Crisis global del agua en el «planeta agua»

Éxodo 120
– Autor: Pedro Arroyo Agudo –

Hoy, sobre este Planeta Azul, el Planeta Agua, se estima que unos 1.000 millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable, lo que motiva, según NNUU, unas 10.000 muertes diarias, en su mayoría de niños y niñas de menos de 5 años. Pero tales estimaciones tan sólo consideran las muertes por diarrea, es decir por contaminación biológica, marginando la contaminación por metales pesados y otros tóxicos letales, por vertidos industriales, mineros e incluso agrarios, que envenenan poco a poco a millones de personas en el mundo.

Aunque la diversidad climática de este hermoso planeta comporta la existencia de territorios semiáridos, áridos e incluso desérticos, desde tiempos ancestrales, todos los pueblos se han asentado cerca de ríos, lagos, fuentes o allá donde las aguas subterráneas son accesibles a través de pozos. Por ello, aunque se habla de escasez de agua, casi nadie muere propiamente de sed. En realidad, afrontamos una Crisis Global del Agua, paradójicamente en el Planeta Agua, generada por la convergencia de tres grandes fallas críticas:

Crisis de insostenibilidad de los ecosistemas acuáticos

Crisis de inequidad y pobreza

Crisis de gobernanza en los servicios de agua y saneamiento

La crisis de insostenibilidad en ríos, lagos, humedales y acuíferos ha transformado el agua, elemento clave para la vida, en un vector devastador de enfermedad y muerte. Donde antes se podía beber, hoy millones de personas se envenenan y enferman, al tiempo que desaparece la pesca, la proteína de los pobres, agravando la crisis de hambre entre los más vulnerables.

A la convergencia de esas dos fallas críticas, de insostenibilidad y de pobreza, se une hoy la crisis de gobernanza en la gestión de los servicios de agua y saneamiento provocada, tanto por la corrupción, como por la privatización impuesta por la visión neoliberal.

En este contexto crítico, sin duda, es necesario promover cambios político-institucionales y mejoras tecnológicas; pero más allá de ello, se necesita un profundo cambio en el orden de valores, es decir, una “Nueva Cultura del Agua” basada en nuevos principios éticos.

Afortunadamente, frente a esta Crisis Global del Agua, crecen movimientos sociales de rebeldía que van conformando las bases de esa Nueva Cultura del Agua en diversos frentes:

Derecho Humano al Agua y lucha contra la privatización.

Defensa de la vida frente a la contaminación tóxica industrial y minera.

Degradación de ecosistemas, hambre y quiebra de la soberanía alimentaria.

Desplazamientos masivos de población por grandes presas.

Catástrofes y vulnerabilidad de los más pobres.

Agua, violencia y conflictos bélicos.

Derecho Humano al agua y lucha contra la privatización

El acceso universal a los servicios básicos de agua y saneamiento ha sido una exigencia social y un imperativo moral asumidos tradicionalmente por los poderes públicos, con un grado u otro de eficacia. Sin embargo, en las últimas décadas, el modelo neoliberal de globalización imperante ha llevado al Banco Mundial y demás instituciones económico-financieras (Fondo Monetario Internacional, bancos regionales de desarrollo, agencias de cooperación …) a promover políticas de desregulación y privatización, que transforman estos servicios públicos en simples negocios. En este contexto, los derechos humanos y ciudadanos en juego dejan de ser de acceso universal y los ciudadanos pasan a ser simples clientes, agravando la vulnerabilidad de los más pobres.

La Guerra del Agua en Cochabamba y en El Alto, levantaron en Bolivia la rebelión de los pobres ante estas políticas de privatización. En Cochabamba, en el 2000, la compañía Aguas del Tunari, subsidiaria de las transnacionales Bechtel, Edison y la española Abengoa, tras apropiar todos los sistemas de aguas e incluso las fuentes de riego, elevó las tarifas en un 200%. Tras 90 días de huelga general con la ciudad bloqueada y un estado de sitio que provocó dos muertos y numerosos heridos, el Gobierno rescindió el contrato de privatización.

Esta rebelión de los pobres acabó conformando un poderoso movimiento internacional por el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. El Referéndum de Uruguay, que incorporó dicho Derecho a la Constitución, dejando fuera de la ley la posibilidad de privatizar este tipo de servicios, abrió un camino que han seguido otros países, como Venezuela, Ecuador o Argentina. Recientemente, en Italia, los movimientos sociales consiguieron llevar a más de 26 millones de italianos (60% del censo) a las urnas, ganando con más del 90% de los votos el Referéndum que obliga hoy al Gobierno Italiano a elaborar una nueva legislación que asegure la gestión de estos servicios básicos sin opción de lucro, fuera del espacio del mercado. Siguiendo su ejemplo, y con objetivos similares, la Confederación Europea de Sindicatos ha lanzado la primera Iniciativa Ciudadana Europea (http://www.right2water.eu/es), que ya ha recogido casi 2 millones de firmas en 9 países de la UE. En 2010, a propuesta del Gobierno de Bolivia, el pleno de NNUU, sin votos en contra, reconoció el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano.

Al calor de estos éxitos, muchas ciudades del mundo, como Durban (Sudáfrica), Bogotá (Colombia), Sevilla (España), Paris (Francia), entre otras, vienen promoviendo nuevos modelos de gestión pública participativa bajo control social, que consagran de forma efectiva el acceso universal a estos servicios públicos, como un derecho humano. Nuevos enfoques que se confrontan, tanto a los modelos de gestión pública tradicionales, a menudo opacos e ineficientes, como a la “modernidad” privatizadora de corte neoliberal.

Defensa de la vida frente a la contaminación tóxica industrial y minera

Más allá de la privatización de los servicios de agua y saneamiento, se vienen produciendo otras formas de privatización de ríos y territorios, en nombre del progreso. La minería a cielo abierto, por ejemplo, más allá de asolar millones de hectáreas, desplazando a las poblaciones campesinas e indígenas que allí habitan, impone la apropiación de los recursos hídricos por las mineras, así como la destrucción de acuíferos, lagos, humedales y ríos, para finalmente dejar relaves mineros tóxicos que contaminan por tiempo ilimitado las cabeceras fluviales afectadas. Esta contaminación por cianuros y metales pesados, a menudo en cabeceras fluviales, quebrantan la salud, no sólo de las comunidades del entorno, sino de cientos de miles e incluso millones de personas que viven aguas abajo. La complicidad irresponsable de los Gobiernos, a menudo corruptos, permite generar impactos inconcebibles en los países de origen de las multinacionales responsables.

Las recientes huelgas generales contra la minería a cielo abierto en Cajamarca (Perú) constituyen hoy una referencia internacional en este frente. Allí, desde hace 20 años, la empresa Yanacocha, filial de la canadiense Newmont, explota yacimientos que tienen apenas 1,5 gramos de oro por tonelada, lo que exige extender en inmensas canchas de lixiviado los materiales dinamitados para regarlos con cianuro a fin de separar el oro. Más allá de destruir valles, montañas, lagunas, acuíferos y humedales, los residuos tóxicos se almacenan en enormes presas tóxicas que acaban, tarde o temprano, contaminando esas cabeceras fluviales. El intento de abrir un nuevo frente minero en Conga, que habría devastado otras 25.000 hectáreas, haciendo desaparecer cuatro grandes lagos e importantes humedales de altura, ha sido bloqueado, tras varias huelgas generales duramente reprimidas, con seis muertos, decenas de heridos y cientos de detenciones.

En muchos países, la permisividad legal, la corrupción y/o la laxitud en el cumplimiento de la ley, permite el vertido directo a los ríos de residuos tóxicos industriales. Un ejemplo lo tenemos en el río Santiago que, a pesar de ser uno de los principales de Méjico, es un río muerto. La creación del corredor industrial El Salto-Ocotlán supuso, de hecho, privatizar el río, para usarlo como vertedero por parte de unas 1500 industrias, que se ahorran costes y aumentan sus beneficios. Los análisis de aguas confirman fuertes cargas de níquel, arsénico, mercurio, cromo y plomo. Recientemente, Greenpeace sacó a la luz informes oficiales que confirman esta toxicidad por la que enferman y mueren decenas de miles de personas en torno a la moderna ciudad de Guadalajara. Afortunadamente, en los últimos años, los pueblos ribereños, liderados por las mujeres, se levantan exigiendo la declaración de zona de emergencia ambiental y la obligación rigurosa de depurar los vertidos industriales.

Degradación de ecosistemas, hambre y quiebra de la soberanía alimentaria

Al asentarse en torno a ríos, lagos y humedales, las comunidades humanas, no sólo se han garantizado aguas de calidad, sino también alimentos para vivir dignamente. Sin embargo, en pocas décadas, en nombre del “progreso”, hemos quebrado la salud y la sostenibilidad del ciclo hídrico, provocando que el medio acuático continental lidere el ranking de hábitats con mayor proporción de especies extinguidas o en peligro de extinción. Con ello, no sólo hemos degradado patrimonios naturales de alto valor, sino que agravamos dos de los grandes problemas de la humanidad en el siglo XXI: el del acceso al agua potable y el del hambre, al quebrar la soberanía alimentaria de las comunidades empobrecidas.

La mayor parte de las proteínas en la dieta de muchos pueblos proceden de la pesca. La ruptura del hábitat fluvial por grandes presas y la destrucción de humedales, junto a la contaminación y detracción abusiva de caudales, han arruinado las pesquerías continentales.

Casos como los del Mar de Aral, el Lago Chad o el Mekong, son ejemplos alarmantes. El Mar de Aral, el cuarto mayor lago del mundo, se ha reducido en un 90% por el desvío de caudales de los ríos Amu Daria y el Syr Daria para regar millones de hectáreas de algodón para la exportación. Las ciudades costeras, que vivían del comercio, de las 50.000 toneladas de capturas y de los 60.000 puestos de trabajo derivados de la pesca, ven hoy sus barcos varados en mitad de un desierto de sal, a cientos de kilómetros de la nueva costa. En torno al lago Chad, unos de los mayores de África, crece el hambre al desaparecer la pesca, en la medida que lo hace el lago, que ha pasado de 26.000 km? a 900 km?, por cambio climático y derivación de caudales para grandes regadíos. En la Cuenca del Mekong, 60 millones de personas dependen del río en su dieta proteica (pesca) y de arroz. Las construcción de decenas de grandes presas para abastecer de electricidad el desarrollo de Tailandia amenazan hoy esta fuente vital de alimentos.

La degradación y el colapso de caudales fluviales ha llevado, por otro lado, a graves impactos sobre las pesquerías marinas, privadas de los aportes fluviales de nutrientes continentales que fertilizan la vida en las plataformas litorales, especialmente en mares cerrados o cuasi-cerrados, pobres en plancton, como el Mediterráneo. Un ejemplo al respecto lo tenemos en el Nilo, donde el cierre de la presa de Asuán produjo en su momento una reducción de capturas de sardina y boquerón del 90% en todo el Mediterráneo Oriental.

La urgente necesidad de proteger humedales y manglares en el mundo responde a las terribles consecuencias que su degradación está teniendo sobre la pesca y sobre su capacidad natural para regular y depurar caudales. Reforzar la llamada “resiliencia” del ciclo natural, es decir las capacidades inerciales que aportan estos ecosistemas, frente a la creciente variabilidad climática, es una de las claves de cualquier estrategia sensata para gestionar los riesgos de sequía e inundación derivados del cambio climático en curso.

Desplazamientos masivos de población por grandes presas

Mucho se ha hablado de los beneficios que las grandes presas reportan a la sociedad: desarrollo económico, productividad agraria, energía hidroeléctrica…. Sin embargo, poco se habla del precio que han pagado y pagan los pueblos afectados por estas grandes obras.

 Aunque a lo largo del siglo XX, las grandes presas se han considerado, de forma general, de “interés público”, en general, ni siquiera se ha contado con estudios económicos previos que avalen su rentabilidad. Hoy, la evidencia de balances coste-beneficio negativos, en la mayoría de los casos, lleva a considerar estas tecnologías como obsoletas, no rentables y sólo viables bajo oscuros procesos de financiación, que cargan sobre la deuda pública de los países, en beneficios de grandes empresas y grupos de poder.

Con todo, lo más grave no está en la falta de racionalidad económica de esas inversiones públicas, sino en los costes sociales y ambientales, que suelen recaer sobre las poblaciones más pobres y vulnerables, en muchos casos comunidades indígenas, con un desprecio absoluto a derechos ancestrales y derechos humanos en juego.

En el año 2000, la Comisión Mundial de Presas, tras dos años de trabajo, presentó en Londres su informe final, “Presas y desarrollo: un nuevo marco para la toma de decisiones”. La iniciativa había surgido del Banco Mundial, preocupado por el impacto sobre su imagen de las campañas internacionales contra las grandes presas que financiaba. El reto fue aceptado por Internacional Rivers Network-IRN (actualmente Internacional Rivers-IR), en representación de los pueblos afectados, constituyéndose una comisión, presidida por el Profesor Kader Asmal, por entonces Ministro de Medio Ambiente del Gobierno Sudafricano. En sus conclusiones, la Comisión ratifica que los costes de estas grandes obras han desbordado sistemáticamente los presupuestos (un 56% en media y frecuentemente por encima del 100%), mientras que los beneficios quedaron muy por debajo de lo previsto. Se constatan graves impactos sobre la biodiversidad en los ríos, que han arruinado pesquerías esenciales para la alimentación de las comunidades ribereñas; y se denuncia la injusta distribución que carga los impactos sobre poblaciones y territorios empobrecidos, mientras los beneficios se concentran sobre regiones y sectores sociales más ricos y desarrollados.

Pero sobre todo, el informe llama la atención sobre los impactos de desarraigo, pobreza y vulnerabilidad derivados del desplazamiento forzado de millones de personas. La propia Comisión, aún contando con la colaboración de los gobiernos, se reconoce incapaz de precisar el número de desplazados, aunque acaba estimando entre 40 y 80 millones las personas que fueron sacadas a la fuerza de sus hogares por inundación de sus pueblos. Tan desmesurada horquilla refleja la trágica y vergonzosa invisibilidad de los afectados que deja en evidencia hasta qué punto nunca se pensó en ellos ni en sus derechos como algo realmente relevante.

En muchos casos, las poblaciones ni siquiera fueron adecuadamente censadas, lo que llevó a ignorar sus derechos. Las tierras de reasentamiento son en muchos casos marginales y pobres, mientras los poblados construidos de realojamiento suelen adolecer de problemas de hacinamiento y falta de servicios básicos, como agua potable y electricidad. La pesca, clave en la dieta de muchas de estas comunidades, simplemente ha desaparecido… Los problemas de desvertebración social y cultural son especialmente graves cuando se trata de comunidades indígenas, al quebrarse su fuerte vinculación a sus territorios y a sus ríos.

Desgraciadamente, mientras los países más avanzados en materia de gestión de aguas, como EEUU o la propia UE, frenan sus tradicionales políticas de fomento de mega-infraestructuras hidráulicas en sus países, la construcción de grandes presas y trasvases se dispara en Asia, África y América Latina. En China, la presa de Tres Gargantas inunda 13 ciudades, 140 pueblos y 1.350 aldeas, forzando el desplazamiento de unos 4 millones de personas. En la India, Sardar Sarovar, la mayor de las decenas de presas proyectadas sobre el río Narmada, supone el desplazamiento de más de 200.000 personas, en su mayoría “adivasis”, indígenas de la India, considerados “intocables” y por tanto sin derecho a indemnización alguna. En Brasil, la prioridad de la llamada “matriz hidroeléctrica” está llevando a construir decenas de grandes presas en la Amazonía, como la de Belomonte o las del río Madeira, que desplazan a decenas de miles de pobladores, en su mayoría indígenas, al tiempo que destruyen la pesca y la vida de los ríos amazónicos. En Etiopía, la presa hidroeléctrica Gibse 3, promovida por capital italiano sobre el río Omo, ha forzado el desplazamiento del pueblo Konso sobre territorio de los Bodi, provocando un conflicto violento fratricida entre ambos pueblos.

Catástrofes y vulnerabilidad de los más pobres

Según Naciones Unidas, entre 1980 y 2000 el 75% de la población mundial fue afectada por desastres naturales que ocasionaron más de millón y medio de muertes y más refugiados que los conflictos armados. En concreto, unos 25 millones de personas se vieron desplazadas por inundaciones y sequías, fenómenos que se agravan con el cambio climático en curso. Emerge así una nueva figura o categoría de desplazados: los refugiados ambientales.

Aunque generalmente estos desastres se consideran “naturales”, inevitables e impredecibles, con frecuencia, la mano del hombre está en el origen de los mismos. En todo caso, más allá de que la génesis de esas catástrofes sea natural o no, la vulnerabilidad de las poblaciones si depende de las políticas públicas de seguridad y prevención que se adopten.

La construcción de grandes presas sin adecuadas garantías de seguridad, generan en ocasiones riesgos inaceptables y catástrofes evitables, como en el caso de la presa de Vajont (Alpes Franco-Italianos). Aunque había datos preocupantes sobre la inestabilidad de las laderas del vaso del embalse, primaron los intereses hidroeléctricos sobre la seguridad de las personas. En octubre de 1963 el Monte Toc cayó sobre el embalse levantando una ola de 100 m de altura que arrasó Longarone y otros cinco pueblos aledaños, dañando gravemente Erto y Casso y matando a unas 2.000 personas, muchos de cuyos cadáveres ni siquiera se pudieron recuperar.

La masiva deforestación en determinadas zonas, con los consiguientes procesos de erosión y riesgo de corrimiento de tierras; la prioridad hidroeléctrica, que lleva a mantener la lámina de agua al máximo nivel aún a costa de mayores riesgos en caso de crecida para la población aguas abajo; o la urbanización de espacios fluviales, generalmente para poblaciones pobres y marginadas … ; son algunas de las claves de desastres, que presentándose como “naturales”, tienen responsables, generalmente poderosos, que suelen quedar impunes.

En todo caso, el impacto de fenómenos naturales adversos, que escapan al control de nuestra voluntad, depende del nivel de vulnerabilidad de las poblaciones afectadas. De hecho, la mayor parte de las víctimas suelen ser pobres. Incluso en una gran ciudad del primer mundo, como Nueva Orleáns, las víctimas del Katrina fueron en su casi totalidad afro-americanos de los barrios más pobres.

En 2005, la Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres, celebrada en Hyogo (Japón), aprobó un plan de acción para lograr un mundo más seguro, basado en el compromiso de las instituciones para controlar actividades que generan riesgos y para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones con menos recursos. En concreto, ante el Cambio Climático en curso, se trata de promover políticas basadas en el principio de precaución que prevengan los crecientes riesgos de inundación y sequía. Desgraciadamente, en este tipo de acuerdos las buenas intenciones suelen quedar a merced de la voluntad de los Gobiernos más poderosos que, una vez pasada la conmoción social del último desastre, suelen tener otras prioridades…

Agua, violencia y conflictos bélicos

Con frecuencia se habla de que las guerras del futuro serán por el agua. En rigor, ni el agua ni ninguno de los argumentos tradicionalmente empleados para llevar a los pueblos a morir y a matar justifican ninguna guerra. No obstante, el agua, en la medida en que tiene fuertes vinculaciones emocionales, territoriales e identitarias, es fácilmente manipulable, tanto en la confrontación política partidista, como incluso a la hora de justificar la violencia entre pueblos y comunidades. Pero sobre todo el control del agua puede y suele ser usado como herramienta de poder y dominación.

En el caso de Palestina, el control de ríos y acuíferos por parte de Israel, viene siendo una forma simbólica y material de dominación del pueblo palestino en un contexto bélico. De hecho, la gestión de aguas en Israel está bajo el control del ejército. Dejar para los palestinos una disponibilidad de apenas 107 m3/habitante/año (frente a los 2300 m3/habitante/año de los israelitas) supone usar la degradación de las condiciones de vida de todo un pueblo para someterlo y desmoralizarlo en un marco bélico profundamente inmoral.

En otros territorios sumidos en largos conflictos bélicos, como el del Kurdistán Turco, la política de aguas ha acabado integrándose en las estrategias militares. El “Proyecto del Sudeste de Anatolia”, conocido por las siglas GAP, con 22 enormes presas en las cabeceras del Tigris y Éufrates, está siendo usado por el ejército para forzar masivos desplazamientos que dispersen la población kurda, a fin de debilitar su potencial apoyo sobre el terreno a la guerrilla del PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán).

Entre los muchos casos de violencia extrema contra comunidades que defienden su derecho a vivir en paz en sus tierras, uno de los más brutales fue el de Chixoy (Guatemala). De nuevo en este caso, nos encontramos con una guerra no declarada donde la simple oposición de las comunidades mayas a su desplazamiento para construir la presa de Chixoy se saldó con una masacre de más de 300 personas, en su mayoría mujeres y niños, por unidades militares y paramilitares. El pretexto de luchar contra la insurgencia guerrillera, fue usado para aplastar por la fuerza de las armas las justas reivindicaciones de las comunidades indígenas, aunque éstas estuvieran al margen del conflicto armado que asolaba el país.

En Colombia, la oposición del pueblo Embera-Katio a la presa de Urrá I, que acabó con la pesca en el río Sinú, motivó el asesinato de líderes comunales, como Kimi Pernía, en un largo proceso represivo que ha buscado desplazar de sus tierras a comunidades indígenas y campesinas (más de 100.000 personas) para extender el dominio de los grandes hacendados.

Nota Final

Los casos y conflictos citados en este artículo, se recogen en la exposición “Agua Ríos y Pueblos”, disponible a través de internet (http://www.aguariosypueblos.org/) o en espacios públicos (contacto e información a través de https://es-es.facebook.com/aguariosypueblos, en Facebook). Dicha exposición ofrece el perfil humano de los conflictos del agua en el mundo, a través del testimonio de los afectados de varias decenas de casos representativos de los diversos frentes de conflicto. Esos afectados, tal vez no tengan “la razón absoluta” o “la solución” a problemas que suelen ser complejos; pero son ellos y ellas quienes los sufren directamente y, aunque sólo sea por ello, merecen ser conocidos, reconocidos y escuchados. En su lucha y en su dolor está el parto de esa Nueva Cultura del Agua que la humanidad necesita en el siglo XXI. “Agua Ríos y Pueblos” busca en suma, a través del testimonio de esos afectados, invisibles para nuestra sociedad, un triple objetivo: conmover corazones, despertar inteligencias y comprometer voluntades frente a esta Crisis Global del Agua en el Planeta Agua.