jueves, septiembre 23, 2021
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El Sahara Occidental y la vuelta a las armas

El pasado día 14 de noviembre, cuando se cumplían 45 años de la entrega del territorio por España a Marruecos y Mauritania (Acuerdos Tripartitos de Madrid), el Frente POLISARIO declaró el fin del alto el fuego en el Sahara Occidental, que estaba en vigor desde el 6 de septiembre de 1991, y que había puesto fin a 15 años de conflicto bélico. En esa fecha, y pese a la oposición de un sector de sus dirigentes, el movimiento de liberación nacional saharaui había decidido cambiar las armas por las urnas, confiando en que el fin de la Guerra Fría haría posible la promesa de la ONU de organizar un referéndum de autodeterminación. Poco después, el Consejo de Seguridad aprobó un Plan de Paz que preveía la celebración de un referéndum de autodeterminación en un plazo de seis meses, con un censo que tendría como base el confeccionado por España en 1974, que debía actualizarse con pequeños cambios, dado el plazo transcurrido. Por desgracia, el comienzo del proceso de identificación de votantes coincidió con el de la guerra civil que asoló Argelia durante una década, lo que hizo cambiar de estrategia a Hassan II, que, a partir de entonces, obstaculizó el proceso de identificación con el fin de aplazar indefinidamente la celebración del referéndum, hasta que diez años más tarde (2000), cuando la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental) hizo público el censo, anunciar que nunca aceptaría un referéndum de autodeterminación.

La “tercera vía” que abrió entonces Kofi Annan, que preveía la celebración de un referéndum, pero que, a su vez garantizaba la victoria marroquí, al incluir en el censo a los colonos marroquíes (Planes Baker I y II), fracasó por la intransigencia de este Estado, que no quería correr ningún “riesgo inútil”. Desde entonces las negociaciones están en punto muerto. El Consejo de Seguridad exhorta periódicamente a las partes a que negocien una solución “sin condiciones previas y de buena fe”, pretendiendo ignorar que hace ya 30 años que lo hicieron, que el censo ya está elaborado, y que el único obstáculo para su aplicación es el rechazo de Marruecos, y el apoyo incondicional de su cómplice necesario, Francia, que veta que el Consejo de Seguridad imponga la aplicación de dicho plan. Con el paso de los años, la ONU se ha ido convirtiendo en un simple fedatario de la ocupación. La última resolución del Consejo de Seguridades muy elocuente en este sentido: apoya “una solución política realista, viable y duradera”. Es obvio que para este órgano la independencia no lo es, por lo que lo que propone es algo muy grave: dejar a un lado el Derecho internacional para satisfacer los intereses coloniales marroquíes.

Por su parte, la Unión Europea explota ilegalmente los recursos naturales del territorio, violando, tal y como señalara el Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE (2018), el derecho de autodeterminación de los pueblos, la prohibición de reconocer situaciones derivadas del uso de la fuerza, la prohibición de contribuir a la consolidación de la ocupación…

Por lo que respecta a España, que, de acuerdo con el Derecho internacional y con nuestro propio ordenamiento jurídico, sigue siendo la potencia administradora del territorio (lo afirman dos autos de la Audiencia Nacional de 2014), los sucesivos gobiernos de la democracia han ido retirando progresivamente su apoyo al pueblo saharaui, hasta apoyar sin ambages la ocupación y anexión ilegal del territorio. La llegada de Unidas Podemos al gobierno, hasta entonces firme defensora del referéndum de autodeterminación, hizo concebir esperanzas –por desgracia, parece que falsas– de que la posición española cambiara. Es sabido que el gobierno de Marruecos chantajea y extorsiona a España y a Europa con argumentos de peso: el contrabando, el terrorismo internacional, Ceuta y Melilla, y, muy especialmente, la inmigración ilegal. ¿Cómo es posible que, coincidiendo con la declaración del fin del alto el fuego llegaran a Canarias miles de inmigrantes procedentes de una costa controlada hasta su último rincón por la policía marroquí?

Con el paso de los años, la ONU se ha ido convirtiendo en un simple fedatario de la ocupación

Aunque era un secreto a voces, los incidentes recientes en Ceuta han dejado bien claro, una vez más, que no hay crisis migratoria alguna; que nada tiene que ver lo que ocurre frente a las costas españolas con el auténtico drama de la inmigración que “contiene” Turquía, pues se trata de población que huye de la guerra; que detrás de la llegada masiva de inmigrantes a España no hay otra cuestión que la pretensión de que la comunidad internacional reconozca, como hiciera Trump, la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, tal y como expresamente ha reconocido su gobierno; que Mohammed VI maneja a su antojo el grifo de la inmigración ilegal, que abre a discreción cuando quiere presionar a la UE, aunque esta vez seguramente ha ido demasiado lejos. ¿Qué salida le queda al pueblo saharaui? Es admirable que, pese a sufrir diariamente graves violaciones de derechos humanos en su propia tierra, siga defendiendo la vía pacífica. Pero el Frente POLISARIO es un movimiento de liberación nacional a quien el Derecho internacional reconoce el derecho al uso de la fuerza frente a la ocupación y dominación coloniales, por lo que si decide retomar las armas estará en su derecho de hacerlo. No es relevante el hecho concreto que ha supuesto la violación del alto el fuego por Marruecos, puesto que no es más que la gota que ha colmado el vaso. Durante décadas el Frente POLISARIO ha dado muestras infinitas de paciencia, a veces difíciles de entender incluso para su propio pueblo, utilizando todas las vías políticas, diplomáticas y jurídicas imaginables. Lo que le piden la ONU, la UE y España es que se rinda, que acepte integrarse en Marruecos. Y esto no va a ocurrir. El pueblo saharaui es un pueblo pacífico, pero digno y orgulloso. Si se confirma la vuelta definitiva a la guerra, nadie podrá culparle de no haber explotado todas y cada una de las vías posibles para conseguir algo que no se puede negar a ningún pueblo: el derecho a vivir en paz en su propia tierra.

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