Las organizaciones indígenas y campesinas, exigen que el Estado de Guatemala garantice la protección de la vida, ecosistemas, territorio, ríos y de las comunidades. Deben cesar las amenazas e intimidaciones que continuamente están recibiendo organizaciones de Derechos Humanos y sectores que luchan contra la impunidad así como la oleada de detenciones arbitrarias que están empezando a sufrir. Así mismo, debe exigir respeto a la constitución y la soberanía de Guatemala por parte de países de donde provienen las multinacionales. Para ello es necesario:
– Derogar las leyes inconstitucionales que violan la soberanía de Guatemala porque promueven la invasión del territorio, el saqueo de los municipios y los derechos de los pueblos. Las principales son la Ley de energía eléctrica, Ley de minería, la Ley de comunicaciones (mediante la cual las empresas pueden instalar torres sin pedir permiso y violando los derechos de los municipios y campesinos), la Ley de “túmulos” (que considera delito la toma de carreteras o las manifestaciones públicas).
– Cancelar las operaciones de las empresas nacionales o transnacionales en Alta Verapaz, y los demás departamentos especialmente las vinculadas a las actividades extractivas, distribuidoras, hidroeléctricas y agroindustriales.
– Acompañar de organizaciones en defensa de la madre tierra, que puedan visitar las comunidades para que puedan presenciar lo que esta sucediendo por culpa de las diferentes multinacionales.
– Garantizar el pleno respeto de las decisiones comunitarias en defensa del territorio y la vida y en consecuencia retirar de los territorios las empresas que no tuvieron el acuerdo de las comunidades
