sábado, noviembre 28, 2020
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El poder y la ética: ¿es un axímoron la ética del poder?

Éxodo 126
– Autor: Asamblea ciudadana «Sí se puede» –

El proceso constituyente de Podemos llega a su fin el 15 de noviembre, después de dos meses de intenso trabajo a través de la Asamblea Ciudadana ‘Sí se puede’ y sometido a votación de casi doscientas mil personas inscritas. Por un lado se han elaborado, debatido y votado los tres documentos de principios básicos (éticos, políticos y organizativos); por otro, se han elegido las personas representantes en la Secretaría general (1), el Consejo ciudadano (17 de CC.AA y 62 para Áreas de trabajo) y la Comisión de Garantías (5 titulares y 5 suplentes). Informativamente se ha destacado, sobre todo, la diversidad de posiciones iniciales en el ámbito organizativo (si se proponía o no una secretaría general unipersonal o colegiada) pero ha tenido menos repercusión el trabajo realizado en el ámbito de los principios políticos y, menos aún, en el de los principios éticos.

Del borrador propuesto para cada uno de los tres documentos de principios (éticos, políticos y organizativos), se debatieron más de cuatrocientas elaboraciones y se pusieron todos ellos sobre el panel de votación on-line. El documento de principios éticos es el que menos modificaciones ha tenido y, también, es el más breve (en torno a 5 páginas), menos de la mitad que el de principios políticos y menos de la cuarta parte que el organizativo. ¿Quiere esto decir que es el que menos interés ha suscitado o es el que más adhesión ha suscitado desde el principio?.

La preocupación ética o moralizadora de la vida pública y de la política particularmente es una preocupación básica de Podemos y no se para en las fronteras de la política nacional. Ante el Parlamento Europeo se defiende la llamada ‘Directiva Villarejo’ con tres ejes: 1) erradicar la corrupción política; 2) combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales; y 3) poner fin a la vergüenza en las fronteras comunitarias, garantizando el respeto a los DD.HH.

El compromiso ‘ético’ en Podemos afecta sobre todo a los representantes políticos de dicho partido, que firman previamente dejar el puesto si los incumplen, pero también a los propios inscritos (militantes y simpatizantes) que firman defenderlos en todos los aspectos de la vida pública. El texto aprobado con el 80,7% de los votos on-line corresponde a la propuesta de ‘Claro que Podemos’ (grupo promotor de la Asamblea ciudadana ‘Sí se puede’):

Preámbulo

La pertenencia a PODEMOS implica un compromiso ético con los valores centrales de la iniciativa que deberá ser suscrito por todas las personas que quieran participar en ella.

PODEMOS nace como herramienta para la participación ciudadana y la unidad popular. Aspiramos a recuperar la política para ponerla al servicio de las personas. PODEMOS es un método: la democracia. Promovemos la participación democrática directa de todas las personas en los ámbitos de la decisión política, así como en la ejecución de las políticas públicas.

Como persona integrante de PODEMOS me comprometo a:

            I.          Defender la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los ámbitos social, político e institucional de nuestra sociedad, avanzando hacia la resolución pacífica de los conflictos.

            II.         Promover la participación directa e igual de toda la ciudadanía en los espacios de adopción de decisiones y en los ámbitos de ejecución de las políticas públicas.

            III.       Trabajar a favor de la recuperación de la soberanía popular y democrática.

            IV.       Promover la igualdad tanto en la sociedad como dentro de Podemos, luchando contra toda forma de racismo, de xenofobia, de machismo o de exclusión por identidad de género u orientación sexual. Además se deberá promover la participación política de las mujeres en Podemos y comprometerse con incluir en los reglamentos de cada espacio la necesidad de habilitar guarderías en los actos y asambleas de la organización.

            V.         Velar para que la participación en PODEMOS sea siempre libre, voluntaria y abierta a todas las personas que, sin distinción de su estatus civil o social, comparten la defensa de la Declaración Universal de los Dere­chos Humanos y el método democrático de participación ciudadana y directa.

            VI.       Debatir con honestidad todas las opiniones y respetar a todas las personas con independencia de cuáles sean sus pareceres, fomentando el diálogo y la búsqueda de consenso.

            VII.      Exigir y respetar que la elección de candidatos o candidatas a cualquier institución de representación po­lítica (cámaras municipales, diputaciones provinciales, parlamentos autonómicos, congreso de los diputados, senado, parlamento europeo o cualquier otro) se lleve a cabo mediante elecciones primarias abiertas a toda la ciudadanía, con listas abiertas sólo corregibles mediante criterios de género. Rechazar el transfuguismo y velar para que ningún cargo electo pueda formar parte de PODEMOS si previamente no ha sido elegido para desempeñar tal función en un proceso de primarias abiertas y participadas por toda la ciudadanía.

            VIII.     Exigir y respetar que cualquier pacto previo o posterior a las elecciones con cualquier otra formación política sea sometido a la aprobación democrática mediante la consulta abierta a toda la ciudadanía en todos y cada uno de los niveles territoriales de representación.

            IX.        Exigir y respetar que cualquier cargo electo sea un mero representante obligado a vincular sus decisiones al método abierto y democrático de participación a lo largo de todo su mandato.

            X.         Impedir que Podemos en su gestión económica participe de productos bancarios de financiación de insti­tuciones basadas en el lucro. Se excluye expresamente la posibilidad, por tanto, de financiación bancaria en este sentido.

            XI.        Construir PODEMOS como plataforma para garantizar que la política deja de ser un espacio al servicio de intereses privados, para lo cual todos los cargos electos y cargos internos de PODEMOS aceptarán:

            a) La limitación salarial que se establezca con carácter general para cada nivel de representación, asumiendo la total transparencia de sus ingresos por cualquier concepto y la obligación de rendir cuentas públicas y asu­mir la gestión transparente de su patrimonio.

            b) La limitación que se establezca con carácter general sobre el número de funciones públicas que pueda desempeñar una única persona y a recibir un único salario por las mismas, salvo que sumen menos de tres salarios mínimos.

            c) La renuncia a cualquier privilegio jurídico o material derivado de forma directa de la condición de repre­sentante, proveyendo desde la responsabilidad del cargo público evitar el acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial.

            d) El compromiso de transparencia y la rendición de cuentas a lo largo y al final de su actividad como repre­sentante.

            e) El compromiso de inhibirse en la toma de decisiones y de abstenerse de optar a cargos electos con el obje­tivo de representar intereses personales, económicos o políticos ajenos a los que correspondan en cada caso al cargo electo en cuestión. El Régimen de Incompatibilidades que desarrollará el Consejo Ciudadano tendrá por objeto garantizar este punto no sólo en términos éticos sino también normativos y en cualquier caso reco­gerá la restricción del derecho al sufragio pasivo a cargos orgánicos internos a miembros o afiliados de organi­zaciones políticas de ámbito estatal.

            f) Asumir la imposibilidad de ocupar el acceso después de asumir cargos públicos a la empresa privada cuya actividad haya o hubiera tenido conexión de intereses en sus tareas como representante, con prohibición expresa de asumir durante 10 años responsabilidades ejecutivas en empresas conexas con sus responsabilida­des, y nunca como miembros en Consejos de Administración de empresas que actúen en sectores estratégi­cos o de relevancia económica nacional, así como proveer efectivamente no acogerse a ningún beneficio fiscal que pudiera derivarse de la actuación de cargo público.

            g) El compromiso de renuncia al cargo público, interno del partido o a cualquier candidatura a los mismos en caso de ser procesado o condenado por las faltas y delitos que se determinarán en el Reglamento al efecto que habrá de publicar la Comisión de Derechos y Garantías, y que en cualquier caso incluirán siempre los delitos de corrupción, económicos, acoso sexual, violencia de género, pederastia y maltrato infantil, contra los derechos de los trabajadores, ecológicos y urbanísticos.

            h) Evitar la contratación pública con empresas en las que el miembro de Podemos o sus familiares puedan tener algún tipo de interés económico.

            i) Limitación de mandatos asumiendo la limitación de cargos públicos o internos del partido a una duración de ocho años, que pudiera prorrogarse excepcionalmente a un máximo de 12 años.

            j) Impulsar el laicismo, promoviendo un sistema democrático fundado en la libertad de conciencia, sin apoyar ningún culto o religión.

            XII.      Además, todas las personas         titulares de CARGOS DESIGNADOS POR PODEMOS en cualquier órgano de las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS o de cualesquiera de sus ENTES INSTRUMENTALES deberán aceptar:

            a) A desempeñar con lealtad a la ciudadanía, sencillez, moralidad y transparencia los puestos para los que ha­yan sido designados, velando por el buen uso de los bienes públicos y por una gestión de los recursos públicos basada en principios de eficiencia, equidad y eficacia.

            b) A no tener ningún privilegio jurídico o material derivado de forma directa de la condición de representantes proveyendo desde la responsabilidad del cargo público evitar el acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial.

            c) La limitación salarial que se establezca con carácter general para cada nivel de responsabilidad, sin que pue­da superarse en ningún caso el sueldo más alto establecido para el nivel del grupo funcionarial o laboral para el que estén capacitados en función del título exigido para el ingreso (A1, A2, B, C1 y C2) en cada Administra­ción Pública, salvo en lo concerniente a las cotizaciones por desempleo.

            d) A renunciar en las Administraciones y Empresas Públicas a percibir un salario superior a los recogidos en el convenio colectivo o en el régimen retributivo del resto de personas empleadas sin percepción de com­plementos o conceptos retributivos diferentes. No habrá privilegios de ningún tipo, solamente los derechos derivados del Convenio Colectivo que les será íntegramente de aplicación.

            e) A no cobrar sueldos o remuneraciones, cualquiera que sea su denominación, por la pertenencia a los Con­sejos de Administración de ningún Ente u Organismo Público, derivada del ejercicio de sus funciones públicas.

            f) A renunciar a cualquier plan o fondo de pensión que la Administración Pública respectiva pudiese haber contratado al margen de los que tengan derechos los empleados públicos. No habrá más derechos en materia de jubilación con cargo a los fondos públicos que los establecidos en la Seguridad Social, en Clases Pasivas del Estado o aquellos que la Administración Pública tenga contratados para sus empleados públicos.

            g) A no realizar gastos superfluos de los fondos públicos, moderar los costes de transporte y alojamiento ajus­tándose a las dietas e indemnizaciones establecidas para el personal funcionario o laboral. En caso de necesi­tar indemnizaciones por razón de desplazamiento, alojamiento o manutención, no podrán superar las estable­cidas normativamente para el personal funcionario o laboral ni, en el caso de empresas públicas y organismos asimilados, las que cobra el personal de los mismos por Convenio Colectivo. Renunciarán a las dietas de altos cargos de la Administración.

            h) A no percibir ninguna remuneración ni cesantías de ningún tipo una vez finalizada su designación en el cargo. Quienes con anterioridad al cargo fueran titulares de un empleo público serán repuestos con carácter definitivo en el último puesto del que fueran titulares definitivos u otro puesto equivalente en términos de salario, dedicación, área de actividad y localidad, debiendo incorporarse a ellos en los plazos previstos para la toma de posesión en los procesos de provisión de puestos de trabajo. Quienes no fueran titulares de un empleo público cobrarán la prestación que les corresponda.

            i) Las personas titulares de altos cargos renunciarán a la asignación de vehículo oficial de carácter permanente excepto cuando los cuerpos de seguridad del Estado así lo recomienden expresamente por razones de protec­ción personal. En cualquier otro caso, el uso de vehículos oficiales sólo podrá hacerse cuando sea imprescin­dible para el servicio público, en la forma y condiciones similares a las del resto del personal y en ningún caso se utilizarán para desplazarse al domicilio propio o familiar u otros usos no vinculados con lo estrictamente necesario para el ejercicio de las funciones públicas. En lo posible darán ejemplo con el uso de medios de transporte colectivo u otros medios de transporte respetuosos con el medio ambiente.

            j) A no percibir cobro en especie de ningún tipo y en especial a la percepción de ayudas al alquiler cuando estos tengan residencia continuada –bien por alquiler o compra– en la localidad o alrededores donde se en­cuentre la sede en la que ejerzan sus funciones públicas. En el caso de que no tuvieran residencia en la locali­dad del centro de trabajo y tuvieran que percibir ayuda, el montante será justificado y la vivienda será digna y adecuada a las necesidades de su familia.

            k) Respetar el deber de abstención previsto en la legislación vigente.

            l) Los cargos públicos designados por Podemos se comprometen a la democratización del ejercicio de sus funciones, a dar un trato humano y digno a la ciudadanía, especialmente con quienes tengan menos recursos económicos, sociales o culturales y a escuchar a todas las personas que lo soliciten, sin que tal obligación pue­da ser delegada al personal bajo su dependencia.

            m) Las personas titulares de cargos públicos procurarán la participación del personal en el desempeño de su misión, su empoderamiento y la mejora de la organización pública a su cargo, fomentando la asunción de responsabilidades y proporcionando reconocimiento público al personal a su cargo por el buen desarrollo de sus funciones. Se comprometen a evaluar de forma objetiva el desempeño del personal a su cargo, a combatir cualquier forma de discriminación y a perseguir el acoso laboral. Promoverán la mejora del clima laboral, la prevención de riesgos laborales en su ámbito, la mejora de las condiciones de trabajo y el respeto medioam­biental. Promoverán la cultura de mejora de la gestión pública orientada a la ciudadanía, fijarán la misión de la organi­zación a su cargo de acuerdo con los planes y programas previstos y difundirán los valores éticos y democráti­cos para su logro, persiguiendo con firmeza cualquier signo o indicio de fraude o corrupción. Periódicamente se someterán a evaluaciones de gestión y liderazgo.

            n) A crear y facilitar en las áreas de trabajo que tengan bajo su responsabilidad un clima y una cultura adminis­trativa de transparencia, rendición de cuentas y puertas abiertas a la ciudadanía rechazando comportamientos autoritarios y no democráticos.

Suscribo este compromiso en libertad, entendiendo todos y cada uno de los puntos que aquí se seña­lan y asumiendo su defensa como mejor garantía para la construcción de una sociedad más justa en la que todas las personas seamos más libres.

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