jueves, diciembre 3, 2020
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Crisis de la política, de régimen y de «proyecto europeo»

Éxodo 123
– Autor: Jaime Pastor, Profesor de Ciencia Política en la UNED –

Con el propósito de responder a la pregunta que se nos plantea trataré de ofrecer algunos apuntes para la reflexión sobre el momento político actual y los posibles caminos de salida.

LA CRISIS QUE PADECEMOS ANUNCIA UNA NUEVA ÉPOCA

La crisis marca un antes y un después

La crisis global y multidimensional que estamos viviendo está produciéndose en el marco de un cambio de época cuyos rasgos no es fácil precisar, pero que en todo caso parecen marcar un antes y un después, especialmente en la sociedad española y en los países del sur de la eurozona. Muchos han sido los análisis que se han hecho de los distintos marcos de desigualdad e injusticia que se están profundizando –financiera, ecológica y energética, alimentaria, social, política, ética, entre géneros, entre etnias o naciones- y no parece necesario insistir en que la tendencia a la creciente agravación de todas ellas anuncia la entrada en una transición histórica que pone en riesgo la sostenibilidad de la vida –y, sobre todo, de una vida digna- en el planeta.

La crisis significa una “gran involución”

La respuesta dominante a esa crisis, como se ha escrito desde distintos ámbitos, está significando ya una “Gran Involución” cuya cara más visible es la amenaza de un desmantelamiento definitivo de conquistas sociales y democráticas que costó mucho lograr, con lo cual se va abriendo además camino a regímenes autoritarios y, con ellos, al ascenso de un neofascismo dispuesto a explotar la desesperación de sectores afectados por la crisis en un sentido xenófobo y racista. En el caso español, ese cambio de época se refleja en una crisis abierta del régimen forjado en la mitificada Transición política y, también, del “proyecto europeo”, el cual aparecía como el horizonte de estabilidad política y social al que nos íbamos acercando a medida que nos alejábamos del legado de la dictadura franquista.

España, país periférico y segundo en desigualdad dentro de la UE

En efecto, con el cuestionamiento que las “terapias de choque” y el austericidio están haciendo del paradigma del “Estado social y democrático de derecho 1” es el doble consenso de la Transición y de la “integración europea” el que ha entrado en crisis, ya que finalmente, tras la euforia de la burbuja financiera-inmobiliaria y su “capitalismo popular”, hemos llegado a comprobar la dura realidad de ser un país periférico, endeudado y en el segundo lugar del ranking de desigualdad social dentro de una Unión Europea (UE) en la que las fracturas entre países y entre clases sociales son cada vez más graves y visibles.

Con la conversión del sueño europeo en pesadilla es también el régimen de la Reforma Política el que queda al descubierto con toda su fragilidad, tanto en su relación con una mayoría social desafecta e indignada como en sus distintos pilares institucionales, desde la monarquía hasta los dos grandes partidos pasando por su “modelo” territorial y el poder judicial 2.

NO HAY ALTERNATIVAS AL CAPITALISMO

Precariedad de los sujetos antagonistas

La gran dificultad para responder desde abajo a esta coyuntura histórica se encuentra en las precarias condiciones en que se encuentran los potenciales sujetos antagonistas, las clases subalternas, hoy fragmentadas, divididas y también afectadas por la extensa e intensa penetración que en su seno ha tenido el “sentido común” neoliberal que a lo largo de varias décadas ha logrado ser hegemónico, proceso al que no han sido ajenos los dos grandes sindicatos, insertos en un neocorporativismo competitivo que está ahora saltando por los aires.

Esa “nueva razón del mundo” ordoliberal, basada en un individualismo competitivo, se está hoy reafirmando bajo fórmulas como la “cultura del emprendimiento” o la culpabilización de las víctimas de la crisis como “perdedores”, siempre acompañadas por los ya viejos discursos de que “no hay alternativas al capitalismo” o de la canalización del resentimiento ante la crisis hacia los más débiles, los trabajadores “extranjeros”, incluso los y las que proceden de países de la UE.

Creciente desafección ante la política y la UE

No obstante, es algo constatable en prácticamente toda Europa el ascenso de la desafección ciudadana no sólo ante la política institucional dominante en cada país sino también respecto a la UE como tal en la medida que lo que la diferenciaba como “modelo social” de otras regiones del mundo se está yendo abajo.

En el caso español, esa desafección ha sido una tendencia que ya antes de la irrupción del movimiento 15M era creciente, pero que a partir de ese acontecimiento ha ido transformándose en indignación colectiva y en protesta transgresora desde las redes sociales y las calles y plazas. Se ha ido rompiendo así con la denominada “cultura de la transición” –la del consenso y del “cinismo democrático”– y se ha reivindicado la necesidad de otra política y de otra forma de hacerla.

Son muchos los estudios de opinión que confirman que esa tendencia al aumento de la desafección ciudadana hacia las instituciones y la política que se practica desde ellas se ha disparado desde el estallido de la crisis financiera y, sobre todo, desde mayo de 2010 para luego acentuarse con la entrada en escena del 15M. Me referiré sólo a algunos de ellos.

Percepción negativa de la política española

Francisco Llera (2012: 46) nos recuerda, por ejemplo, que a finales de 2010 “más de tres cuartas partes de la ciudadanía española (78%) calificaba de mala la situación política (frente a uno de cada diez que piensa lo contrario), atribuyendo mayoritariamente la responsabilidad a los actuales líderes políticos (56%), aunque también a los mecanismos institucionales del sistema político (27%) o a ambas cosas por igual (13 %). A finales de 2011 las cosas no iban a mejor y ya eran el 85 % (frente a un 5 %) los que agudizaban la percepción negativa de la política española”. Se iba produciendo así una percepción ciudadana de “estado de excepción económica” o “golpe de estado silencioso” que estaba conduciendo a una crisis institucional (fatiga partitocrática), a una crisis de representación, de liderazgo y, sobre todo, de expectativas.

En el estudio citado de Francisco Llera se constataba también un “alto nivel de politización negativa”, un “malestar democrático creciente”, una mayoría a favor de la reforma de la Constitución del 78 y un deterioro creciente de la confianza institucional.

En otro estudio posterior de José Félix Tezanos y Verónica Díaz (2012) se resaltaban siete tendencias críticas de evolución de la opinión pública: la crisis de los partidos hegemónicos, el retraimiento ciudadano y la desafección electoral, la contradicción entre la evolución político-ideológica en la sociedad y el mapa de partidos, la aparición de nuevas potencialidades para un voto progresista (con una mayoría partidaria de una intervención activa del Estado en la economía y un alto respaldo social al 15M), una desmesocratización y deterioro de las clases medias que apunta hacia una reconformación de las identidades de clase, una percepción crítica del aumento de las desigualdades (con una imagen oligárquica y oligarquizante de la actual conformación de la sociedad española y de los Bancos como principal núcleo determinante del poder) y, finalmente, cambios identitarios y referenciales (se ve ya a Europa como problema y no como solución).

A la desafección ha seguido una indignación creciente

Era fácil comprobar cómo a la desafección ciudadana le seguía una indignación creciente de una mayoría social que se iba viendo afectada por las consecuencias de las políticas públicas de desempleo, recortes sociales y privatizaciones, por la salida a la luz de nuevos escándalos de corrupción (Gürthel, EREs andaluces y, luego y sobre todo, el “caso Bárcenas”), así como por la “reforma exprés” del artículo 135 de la Constitución. El barómetro del CIS de marzo de 2013 indicaba que la ciudadanía percibía el paro como el principal problema (81,6%), mientras que el rechazo a la corrupción era del 44,5% y los problemas económicos en general eran de un 34,4%.

Paralelamente, el 15M lograba una legitimación social amplia y transversal, mantenida incluso dos años después entre un 78 % de la ciudadanía 3. En medio de este panorama Montero y Torcal (2013) constataban recientemente que “la valoración negativa de la situación política es del 70%, y la de la situación económica del 90 %. Como consecuencia, la insatisfacción con los resultados de la democracia alcanza al 70% de los españoles, la más elevada desde la Transición. Según datos del Eurobarómetro, la desconfianza en los partidos está entre las más altas de los países europeos occidentales: en 2012 era del 90 %, sólo empeorada por la de los griegos y los italianos”.

Golpe de estado subrepticio: los mercados detentan el poder

Poco tiempo después se comprobaba que tres de cada cuatro ciudadanos/as compartían, como en muchos países europeos, la idea de que “en estos años se ha producido, de hecho, un golpe de estado, subrepticio y consentido: ahora son los mercados quienes realmente detentan todo el poder, por encima de soberanías nacionales o voluntades populares”; pero, además, en el caso español a esa sensación se unía el “desasosiego” ante la “cada vez más gravosa corrupción política” (Toharia, 2013); también, de la percepción ampliamente compartida sobre “la crisis de la democracia nacida en la Transición” una analista concluía que “los ciudadanos pueden llegar a identificar partitocracia con democracia representativa, cuestionando ambas con consecuencias imprevisibles” (Nuez, 2013).

Normalización de la protesta

La protesta a través de las manifestaciones ya era un recurso que había ido aumentando en años anteriores. En efecto, desde 1980 hasta 2008 en la sociedad española se estaba produciendo una “normalización de la protesta” mediante “un aumento del número de manifestaciones y de manifestantes”, doblándose en el transcurso de esas tres décadas el porcentaje de personas que declaran haberse manifestado, “pasando del 20 % a principios de los ochenta al 50 % a finales de la primera década del siglo” (Jiménez, 2012: 61). Cabe matizar que en esta “normalización” influían no sólo “los déficits democráticos del sistema político que lo hacen poco sensible a las demandas sociales” sino también “la incidencia de las manifestaciones contra el terrorismo y sus efectos de aprendizaje político” (Jiménez, 2012: 63).

El malestar acumulado, canalizado desde las nuevas redes sociales

Con esos antecedentes, la novedad estaba ahora en que en el contexto de la crisis financiera-inmobiliaria y el “giro” que supone el inicio de políticas de recortes sociales a partir de mayo de 2010 se va acumulando un malestar social que es interpretado y canalizado desde nuevas redes sociales, al margen de partidos y organizaciones sociales ya existentes, para convertirse aquéllas en nuevos “grupos motores” precipitantes del “Acontecimiento” que suponen la jornada del 15M, la Acampada Sol y la “toma de las plazas” en los días siguientes en una larga lista de lugares del Estado español. Desde entonces, es innegable el inicio de un nuevo ciclo de protestas predominantemente no convencionales: no sólo se multiplican las manifestaciones en todo el Estado español (más de 40.000 en 2012) sino que empieza a aumentar significativamente el número de manifestaciones y acciones colectivas no convencionales, no comunicadas y no legalizadas por las autoridades respectivas (con un 21 % en 2012 en el caso de la Comunidad de Madrid).

Se puede compartir, por tanto, la conclusión de que, aun con sus limitaciones, más perceptibles tras la fase ascendente de su ciclo de protesta, el 15M se ha convertido en “un espacio de movilización que busca ampliar dinámicas o bienes políticos (redes, ágoras, herramientas de presión, desobediencia, discursos y motivaciones colectivas) sobre la base de una democracia (radicalizada)” (Calle, 2013: 41).

Aparecen las mareas sociales pero sin éxitos sustanciales

Ha sido en el marco de ese “espacio de movilización”, de ese “clima” y de su “efecto contagio” como las sucesivas “Mareas” han ido extendiéndose (con las victorias parciales alcanzadas, por ejemplo, por la Marea Blanca madrileña) y la Plataforma de Afectados/as por las Hipotecas (PAH) ha logrado un alto grado de legitimación social, judicial e institucional (por el Parlamento Europeo y un buen número de ayuntamientos, especialmente en Catalunya), incluso en el recurso a una forma de protesta tan cuestionada desde el poder como el “escrache”. También cabe mencionar el movimiento asambleario de vecinos que irrumpió en el barrio de Gamonal frente al proyecto urbanístico del Ayuntamiento de Burgos el pasado mes de enero, así como la solidaridad que encontró en otros lugares del estado: sus formas de organización y de protesta confirman la extensión del “efecto contagio” del 15M, mientras que el logro de sus objetivos ha permitido una mayor difusión de eslóganes como “Sí se puede”.

Con todo, es obligado reconocer que la política contenciosa practicada por el 15M, la PAH y las Mareas no ha logrado a lo largo del intenso ciclo de luchas que se ha ido produciendo durante los casi tres años transcurridos, éxitos sustanciales, ya que ha tropezado con la firme resistencia de los gobiernos con mayoría absoluta del PP en sus distintas escalas e incluso con el “sistema” o el régimen heredado de la Transición y al servicio de la troika. El balance final bastante extendido en ese amplio espacio es, por tanto, que no se ha conseguido detener las políticas puestas en pie desde mayo de 2010 pese al esfuerzo movilizador desplegado durante todo este tiempo.

En resumen, si la identidad y el empoderamiento colectivos son percibidos como valores a preservar y desarrollar, no parecen ser suficientes para contrarrestar la sensación ampliamente compartida de haber llegado a un techo en su dinámica de confrontación con la política gubernamental y sistémica.

La criminalización de las marchas

Más recientemente, hemos podido ver cómo las Marchas de la Dignidad del pasado 22 de marzo han marcado un nuevo paso adelante en la movilización y la incorporación de nuevos sectores, principalmente vinculados al movimiento obrero y al precariado, así como en la vocación de articular demandas comunes con otros movimientos: “No al pago de la deuda, ni un recorte más; Fuera los gobiernos de la troika; Pan, trabajo y techo para todos y todas”.

No obstante, la criminalización de estas Marchas desde el gobierno y la mayoría de los medios de comunicación a raíz de los incidentes violentos ocurridos al final de la manifestación en Madrid, en contraste con el reconocimiento de su relevancia por medios de otros países, ha buscado restar legitimidad a estas protestas. De esta forma, al autismo tradicional se suma ahora un mayor recurso a la represión de las protestas, con el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana como muestra de la voluntad de recortar derechos tan fundamentales como los de reunión y manifestación.

Aun con las dudas sobre si el éxito movilizador de estas Marchas va a significar un “nuevo aliento” para el ciclo de protesta abierto por el 15M, podemos considerar que se ha entrado en una nueva fase en la que la constatación de la situación de bloqueo institucional en que se encuentra ese “movimiento de movimientos” está conduciendo a ensayos varios de reformulación de sus estrategias. Con ese propósito parece haber un amplio consenso en que la identidad colectiva y el empoderamiento alcanzados por este conjunto de movimientos han de seguir basándose en la centralidad de la movilización social sostenida y convergente en torno a demandas compartidas pero, a la vez, no se puede obviar la necesidad de contribuir a desbloquear el marco institucional y electoral actual mediante nuevas herramientas políticas, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico y el local.

CONCRETAR UN HORIZONTE COMÚN A ESTAS PROTESTAS

Ideas fuerza de un imaginario colectivo alternativo

El problema central se halla entonces en ir concretando un horizonte común a este conjunto de protestas y demandas: la ruptura con este régimen y con el austericidio de la troika mediante la reivindicación de una democratización radical de la política (incluyendo el respeto al derecho de Catalunya a decidir su futuro), el rechazo al pago de la deuda ilegítima y el blindaje constitucional de bienes públicos-comunes y derechos sociales a partir de nuevo(s) proceso(s) constituyente(s) aparecen como un conjunto de “ideas fuerza” dispuestas a cuestionar el “sentido común” dominante pugnando por ofrecer un imaginario colectivo alternativo.

Un imaginario que no cabe pensar a escala de una sola nación o un solo Estado sino que nos exige buscar compartirlo con los pueblos del sur de Europa más afectados por la crisis, apostando así por la refundación de una Europa de los pueblos y de las personas. En resumen, hace falta un “nuevo relato” que responda a la doble crisis mencionada al principio, la del régimen actual y la de una Europa al servicio de los mercados financieros y basada en la “preferencia nacional”.

Una mayoría política requiere un amplio y plural bloque social

Con todo, para que esa propuesta logre arraigar en el Estado español entre una mayoría social dispuesta a convertirse en mayoría política hará falta la confluencia de un amplio y plural bloque social, plurinacional y pluricultural que en sus formas de organización y de acción colectiva se base en el “espíritu del 15M” y, por tanto, en otra idea de la política y de otra forma de hacerla. No es tarea fácil ya que, como se ha indicado al principio, las estructuras tradicionales de organización –partidos, sindicatos y asociaciones de vecinos- conocen una pérdida de credibilidad creciente, mientras que las que están surgiendo al calor de la nueva oleada de protesta combinan la autocomunicación en las redes sociales con la autoorganización y la hibridez entre viejas y nuevas formas de organización que, sin embargo, todavía no parecen suficientes para sustituir a aquéllas. Es el espacio territorial –el del barrio, pueblo o ciudad- el que aparece, no obstante, como el lugar preferente para el logro del anclaje social necesario de esas redes, mientras que los centros de trabajo, dadas la política antisalarial, la precarización y la individualización de las relaciones laborales, aparecen más debilitados como espacios de lucha por el renovado despotismo empresarial.

Esa perspectiva estratégica no puede obviar, como ya se ha indicado, que el terreno electoral es el ámbito en el que también se hace necesario contar con herramientas políticas que sirvan para desestabilizar el sistema de partidos actual y hacer aparecer nuevas voces que den mayor legitimidad a las demandas y formas de protesta de ese bloque social en construcción.

REFERENCIAS

Calle, A., 2013. La transición inaplazable. Barcelona: Icaria.

Jiménez, M., 2011. “La normalización de la protesta. El caso de las manifestaciones en España 1980-2008). Madrid: Opiniones y actitudes, 70, CIS.

Llera, F., 2012. “Crisis y malestar democrático en España”, en J. F. Tezanos (ed.), Los nuevos problemas sociales. Madrid: Sistema, 39-67.

Montero, J. R. y Torcal, M., 2013. “No es el descontento, es la desafección”. El País, 14 de junio, 31.

Nuez, E. de la, 2013. “Hay espacio”. El País, 2 de junio, 16.

Pastor, J. (2010), “Oligarquías electivas vs. redemocratización radical”, Éxodo, 104, 28-34.

Tezanos, J. F. y Díaz, V., 2012. “Tendencias políticas y electorales 2012. Siete tendencias críticas de la evolución política en España”. Temas para el debate, 217,

I-XVIII

Toharia, J. J., 2013. “El desplome de la política”. El País, 18 de agosto, 16.

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