Escrito por
Éxodo 146
– Autor: Javier Chinchón Álvarez –
Algunos acontecimientos recientes, probablemente de manera señalada el debate en torno a la exhumación del dictador F. Franco, parecen haber vuelto a poner sobre la mesa lo que parece una discusión intermitente en intensidad, pero endémica en su fondo, en España. Sumariamente podríamos resumirla en la discusión acerca del modo en que nuestra democracia debió –y/o debe– enfrentar algunos de los más graves crímenes de la Guerra Civil y la larga dictadura que padecimos, así como atender a sus víctimas. En todos estos años, mucho se ha dicho y escrito en nuestro país, con lo que dentro de las posibilidades de este breve artículo, propondría un pequeño ejercicio que abriera el enfoque hacia el modo en que algunos observan y valoran esta cuestión desde fuera de nuestras fronteras.
Al respecto, valga comenzar recordando una posición consolidada en el ámbito de las Naciones Unidas desde hace ya camino de quince años, esto es, que existen una amplia variedad de mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de participación internacional, así como abarcar, entre otros, el enjuiciamiento de personas, la reparación, la búsqueda de la verdad, la remoción del cargo, o combinaciones de todos ellos.
Un elemento esencial a tomar en cuenta es que dentro de esa enumeración lo que no se prevé es la posibilidad de que para hacer frente a los “abusos a gran escala” de una dictadura, o conflicto armado pasado, la solución sea no aplicar ninguna o prácticamente ninguna de las actuaciones que se indican. Entre otras cosas porque las mismas Naciones Unidas insisten en algo transcendental: que todo lo expuesto se encuentra íntimamente ligado con conceptos como el respecto y vigencia del estado de Derecho. En otros términos, que a través de las medidas señaladas, entre otras, un paso fundamental que ha de dar un Gobierno que ha logrado la pacificación de un conflicto armado, y más evidentemente un Gobierno democrático, es la reinstauración del estado de Derecho, la afirmación de un sistema respetuoso, también y en concreto, de la legalidad internacional. Y es que por recordar una célebre frase de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de hace ya más de tres decenios: En una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros.
Desde este punto de vista, es común sistematizar lo que acabamos de apuntar en tres grandes categorías, y así se habla de las medidas, mecanismos, o políticas necesarias en materia de Verdad, de Justicia y de Reparación (a lo que habrá que sumar lo que generalmente se conocen como Garantías de no Repetición). De hecho, uno de los más recientes mecanismos en esta materia creados en el seno de las Naciones Unidas es el denominado como Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En el mismo orden de ideas, un documento de referencia de las mismas Naciones Unidas, en lo que nos ocupa, es el conocido como Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. En él se recoge que también en procesos de “restablecimiento de la democracia y/o de la paz o de transición hacia ellas” es imprescindible la adopción de medidas nacionales e internacionales para asegurar conjuntamente el respeto efectivo del derecho a saber que entraña el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a obtener reparación.
Tomemos pues como premisa la necesidad de lo expuesto, la idea básica de que todas esas medidas, derechos, no son algo “prescindible”. Desde aquí podríamos entrar entonces en la discusión acerca de qué, y en qué grado, se ha atendido todo ello en las últimas más de cuatro décadas en España. Como es sabido, dentro de nuestras fronteras hay opiniones casi para todos los gustos, con lo que abramos de nuevo el punto de vista. Para ello, puede ser una buena guía lo que expresa y literalmente reconoció la actual Ministra de Justicia en su comparecencia del pasado 11 de julio: que España es un país que se identifica en foros internacionales como uno de los mayores incumplidores en lo que se refiere al derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición respecto a la víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
Dentro de nuestras actuales posibilidades, una buena síntesis de cuál es el concreto contenido de la censura de esos foros (y órganos) internacionales pudiera ser el siguiente: Por dejarlo en un decálogo, consignemos aquí algunas de las demandas expresas de órganos como el Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias o el ya citado Relator Especial, también de Naciones Unidas. Esto es, que España debió y debe: 1) Investigar todas las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo; 2) No aplicar la Ley de Amnistía de 1977 a responsables de grave violaciones a los derechos humanos; 3) Considerar, de acuerdo con el Derecho internacional, que una desaparición forzada solo termina cuando la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad.; 4) Incorporar la desaparición forzada en el Código Penal como crimen internacional: imprescriptible y castigado con penas apropiadas a su extrema gravedad; 5) Crear una Comisión de expertos independientes para determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado; 6) Reparar a todas las víctimas de esas graves violaciones a los derechos humanos de acuerdo con los estándares internacionales; 7) Modificar el sistema previsto en la conocida como Ley de Memoria Histórica para dejar de delegar la responsabilidad sobre las exhumaciones en las víctimas; 8) Asegurar la colaboración de la justicia española con procedimientos judiciales de otros países, como Argentina; 9) Modificar el significado y sentido del Valle de los Caídos, y en especial atender a las personas que exigen recuperar los restos de sus familiares enterrados allí sin su consentimiento; 10) Realizar esfuerzos en materia de educación en Memoria Histórica y derechos humanos.
Para este conjunto de órganos internacionales es pues un hecho que, aun hoy, seguimos con al menos estas diez carencias, ausencias, déficits, incumplimientos, problemas; úsese la palabra que se prefiera. De tal suerte que adquieren todo su sentido conclusiones más generales pero también más cercanas en el tiempo, como las del ya mencionado Relator Especial de Naciones Unidas. Para quién, en sus propias palabras del pasado 17 de mayo de 2017, España “tiene una obligación de atender los derechos de las víctimas y sus familiares y poner fin al sufrimiento de miles de ellas quienes aún hoy –a veces 80 años después de los hechos, más de 40 años desde el regreso de la democracia– siguen sin saber dónde se encuentran los restos de sus seres queridos”. Resultando pues imprescindible “una política de Estado decidida que no quede presa de las tensiones y divisiones políticas, pero que garantice medidas integradas, coherentes, prontas e imparciales, en favor de la verdad, la memoria y la reparación. Se trata de derechos humanos, no de política partidista. La fortaleza de una democracia se mide, entre otros, por su capacidad de gestionar reclamos válidos de las víctimas, y de garantizar el derecho a la verdad sobre los acontecimientos, por más dolorosos que sean”.
Así las cosas y ante todo ello, simplifiquemos, pueden tomarse dos actitudes: Una viene escuchándose de continuo en distintos ámbitos, y podemos resumirla en algo que se dijo al hacerse público, allá por 2013, el muy importante primer informe del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas tras su visita a España.; en concreto, la réplica de un portavoz del Partido que entonces nos gobernaba fue que en España se había hecho todo bien y el único problema era que “las Naciones Unidas no se enteran de nada”. La otra, aceptar, asumir y seguir trabajando para acabar con lo que nos subrayan como evidente: que nuestro estado de Derecho y nuestra democracia no pueden merecer el mejor de los calificativos mientras, no solo pero especialmente, los derechos de todas esas víctimas, de miles de seres humanos, sigan siendo ignorados.
