo la coartada de una “causa noble”, en aplicación extrema del principio, atribuido a Maquiavelo, de que el fin justifica los medios. Lo que comienza como práctica irregular de cobro de comisiones para financiar costosas campañas electorales acaba en muchos casos como comportamiento en beneficio personal de quien, siendo intermediario, se siente con derecho a llevarse su parte: a la corrupción institucional se añade la personal, agravando cada una a la otra. Así, pues, por lo que se refiere a la financiación de los partidos, vista la experiencia, deberían recibir sólo dinero público, añadiendo esa financiación a la obtenida mediante cuotas de sus militantes. Sólo de esa forma, además, se puede competir en época electoral en igualdad de condiciones. Las donaciones posibilitan entradas de dinero descomunales que encumbran sólo al que más fondos recibe para campañas, pero a la par que lo deja sujeto a los que le han aportado, quedando expuesto, sea personal, sea colectivamente, a las presiones de los intereses de quienes financian –¿pagan favores?–, máxime si son lobbies de envergadura notable. Con tales formas de financiación, que nunca dejarán de ser ventajistas para los partidos y políticos mejor relacionados con poderes económicos, será iluso pretender que la atención se dirija en verdad a debates sobre programas electorales. La reglas del marketing electoral impondrán su tiranía, dando lugar quizá a que se pueda hablar de cierta “corrupción legalizada”.

La corrupción política, generadora de antipolítica

Si la corrupción conlleva deshumanización, desde el punto de vista de la mala práctica individual, vista desde el ámbito político al que afecta, la corrupción política es fuente de antipolítica. Esto es, daña tanto a la política que va liquidando las condiciones mismas que en rigor la hacen posible. La despolitización de la sociedad, en ese sentido, corre a favor de que se baje la guardia con respecto a la corrupción y se descuide la vigilancia necesaria para evitar caer en la antipolítica. No extraña, por tanto, que donde abunda la corrupción se induzca despolitización. Si para ello se controlan los medios de comunicación, el círculo puede cerrarse, al modo berlusconiano, como cordón protector de las miradas indiscretas de una ciudadanía que en cualquier momento podría reaccionar. Precisamente para bloquear esa reacción se potencia la desinformación, en vez de la información veraz sobre los mismos casos de corrupción que se presentan, con lo cual se expande la idea, luego aprovechada demagógicamente, de que en la vida política todos son corruptos. Si es cierto que en ésta hay estructuras y prácticas proclives a que la llamada –con notable imprecisión sociológica– clase política sea vista, por la manera como se dispone de los recursos públicos, como “clase extractiva” que los parasita –lo que explica el éxito cosechado al denominarla casta–, no lo es menos que se convierte en prejuicio injusto el considerar corrupta o potencialmente corrupta a toda persona que se dedique a la política. No obstante, salvada la honorabilidad de muchos políticos que desarrollan honestamente su actividad, lo relevante es que nos hallamos no sólo ante un problema de conductas individuales –un abultado número de ellas ya está sometido en España a procesos judiciales–, sino ante un problema estructural que reclama soluciones políticas y medidas jurídicas, en respuesta eficaz ante un deterioro de la vida pública que se agrava a diario con cada nuevo escándalo de corrupción que los medios de comunicación dan a conocer.

Estados debilitados y corrupción globalizada

Hay muchas formas de corrupción. Y situaciones distintas que propician unas u otras. Así, encontramos formas de corrupción política asociadas a determinados usos enraizados en torno al urbanismo y a abusos del mercado inmobiliario, como en España por desgracia ha sido muy frecuente. O formas que se desarrollan vinculadas al narcotráfico, el cual, convertido en narcopoder, puede acabar no sólo sometiendo a personas con responsabilidades en los poderes públicos, sino poniendo a los suyos al frente de los mismos, como ha llegado a pasar en México. Es muy grave en algunas latitudes la corrupción política asociada a la lucha por los recursos naturales, o al servicio de grandes empresas o terratenientes, como ocurre en determinados países de América donde las plantaciones de soja o el cultivo de transgénicos se potencian de la mano de instituciones carcomidas por la corrupción. También se dan formas asociadas a grandes empresas de energía resultantes de privatizaciones a gran escala de lo que eran propiedades estatales, como sucede en Rusia y otros países de la antigua órbita soviética, llevados a esa “economía canalla” tan bien descrita por la economista Loretta Napoleoni.

Por otro lado, no faltan corrupciones vinculadas al monopolio político de un partido único, como podemos ver en China o en otros lugares con tales condiciones políticas. Y es foco de corrupción todo lo que suponen las prácticas especulativas del mercado financiero, entre otras cosas porque los rendimientos de las prácticas corruptas de altos vuelos van de cabeza a paraísos fiscales. Siendo todo ello en un mundo globalizado, nos da la imagen de una corrupción igualmente globalizada…, la cual es enemiga en guerra abierta contra las pretensiones de democracia en serio, donde quiera que se erijan. La debilidad de los Estados en el nuevo contexto de globalización, donde se hace patente su impotencia frente a los mercados, supone un clima propicio para que proliferen comportamientos corruptos al amparo de unas administraciones y unos poderes públicos venidos a menos.

Contra pactar con el diablo. La ciudadanía exige responsabilidades

La corrupción es práctica criminal, que en el caso de políticos corruptos es de lo más grave, por la traición que supone a la confianza puesta en ellos. Es la impunidad la que ampara la corrupción. Es esa impunidad la que debe desalojarse de los sistemas políticos. y frente a ella leyes rigurosas, exigentes, con sistemas judiciales bien dotados e independientes para aplicarlas y perseguir los comportamientos delictivos de ese tipo. E inspecciones fiscales ágiles e insobornables. Pero delimitadas las responsabilidades penales cuando las hubiera, es importante, frente a la corrupción, hacer hincapié en la necesidad de que en nuestras democracias encuentre su sitio una cultura de la responsabilidad política bien asentada y mejor practicada.

Una cultura de la responsabilidad política, como la presencia de firmes actitudes en la ciudadanía contra la corrupción, supone posicionarse claramente contra el cinismo imperante, el que lleva a aceptar la corrupción sin más como hecho consumado o, peor, a darla por “naturalizada” en el orden social y el sistema económico existentes. Frente a eso, y recogiendo la tesis de Max Weber acerca de que la política implica algún pacto con el diablo, pero que en algún punto hay que poner el límite, afrontar la corrupción política es negarse a ese pacto, poner un límite irrebasable, esa línea roja que advierte además que traspasarla con la más mínima permisividad respecto a la corrupción es disponerse a que el diablo se cobre el pacto con él. La negatividad de la corrupción pesará siempre con creces sobre quienes se doblegan en cualquier forma de servidumbre remunerada. Y los ciudadanos y ciudadanas libres nos negamos a ese sometimiento y recusamos a quienes venden su dignidad y ofenden la de todos al servirse de lo público para su beneficio privado.

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