viernes, agosto 19, 2022
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Democracia, oligarquía y praxis instituyente en el mundo neoliberal

Las últimas décadas han constituido, en perspectiva histórica, una etapa vertiginosa. Tras el final de la Guerra Fría hemos vivido la aceleración del proyecto del capitalismo neoliberal y, casi inmediatamente, se ha hecho visible la incapacidad socialmente constructiva del dominio de las élites liberistas.

Vivimos una crisis, pero el propio término se envuelve en las brumas de una polisemia que induce a la confusión. ¿Crisis social y política, crisis del capitalismo, crisis de la civilización? El hecho de que la discusión sobre la sostenibilidad se sitúe en el primer plano, ante las evidencias de que las consecuencias ecológicas y sociales del cambio climático no son una posibilidad lejana en el tiempo sino un riesgo real para las actuales y próximas generaciones, introduce en el debate algunas cuestiones esenciales sobre la perdurabilidad técnica, humana, ecológica y social del actual sistema-mundo. 

El capitalismo es el rey, pero, como en el cuento tradicional, el rey está desnudo. El imaginario aberrante de una expansión económica sin límites pone al planeta entero al servicio de ese crecimiento sin fin y sin finalidad. Los indicadores cuantitativos aumentan incesantemente hasta que se desencadena una crisis económica y financiera tan devastadora como la de 2008, mientras el medio ambiente, la individualidad, la cultura, la sociedad, el propio ser humano, solo son instrumentos, factores subalternos, cuando no una mera mercancía más de ese viaje hacia ninguna parte. 

La época actual se caracteriza también por la desaparición del mito del progreso, entendido como la creencia generalizada en una mejora continuada de las condiciones de existencia material de los individuos y sus familias, de los grupos sociales y de las naciones. La sociedad neoliberal ha hecho desaparecer en apenas una generación el proyecto vital de un trabajo para toda la vida.

La ofensiva ultraliberal desencadenada a partir de los años ochenta del pasado siglo implicó un sistemático proyecto socialmente reaccionario, cuyos efectos prácticos han socavado, en Europa y en el resto del mundo, algunos de los aspectos más importantes de la ciudadanía. El nuevo espíritu del capitalismo ha vinculado su reorganización y expansión con la degradación de la situación social de la mayoría de la población.

El neoliberalismo ha destruido gran parte de la legitimidad del viejo sistema sin aportar una legitimación alternativa. El capitalismo neoliberal aparece como desregulado y desregulador, pero en realidad es un regulador de nuevo tipo, mercantilizador en beneficio de grupos privilegiados. El desmantelamiento parcial del Estado social le ha permitido agravar algunas de las peores tendencias presentes en el sistema mundial. Su más directa consecuencia es un crecimiento atroz de la desigualdad.

La desigualdad social es la enfermedad crónica del siglo XXI. Afecta a todo el sistema, tanto a los países pobres como a las nuevas potencias económicas, e incluso a los países con estructuras más democratizadas y mayor cohesión. Se expresa en la concentración brutal de la riqueza, simbolizada en el hecho de que el 1% más rico de la población mundial acumule más de la mitad de la riqueza global, es decir algo más que el 99% restante de las personas del planeta.

En resumen, el actual neoliberalismo ha desplegado las peores posibilidades del capitalismo sin control: remercantilización de bienes públicos y comunes, mayor desigualdad social, expoliación de los recursos y carencia de valores humanos. En paralelo al aumento de la desigualdad, la concentración del poder económico ha alejado cada vez más al capitalismo de la libre competencia, degradando el mercado propiamente dicho en favor de conglomerados oligopolísticos, sean comerciales, financieros, energéticos o tecnológicos, que utilizan los recursos económicos en su beneficio a costa del resto de la sociedad. 

El peligro inmediato no es únicamente el de crisis económicas tan explosivas como la fase de expansión que las precede, es también la degradación de los modelos políticos democrático-electorales y el auge de proyectos reaccionarios de derecha populista.

Degradación de la ciudadanía social, crisis de las instituciones

El poder político y social no está determinado por ciegas fuerzas anónimas. Los caminos del mundo globalizado están condicionados por oligarquías políticas y económicas profundamente entrelazadas que pugnan por poner las instituciones al servicio de sus planes de regulación desregulatoria y de acumulación por desposesión.

La oligarquización de la política forma parte de las causas fundamentales de la actual crisis profunda de las instituciones democráticas, impotentes ante el agravamiento de los problemas de la sociedad. Unas instituciones cada vez más alejadas de los intereses y necesidades de la gente han acentuado su degradación. Son las condiciones para que aparecieran los liderazgos populistas de derecha, xenófobos, ultranacionalistas, y liberistas extremos. Trump, Bolsonaro o Putin han sido algunos de los rostros de esa evolución a nivel mundial. La oligarquización neoliberal ha fomentado el desarrollo de todas estas fuerzas reaccionarias. 

El deterioro de la ciudadanía social ha facilitado a las élites reforzar su influencia sobre la agenda de los gobiernos. Esa posición reforzada ha sido utilizada, además, para obstruir el desarrollo de las instituciones supranacionales imprescindibles para intentar someter a control el nuevo impulso tecno-económico.

Defender la democracia exige una profundización en todos sus ámbitos: locales, regionales, nacionales y supranacionales

La política institucional de nuestro tiempo fomenta la apatía de los ciudadanos, que adquiere algunos de los aspectos propios de lo que Castoriadis llamó un ascenso de la insignificancia y un conformismo generalizado. El propio Castoriadis situaba históricamente, en uno de sus seminarios, la etapa final del siglo veinte en los siguientes términos: “No asistimos actualmente a una fase de creación histórica, de fuerte institución. En el mejor de los casos, es una fase de repetición, en el peor -y mucho más probablemente- es un período de destrucción histórica, de destitución… Entendemos por destitución el movimiento del imaginario social que se retira de las instituciones y de las significaciones imaginarias sociales existentes, al menos en parte, y las desinviste, las destituye, quitándoles lo esencial de su validez histórica o de su legitimidad, sin por ello proceder a la creación de otras instituciones que tomarían su lugar o de otras significaciones imaginarias sociales” [1]Castoriadis, C., Sujeto y verdad en el mundo histórico-social, Buenos Aires, FCE, 2004, p.16. Conviene tener muy presente ese concepto de destitución como la hipótesis de una posibilidad latente, la incapacidad persistente de superar el actual estado de cosas. 

El peligro es evidente: una reconversión de las actuales instituciones electorales en artilugios de una democracia simulada, donde una oligarquía, cada vez más autoritaria y con la capacidad de controlar los medios de comunicación y de manipular las redes sociales, impidiera la formación de una opinión libre y fomentara la pasividad, el individualismo, el desinterés y la desorganización de la ciudadanía. 

¿Es posible revertir esa situación? 

Contra las oligarquías

Debemos ser conscientes de los rasgos más negativos de nuestras democracias electorales, especialmente de la facilidad con que los grupos oligárquicos consiguen el control y la determinación de las agendas públicas. En esas condiciones la participación ciudadana se limita al mero ejercicio periódico de un voto electoral. 

La necesidad de una transformación de los actuales regímenes occidentales no es una discusión sobre si los procedimientos electorales deben ser más proporcionales o mayoritarios, o sobre las virtudes y vicios del presidencialismo respecto al parlamentarismo. La cuestión decisiva es otra: la necesidad de una nueva relación entre los ciudadanos y las instituciones, así como de evitar que los poderes económicos contaminen y lleguen a dominar las decisiones políticas. 

Ningún procedimiento político es intrínsecamente emancipatorio. Los dispositivos deseables son aquellos capaces de responder a los elementos de degradación y corrupción que, siempre en beneficio de las minorías dominantes, aparecen en todos los sistemas de organización política.

Esta reflexión exige superar la obsoleta distinción entre democracia formal y democracia real. La libertad y la igualdad no se contraponen, frente a lo que sostiene gran parte de la tradición liberal contemporánea y la izquierda autoritaria. Igualdad y libertad se realimentan. En la perspectiva de André Léo, de Albert Camus, de George Orwell o de Cornelius Castoriadis, la libertad y la igualdad son fuentes comunes e indisolubles del proyecto democrático.

La posibilidad de dominación por las élites y las oligarquías es un problema que acompañó siempre al desarrollo de la democracia desde la Antigua Grecia. La compleja arquitectura política que diseñaron los demócratas griegos se debía a que temían la capacidad de las oligarquías de manipular en su favor las instituciones democráticas. Por ello se dotaron de un conjunto de instituciones elegidas por sorteo para evitar las tendencias aristocráticas de las asambleas.

La construcción y la evolución de las democracias liberales no ha sido capaz de establecer un conjunto de dispositivos antioligárquicos suficientemente eficaces. 

El riesgo que en el siglo XXI corren las democracias es muy grande. Cada vez están más sometidas al peso determinante de las oligarquías políticas, sociales y económicas en los lugares donde se toman las decisiones. Debería servirnos de aviso la trágica experiencia de los años treinta con el derrumbe de las democracias continentales europeas, sometidas a la impotencia de sus instituciones y constituciones frente a los fascismos y al giro autoritario de las oligarquías económicas. 

El imaginario democrático solo es activo cuando se desarrolla. Defender la democracia exige una profundización en todos sus ámbitos: locales, regionales, nacionales y supranacionales. Significa avanzar en un sentido que llamo democrático-libertario que, tal y como lo entiendo, supone introducir en la actual democracia electoral contrapesos perdidos de la democracia representativa y, sobre todo, asignar protagonismo a nuevas formas de participación directa y al uso de mecanismos antioligárquicos. 

Me parece que la posibilidad de una radicalización y regeneración democrática pasa por cuatro ejes fundamentales: 

  1. Introducción de dispositivos antioligárquicos. Para ello la antigua democracia griega sigue siendo una fuente de inspiración, no tanto en los mecanismos concretos, aunque el uso del sorteo puede cumplir una función en ciertos procedimientos, como en el objetivo esencial que se plantearon de limitar y restringir el poder de las élites.
  2. Activación de la participación directa de la ciudadanía. Los mecanismos posibles son múltiples, desde la creación de órganos deliberativos preparatorios elegidos por sorteo a formas de democracia directa virtual sobre determinadas decisiones en algunos ámbitos. Significaría una transformación sustantiva al limitar la endogamia de las élites burocráticas, impidiendo adoptar decisiones de gran importancia sin un debate y voto ciudadano. Sobre todo, podría ser un modelo capaz de impulsar una ciudadanía responsable, informada y activa.
  3. Desarrollo de las perspectivas de autogestión social. La vieja cuestión de la democracia industrial y de la autogestión puede resucitar bajo nuevas formas. Ahora que muchas organizaciones pueden ser y entenderse como redes la cuestión de la distribución del poder en su seno debe resurgir. La extensión de los valores de libertad e igualdad al seno de las organizaciones económicas y sociales es una tarea pendiente del proceso de democratización. Nuestra sociedad es un magma de organizaciones (empresas, asociaciones, estructuras conectadas, etc.) y en cada una de ellas se presenta el problema del poder. Reducir la democratización a las macroinstituciones es renunciar a la humanización y mejora de las instituciones donde trabajamos y actuamos.
  4. Reconstrucción del vínculo entre democracia e igualitarismo. La democracia política solo puede ser ejercitada adecuadamente por personas que se encuentran en un estado de ciudadanía. Para ello el ciudadano político debe ser al mismo tiempo un ciudadano social. Personas más libres y menos vulnerables que tienen asegurado no solo el derecho a la educación y a la sanidad, sino también una subsistencia vital y cultural.

La izquierda política ha dejado de ser la referencia de un movimiento por la igualdad social. El igualitarismo ya no encuentra en el eje izquierda/derecha una formulación adecuada. Un movimiento igualitario solo puede construirse en nuestro tiempo a partir del desarrollo de una dimensión antioligárquica, que es su principal expresión política. El eje trasversal debe ser sustituido por un eje perpendicular arriba/abajo.

El proyecto democrático e igualitario en el siglo XXI necesita unos pilares distintos de los que lo sostuvieron en el siglo XIX, cuando la fe en los efectos de la estatalización de la propiedad creció a la vez que el marxismo conseguía su hegemonía en los movimientos obreros. Las experiencias del siglo XX son fundamentales para reconceptualizar lo que se llamó socialismo sobre bases muy diferentes, donde la democratización del conjunto de relaciones sociales, la autogestión social y los dispositivos antioligárquicos se consideren esenciales para avanzar hacia una igualdad social efectiva. Para ello es imprescindible destruir definitivamente todo vínculo con cualquier forma de totalitarismo y autoritarismo.

Movimientos sociales y praxis instituyente

La emergencia de una nueva auotoinstitución solo puede ser el resultado de un movimiento social democrático alimentado tanto desde las fuerzas de la cooperación como de los conflictos permanentes entre los de abajo y los de arriba. 

No hay ninguna inteligencia histórica que asegure un transcrecimiento de las luchas parciales contra la economización del mundo, por los derechos sociales y por las libertades públicas en una creación histórica. La aceptación de la contingencia tiene un efecto liberador frente a los mitos de una necesidad histórica o a la creencia en sujetos predeterminados por leyes sociales o económicas. 

¿De dónde surgen las voces instituyentes que desarrollan las ideas emancipatorias en este tiempo? ¿Es posible desarrollar una praxis que contribuya a evitar que los dioses cambien una vez más de máscaras y sus agentes nos introduzcan en una nueva era de oscuridad, plenamente heterónoma? ¿O nos limitamos a esperar lo impredecible, la aparición de una nueva creación histórica de los de abajo? 

El camino hacia la autonomía no es ni puede ser plenamente institucional ni completamente extrainstitucional. Los grandes movimientos emancipatorios del pasado fueron siempre híbridos y no hay ningún motivo para pensar que no vaya a ser así en el futuro. Desde esa consideración, una política de la autonomía aunque rechace reducir la actividad social a las actuaciones en marcos institucionalizados, tampoco puede identificarse con la mera ilusión movimientista en lo emergente fuera de lo institucionalizado. En todo caso, las acciones que se oponen a la apropiación por una oligarquía de las instituciones, los recursos materiales, la naturaleza, los conocimientos o la comunicación, expresan la base indispensable para una política de lo común. 

Dado que la emergencia de un movimiento social no es predecible, la cuestión es si resulta posible una praxis instituyente, es decir, el desarrollo de políticas, de líneas de acción práctica, alimentadas desde un proyecto de autonomía. Siguiendo las aportaciones de Christian Laval y Pierre Dardot, en su libro Común, lo esencial es planteamos cómo vincular el ejercicio del poder instituyente, que como creación social-histórica es obra colectiva y anónima, con la praxis, es decir la actividad que se dirige a la autonomía: “La política es, por tanto, una actividad que persigue conscientemente objetivos, mientras que la creación de nuevas significaciones escapa a la actividad consciente. La cuestión es entonces saber cómo una praxis colectiva consciente podría, si no hacer ser nuevas significaciones sociales, al menos contribuir a su emergencia[2]Laval, C., y Dardot, P.; Común (Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI), Barcelona, Gedisa, 2015, p. 486..

Estamos hablando de una praxis emancipatoria entendida como praxis instituyente o actividad consciente dirigida a favorecer la emergencia de una nueva institución. La praxis que nos interesa no se puede desarrollar sin un contenido político. Debe concebirse, desde esta perspectiva, alrededor de un objetivo central que no es otro que combatir el actual dominio de las oligarquías.

La política de la autonomía incorpora una crítica de los conceptos tradicionales de estrategia y de programa y de la distinción entre fines y medios. No se puede luchar por la autonomía con métodos heterónomos. Se trata de una política que no consiste en la búsqueda populista de un liderazgo o un lugar privilegiado desde el que teledirigir una revolución o una reforma política o social. 

Una auténtica praxis instituyente solo puede desarrollarse  aprendiendo  de los movimientos sociales

La praxis política de la autonomía supone que haya posibilidades, citando nuevamente a Castoriadis, “de lucha por objetivos que sean realizables, que tengan sentido más o menos inmediato y a la vez puedan proyectarse y articularse con una perspectiva global y mediata[3]Castoriadis, C.; “La crisis actual”, Zona Erógena, nº 29, 1996.. Me parece una definición muy precisa de lo que significa la dinámica de una praxis instituyente. 

Una auténtica praxis instituyente solo puede desarrollarse aprendiendo de los movimientos sociales. Sus experiencias creativas son el único fundamento concreto de una praxis instituyente que solo es concebible como confluencia de diversas perspectivas y de los objetivos de quienes aspiran a una sociedad autónoma. 

En esta perspectiva, una política de la autonomía podría entenderse como compatible con formulaciones propias de un pragmatismo radical, estableciendo y privilegiando los enganches entre las luchas del presente y el tipo de sociedad futura que se desea; lo cual, en cada momento, significa reconocer los esfuerzos sociales que impulsan la lucha por nuevos derechos y nuevas libertades (y la defensa de los existentes) e incorporan la pretensión de la participación más amplia posible de los ciudadanos y ciudadanas. 

Más allá de los acontecimientos históricos imprevisibles, indeterminados e indeterminables, se encuentra lo que cada uno de nosotros podemos hacer, las prácticas cotidianas de transformación social, que se presentan bajo múltiples formas e iniciativas, desarrollando prácticas y generando nuevas imágenes y lenguajes desde cualquier rincón de cualquier lugar, en un sentido cooperativo, libertario e igualitario.

La crisis civilizatoria llama a las puertas. Nadie nos salvará. No hay salvadores. Solo desde una sociedad autoorganizada se podrá afrontar el reto. Detener el curso suicida de la dinámica capitalista solo será posible con nuevos valores y formas de vida. No se trata de teñir un poco de verde la máquina económica que está destruyendo el planeta. Del mismo modo, la creciente desigualdad social no se detendrá sin una reacción enérgica democrática desde la propia sociedad. No será una élite de expertos, sino el esfuerzo de muchos lo que puede permitir emprender un nuevo camino. 

Notas

Notas
1 Castoriadis, C., Sujeto y verdad en el mundo histórico-social, Buenos Aires, FCE, 2004, p.16
2 Laval, C., y Dardot, P.; Común (Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI), Barcelona, Gedisa, 2015, p. 486.
3 Castoriadis, C.; “La crisis actual”, Zona Erógena, nº 29, 1996.

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