JAVIER DE LUCAS

Éxodo 94 (may-jun.’08)
– Autor: Miguel Ángel de Prada y Evaristo Villar –

Hoy, en el Colegio español de París; antes, en la cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y siempre implicado socialmente. Es la consecuencia para Javier de Lucas de su forma de entender la filosofía del derecho, lejos de la abstracción a que pudiera remitir tanto la filosofía como el derecho.

Sus múltiples libros, siempre esclarecedores, han tratado temas tan actuales como el ‘Desafío de las fronteras’ o el significado que tiene el ‘Desplazamiento de personas en el mundo’, éste último junto a Samí Nair. En particular, siempre ha estado en primera fila mostrando su compromiso con los derechos de los inmigrantes en España. Conocedores de su trayectoria profesional y de su implicación social le hacemos llegar las preguntas de ÉXODO sobre el tema de la Educar para la ciudadanía en España.

Queremos tratar en este número de Éxodo el tema de Educar para la Ciudadanía. Según tu observación de la España actual, ¿cúal es el diagnóstico que nos puedes ofrecer?, ¿se podría hablar de buenas o malas prácticas?

En los últimos meses se ha desatado un debate intenso pero bastante vacío sobre la propuesta gubernamental de la Educación para la Ciudadanía. Respecto a dicha propuesta aún es pronto para hablar de buenas o malas prácticas educativas. Pero la ausencia de instrumentos específicos me parece una mala práctica y por ello recibo bien la creación de una asignatura

como la Educación para la Ciudadanía Si de lo que se trata es de hablar más en general de educación ciudadana, creo que nadie puede negar la evidencia de malas prácticas, comenzando por la ausencia de sentido de lo que es común y de su valoración. Y ello tiene mucho que ver con la ausencia de un tejido asociativo cívico fuerte como sucede en los tan denostados EEUU pero envidiables a este respecto, o en el Reino Unido, pero incluso en Francia o Italia comparadas con España. A nosotros nos resta aún un largo trayecto por recorrer para alcanzar el nivel de esos países.

A tu juicio, ¿cuáles son los sujetos o agentes que intervienen más decisivamente en la educación? Y ¿qué características tienen en la actualidad?

Podemos referirnos a la tríada clásica de agentes educativos: el profesorado, las familias y el alumnado. Pero, en realidad, creo que ha ido reduciéndose al binomio profesorado y compañeros de clase, porque el papel de los padres en la comunidad educativa me parece cada vez más reducido. Si fijamos la atención en el profesorado, la característica que yo percibo como más generalizada es el hastío, el desconcierto, (baste pensar en el porcentaje de patologías entre los profesores, el sector profesional más castigado) debido en gran medida al descuido endémico en medios materiales y personales, por parte de la administración (de todas) y de la sociedad civil. Es un suicidio social que la tarea más importante que afronta cualquier sociedad, la formación de sus jóvenes, reciba tan poco reconocimiento práctico, más allá de la retórica.

¿De qué ciudadanía se habla cuando se ha entrado en la confrontación entre las instancias educativas en España?

Ya me gustaría saberlo. Me temo que finalmente el proyecto de la educación para la ciudadania ha quedado muy desdibujado al albergar la posibilidad de matizaciones conforme a los idearios de los centros privados, que pueden desnaturalizar por completo el objetivo inicial. Nada más tenemos que observar cómo quienes más hablan de adoctrinamiento como crítica son quienes lo practican de forma más dogmática.

¿Te pediríamos una respuesta breve sobre los puntos siguientes: 1º ¿Qué relación encuentras entre los valores que pretende inculcar el sistema educativo y los que se viven a diario en la realidad socioeconómica?

Escasísima, dicho de forma rotunda. Aunque aún no cabe desesperar, dicho también cum grano salis. En algunos niveles educativos, como el universitario, se abre paso firmemente la tesis de que el sistema educativo es una herramienta al servicio de las demandas de los agentes del mercado y se entiende de esa forma la tesis –sofisma- de que la Universidad debe estar al servicio de la sociedad… Todo se andará, si no lo impedimos. En mi opinión, la ausencia de propuestas claras y específicas de la comunidad educativa en general y del profesorado universitario en particular está dejando el campo libre para la configuración de un modelo de formación acrítica y sometida a las exigencias descaradas de la economía.

2º Y ¿entre los valores inculcados en el ámbito privado y la esfera pública?

Casi ninguna; más bien contradictoria, pues en el ámbito privado reina el individualismo posesivo, el atomismo individualista, la búsqueda de la felicidad cifrada en el éxito mediático…, ¡para qué seguir!. Así es muy difícil que la labor formativa que tiene encomendada el profesorado pueda arraigar en los jóvenes. Y no es que el ámbito privado esté regido por los principios del grupo familiar, que aportaría al menos unas capacidades de identificación colectiva, sino que dicho ámbito se ha visto informado desde dentro por los principios del mercado. Podemos recordar el eslogan de “consume hasta morir”; esto parecería ser la meta de la educación para el mercado.

Pasando a un tema que has tratado en múltiples ocasiones, ¿cómo consideras la diversidad cultural que actualmente impregna nuestra sociedad: un aporte positivo o un reto insalvable para la educación de la nueva ciudadanía?.

La verdad es que me parece sobre todo una condición de la realidad a tener en cuenta en cualquier proyecto educativo o social y desde luego también en uno que pretenda educar en la ciudadanía. Si ciudadanía es participación activa y critica en la construcción y gestión del espacio común, es evidente que el respeto a la diversidad es constitutivo del proyecto. Es un error pensar que la diversidad cultural es un ingrediente de la educación para la ciudadanía en las escuelas con presencia de inmigrantes (identificados como el factor de diversidad también erróneamente). Aunque creo que otro error frecuente es ignorar u olvidar que la diversidad cultural era de antiguo una condición estructural, también en el caso de España, por más que voluntariamente fuera marginada u ocultada.

Aunque afirmas que la diversidad cultural no es resultado en España de la presencia de los inmigrantes, no nos resistimos a pedirte una valoración sobre la denominada ‘Directiva de la vergüenza’ de la U.E respecto al retorno de inmigrantes. ¿Cuál es tu valoración?, ¿por qué se produce en este momento y qué significado puede tener para el respeto de los derechos humanos y para el futuro de Europa?

Me encuentro en la misma posición crítica que han expresado centenares de ONGs y multitud de asociaciones de juristas, como el Consejo General de la Abogacía española, el Consejo Europeo de la Abogacía, Jueces para la Democracia, el Grupo de Estudios de Política Criminal…a las que es difícil acusar de demagogia irresponsable, ignorancia o incompetencia. Las razones de la adopción de la directiva son obvias: la prioridad de la lucha contra la inmigración “ilegal”, obsesión securitaria que, sin discutir su fundamento objetivo, vende bien como problema-obstáculo para obtener adhesión en momentos en que peligra la legitimación social (en contextos de crisis). Es incomprensible que en su decisión del 18 de junio de 2008 haya aprobado una directiva que está en contra de cuanto el Parlamento europeo ha defendido en este punto: sorprende el ataque de amnesia del Parlamento europeo, que ha olvidado que hace apenas 2 años (en 2006) adoptó una resolución en la que criticó que Malta admitiera períodos de detención de irregulares de hasta 18 meses, por desproporcionados y lesivos, y ha olvidado el contundente informe de 300 páginas sobre 135 campos de internamiento europeos para irregulares, elaborado por el Steps Consulting Social por encargo del Propio Parlamento Europeo.

¿En qué puntos se podría resumir la crítica principal a esta directiva del retorno?

Las razones de la crítica son de tres tipos. Primero, la capacidad estigmatizadora sobre los inmigrantes; en particular sobre los indocumentados. Segundo, el riesgo para el Estado de Derecho, pues se adopta una lógica más propia del estado de sitio, como denuncia D. Lochak: por ejemplo, porque supone la posibilidad de dejar en manos de autoridades administrativas decisiones que implican privación de libertad (lo que es una medida penal que sólo debe adoptar un juez), y porque consagra ese tertium genus detestable que son los campos de internamiento. Y además, en tercer lugar, porque pone en riesgo –pese a lo que se asegura- derechos fundamentales, como el de la justiciabilidad: el derecho a tener derechos, en la medida en que no se garantiza (pues solo es “posible”) el derecho a asistencia letrada gratuita. Por no hablar del internamiento de menores, de su posible expulsión a países en los que no cuentan con tutor ni familia identificadas sino simplemente “estructuras de acogida adecuadas”… Por todo esto y otros puntos más, creo que ha sido un acierto la calificación de ésta como ‘Directiva de la Vergüenza’.

La mayor presencia y peso de la mujer en la sociedad, ¿qué está suponiendo y qué puede suponer de cara a la educación para la ciudadanía?

Tener en cuenta el peso real y la presencia de las mujeres en la sociedad se trata simplemente de una exigencia de realismo y de justicia. Esa mayor presencia acercará los modelos educativos a mensajes más acordes con un principio ineludible que debe presidir todo proyecto educativo y más aún el de educación para la ciudadanía: la igualdad. La igualdad como no discriminación y como no dominación, lo que exige a mi juicio acciones de discriminación positiva y de empowerment, en este caso, respecto a las mujeres. Una parte importante de dicha educación debe orientarse pues a romper con el dogma del patriarcado y con sus consecuencias normativas y prácticas tan profundamente instaladas gracias a modelos de educación que son machistas, es decir, prejuicios discriminatorios.

¿Cómo influye en esta educación el carácter público o privado de las instituciones?; ¿cuál debe ser, en tu opinión, la relación entre ambas?

A mi juicio en este punto no debería haber diferencia. La escuela –pública y privada- debe garantizar el aprendizaje (conocimiento) de unos contenidos básicos, que podemos identificar con los derechos humanos, las reglas, valores y procedimientos elementales del Estado de Derecho y de la democracia, etc. Debe, así mismo, transmitir el valor de lo público, de lo que es común, y la responsabilidad que a cada uno nos corresponde de informarse y decidir. Y , por último, debe ayudar al objetivo clásico de la Ilustración: aprender a pensar con la propia cabeza, es decir, formar ciudadanía activa, participativa y crítica.

Según esto, ¿cualquier institución educativa, sea pública o privada que no garantice ese aprendizaje o no transmita el valor de lo público, se puede considerar pre-ilustrada y, sobre todo, pre-democrática?

Es obvio. Pero aún hay más. En España hace falta que los ciudadanos fuéramos capaces de discernir colectivamente en las instancias educativas tales características. Y cuando digo en las instancias educativas, me refiero a todas las instancias educativas; esto es, ninguna podría quedar al margen de esa tarea. En ese momento la responsabilidad educativa de la ciudadanía habría alcanzado el grado de participación y crítica colectivas que se requiere en una sociedad madura.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias educativas que acompañan a la presencia dominante de la religión o de la laicidad en la sociedad civil actual y futura en España?

Sin respeto exquisito al principio de laicidad no es posible la democracia, porque no es posible el pluralismo. El marco común, a mi juicio es el que propone la ley francesa de 1905. La religión, como educación en confesiones religiosas (cualesquiera que sean) y en sus valores, no tiene cabida en la escuela. La solución no es multiplicar la presencia de clérigos y de confesiones en las instituciones (por cierto, si así fuera, habría que incluir a los ateos y a los agnósticos), ni tampoco dar preferencia a unas confesiones sobre otras. Otra cosa es el tratamiento de la historia de las religiones como fenómeno cultural, cuyo conocimiento es imprescindible para entender la historia, el arte, la cultura…Y, por supuesto, laicidad no es neutralidad ignara. La educación no puede ser neutral respecto a la igualdad de los seres humanos, a la tortura, a la pena de muerte, al derecho a la libertad de conciencia o de expresión, a la intimidad, etcétera.

Podríamos retener como titular de esta conversación, que la tarea de la educación para la ciudadanía es precisamente mostrar una apuesta decidida por la igualdad y la libertad sin condicionamientos.

Exactamente. Sin apuesta no hay educación y sin educación no hay futuro. Ese futuro mejor en igualdad para todos es lo que se conseguirá con la formación de una ciudadanía crítica y participativa. La educación para la ciudadanía puede aportar un grano importante en este edificio de lo público; no más pero, tampoco, menos.

Pues, muchas GRACIAS POR tus aportaciones.