lunes, noviembre 30, 2020
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EL GOBIERNO SOCIALISTA,¿REHÉN DE LA IGLESIA CATÓLICA?

Éxodo 93 (marz.-abril.’08)
– Autor: Juan José Tamayo –
 
Me gustaría poder responder negativamente a la pregunta que da título a este artículo, e incluso con un signo de admiración: ¡de ninguna manera! Así debería ser si nos atenemos a la Constitución Española, a la secularización de la sociedad española, al ideario fundacional del PSOE y a su trayectoria más que centenaria, hasta la llegada al poder. Es en ese momento en el que comienza la renuncia gradual a su tradición laica e inicia sus alianzas con la Iglesia católica, sobre todo en la segunda etapa del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Ahora mi respuesta no puede ser más que afirmativa. Efectivamente, el Gobierno, y me atrevería a decir que también el Parlamento, han perdido parte de su autonomía y de su carácter laico. ¿Quién lo iba a decir casi treinta años después de que la Constitución Española declarase que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” (16.3)?

Es verdad que durante la primera etapa de la legislatura se aprobaron leyes como EBBRECHA EN LA la del matrimonio homosexual y del llamado divorcio express, que contaron con el rechazo de la jerarquía católica, pero los legisladores no sucumbieron a las presiones eclesiásticas. Pero pasado el ecuador de la legislatura, la impresión es que el Gobierno se sintió rehén de la Iglesia católica hasta extremos difícilmente comprensibles. Cuanto más se manifestaban y gritaban las huestes episcopales en los espacios públicos –nuevos púlpitos del integrismo católico–, más privilegios recibían del Gobierno y más era escuchada la voz de los obispos que intervenían en la elaboración de las leyes desde fuera del Parlamento. Y todo ello en contra de los principios de laicidad, igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución de 1978, y ante la incomprensión de no pocos de los militantes y electores socialistas. Así lo reconoció el número dos del PSOE, José Blanco, al afirmar que el trato del Gobierno a la Iglesia católica “ha sido exquisito” y que el acuerdo de financiación “ha sido cuestionado por buena parte de la sociedad y por muchos vo- tantes del PSOE y que nada tiene que ver con el trato a la Iglesia católica en la Unión Europea”. Blanco dixit.

El ejemplo más palmario contra la laicidad del Estado y a favor de la nueva alianza entre el trono y el altar ha sido el acuerdo de financiación. Los Presupuestos Generales del Estado para 2007 subieron del 0,52 al 0,70 en la declaración de la renta para la subvención de la Iglesia católica con los votos a favor de fuerzas políticas laicas y de izquierdas como el PSOE y BNG y de nacionalistas como el PNV y Coalición Canaria. El incremento entraba en abierta contradicción con las declaraciones de la vicepresidenta y de otros miembros del Gobierno partidarias de reducir el apoyo económico del Estado a la Iglesia católica y de la autofinanciación de ésta. ¡Con qué facilidad ha logrado la Iglesia católica lo que, tras años de lucha, no han conseguido las Organizaciones No Gubernamentales, que vienen reclamando en vano el 0,7 para proyectos de desarrollo en el Tercer Mundo! A su vez, el incremento contradice el propio Acuerdo Económico entre la Santa Sede y el Gobierno de España de 1979, en el que “la Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos necesarios para la atención de sus necesidades” (art. 2.5). Con la fórmula actual, lejos de ir hacia a la autofinanciación, vamos en dirección contraria. La financiación a la Iglesia incumple el principio de igualdad, reconocido en la Constitución, y es discriminatoria para con las otras confesiones religiosas, a las que los declarantes que lo deseen no pueden destinar el 0,7 % de sus impuestos. Si el Acuerdo de 1979 era preconstitucional e incluso anticonstitucional, el incremento actual lo es doblemente. Además, a través de un intercambio de notas entre el Ministro de Asuntos Exteriores y el Nuncio Apostólico, el acuerdo se elevó a la categoría de estable.

Otro ejemplo de trato favorable a la Iglesia católica es la LOE, que mantiene la oferta obligatoria de la religión católica en todos los colegios, públicos, con- certados y privados, y en todos los niveles de la enseñanza escolar, desde la infantil hasta el bachillerato, considera la asignatura evaluable y mantiene la alternativa a la religión católica. En una muestra más de injerencia clerical y de transgresión de las normas de acceso del profesorado a la docencia, los obispos siguen detentando el privilegio de nombrar y cesar a los profesores de religión, cuando es el Estado quien los contrata y paga, y quien se hace cargo de las indemnizaciones cuando los tribunales fallan a favor de los profesores que van a los tribunales a denunciar despidos que en la mayoría de los casos se declaran nulos o improcedentes. ¡La situación puede ser más esperpéntica!

Una muestra más de la influencia de la Iglesia católica en la elaboración de las leyes ha sido la asignatura de Educación para la Ciudadanía que, según confesión del embajador de España en el Vaticano, Francisco Vázquez, fue negociada con la Santa Sede “para obtener una pax con Roma” (¡Ya sabemos lo que implicaba la pax romana!). Para ello hubo que eliminar del temario de la nueva asignatura los puntos que pudieran entrar en colisión con la doctrina y moral católicas, como el aborto o el matrimonio homosexual. A estas concesiones hay que sumar otra más preocupante todavía: la adaptación de la asignatura al ideario de los centros católicos para evitar el boicot a la asignatura con el que amenazaron los colegios católicos, contrarios desde el principio a la Ley y a que se impartiera la nueva materia por temor a perder el control de la educación moral, que viene detentando la Iglesia católica desde siglos.

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