Escrito por
Éxodo 112 (en.-feb) 2012
– Autor: Ángels Martínez Castells –
Lo que se ha ido creando y lo que se ha ido dejando de lado o excluyendo en la UE
El gran fracaso de la Unión Europea es no haber sabido acompañar y acompasar, a lo largo de los años, la construcción de vínculos políticos con los sociales y económicos con la ciudadanía europea como gran protagonista. Es, de hecho, la disolución de un aliento original mientras se desdibujan los contornos de lo que podía haber sido ejemplo de convivencia y modelo de civilización para otras sociedades.
Vivimos ahora en una Europa sin alma, en una Europa que se hunde en las desigualdades. La Europa que se desfigura en esta crisis pone cada día más al descubierto el desgarro de unos procedimientos democráticos vulnerados (Grecia, Italia) y las hechuras de una inmensa estafa política y social; significa la pérdida de los derechos ciudadanos que representaban una impronta y razón de ser fraguada tras las tensiones de la II Guerra Mundial y la levedad de la voluntad –que en su momento pudo ser realde construir en paz nuevas democracias europeas basadas en las políticas de bienestar y en el pleno empleo keynesiano.
Mientras que antes de los años 90 del pasado siglo la gran disyuntiva de los gobiernos (y, al mismo tiempo, su gallardete ideológico) era la prioridad a la lucha contra el paro (socialdemocracia) o la inflación (conservadores), después del Tratado de Maastricht se impusieron condiciones tecnocráticas sobre límites en el tipo de interés, déficit, deuda, inflación y tipo de cambio (en el periodo de transición), y marcaron un surco cada vez más profundo en el que se hunden, de manera desigual, los 27 países que configuran la Unión Europea y en especial los 17 de la Eurozona.
Los intereses nacionalistas y las fidelidades no sólo históricas sino, sobre todo, económicas entre clases hegemónicas nacionales y extraeuropeas impidieron que la dimensión social y política se mantuviera en primer plano e interviniera, en condiciones de igualdad, en la pauta de la construcción europea. En su ausencia, se consolidó el plano paisaje dominado por una disciplina monetaria y financiera que responde a dogmas demostrada y sobradamente equivocados. Se repetía a gran escala la historia del Tratado de Roma de 1957, que en su preámbulo afirmaba que los países signatarios estaban “determinados a establecer los fundamentos de una unión sin fisuras más estrecha entre los países europeos”: los deseos declarados quedaron en poco más de una unión aduanera. El Tratado de Maastricht fue otro grave tropiezo -y esta vez ya irremediable- en la ambición por construir en una paz perdurable una Europa que mantuviera vivo el espíritu del pacto social con el que se había saldado la II Guerra Mundial.
Por su parte, las fuerzas sociales y del mundo del trabajo –contaminadas en mayor o menor medida por los virus neoliberales y un postmodernismo cuanto menos equívoco– no supieron descubrir y denunciar la gravedad del escamoteo y la pobreza del engaño. Hasta que ya fue dolorosamente tarde, parecían no darse cuenta que no contaban apenas en el proyecto: las grandes empresas y los capitales financieros se apoderaron del proceso de construcción y ganaron hegemonía de manera inexorable. Y así, como mínimo desde los años 90 hasta la fecha, la construcción de la Unión Europea es, para quienes apostaron en su momento por la construcción de una Europa de derechos y ciudadanía, la historia de un pacto traicionado y una subversión democrática. Una historia que no protagoniza -sino que padece- la inmensa mayoría de la población que se aleja cada vez más del proceso europeo y de quienes lo dirigen.
EL TRATADO DE MAASTRICHT
Contrariamente a como se quiere presentar, el Tratado de Maastricht de 1992 no representó ningún avance político. La modificación e integración que supone del Tratado de París de 1951 (o Tratado de las Comunidades Europeas), del Tratado de Roma de 1957 y del Acta única Europea de 1986, añadió el sistema de Cooperación en Asuntos de Interior y Justicia y hubiera podido enorgullecerse de sentar las bases para una Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) si no hubiera demostrado una vez tras otra las debilidades y enfrentamientos de los países miembros de la UE en un tema tan fundamental como la guerra y la paz, y no sólo más allá de las fronteras europeas.
En la operación de maquillaje, también se quiso presentar el Tratado de Maastricht como la consagración de la “Europa de los ciudadanos” al reconocer el derecho de voto en las elecciones municipales a los residentes de la UE, con independencia de su nacionalidad de origen2. Pero lo cierto es que el protagonismo real que la ciudadanía europea debería haber jugado y conquistado, por historia y acervo democrático, está ausente. Y aunque introduce el principio de subsidiariedad -del cual ya ahora nadie habla- el Tratado de Maastricht sólo se justifica por su aportación clave a la unión económica y monetaria, fijando al alza, y con acento germánico, los requisitos para la construcción europea. Lo fundamental, la razón de ser del Tratado, sin hipocresías ni funambulismos, fue el anuncio de creación de la nueva moneda europea y los criterios por los que podrían acceder a la misma los Estados miembro que decidieran formar parte también de la unión monetaria.
Si repasamos las tres fases que se acordaron en Maastricht encontraremos la raíz de los grandes males que asolan una Unión Europea en profunda crisis: en primer lugar, y para 1990 hasta 1993, la liberalización completa de capitales; en segundo lugar, la elaboración y sometimiento de programas que respondieran a los criterios de convergencia económica por parte de cada uno de los Estados (con el gran protagonismo para la reducción de la inflación, y control del déficit y la deuda pública); y en tercer lugar, y resumiendo, a partir de enero de 1999, la creación de la moneda única bajo una única institución rectora de la política monetaria -y al margen de todo control democrático. El Banco Central Europeo fue concebido en el limbo de la responsabilidad política, con el exclusivo propósito de controlar la inflación. Ni el BCE ni los bancos centrales de cada país pueden prestar directamente a los Estados, obligados a acudir a los mercados privados de capitales. Esto significa, en relación a la anterior disyuntiva de la que antes hablaba, que para los países que formaron la eurozona desde el inicio3 y como muy plásticamente describe Rosa María Artal4, la Europa azul del predominio del capital y el control a la inflación ganó definitivamente a la Europa roja (o, por lo menos, socialdemócrata) de las políticas de empleo (y por extensión, de los derechos de la ciudadanía, de los trabajadores y trabajadoras europeos).
A partir de la consagración de los criterios de Maastricht y hasta nuestros días (basta con reseguir los sucesivos acuerdos, declaraciones y tratados) sólo se abordará el paro como resultado de rigideces excesivas en el mercado de trabajo. El mantra se repite hasta la náusea: el desempleo es responsabilidad de los propios trabajadores y trabajadoras que no aceptan los necesarios ajustes, y de los sindicatos que defienden rigideces incompatibles con la confianza y seguridad que deben tener los empresarios para la creación de empleo. Desde los Bancos Centrales de cada Estado (el Banco de España se ha mostrado inasequible al desaliento al respecto) hasta las organizaciones de la patronal (con la CEOE en versión española) hasta el Consejo Económico y Financiero, han venido reiterando, fuera cual fuera la coyuntura económica, su imperativa recomendación de mayor flexibilidad (o pérdida de derechos) tanto en la fijación de los salarios como en las condiciones de contratación (y despido).
DEL PACTO DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO HASTA LA MODIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
Los principios del Tratado de Maastricht se reforzarán y endurecerán con el “pacto de estabilidad”, firmado en Dublín en diciembre de 1996. De hecho, se consideran “imprescindibles” para cualquier política económica “sólida”. Pero dicha solidez no existe. Los principios fundadores de Maastricht abandonan las políticas sociales a los Estados, pero limitan las posibilidades de gasto y endeudamiento de cada país miembro.
Los Economistas Europeos, en su último Euromemorandum5, explicaban que las medidas de restricción fiscal (que tienen en definitiva su origen en el Tratado de Maastricht) han deprimido la demanda en Europa, han colocado la economía en una situación de virtual estancamiento, y agravarán aún más las dificultades de los países con déficit. Insisten en que la crisis no fue causada por el déficit público, y que el gran aumento de la deuda pública es más bien el resultado de las medidas adoptadas para rescatar a los bancos, las políticas expansivas para contrarrestar la crisis, y una fuerte disminución de los ingresos fiscales. Así, a medida que la deuda pública va aumentando, las mismas instituciones financieras que se beneficiaron del rescate se aprovechan de los desequilibrios en la zona del euro, especulando contra los eslabones más débiles. A ello contribuye la prohibición de emisión de Eurobonos o la imposibilidad de recurrir directamente al BCE por parte de los Estados –cuando el BCE presta a la banca privada al 1% los fondos se recolocarán a distintos tipos a cada Estado que emita deuda, según la “prima de riesgo” que interesadamente fijen agencias tipo Moody’s o Standard&Poor’s6. Desde finales de 2009, se ha creado un círculo vicioso en el que los inversores financieros– y las agencias privadas de calificaciónhan interactuado para hacer subir las tasas de interés de la deuda de los países periféricos de la eurozona, hasta lograr que sea prohibitivamente costoso para estos países conseguir nueva financiación.
LA ESTRATEGIA DE LISBOA, O EL CANTO DEL CISNE DE LA SOCIALDEMOCRACIA EUROPEA
Cuando se puso en marcha en marzo del 2000, la Estrategia de Lisboa se presentó como un concepto benigno para promover la renovación económica, social y ecológica de la Unión Europea. Se intentó plasmar en una coyuntura en la que había una mayoría de gobiernos más o menos de centro-izquierda de países de la UE, y en los que la socialdemocracia tenía cierta influencia dominante. Sin renunciar para nada a Maastricht, Lisboa prometía construir una “Nueva Economía” basada en la liberación de los mercados financieros, la innovación financiera e Internet. Con todo ello se pretendía a una “sociedad de la información” y a una “economía basada en el conocimiento”, y se proclamó que la UE iba a convertirse en la región económica más competitiva del mundo7.
Aunque ahora resulte doloroso recordarlo, se preveía una tasa de crecimiento anual del PNB de un 3 %, y conseguir el pleno empleo con más y mejores trabajos y mayor cohesión social, imitando el supuesto milagro USA de finales de los años 1990, pero con la promesa de mantener una “dimensión social” más equilibrada, acorde con la historia europea. Sin embargo, todo el proyecto tenía los pies de barro, y cuando llegó la recesión económica en el 2001, la UE la padeció con mayor rigor que los EE.UU. El Grupo Euromemorandum y otras voces críticas del otro lado del Atlántico caracterizaron esta crisis como el estallido de una burbuja especulativa (la primera de los tiempos más recientes)… y como ha sucedido con la del 2008, tampoco en aquella ocasión el centro-izquierda tenía ningún “plan B”. Y así se intensificaron todas las tonalidades del azul en una Europa en la que los gobiernos de Tony Blair y Gerhard Schröder se alinearon con los de Aznar, Berlusconi, Chirac, Rasmussen, Balkenende y Barroso.
Con esta pléyade en el timón de la UE, la Estrategia de Lisboa dio paso a recortes de impuestos para la riqueza y el patrimonio, menor tributación para las rentas más altas y los beneficios de las empresas, y propició el surgimiento de un mercado dual de trabajo con un amplio segmento caracterizado por bajos salarios, mayor flexibilidad y menor protección. Las políticas “activadoras” del mercado de trabajo sólo significaron recortes en la cuantía y duración de los beneficios sociales mientras se inventaban nuevos mantras al estilo de: “hacer que el trabajo recompense”, lo cual significaba simplemente la pérdida de protección y derechos al tiempo que los salarios perdían peso en la distribución global de la renta. Empezaron ya entonces las rebajas en la edad de jubilación y los recortes en los sistemas sistema de salud y cómputo de pensiones.
En el año 2005, ante el fracaso de los objetivos inicialmente perseguidos, se encargó a un grupo de expertos una revisión de la estrategia a “mitad del camino”. José Manuel Barroso, en calidad de nuevo Presidente de la Comisión Europea, propuso subsanar el error con mayores errores, y así alentó la liberalización financiera y más “reformas estructurales” referidas a bienes y servicios8 y a los mercados laborales mientras una nueva palabra enriquecía el neolenguaje de la UE: la “flexicurity” tomada de Dinamarca y trasplantada sin más a mercados laborales en los que la precariedad causaba serios estragos9 En resumen, la estrategia de Lisboa supuso –aparte de la liberalización del mercado financiero y de los bienes y servicios– más erosión social y laboral, agudizando el problema de la justicia distributiva y dando impulso al trasvase de rentas de abajo hacia arriba.
DE UN INTENTO DE CONSTITUCIÓN EUROPEA FRACASADO, AL FRACASO DEL “TRATADO DE REFORMA” (2009)
La hegemonía azul de la UE gana en osadía y pretende elevar a rango de Constitución Europea los principios rectores de Maastricht. Cuentan con el denuedo de importantes medios de comunicación y la retórica de líderes políticos que “venden” la necesidad de imponer a nivel supranacional la constitucionalización de los principios fundacionales. Sin embargo, la ciudadanía de los únicos países en los que se sometió a votación (Holanda, Francia e Irlanda) la rechazaron.
Siguiendo el Euromemorandum de los Economistas Europeos del año 200710, y tras la decepción de quienes esperaban que tras el “No” francés y holandés al borrador de constitución del 2005 se abriría una consulta amplia y participativa a los pueblos de la Unión Europea, los líderes políticos se inclinaron por una reforma del Tratado sin ningún tipo de consultas. Eliminaron el término “constitución” y otros símbolos, pero el texto que finalmente se aprobó, a espaldas a la ciudadanía, contiene más del 90 % del contenido del texto anterior en el nuevo “Tratado de Reforma”, manteniendo y acrecentando el déficit democrático de la Unión, el carácter neoliberal de las orientaciones de política económica y el refuerzo del componente militar de las políticas de la UE. En definitiva, el “Tratado de Reforma” tiene esencialmente el mismo contenido que el fracasado “Tratado de Constitución”, eliminando del proceso de ratificación todo vestigio de expresión de la voluntad popular.
Cuando en octubre del 2010 el Consejo Europeo (formado por los jefes de Estado y Gobierno de los 27 países que forman la UE) aprobó la reforma, defraudó también las expectativas de la Comisión y el BCE que querían, ya entonces, un mecanismo de sanciones automáticas para los países que incumplieran el Pacto de Estabilidad. Se pedían sanciones para los países que mostrasen una deriva presupuestaria “poco saludable” aunque no hubieran superado los límites de déficit y deuda11. Pero lo que no lograron reflejar en el texto comunitario, lo iban a imponer en las respectivas constituciones de cada país.
CUANDO LOS PRINCIPIOS RECTORES DE MAASTRICHT OCUPAN LAS CONSTITUCIONES: GOBERNANZA, “SEMESTRE EUROPEO” Y EL PACTO DEL EURO
A mediados del pasado año podíamos leer en la prensa que la UE. había iniciado tres nuevas reformas que abarcaban el crecimiento, la gobernanza y, sin duda, la reforma estelar: El Pacto del Euro con el que pretende mejorar la competitividad y “contribuir a un crecimiento más acelerado y sostenible a medio y largo plazo, generar niveles más elevados de ingresos para los ciudadanos y conservar nuestros modelos sociales”. Una retórica que a estas alturas sabemos perfectamente que no es de fiar, a pesar de que la firmaran los 27 jefes de Gobierno de la UE en marzo del 2011.
Cada línea de los cientos de folios de nueva legislación es un alegato en favor de los recortes y la austeridad. Jacques Delors, europeísta por encima de toda sospecha, llegó a calificar al Semestre Europeo como “el documento más reaccionario producido jamás por la Comisión”. Mientras el Pacto del Euro reclama una “regla de gasto” o un “freno al endeudamiento” en la Constitución para evitar que el gasto supere al crecimiento de la economía, también pide a los Gobiernos que no dejen quebrar a las entidades financieras “por el riesgo de colapso del sistema”. En el caso del paquete de gobernanza, la austeridad se aplicará directamente en forma de tijera en el gasto público, con amenazas de multas y sanciones a los países que se encaminen al incumplimiento del Pacto de Estabilidad12 e impondrá la tutela de la deuda pública y un ritmo de reducción de la misma hasta los niveles aceptados.
El Gobierno de España fue pionero en “constitucionalizar” el espíritu del Tratado de Maastricht al llevar al Parlamento, el pasado verano, la modificación de la Constitución Española en el sentido reseñado, aunque ello signifique el recorte de los servicios públicos, en especial de los de salud, en la pendiente de la devaluación democrática. También Susan George13 a pesar de su declarado europeísmo, nos alertaba del control financiero en la gobernanza europea, en tanto que otra mujer notable, Naomi Klein14, asimilaba la reducción del Estado del Bienestar que la constitucionalización de los principios de Maastricht pueden suponer, a una parte importante de la gran rapiña, del gran saqueo. El desastre puede ser de proporciones incalculables ya que quienes nos lo imponen deberían defender, por mandato democrático, los intereses de la ciudadanía.
También en esta ocasión la importancia de la medida rebasa Europa. No ha estado tan alejada ni en concepto ni en el tiempo de la constitucionalización del “tope” al déficit público en los Estados Unidos. No hay que ser demasiado lúcido para entender que dichas limitaciones a la soberanía de los pueblos vienen dictadas por los intereses de los grandes capitales financieros y formuladas por las instituciones que los representan. En el caso de Europa se trata también de la extensión de los dictados de desigualdad y privatización que rigen el “modo USA”. Lo explicaba muy bien Noam Chomsky15 en un artículo de mayor extensión. A nivel interno de cada país han convergido diversos factores que crearon un círculo vicioso de extrema concentración de riqueza, sobre todo en la fracción superior del 1 por ciento de la población como ya nos recordó Joseph Stiglitz en su artículo publicado en Vanity Fair16. En él nos alerta de la concentración del poder político en manos de los poderosos, lo cual provoca una fiscalidad sesgada, desregulación, y muchos elementos más que en algunos casos limitan –no se sabe de qué lado- con la corrupción.
En cambio, para la mayoría de la población los salarios reales se han estancado, y han ganado menos por más horas de trabajo. Las deudas y el desmantelamiento del entramado regulador a partir de la década de los 80 aumentó la precariedad, el paro y el desasosiego, mientras que para los muy ricos se extendía la póliza de seguro llamada “demasiado grandes para quebrar”. Chomsky17 lo escribe con toda claridad: los bancos y las empresas de inversión pueden realizar transacciones de riesgo, con grandes beneficios, y en caso de peligro, acudir al Estado para el rescate con el dinero de los contribuyentes. Y nos alerta: Desde los años de Reagan, cada crisis ha sido más extrema que la anterior para la población en general.
A MANERA DE EPÍLOGO
La crisis política está poniendo al orden del día en Europa propuestas altamente antidemocráticas, con una peligrosa tendencia hacia soluciones autoritarias, con la subordinación de las políticas nacionales ante la conservadora política europea común. En Grecia, Portugal e Irlanda se ha suspendido de modo efectivo el control democrático sobre la política económica, mientras en Hungría se emprende un camino autoritario y demasiado peligroso. Un futuro nada risueño para una Unión Europea que nació –dicen– para preservar la paz y defender la democracia.
Lo que vivimos en España con la reforma de la Constitución demuestra hasta qué punto la crisis ya no es solo económica o financiera, sino política. La concentración de las rentas y la riqueza en pocas manos ha provocado la perversión de la democracia, porque los grandes poderes económicos determinan -aunque pueda significar su propia destrucción- las reglas de la economía. Hace poco afirmaba Robert Reich18 que las desigualdades están arruinando la economía, y no puedo estar más de acuerdo. Ni los EE.UU. ni la UE podrán recuperarse mientras no se impongan las políticas que revierten el grado de desigualdad social, y si ese no es el caso, la narrativa europea sólo puede terminar mal, porque quienes podrían rectificar las políticas persisten -a sabiendas- en el error. A estas alturas ya no vale pensar que se trata sólo de una equivocación de doctrina o de políticas económicas. La saña con que hunden las políticas keynesianas (prohibiéndolas constitucionalmente, tal como ya las expulsaron de la Unión Europea con los últimos Tratados y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y ahora de la Constitución española) no va sólo contra los servicios públicos, que ya de por sí sería muy grave. Va contra la creación de puestos de trabajo y las políticas de empleo, va contra un mínimo de bienestar. A estas alturas, todos los determinantes de salud han encendido sus señales de alerta. Y todo eso significa mayor desigualdad y mayores dificultades para desandar lo andado, hacia una senda de mayor equidad. Y por tanto, todo nos aleja, de una manera que parece irreversible, del retorno hacia sociedades más estables, menos bárbaras, más solidarias y democráticas
1 Este texto está inspirado y sigue en gran medida los principales argumentos de los distintos Euromemorandums anuales realizados por el Grupo de Economistas Europeos por una Política Económica Alternativa.
2 También se aprobó la libre circulación y residencia entre los estados miembros y mayores atribuciones al Parlamento Europeo.
3 Finalmente, el 1 de enero del 2002, en once de los estados miembros las monedas nacionales dieron paso a la nueva moneda europea, mientras se abría una senda de los bajos crecimientos (y aún así, insostenibles), altas tasas de paro y crecientes desigualdades. En la actualidad, son 17 los países que integran la Eurozona.
4 Rosa Maria Artal (2011) “La Energía Liberada”, Aguilar, p. 79.
5 Economistas Europeos por una Política Económica Alternativa en Europa –Grupo EuroMemo–, La integración europea en la encrucijada: Profundizar la democracia para lograr la estabilidad, la solidaridad y la justicia social –EuroMemorandum 2012–.
6 El BCE presta a la banca privada al 1% unos fondos que serán recolocados en bonos o deuda del Estado, según países, del 3%, al 15% en el caso de las economías más vulnerables, como Grecia.
7 Economistas Europeos por una Política Económica Alternativa en Europa (Grupo EuroMemorándum) Europa en Crisis: Crítica del fracaso de la UE en responder a la crisis, Euromemorandum 2009-10.
8 Se trata de la famosa “Directiva de Servicios”, también conocida como Bolkestein (2006), para liberalización de servicios, afectando también servicios públicos fundamentales.
9 Ver al respecto Barbarà, Antoni; Benach, Joan; Martínez-Castells Angels, y Declaración en: http://dempeusperlasalut.wordpress. com/2010/03/07/dossier-de-la-jornada-salut-a-europa.
10 Grupo EuroMemorandum Pleno Empleo con trabajo digno, Servicios Públicos potentes y Cooperación Internacional Alternativas.
11 Establecidos en el 3% y el 60% del PIB, respectivamente.
12 El Pacto de Estabilidad fija el límite para el déficit en el 3% del PIB y de la deuda en el 60% del PIB.
13 http://www.tni.org/es/interview/acabemos-con-el-control-financiero- en-la-gobernanza-europea
14 http://www.thenation.com/article/162809/daylight-robberymeet- nighttime-robbery democráticas a la pobreza y a la precariedad en Europa – EuroMemorandum 2007–.
15 http://www.huffingtonpost.com/noam-chomsky/us-global-power_ b_851992.html
16 http://www.vanityfair.com/society/features/2011/05/top-onepercent- 201105
17 Chomsky. Ibídem.
18 http://robertreich.org/post/9789891366.
