CRECIENTE DESIGUALDAD EN ESPAÑA

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Éxodo 114 (may.-jun.) 2012
– Autor: Carlos Pereda –
 
La última edición del Barómetro Social de España (www.barometrosocial. es), financiada desde las redes sociales a través de un crowfunding, ha confirmado que el reparto de la renta y la riqueza en España es cada vez más desigual. Por primera vez los beneficios empresariales han superado a los salarios en el primer trimestre de 2012. En una perspectiva más larga, mientras las acciones empresariales se han revalorizado por encima del 300% entre 1994 y 2010, la masa salarial lo ha hecho en un 69%, o sea, cuatro veces menos.

Además, dicho aumento de la masa salarial es equívoco si tenemos en cuenta que en dicho período las personas asalariadas han pasado de 11 a 18 millones, lo que supone que el salario medio efectivo, en euros constantes, sólo se ha incrementado un 2%. Esto explica que, al llegar la crisis, el 25% de familias más ricas ha incrementado su patrimonio entre 2005 y 2009 en medio billón de euros, mientras la cuarta parte de familias más pobres lo ha reducido en algo más de 4.000 millones (Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España). Conclusión: si en 2005 el patrimonio medio del primer grupo era 39 veces superior al del segundo, en 2009 lo superó ¡en 50 veces!

Los salarios son la principal fuente de ingresos para la mayoría de los hogares, pero se reparten de forma muy desigual. La peor situación corresponde a quienes se encuentran en paro, que se han triplicado entre 2007 y 2012, pasando del 8,3 al 24,4% de la población activa. Los problemas se incrementan para algunos segmentos específicos como el paro de larga duración (más de un año continuado buscando empleo), que ha pasado del 23,7 al 43,3% de las personas desocupadas; quienes no reciben ninguna prestación (contributiva o asistencial), que han subido del 22,5 al 34,3%; y los hogares con todas las personas activas en paro, que han pasado del 3,3 al 10,1%. En 2012 España es el país de la UE-27 con mayor tasa de desempleo, lo que representa el problema social más sentido por la población según los barómetros mensuales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Un peldaño más arriba se encuentran quienes tienen empleo temporal, situación que suele asociarse a bajos salarios y a condiciones laborales precarias. El empleo eventual se alterna con períodos de desempleo, afectando ambas situaciones (empleo temporal o paro) a más de 9 millones de personas.

En posición intermedia está la población asalariada con empleo indefinido pero sin cualificación superior, cuyos salarios se sitúan también en niveles intermedios (11,3 millones de empleos).

Por último, están quienes ocupan la posición superior de la escala laboral (directores y gerentes, técnicos y profesionales superiores), que suman 3,8 millones de empleos y perciben elevados salarios.

Las desigualdades salariales por sexo y edad son elevadas y han aumentado en la última década. En 2000 la retribución media de las mujeres era un 22,7% inferior al salario medio y la desventaja pasó al 31,5% en 2010; por su parte, el de los jóvenes se incrementó del 54,1% al 60,6%. La mano de obra extranjera recibe por su trabajo un 49,2% menos que la española, lo mismo que ocurre con otras minorías con problemas de exclusión social, como las personas con diversidad funcional o la comunidad gitana.

La actual crisis económica y la expansión del desempleo han supuesto gravísimos problemas para un amplio sector de la clase trabajadora, entre los que destacan la ampliación de la pobreza y los desahucios. Según el criterio de la Oficina de Estadística de la Unión Europea para definir la pobreza (hogares con una renta por persona por debajo del 60% de la media), se ha pasado del 19,6% en 2007 al 21,8% en 2010, de 8,9 a 10,3 millones de personas. Por otra parte se han acelerado los casos de desahucio y embargo, así como los desalojos forzosos de la vivienda.

En lugar de obtener recursos del incremento de patrimonio acumulado por los hogares españoles en la etapa de auge económico o mediante políticas keynesianas de incremento de la deuda pública para reactivar la economía (tal como se intentó tímidamente en 2009), la política adoptada desde 2010 se ha orientado a redoblar la carga impositiva correspondiente a la población asalariada y rebajar las prestaciones del Estado de bienestar, incluidas la sanidad, la educación, las pensiones y los servicios sociales. De este modo, la política económica para abordar la crisis ha respondido a una clara orientación estratégica: garantizar las rentas del capital, especialmente el financiero, socializando sus pérdidas a costa de las condiciones de vida de la mayoría de la población.