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INFORME ANUAL DE AMNISTÍA INTERNACIONAL 2011

Escrito por

Éxodo 109 (jun.jul.) 2011
– Autor: Jaime Benyto –
 
Como todos los años por el mes de mayo, la organización Amnistía Internacional hace público su Informe sobre “El estado de los derechos humanos en el mundo” en un volumen de casi 500 páginas, cuidadosamente editado. Todo él se refiere a datos del año 2010.

En un primer espacio, el Secretario General de la organización, Salil Shetty, hace referencia a las nuevas herramientas de que hoy día disponen los activistas en su lucha por los derechos humanos, tales como internet, las redes sociales y otras semejantes, y cómo los gobiernos represivos se sienten acosados y muchas veces incapaces de sujetar la acción de estos activistas. Recientes casos (como las revueltas en el norte de África) han demostrado tal afirmación.

Siguiendo su acostumbrada estructura, el libro trata seguidamente la situación por regiones del mundo de una manera global, dividiéndolo en las cinco siguientes zonas: África, América, Asia y Oceanía, Europa y Asia Central, y Oriente Medio y Norte de África.

Es clarificador y otorga una visión mundial el estudio que se hace de estas regiones. En cada una de ellas se presentan hechos y datos referidos no solo a temas específicos de derechos humanos, sino a otras situaciones existentes tales como conflictos armados, consecuencias de la pobreza y la desigualdad, represión a la disidencia, seguridad pública, desapariciones forzadas, atención a la salud, carencias en la educación, movimientos migratorios, dignidad de la mujer, violencia sexista, derechos reproductivos, desalojos forzosos, acoso a activistas, persecución por etnia, religión y otros, discriminación de pueblos indígenas, medidas antiterroristas injustas, impunidad en delitos, pena de muerte, tortura, libertad de expresión y otras, abusos de las multinacionales, grupos armados y sus injusticias, etc.

A continuación se entra en el enjuiciamiento de cada país (siguiendo un simple orden alfabético, para facilitar su búsqueda), empezando por Afganistán y terminando por Zimbabue. En la entradilla de cada país se dan unos datos básicos, tales como forma de estado, nombre del jefe de estado o de gobierno, población, esperanza de vida, pena de muerte (vigente o abolida en las leyes), y algún otro.

Es la parte más característica del Informe. Allí se describen y denuncian las violaciones en materia de derechos humanos en cada país, así como los incumplimientos de sus obligaciones en Derecho internacional.

Y nos encontramos a veces con “hechos curiosos”, como el de países cuya limpieza en estas materias parece correcta y el lector descubre hechos cuando menos sorprendentes.

Por poner algún ejemplo, se dice de Suiza: Se modificó la Constitución para permitir la expulsión inmediata de extranjeros culpables de ciertos delitos. Se produjo la muerte de un nigeriano en el aeropuerto de Zurich durante una expulsión masiva. Las personas que iban en el grupo estaban inmovilizadas con esposas de plástico en manos y tobillos y correas para rodillas, cintura y brazos.

O de Suecia, otro país de limpia trayectoria democrática, entre otras cosas: Las autoridades consideraron infundado gran número de solicitudes de asilo. Se devolvió personas a países donde podían sufrir torturas, como Irak y Eritrea, lo que está prohibido por el derecho internacional. Es preocupante la falta de exhaustividad de las investigaciones policiales sobre casos de violencia contra mujeres.

Hasta la Santa Sede es objeto de análisis. Se dice que no cumplió con todas sus obligaciones internacionales relativas a la protección de la infancia. Por ejemplo, el derecho canónico no impone a las autoridades eclesiásticas la obligación de denunciar a las autoridades civiles los delitos sexuales de abuso de menores para que se lleve a cabo una investigación criminal.

En cuanto a España el Informe manifiesta que persistieron las denuncias y malos tratos infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (es decir, policías en sus diferentes ámbitos y otras fuerzas armadas) y las investigaciones pertinentes seguían siendo inadecuadas. El gobierno se negó a abolir la detención en régimen de incomunicación (casos de presunto terrorismo) a pesar de las reiteradas recomendaciones de los organismos internacionales. Aumentaron los casos de violencia contra la mujer. Se cita el caso del juez Baltasar Garzón, suspendido por poner en marcha una investigación de los crímenes de la época franquista. No pretendemos aquí ser exhaustivos, se denuncian otros aspectos de violaciones de los derechos humanos, como el de inmigrantes, racismo y discriminación, derechos de la infancia, etc.

La obra se cierra con unos cuadros donde se indican una selección de tratados internacionales y tratados regionales, señalando si han sido suscritos o no por cada uno de los países.

Un gran número de fotografías de impacto salpican los textos, concediendo atractivo y validez a la lectura.

El volumen se puede adquirir por 23 euros a través de la página web de Amnistía Internacional de España: www.es.amnesty.org en el enlace “Tienda”.

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