domingo, agosto 1, 2021
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La democracia en el marco del capitalismo: tensión entre libertad individual y justicia social

Montserrat Galceran

Catedrática emérita de Filosofía y exconcejal por Ahora Madrid

En medio de una pandemia que ha provocado más de un millón de muertos en todo el mundo e incontables contagiados, se impone pensar sobre el papel qué está jugando la política. Mientras que los políticos profesionales andan a la greña echándose en cara unos a otros su mala gestión, la ciudadanía en general soporta las condiciones impuestas por la pandemia con cierta calma, grandes dosis de obediencia, y un notable esfuerzo por aumentar la solidaridad con los más perjudicados, como las redes asistenciales, que se han creado en todos los barrios, y la necesidad de protegerse frente a los contagios.

Nos podemos preguntar si la encarnizada batalla en la política de la representación beneficia la justicia social, y cuál es la relación entre la esfera política institucional y los movimientos sociales. Son preguntas complejas para las que no tengo las respuestas, así que voy a seguir algunos hilos de reflexión.

Primer hilo: ¿por qué la derecha política en nuestro país se muestra tan beligerante en ausencia de grandes movimientos sociales?, ¿el éxito de Trump en USA es suficiente para explicar ese extremismo de derechas?

No sabemos qué ocurrirá en las próximas elecciones estadounidenses, y si Trump conseguirá revalidar su mandato. Pero su ejemplo ha cundido. Bolsonaro en Brasil o el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia han marcado un cambio de signo en los países latinoamericanos. Si el éxito de los gobiernos populares en América latina impulsó en otros, como el nuestro, el surgimiento de nuevas fuerzas políticas como PODEMOS, el cambio de signo ha propiciado un rearme de las fuerzas ultraconservadoras. Su desprecio por la vida humana y su insensibilidad y prepotencia se ha puesto de manifiesto todos los días con verdadero descaro.

Mientras la mayoría de los gobiernos intentan atajar la pandemia, los ultraconservadores como USA (Trump) o Brasil (Bolsonaro) han optado por la no intervención. En España, la Comunidad de Madrid se alinea con ellos en una política reacia a las restricciones que tacha de atentados contra la libertad. ¿Es casual esa desidia?, ¿es solo resultado de incompetencia, soberbia o ignorancia, o bien hay alguna estrategia más amplia por parte de los sectores neoliberales más acérrimos? Aunque sea a modo de hipótesis, diría que hay una estrategia detrás: hacer recaer la responsabilidad en otros. Trump acusa de la pandemia a los chinos; la Comunidad de Madrid al gobierno de la nación, ocupado en este momento por una coalición de izquierdas. Sin duda, es una estrategia cortoplacista, pero que puede cosechar réditos electorales ante una población confusa que no sabe distinguir bien las responsabilidades de unos y otros.

Mientras la mayoría de los gobiernos intentan atajar la pandemia, los ultraconservadores como USA (Trump) o Brasil (Bolsonaro) han optado por la no intervención

En la retroescena, la estrategia de la descalificación permanente se acompaña de un intento por aprovechar el momento para ampliar la política tradicional de privatizaciones. Nadie se atreve en este momento a criticar la sanidad pública y parece haber un consenso generalizado sobre la importancia de potenciarla, pero desde la administración regional no se ponen los medios para ello, permitiendo un deterioro constante; simultáneamente proliferan los anuncios de servicios sanitarios y asistenciales privados. Mientras que los poderes económicos se escoran hacia el Gobierno, en un esfuerzo por hacerse con una parte del maná económico prometido, la derecha política se muestra cada vez más enfurecida por no ser ellos los que dirijan esa distribución. Es como si estuvieran perdiendo una oportunidad de oro.

La democracia formal no garantiza en absoluto revertir esa situación. Es más, incluso la puede empeorar pues dirige el malestar de la población hacia la opción política que está en el gobierno, pero no es capaz ni de poner en marcha potentes movimientos sociales más allá del nivel más básico –las restricciones a la movilidad y el miedo al contagio lo dificultan–, ni de crear opciones políticas alternativas.

Segundo hilo: la limitación de la política a la política institucional y el carácter básicamente legitimador de esta operación

La situación está poniendo al desnudo las limitaciones de la política institucional. Celebramos nuestra democracia representativa, pero las elecciones, antes que otra cosa, operan como un ritual legitimador. No constituyen ni definen el espacio político, simplemente rellenan las sillas con rostros. Las atribuciones de las personas que las ocupan, así como la entera estructura institucional, el reparto de competencias y los límites de la acción institucional preexisten a su acomodo. El espacio está totalmente regulado, no de un modo excesivamente racional ni funcional, puesto que las normas se añaden unas a otras, y en ocasiones son incluso contradictorias, pero en general podemos decir que todo el que llega a una Institución política, sea un municipio, una comunidad autónoma o los organismos estatales, tiene definidas de antemano sus competencias y prerrogativas. Y está rodeado/a de un montón de colegas, igualmente celosos de las suyas. Sin duda, hay brechas y espacios por explorar, pero muchos menos de lo que parecería a primera vista. El sistema capitalista no se deja atacar desde las instancias de la política institucional, más bien constituye su marco de actuación.

Mientras la mayoría de los gobiernos intentan atajar la pandemia, los ultraconservadores como USA (Trump) o Brasil (Bolsonaro) han optado por la no intervención¿Cómo es esto posible si “el pueblo es soberano” y los poderes públicos actúan en su nombre, son sus representantes? Habrá quien diga que “el pueblo no existe”, no es más que un nombre para referirse a una multitud de individuos, con pocos lazos en común e incapaz de una acción política directa. Si necesita representantes no es, como pensaba el viejo Rousseau, porque seamos demasiados para deliberar colectivamente, sino porque carecemos de herramientas para hacer cumplir nuestras eventuales decisiones colectivas. De ahí que los representantes se reserven el derecho de decidir por todxs, amparados en la fuerza de la ley y protegidos por las fuerzas de orden público. El reclamo de la representación anula la acción política por propia iniciativa de los/as representados/as, cuyas posibilidades de intervención se reducen al máximo.

El individualismo competitivo es la antropología necesaria para el Estado autoritario

En consecuencia, la democracia representativa produce ciudadanos pasivos, politizados, pero impotentes, que aceptan la cesión de su soberanía en aras de proteger su seguridad, como Hobbes explicó detalladamente en su Leviatán. Pero Hobbes vivió en el siglo xvii, y sacó sus análisis de la experiencia de la revolución inglesa de la década de los cuarenta. Aparte de que el propio Hobbes defendió el derecho a desobedecer cuando la propia vida está en juego. ¿Cómo es posible que casi cuatro siglos después sigamos siendo rehenes de esta concepción y no consigamos reforzar instituciones políticas de nuevo tipo que escapen al dilema libertad versus seguridad?; ¿tan difícil es pensar en condiciones de libertad con otros, de libertad compartida que asegure proyectos comunes y que no vea en el otro un competidor y a la postre un enemigo, sino un colaborador y en el fondo alguien con quien construir un futuro compartido?

El individualismo competitivoDesde mi punto de vista, la gestión material de la pandemia en los hospitales y en los centros educativos está mostrando una gestión prudente de la necesidad de aislar a los enfermos con la exigencia de cuidarlos. Con la exposición controlada a la enfermedad por parte de los sanitarios/as. Muestra el camino de cómo escapamos al dilema libertad/seguridad con la puesta en acción de dispositivos concretos de intervención que precisan de una mirada entrenada y científicamente competente.

Estas experiencias muestran que el individualismo competitivo es erróneo, y que el Estado no nos protege de él. La necesidad de los poderes públicos se basa en la idea de que, dejados a nosotros mismos nos mataríamos unos a otros, pero no abre camino para la construcción colectiva de esos mismos poderes públicos ni para la construcción de contrapoderes suficientes. El individualismo competitivo es la antropología necesaria para el Estado autoritario; la democracia representativa solo le añade la necesidad de que el poder público sea elegido para poder ser reconocido, y por tanto legítimo. Solo añade una legitimación, lo cual no es poca cosa, ya que mantiene la ilusión de una soberanía que no se ejerce ni en ningún caso se puede ejercer a no ser por persona interpuesta. Todo ello garantiza la obediencia. Mantiene al ciudadano/a en una minoría de edad constante, a la vez ofrece cierta protección frente a las tentaciones más autoritarias de los gobernantes.

Una antropología así ignora deliberadamente que los seres humanos somos capaces, ciertamente, de profundas enemistades y odios, pero también de inimaginables formas de cooperar y compartir. De hecho, casi siempre ambas cosas van de la mano. Incluso las más feroces campañas de odio no las hace alguien individualmente, sino en grupos y colectivos, incluidas asociaciones criminales. Son muy pocas las cosas que se pueden hacer individualmente, sin contar con otrxs. No digamos en política. Por consiguiente, la cesura no está entre individuo y colectivo, sino entre unos colectivos y otros, con intereses enfrentados y en algunos casos antagónicos. La interacción social necesita otro tipo de concepciones, en especial el reconocimiento de que los humanos somos seres vulnerables, interdependientes y necesitados de cuidados que podemos darnos unos a otros.

 Tercer hilo: si la población en general no puede intervenir políticamente de un modo directo, y si las autoridades políticas se mueven en un campo muy estructurado y reglamentado, que les dificulta tomar decisiones de gran calado, ¿dónde y quién toma esas decisiones?

Para clarificar un tanto esa confusión conviene recordar que en un sistema capitalista no hay un lugar único de imputación del poder, y que es un sistema global. El propio Estado debemos entenderlo como un conjunto relativamente unificado de instituciones y fuerzas sociales organizadas en torno a la toma de decisiones que son vinculantes colectivamente [1].

Hay que distinguir entre el poder político y el económico, que no circulan por la misma vía, aunque se retroalimenten, y dan lugar a una situación paradójica: el poder de mandar se sustrae a las instancias políticas representativas y se refugia en espacios fuera de la soberanía nacional y en organismos supranacionales no electos. Un ejemplo claro lo ofrece la Unión europea: un Parlamento elegido que no legisla, y una Comisión europea y un Eurogrupo no electos que toman las decisiones [2]. La soberanía, según nos dicen, recae en el pueblo –se supone que el de cada nación–. Pero las decisiones económico-políticas de gran calado, como las medidas de austeridad, las toman la Comisión y el Eurogrupo; las autoridades políticas nacionales están obligadas a aplicarlas. ¿En qué consiste entonces la soberanía? Solo en elegir quién las aplicará con la idea de que, dependiendo de quienes sean, introducirán algunos matices más o menos cercanos a sus posiciones político-ideológicas, y que un mayor o menor poder de negociación podrá, tal vez, alterar sus efectos.

Las decisiones político-económicas de importancia a nivel global se toman en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Central Europeo, por personas que no son elegidas y que tienen más autoridad que los Ministros, y, en ocasiones, que los presidentes de algunos países, por lo que no están sujetos a la soberanía popular. Más bien tienden a considerar a las poblaciones solo como peones de sus juegos de poder, como trabajadores y consumidores. Basta leer algunos comentarios de estos personajes sobre el lastre que suponen las pensiones, o la tendencia a la vagancia de los desocupados para darse cuenta de ello. Por tanto, es poco probable que desde tales instancias se tomen decisiones político-económicas que favorezcan a las clases subalternas si eso perjudica a los grandes poderes económicos. Más bien al revés, se tenderá a proteger los intereses de estos grupos a costa del bienestar de los demás. Y ya no podemos creer que la riqueza que se genera en el marco del sistema fluya hacia abajo como la lluvia. Los datos muestran que la desigualdad crece en vez de mermar. Y que la tarea fundamental de los poderes públicos se centra en que no se detenga el flujo de trabajo que sostiene la supervivencia social. Lo vemos en la gestión de la pandemia: debe garantizarse que la gente trabaje, aunque sea a costa de su salud y de su vida.

Cuarto hilo: dada la pobreza, la injusticia y el malestar que provoca todo eso, cómo intervenir para introducir mayor respeto hacia las poblaciones y ampliar la justicia social

Una larga tradición de los movimientos anti-sistémicos nos dice que también son capaces de producir organismos con este objetivo. Tenemos el ejemplo de los sindicatos clásicos, por más que actualmente estén muy lejos de sus objetivos iniciales, las plataformas de afectados como la PAH o las redes feministas, por no citar más que algunos más emblemáticos.

La tesis de este artículo es que esos ejemplos muestran el camino: organizaciones autónomas de las poblaciones afectadas que mezclan prácticas de acción directa, como la intervención en los desahucios, con elaboración de diagnósticos y de propuestas políticas, como la ILP sobre desahucios o la recientemente aprobada en Catalunya sobre alquileres. Las redes feministas con sus acciones del 8M, pero todavía más con su trabajo constante en grupos de barrios y ciudades, cuestionando el statu quo e introduciendo temas cruciales como los cuidados, de mucho mayor calado que muchas actuaciones institucionales.

En mi opinión es crucial defender la autonomía de esos movimientos y, a la vez, ampliar al máximo esos contrapoderes. Creo que los políticos y políticas de profesión intuyen su gran potencial, pero los consideran más como competidores en el espacio del poder que como aliados. No puede ser casualidad el empeño por dividir el movimiento feminista por parte de algunos sectores del feminismo institucionalizado y los ataques de que es objeto por parte de la derecha de VOX.

Pero a la vez me parece imprescindible propiciar el encuentro entre los movimientos y aquellos espacios institucionales que se dejen interpelar por ellos, frente a la estrategia clara de la derecha política para desestabilizar la democracia. El municipalismo, con su apuesta por la democracia participativa, va en esa dirección. El camino no es fácil, pues tenemos poca experiencia y una desconfianza labrada a pulso ante los poderes establecidos. Consolidar, organizar y potenciar los movimientos sociales y las sinergias entre ellos, así como ampliar las redes transnacionales, es la tarea más urgente para ser capaces de desbordar la política institucional imponiendo medidas favorables a una mayor justicia social. Y protegiendo con ello la vida de los sectores más vulnerables.

[1] Ver R. Jessop, El futuro del Estado capitalista, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2008.

[2] Yanis Varufakis, exministro griego de Finanzas, ofrece un relato impresionante de esta dinámica en su libro Comportarse como adultos, Barcelona, ed. Deusto, 2017. Ver al respecto mi artículo El precedente griego y las deudas por venir, El Salto, https://www.elsaltodiario.com/opinion/el-precedente-griego-y-las-deudas-por-venir.

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