“La justicia en España es un cachondeo”, dijo el regidor Pedro Pacheco, y la justicia (también por otras causas)… lo condenó. “Nos hemos tragado muchos sapos, pero cocodrilos… ¡no!”, proclamó solemnemente el diputado republicano Gabriel Rufián desde la tribuna del Parlamento… Y el cocodrilo se sienta hoy gloriosamente en el Tribunal Constitucional. Nuestros políticos deberían recordar, a este propósito, que tampoco en política vale cualquier medio para alcanzar un fin, aunque este sea bueno.
¿Es mayor poder el de la justicia que el de la política? ¿Qué está pasando en realidad con la administración de la justicia en España?
La gente de bien, además de la mascarilla por la pandemia, está siendo obligada a ponerse gafas oscuras para no ver lo que, en este campo, tiene ante los ojos; y pinza en la nariz para no respirar la pestilencia que arrastra por décadas interminables el mantra que se repite machaconamente cada mañana en las portadas de los diarios y en las ondas de radio y televisión: Gürtel, Kitchen, Bankia, Scala, Palma Arena, Púnica, Ere, Nóos, Juan Carlos, Bárcenas, Villarejo, Rato, Fabra, Pujol, Millet, etc. Si ya estos actos suponen por sí mismos una traición, desprecio y robo a la ciudadanía… ¿qué se puede pensar de un sistema judicial incapaz de liberar al pueblo de semejante tortura y castigo? ¿Para qué sirve entonces el sistema judicial? ¿No necesitaría de un tiempo de “silencio creativo”, al menos, para ver si llega a descubrir su verdadera función como servicio público?
“La justicia es igual para todos”, afirmó regiamente ante todo el país la entonces primera autoridad del Reino de España en su discurso de Nochebuena del 24 de diciembre de 2011; y esto lo decía cuando el escándalo del caso Nóos, que implicaba a parte de su familia, estaba ya en las portadas de todos los medios. ¡Pero no es verdad lo que dijo el rey! La justicia no está siendo igual para todas y todos. La justicia en este país está siendo selectiva, partidista, dependiente del poder político y económico del sujeto justiciable y de la ideología del juez. Ahí está el denigrante caso del mismo rey, hoy emérito. Cuando afirmó solemnemente que era igual para todos, ya podría ser consciente, mirándose a sí mismo, de que no era verdad. Ahí están, además, las sentencias tan diversas que se están dando sobre el confinamiento, las violencias de género, las manadas, las personas que piden asilo y las migrantes… ¿Y cómo entender esa inmunidad que, contra el sentir ciudadano, se aplica a personas con poder e instituciones cuyo servicio debería ser ejemplo de transparencia y eficacia?
“Si del dicho al hecho, va un trecho”, ¿qué decir de los derechos ciudadanos y su aplicación? Derechos reconocidos pomposamente por la Constitución española son la vivienda o el trabajo, pero no pueden ser reclamados ante la administración de la justicia porque no son fundamentales. ¡Cuánto trecho habrá que recorrer para que el gobierno de turno los haga asequibles! Quizá pudiera haber más suerte con los Derechos Humanos, inspiradores de la propia Constitución. Pero, ¿dónde queda el reconocimiento y respeto a la dignidad de todas las personas (sea cual sea su género, orientación sexual, religión, capacidad y forma de pensar) o el derecho reconocido a migrar para establecerse en otro país? Tampoco se observa su cumplimiento, así como la posibilidad de solicitar asilo tan denegada ante las alambradas vergonzantes en la frontera polaca y bielorrusa. Y, sin irse tan lejos, ¿cómo valorar los muros, cada vez más altos y peligrosos entre España y Marruecos y las devoluciones en caliente de adultos migrantes por el Tarajal? ¡Menos mal que la devolución de menores, por insistencia de las ONGs, ha logrado pararse al implicar a la administración de la justicia española!
Y, ¿quizá se ha topado con la iglesia? ¿Cómo afrontar la posición de rapiña episcopal, manifestada durante décadas y auspiciada por los gobiernos de turno, en el proceso de inmatriculación de bienes histórico-culturales? ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando una comisión independiente, exigida por la propia jerarquía eclesiástica como en otros países, para develar y reparar el daño infringido por el personal de Iglesia en tantos casos de pederastia?
La JUSTICIA con mayúsculas es un ideal y la aplicación de la misma debe también acercarse al mismo. Pero nunca lo será con estos niveles de politización de la justicia y de judicialización de la política. Cada poder un su lugar y, sobre ellos, los DD. HH. ¡Qué lejos queda aquello de poner en el centro de la vida el interés de los más débiles!
No somos pesimistas ni queremos sembrar desazón en nuestros lectores. La trayectoria de Éxodo que, desde su origen, sabe mucho de superación liberadora de tantos faraones e ídolos a la largo del desierto, no nos lo permitiría. Escuchamos el clamor y la aspiración de nuestro pueblo a una justicia digna. Y conocemos también a tantas y tantos profesionales que, en este campo de la justicia, frente a jueces banales y corruptos, han practicado justamente el Derecho y la Justicia (con mayúsculas). A estas personas, con los ojos abiertos y de reconocido prestigio, le hemos pedido ayuda para ver con claridad el embrollo de la articulación de justicia en España hoy y propuestas que la conviertan en servicio al pueblo, como es su función.
