Escrito por
Número 83 (marzo-abril’06)
– Autor: Miguel Ángel de Prada –
PRESENTACIÓN
En la configuración de la España actual existen múltiples elementos de diversidad que reclaman el derecho a la diferencia y a la pluralidad de identidades sociales, culturales, religiosas, de orientación sexual, etc. El país de nacimiento -ser nativo o inmigrante- constituye una de esas diferencias que, sin ser de las más importantes, ha sido objeto en los últimos años de una creciente polémica en paralelo con el aumento del flujo de extranjeros, que suman ya 3,7 millones (8,4% de la población). En el presente artículo nos proponemos ofrecer algunos elementos para comprender cómo se modula esa diferencia en la opinión pública española y en qué medida las actitudes, opiniones y, en general, los discursos hacia los extranjeros favorecen o dificultan la convivencia intercultural como apuesta por otra sociedad.
La formación de la opinión pública en torno a los extranjeros se nutre de varios ingredientes. En primer lugar, la experiencia directa de una relación personal con inmigrantes y, en segundo lugar, las imágenes que se transmiten de ellos a través de los medios de comunicación, en especial la televisión y los periódicos de ámbito estatal. Desde la ideología liberal se aduce que no hay manipulación donde existe libertad de mercado o pluralismo político, ámbitos en los que todos pueden concurrir; sin embargo, tanto la publicidad como los medios masivos de comunicación se ejercen en la práctica a partir de una asimetría fundamental entre unos emisores activos y poderosos, y unos receptores pasivos y atomizados. En nuestro caso, el tema de la inmigración ha sido frecuentemente utilizado por los líderes políticos conservadores como arma electoral (vinculación de la inmigración con las mafias y la delincuencia, insistencia en el “efecto llamada”, etc.), lo que probablemente está en el origen de un incremento de la xenofobia. Asimismo, sucesos como la persecución de inmigrantes en El Ejido (2000), el accidente de ecuatorianos en Lorca (2001) o las dramáticas imágenes del ‘salto de la valla’ en Ceuta y Melilla (2005) han suscitado intensos debates mediáticos y académicos que también influyeron en la opinión pública.
I. GRANDES NOVEDADES
EL CAMBIO DE TENDENCIA
Desde mediados de la década de los ’80, España se inscribió como miembro de pleno derecho de la Unión Europea (entonces Comunidad Económica Europea). Uno de los requisitos para formular su ingreso como miembro pleno fue la promulgación de una legislación que se ocupara de regular la entrada de inmigrantes extranjeros; así nació -en 1985- la primera “ley de extranjería” en nuestro país. Esta norma, y la incipiente estructura administrativa que se fue desarrollando a continuación, ¿respondían a la existencia de procesos migratorios significativos?
La respuesta a esta cuestión podría ser un “sí, pero no”. Sí, porque desde los primeros años ’70 se estaba produciendo la llegada de personas procedentes de Marruecos (muchas de ellas retenidas en las fronteras pirenaicas debido a las restricciones a la inmigración que pusieron en marcha varios países del norte, afectados por la llamada primera crisis del petróleo) y de Portugal (hacia varias provincias norteñas y Madrid); posteriormente se añadieron distintos flujos originados en los exilios de las dictaduras sudamericanas (Chile, Uruguay y Argentina). No, porque por aquellas fechas el conjunto de la población extranjera (incluyendo a residentes regulares, nacionalizados e irregulares) no llegaba al 1% de la población del país. En realidad, la “preocupación por la inmigración” no respondía a las dinámicas sociales existentes en el país, sino a las prioridades de los principales miembros de la UE, antiguos receptores de inmigración, inmersos en la crisis de un modelo de crecimiento que estaba dejando de demandar grandes cantidades de mano de obra para sus industrias. Desde entonces, y por bastantes años, las declaraciones políticas y los enfoques mediáticos en torno a la inmigración se encargaron más de reproducir las cuestiones suscitadas en otros países que de interrogarse acerca de lo que estaba sucediendo en nuestro entorno próximo.
Según las cifras oficiales, en 1985 había algo Según las cifras oficiales, en 1985 había algo menos de 250.000 extranjeros registrados en el país; la mayor parte de ellos (59%) procedía de países de la Comunidad Europea. Diez años más tarde, en 1995, la cifra se había duplicado hasta alcanzar el medio millón de residentes; además del aumento cuantitativo se estaba produciendo un cambio en la composición de esta población: por entonces los europeos comunitarios ya eran menos de la mitad del total (47%). En el ínterin las administraciones públicas, principalmente la de rango estatal, fue desarrollando diversas normas, estructuras administrativas y políticas.
