XV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia

Antonio Jiménez Lara

1.Las pautas seguidas en este tiempo

Se cumplen ocho años y medio del inicio del despliegue de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD). Tras los dos retrasos en el calendario de aplicación progresiva promovidos por el actual Gobierno, el pasado 1 de julio se completó el mismo de forma que todas las personas en situación de dependencia, independientemente de su Grado, tienen derecho a recibir servicios o a percibir una prestación económica por cuidados familiares. Este XV dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia (auspiciado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales) coincide además con la llegada a muchas Comunidades Autónomas de un buen número de nuevos ejecutivos autonómicos, herederos en definitiva de situaciones muy difíciles que habrán de gestionar con muy escaso margen de maniobra.

Podrán promover nuevas medidas en el plano organizativo y de gestión pero no podrán eludir la asfixia financiera a la que se ha sometido al SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia)  de forma que, de no adoptarse un cambio drástico de planteamiento global del sistema, tienen muy difícil absorber la demanda acumulada con el mínimo nivel de calidad y de dignidad que constituye el derecho de las personas en situación de dependencia al acceso a mayores cotas de autonomía personal y a recibir las atenciones necesarias para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

El desigual desarrollo de la LAPAD por territorios, la baja calidad e intensidad de la mayoría de los servicios prestados, la demora excesiva en las atenciones, un sistema de información ¡aún en desarrollo! y un modelo de financiación tramposo e insuficiente han sido las pautas seguidas en todo este tiempo en el que contabilizamos más sombras que luces. Con todo, en líneas generales, el esfuerzo autonómico de los últimos años ha sido importante a pesar del abandono sufrido por la Administración Central que, al tiempo que imponía recortes inasumibles para las Comunidades Autónomas, pretendía crear un increíble relato de las bondades de las reformas del sistema.

El 1 de julio se incorporaron al sistema con derecho a recibir atenciones otras 315.000 personas con Grado I y la Administración Central aportará a cada Comunidad Autónoma 44,33 €/mes por dependiente para poner en funcionamiento servicios o prestaciones, lo que significa percibir cerca de 532 €/año por dependiente atendido. Si la Comunidad cumple estrictamente su compromiso de financiación del 50%, se deberá atender a estas personas con poco más de 1.000 euros anuales…

No parece este un sistema demasiado adecuado a las necesidades reales de las personas.

 

  1. Aspectos destacables sobre la evolución general
  2. En España hay más de 1.191.000 personas en situación de dependencia reconocida. Un 2,5% de la población española no puede desarrollar las actividades básicas de la vida diaria sin apoyos de mayor o menor intensidad
  3. En este momento (tras ocho años y medio de implantación) un 37% de estas personas no tiene ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia
  4. El Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia está desbordado. Los datos oficiales de cobertura muestran cómo la capacidad de atención de los últimos cuatro años se mantiene en 750.000 personas
  5. Solo se atiende a nuevos dependientes en la medida en la que se producen bajas de atendidos.
  6. Los tiempos de espera para las personas con derecho a atención ha resultado inasumibles de forma que desde inicios de 2012 han fallecido en situación de espera cerca de 100.000 personas
  7. En este colapso intervienen diversos factores pero el más directo ha sido el impacto de las medidas de recorte contenidas en el Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de julio
  8. Se mantienen las graves desigualdades entre territorios.
  9. El sistema de información sigue sin estar finalizado, no se ha publicado oficialmente la evaluación 2014 (debería haberse publicado ya en BOE) y no se ofrecen los datos reales de gestión económica (aportación de las CCAA a través de certificado de gasto) o los datos de bajas en el sistema (solo se publican las altas). Hay más manipulación que transparencia.
  10. Desde el inicio de la Ley (2007) se han presentado más de 2.800.000 solicitudes de las que están activas actualmente 1.577.000.
  11. En junio de 2012 había 413.465 expedientes activos de personas con Grado III (gran dependencia) mientras que en el mismo mes de 2015 el número ha descendido hasta las 345.041 personas (68.424 menos).
  12. Las personas con Grado II de dependencia (dependencia severa) también descienden en número. (27.400 menos desde junio de 2012), mientras que sí han aumentado las personas con Grado I en dicho intervalo temporal (7.000 personas)
  13. El procedimiento (solicitud, valoración, resolución PIA y acceso real a servicios o prestaciones) sigue siendo lento, farragoso, ineficaz y una auténtica tortura para las familias. Las denuncias por la violación del derecho subjetivo de las personas dependientes o cualquier otra reclamación por la pasividad o arbitrariedad de las Administraciones se sigue dirimiendo en un orden jurisdiccional poco adecuado a la materia: el de lo contencioso administrativo.
  14. Ha descendido la lista de espera en 175.000 personas desde enero de 2012, pero lamentablemente esto no se debe a un incremento en las personas atendidas sino al colapso del sistema que frena la entrada de nuevos usuarios. Desde 2012, una de cada cinco personas dependientes con derecho a atención que entró en la lista de espera no llegó a ser atendida al causar baja por fallecimiento.
  15. En el último año se entregaron 30.000 prestaciones económicas menos por cuidados familiares. Esto se ha visto compensado con un incremento de la entrega de servicios.
  16. Siendo ello positivo, se imposibilita la entrega de servicios a personas en espera por la absoluta falta de inversión pública. De ahí que la capacidad de atención global se mantenga en 750.000 personas en los últimos 4 años.
  17. Los servicios y prestaciones previstos en la Ley no dan respuesta eficaz a muchas de las necesidades reales de autonomía personal ni suponen una atención a la dependencia con suficiente intensidad o calidad. En esto queda muchísimo camino por recorrer.
  18. La mala implantación de la Ley de dependencia merece un análisis profundo del impacto negativo de género. La OCDE lleva tiempo alertando sobre la intensidad desmedida de los cuidados familiares en España (asumidos casi exclusivamente por mujeres). La supresión de las cotizaciones a la seguridad social para cuidadoras familiares unida a la ausencia de medidas de conciliación; la falta de apoyos a las familias o a la ausencia de promoción de los cuidados prestados por varones, hacen que los cuidados familiares no sean una opción vital fruto de elección libre, sino muchas veces una suerte de condena con implicaciones personales, morales y económicas gravísimas.
  19. La tan cacareada atención socio-sanitaria no ha pasado del plano del bello discurso y supone dos amenazas importantes: una puerta a la mercantilización de la sanidad (creando “aparcaderos” de pacientes crónicos de gestión privada bajo la apariencia de atención socio-sanitaria) o la fagocitación de buena parte de los servicios sociales por el sistema sanitario (incrementando torpemente su gasto este último cuando podría optimizarse mucho). En todo caso, es un camino imprescindible a explorar pero con criterios claros y transparentes en los que se anteponga siempre a las personas, sus deseos, sus derechos y la calidad de las atenciones a todo lo demás.
  20. Aún atendiendo a menos personas, se mantienen los costes del sistema en 2014 iguales que en el año anterior en una congelación global. El auténtico mazazo económico se produjo entre 2012 y 2013.
  21. La entrada de los moderados (Grado I) al sistema supone una necesidad de financiación pública (sin copago) de más de 3.100 millones de euros para atender a los 445.000 dependientes que están sin atención a 1 de julio.
  22. El Estado aportará para atender a esos 445.000 dependientes (Nivel Mínimo) no más de 370 millones de euros (12% del total necesario), debiendo aportar las CCAA el resto. Esto nos lleva a un sistema de atenciones low cost que poco más que una teleasistencia podrá ofertar.
  23. Pretender que la financiación del SAAD por parte del Gobierno Central a las CCAA tiene “dos vías”: la propia de la Ley 39/2006 y la vía de los fondos adicionales de financiación autonómica es una técnica de cómputo tramposa que no hace sino añadir confusión para dar una falsa apariencia de suficiencia financiera de las CCAA. Discrepamos rotundamente con dicho cálculo que, llevado al extremo absurdo de análisis (procedencia de los fondos), daría como resultado que la Dependencia se financia por un solo agente: los ciudadanos, y por tres vías: los impuestos de personas físicas y empresas que va a parar a los PGE, el copago de las personas dependientes y el sobrecoste que abonan las personas dependientes por servicios.
  24. El coste de oportunidad que ha tenido la desinversión en la Ley de Dependencia es demoledor. Si en 2013 el Gobierno hubiese invertido 1.200 Millones de euros más en servicios de atención a la dependencia (en lugar de recortar), habría logrado generar más de 70.000 puestos de trabajo netos, habría incrementado el número de atendidos en 90.000 personas (evitando grandes sufrimientos y esperas) y, finalmente, habría recuperado en un año mediante retornos directos, indirectos e inducidos casi la totalidad de la inversión, incrementando el déficit público en tan solo en 100 millones de euro
  25. A pesar de la desinversión, el sistema muestra una altísima rentabilidad potencial. El ligero incremento de los servicios prestados ha posibilitado mantener el empleo ligado al sector y mejorar los retornos directos obtenidos que ya se sitúan en el 37% en 2014 (4,6 puntos más que en 2010).
  26. Creemos que se impone un pacto de Estado sobre esta cuestión en cuya discusión se replantee el modelo de financiación de los “long term care” en España y con epicentro en el modelo de financiación autonómica a debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.