Éxodo 146

Lo que nos está pasando. Un comentario

Juanjo Sánchez

IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA, Atado y mal atado. El suicidio institucional del franquismo y el surgimiento de la democracia, Alianza Editorial, Madrid, 2014, 367 págs.

Esta no va a ser una reseña al uso de un libro. Quiere ser, más bien, tan solo un comentario de algunos puntos o momentos de este excelente libro de Ignacio Sánchez-Cuenca, uno de los analistas más rigurosos y lúcidos de la historia social y política de este país, que ha aceptado, además, regalarnos el primer artículo de análisis, en la sección A fondo, de este número de ÉXODO.

Un comentario de datos y reflexiones que, en mi opinión, iluminan y ayudan a interpretar “qué es lo que nos está pasando”, como decimos en el título de la colaboración del autor en este mismo número de la revista. Porque eso es, justamente, lo que nos interesa, aquí y ahora, de este lúcido libro.

Un comentario, por tanto, claramente situado y motivado por “lo que está pasando” en nuestros días en este país. ¿Y qué es “lo que está pasando”? Está pasando lo que pasa también a nivel europeo e incluso a nivel global: la avalancha de una peligrosa oleada de pensamiento y actitudes autoritarios, cargados de furia y resentimiento, que invaden nuestra sociedad y sus instituciones y están poniendo en peligro las bases y el espíritu de la democracia.

Una oleada autoritaria de extrema derecha que, en nuestro suelo y país, se reviste de la ideología particular que tuvimos que soportar durante más de cuarenta años: un régimen dictatorial, que Franco, su artífice, pensó dejar “atado y bien atado” para la posteridad tras su desaparición.

Y bien, la primera de las tesis o reflexiones que sostiene Ignacio Sánchez-Cuenca es que, como ha expresado genialmente en el título de su libro, ese régimen dictatorial quedó “atado, sí, pero muy mal atado”. Que bastó tan solo un año para que ese nudo atado del franquismo pudiera ser desatado y deshecho.

Pero lo más sorprendente de este hecho –señala el autor– es que no se debió a una revolución o acción violenta de la oposición. El nudo fue desatado por las mismas fuerzas del régimen sucesor de la dictadura, votando a favor de la famosa Ley de Reforma Política el 18 de noviembre de 1976. Lo cual constituyó una decisión de consecuencias absolutamente decisivas: fue, sin duda, afirma Sánchez-Cuenca, el episodio más importante de la transición española a la democracia” (p. 11)

Y es que fue, ciertamente, una decisión singular y difícilmente imaginable. La Ley de Reforma Política, subraya el autor, “significó el suicidio del régimen. Las Cortes franquistas sancionaron una Ley que hacía posible la desaparición del sistema político del franquismo.” (p. 12) Un cambio, sin duda, drástico y profundo, que “supuso, efectivamente, una suerte de suicidio institucional”, una especie de “voladura controlada” (p. 12) una “forma de abdicación colectiva (p. 13) o, como ya entonces políticos y periodistas lo calificaron, un “harakiri” en toda regla.

¿Cómo pudo darse tamaña decisión?, pregunta con toda razón el autor Y añade sin dudar: “A mi juicio, esta es la cuestión fundamental de la transición española”. (p. 14) Extraña por eso sobremanera que no haya encontrado mayor eco entre los historiadores, de forma que aún nadie haya dado a ese decisivo interrogante “una respuesta rigurosa”. A ese objetivo dedicó Sánchez-Cuenca la investigación que recoge este fascinante libro.

¿Cómo interpretar este hecho extrañamente singular? –se imponía, sin duda preguntar. ¿Acaso se trató de una decisión fruto de la magnanimidad del franquismo, o tal vez de una conciencia lúcida de haber llegado la hora de dejar paso a la democracia? Evidentemente, nada más lejos de la realidad. Como señala el autor, “la élite franquista se propuso dirigir y mantener el control sobre el proceso de cambio político”. Y así fue, de hecho, a todo lo largo de la de la andadura hacia la democracia. Porque había que garantizar a toda costa “el continuismo legal” de la transición: “el nuevo régimen tenía que nacer del viejo” (p.13). La legalidad de lo que surgiera debía brotar de la legalidad de lo viejo. Esta función de control sobre el proceso condicionó fatalmente la transición española.

La condicionó desde la propia transición. Ignacio Sánchez-Cuenca pone, con razón, especial énfasis en subrayar este afán controlador, y lo hace con gran originalidad: desmontando el profusamente comentado “mito” de la ejemplaridad de nuestra transición. Lo que aparentemente podría percibirse como “magnanimidad” o grandeza de espíritu: la increíble “singularidad” de la decisión a favor de la Ley de Reforma Política por parte de las Cortes franquistas a costa de su propia existencia, ese impensable suicido institucional del franquismo, se reveló, sobre todo en la “primera transición” (desde la muerte de Franco hasta la aprobación de la Ley de Reforma Política), radicalmente engañosa. El autor lo muestra con acierto y lucidez analizando minuciosamente hasta qué punto el famoso y profusamente encomiado espíritu de diálogo de pacto y consenso entre las fuerzas del régimen y las del cambio político brilló más bien justamente por su ausencia en la mencionada primera fase de la transición. Hasta la aprobación de la Ley de Reforma Política –afirma Ignacio—“nada se negoció” (p. 328) El elogiado consenso es, en verdad, un mito construido proyectando sobre esta primera fase de la transición lo que solo se dio en la segunda fase, a raíz de las primeras elecciones en las que las fuerzas de izquierda lograron un empate con las fuerzas del sistema franquista. Es decir, el consenso no fue obra de la magnanimidad de las fuerzas franquistas, sino fruto de la presión de la oposición, sin la cual, ciertamente, no se habría llegado a un cambio realmente democrático. Mientras lo que hicieron las fuerzas franquistas hasta ese momento fue controlar y torpedear cuanto conducía a ese cambio, ya fuera la aprobación de la decisiva Ley de Reforma Política, la Ley de Amnistía o la legalización de todos los partidos, incluido el Partido Comunista, piedra de toque de una real voluntad democrática.

Pero esta actitud en absoluto magnánima, no de pacto y consenso, sino de control y vigilancia, siguió condicionando, más allá de la transición, nuestra andadura democrática con intentos de interrumpirla o por lo menos de controlarla. ¿No es justamente ese talante lo que heredaron del franquismo los partidos de la derecha intransigente, la arrogancia de afirmarse en la práctica, velada o abiertamente, árbitros de la calidad democrática y el derecho de ser los sujetos naturales del poder político, del gobierno en este país?

¿No es esa actitud, justamente, la que está detrás de “lo que nos ha sucedido” y de “lo que nos está pasando” en nuestros días? ¿No aclara ella la furia con la que se han abordado, desde esas fuerzas extremas (“¡A por ellos!”), importantes acontecimientos de nuestra vida democrática reciente, como, sobre todo, el problema catalán o también la moción de censura al gobierno popular, descalificando a ambos como “golpismo”, pero también, y ya situándose al límite de la Constitución y la democracia, la reacción virulenta contra la exhumación de los restos de Franco y la declaración abierta de adhesión al franquismo?

¿No era y es esto “lo que nos está pasando”? ¿Esto, que hunde sus raíces en aquella historia que Ignacio Sánchez-Cuenca disecciona lúcidamente en este libro?… Aunque tal vez debamos ya decir “lo que nos ha pasado” o lo que nos estaba pasando”, pues tras la aciaga noche pasada del 2 de diciembre, todo puede ser peor… ¡La amenazante oleada autoritaria, aquí con tintes franquistas, nos ha alcanzado de lleno!

Restos de Franco, restos de franquismo

Ignacio Sánchez-Cuenca

  1. Vuelve la crispación

Como siempre que la derecha está en la oposición, la crispación ha vuelto a adueñarse de la vida política española. Sucedió en la última legislatura de Felipe González (1993-1996) y en la primera de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008) y vuelve a suceder en los meses que llevamos del Gobierno de Pedro Sánchez.

En esta ocasión se dan algunos agravantes. En los episodios anteriores de crispación, la oposición estaba dominada casi enteramente por el Partido Popular. Ahora, sin embargo, tras los cambios sísmicos producidos en el sistema de partidos, la derecha está dividida en tres fuerzas, PP, Ciudadanos y Vox, lo que introduce un elemento de competición ideológica y electoral de carácter centrífugo que refuerza la estrategia de deslegitimación del Gobierno progresista. Además, cabe añadir que los líderes de la derecha actual muestran unos comportamientos menos “instrumentales” que en el pasado, donde claramente había un elemento de sobreactuación táctica dirigido a inducir la abstención de votantes centristas o sin ideología. Tanto Pablo Casado como Albert Rivera parecen creerse su papel y por lo tanto no cabe esperar que modulen su discurso (menos aún en el caso de Santiago Abascal).

Si nos remontamos a la etapa de Zapatero, los principales temas que usó la derecha como munición para crispar la vida política fueron el proceso de paz con ETA, la reforma del Estatuto catalán y la Ley de memoria histórica. También algunos avances en derechos civiles, así como la propuesta de una alianza de civilizaciones en el ámbito exterior, produjeron ruido, si bien no tan ensordecedor.

Habiendo felizmente desaparecido ETA, la crispación política permanece anclada en los otros dos asuntos, el catalán y la memoria histórica. Ahora no debatimos sobre la reforma de un Estatuto de autonomía, sino sobre cómo reconstruir un consenso constitucional que reenganche Cataluña a España, en un contexto muy difícil marcado por las acusaciones arbitrarias de rebelión a los líderes independentistas; en el caso de la memoria histórica, la cuestión central en estos momentos es la relativa a los restos del dictador Francisco Franco en la basílica del Valle de los Caídos.

  1. El déficit democrático de la memoria histórica

¿Cómo es posible que después de cuarenta años de las primeras elecciones democráticas todavía pueda causar controversia la decisión de sacar los huesos de Franco del Valle de los Caídos? ¿Cómo explicar que partidos que se reclaman liberales, como Ciudadanos o Partido Popular, puedan poner toda clase de pegas y trabas a una decisión tan obvia y que debía haber sido llevada a cabo hace muchos años? ¿Acaso hay rescoldos franquistas en nuestra democracia?

Recuérdese que en 2004, cuando el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones, todavía quedaban estatuas del dictador en varias ciudades españolas. El Ministerio de Fomento decidió retirar la estatua, de siete metros de altura, de la plaza madrileña de San Juan de la Cruz, enfrente de los Nuevos Ministerios. La retirada se hizo durante la madrugada para evitar incidentes, sin poder evitar así la impresión de que había algo vergonzante en aquel acto.

Como han mostrado Paloma Aguilar y Leigh Payne en su magnífico libro El resurgir del pasado en España (Taurus, 2017), España arrastra un importante déficit democrático en todo lo relativo a la memoria histórica. Nuestro país no ha conseguido revisar de forma abierta y crítica el pasado franquista. Las cuentas pendientes en materia de exhumaciones siguen siendo muy voluminosas y, en la medida en que se están saldando, se debe a la iniciativa de la sociedad civil, no de los poderes públicos. Asimismo, sigue sin constituirse algún tipo de comisión de la verdad que establezca un censo oficial de víctimas, paso imprescindible para poder organizar una política ordenada de reparaciones y reconocimiento. No deja de ser significativa la reacción que se produjo hace unos meses ante el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de constituir una comisión de la verdad en España: la mayor parte del establishment político, periodístico e intelectual se llevó las manos a la cabeza, incluyendo prestigiosos historiadores que pasan por progresistas.

¿Cabe afirmar que la resistencia a avanzar en las políticas de memoria, incluyendo la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos, es un legado de los largos años de franquismo? A mi juicio, la respuesta es negativa. Para situar el problema en su contexto histórico, conviene recordar, en la línea apuntada por Aguilar y Leigh, que el origen de los problemas de la memoria histórica se sitúa en el llamado “pacto de olvido” de la Transición. Evidentemente, no hubo un pacto explícito y rubricado por las fuerzas políticas, pero se llegó a un entendimiento tácito en los primeros años de democracia en virtud del cual era mejor no debatir sobre el pasado. La justificación de ese olvido radicaba en los riesgos de enfrentamiento y ruptura de los frágiles consensos alcanzados en la época.

El más sólido cimiento del pacto de olvido fue el generacional. Quienes protagonizaron la Transición fueron los hijos de los combatientes de la Guerra Civil: querían dejar atrás el pasado porque les horrorizaba la posibilidad de un nuevo conflicto entre españoles. No les interesaban las historias de sus padres, preferían mirar hacia adelante para huir de un pasado brutal y dramático. Las nuevas generaciones, las de los nietos y biznietos de la Guerra, afrontaron el problema desde una posición muy diferente, con una democracia consolidada, sin amenaza golpista ni problema militar; gracias a ello, pudieron abordar el pasado sin tantos temores, conscientes de que se había cometido una injusticia con la generación de sus abuelos o bisabuelos y de que se daban las condiciones para poder corregirla, al menos en una pequeña parte.

La controversia sobre la memoria que se inicia con el cambio de siglo no ha cesado hasta el día de hoy. El principal avance político que se ha producido, para algunos demasiado tímido, ha sido la llamada Ley de memoria histórica de 2007. No parece que el actual Gobierno de Pedro Sánchez, con un apoyo parlamentario muy precario, vaya a dar grandes pasos en esta dirección.

Que a lo largo de todos estos años de democracia no se haya conseguido avanzar más es consecuencia tanto del “tapón” generacional formado por quienes tuvieron un papel destacado en la Transición (y en los primeros gobiernos de Felipe González) como por el veto de la derecha a cualquier iniciativa en este sentido. No hay nada en el sistema político, en su diseño institucional, en sus valores constitucionales, que impida una acción más decidida en este terreno. Más bien, se trata de resistencias sociales y políticas. En este sentido, parecería incorrecto hablar de un legado franquista en la democracia española con respecto a la memoria histórica.

Por descontado, podemos ir más allá del ámbito específico de la memoria para tratar de averiguar si las resistencias mencionadas tienen a su vez un trasfondo franquista y si cabe hablar de otros restos de franquismo en la sociedad española.

  1. A la busca de franquismo

En los últimos tiempos, se ha hablado con insistencia sobre un sustrato franquista en la política española, sobre todo a raíz de la irrupción de Podemos, con su crítica al “régimen del 78” y, especialmente, a la Transición. La Transición, como todo el mundo sabe, no se hizo por ruptura, sino mediante una reforma interna del sistema constitucional franquista: la Ley para la reforma política de 1976, que fue el instrumento legal que permitió celebrar unas elecciones libres, era la octava Ley Fundamental del franquismo. Precisamente porque no se consumó la ruptura que demandaba la mayor parte de fuerzas de la oposición, la democratización, según este argumento, no fue completa, quedando fuera del cambio el Ejército, los cuerpos de seguridad y el sistema judicial.

El pecado original de la Transición estaría, pues, en su naturaleza parcial, en su aceptación de la continuidad de estructuras de poder franquista. Esta crítica al proceso de democratización quedó patente en la polémica suscitada por los comentarios negativos de Alberto Garzón sobre la política seguida por el PCE en los primeros años de democracia, cuando el partido transigió con la monarquía, la impunidad que consagraba la Ley de amnistía de 1977 y el acuerdo socioeconómico de los Pactos de la Moncloa. Garzón centró sus ataques en el propio secretario general de la época, Santiago Carrillo. La generación izquierdista más joven parecía impugnar la “política de reconciliación nacional” que había defendido el PCE desde 1956. Según este punto de vista, la dejadez de la izquierda habría permitido que el franquismo no fuera definitivamente liquidado.

A mi entender, esta lectura de la historia no es del todo acertada. No sólo, como se ha aducido en múltiples ocasiones, porque la visión crítica no se haga cargo de la “correlación de fuerzas” que entonces imperaba, sino porque no es capaz de explicar la evolución de nuestra democracia a lo largo de las cuatro últimas décadas.

El tipo de recusación de la Transición que han popularizado políticos como Alberto Garzón o Pablo Iglesias tiene un punto débil: no consigue explicar el hecho de que el sistema democrático sea hoy, en muchos aspectos, más cerrado de lo que lo era en sus primeros años. Si el argumento de la herencia franquista (fruto de una Transición por reforma interna) fuera cierto, lo que deberíamos observar es que la democracia funcionara con muchas limitaciones en su primera etapa y luego, a medida que se fuera aligerando el peso de dicha herencia, la democracia fuese abriéndose y haciéndose más inclusiva y permeable. Sin embargo, hay buenas razones para defender que ha sucedido justamente lo contrario, es decir, que a medida que nos alejábamos de la muerte de Franco, la democracia se ha ido cerrando con respecto a sus primeros años de desarrollo. La crítica que propongo, por tanto, no impugnaría la Transición, sino que más bien defendería que los valores y proyectos de la Transición quedaron arrumbados por una práctica política decepcionante: la democracia funciona mal porque se fue olvidando el espíritu inicial de la política democrática.

Aunque no puedo entrar en un tratamiento detallado del asunto, hay motivos sólidos para argumentar que hoy en día tenemos menor libertad de expresión que a finales de los años setenta, que la justicia se ha vuelto más conservadora, que los cambios y reformas son hoy más difíciles de aprobar. En los últimos veinte años hemos visto cómo se encarcelaba a piquetes sindicales, se prohibían partidos políticos, se cerraban medios de comunicación, se condenaba a ciudadanos por injurias al rey o a la bandera y se extendía la lógica anti-terrorista a los movimientos sociales. El Gobierno de UCD fue capaz en su día de sentarse a negociar con los terroristas de ETA político-militar y darles una salida para que se integraran en la sociedad; en la España actual, habiendo desaparecido ETA, aún se mantiene la política de dispersión de los presos etarras. No quiero sugerir con esto, entiéndaseme bien, que en España no tengamos una auténtica democracia, o que nuestro país sea comparable a países como, digamos, Turquía; tan sólo quiere sugerir que el sistema se ha endurecido, se ha vuelto menos poroso y más rígido, con todo lo que ello ha supuesto de erosión democrática. Seguimos teniendo una democracia, por supuesto, pero es una democracia de menor calidad que en el pasado. Así se confirma, por lo demás, en las mediciones sobre calidad democrática que realiza el V-Dem Institute, la fuente más fiable y detallada sobre el funcionamiento de las democracias en el mundo.

Que en los últimos veinte años la democracia española haya ido hacia atrás no puede explicarse por el franquismo, pues el efecto de este debería disminuir con el tiempo, no aumentar. Por tanto, hay que buscar una explicación algo diferente.

  1. Franquismo y nacionalismo

Una lectura más compleja de lo que ha sucedido en España nos revela que el factor principal de la cerrazón progresiva de la democracia española no es tanto un franquismo residual sino, más bien, el resurgimiento de un nacionalismo español de carácter excluyente que se creía dormido. El origen de ese resurgimiento se encuentra, a mi juicio, en la segunda legislatura de José María Aznar. Es entonces cuando se rompen los equilibrios territoriales y nacionales que hasta entonces habían prevalecido en la democracia española. Aznar lanza, con el apoyo de importantes intelectuales que procedían de la izquierda, un ideario basado en una deslegitimación completa de las reivindicaciones nacionalistas vascas y catalanas, así como en una defensa desacomplejada de la nación española. El discurso “constitucionalista” de rechazo al terrorismo de ETA se aplica por extensión al nacionalismo en su conjunto.

Defender la nación española como antídoto contra los nacionalismos periféricos es una forma de nacionalismo, se mire como se mire. El nacionalismo consiste en organizar la vida política a escala nacional, ya sea la nación la española, la catalana o la vasca. Por más que se arrope con “constitucionalismo liberal”, la defensa de la nación española es nacionalismo. A medida que se iba enconando el conflicto catalán, el nacionalismo español ha ido adoptando tonos y formas cada vez más excluyentes, sin reconocer legitimidad alguna a las posiciones de los otros nacionalismos. El resultado ha sido un choque de nacionalismos en el que se ha impuesto la parte más poderosa, la nación española, que cuenta con un Estado fuerte y consolidado.

Es en el choque con el nacionalismo independentista catalán donde el nacionalismo español comienza a mutar adquiriendo formas cada vez más siniestras, basadas en la intolerancia y la renuncia a la integración y el reconocimiento mutuo. La provocación independentista (desobediencia de la ley, ruptura del orden constitucional, descripción de España como país autoritario) termina desquiciando al nacionalismo español. En la afirmación de la superioridad del nacionalismo español sobre el catalán se rompen barreras y muros de contención que se habían construido trabajosamente en los albores de la democracia. En ese momento, reviven actitudes autoritarias que nos retrotraen a lo que se llamó en su momento “franquismo sociológico”. Al fin y al cabo, el franquismo no era sino un nacionalismo reaccionario y autoritario.

Lo que en mayor medida explica la regresión democrática que ha vivido España en los últimos años es el reforzamiento de un nacionalismo español excluyente que hunde sus raíces en el tipo de nacionalismo que fue dominante en nuestro país durante casi cuarenta años de dictadura. El problema, pues, no está en la Transición, sino en el lado oscuro del nacionalismo español. Los resultados de Vox en las elecciones andaluzas, que auguran un importante ascenso de la derecha radical nacionalista en el conjunto de España, son la mejor muestra de que el mecanismo que hace resurgir las actitudes autoritarias e intolerantes es la reactivación de la nación española como proyecto uniforme y excluyente de la diversidad nacional de nuestro país.

Memoria, justicia y reparación

No podríamos pasar de lado ante lo que está siendo en estos días motivo de crispación en el país. Nos referimos al anuncio hecho por el Gobierno, previa aprobación del Parlamento, de la exhumación de los restos del dictador Franco de su encumbrado sepulcro en el Valle de los Caídos. La amenaza posterior de su posible traslado a la cripta de la Almudena en el centro de Madrid ha levantado olas de protesta que, ante el incomprensible silencio de la Iglesia, ha sacado a las calles de la capital a miles de personas, dispuestas a impedir semejante humillación pública.

A pocas personas en España le está dejando indiferente este asunto. Para un sector minoritario, nostálgico de las victorias guerreras del pasado y muy a gusto con la paz impuesta por el silenciamiento del enemigo, hay que dejar las cosas como están, porque la apertura de la fosa va “a abrir las heridas de una contienda que ya tenemos olvidada”. Es la injustificada respuesta que han dado siempre quienes, desde la muerte del dictador genocida, se han mantenido fervorosamente pegados al poder y sus aledaños.

Para el sector mayoritario, que ya no ha conocido la guerra pero sí sus consecuencias amargas, este gesto no debería representar más que el primer paso de un camino que está obligada a recorrer una sociedad –que por miedo, comodidad o por olvido se ha mantenido en silencio durante 40 años– para poder reconciliarse consigo misma y su reciente pasado. Limpiar la propia historia de sus inhumanidades y vergüenzas es una condición necesaria para poder vivir con honestidad el presente y encarar con libertad el futuro. Y, en este esfuerzo por blanquear la historia pasada, el golpe militar del 1936 contra la República y el genocidio de los oprobiosos años de dictadura representan manchones demasiado fuertes que siguen proyectando su macabra sombra sobre nuestros días.

Pero con ser importante esta noticia sobre la suerte futura del dictador, no es de menor calibre –aunque con menos presencia mediática– esta apuesta que indirectamente se está dando a la sociedad. Nos referimos a la otra cara de la moneda. Al final, y después de tantas falacias y patrañas producidas para ocultar la historia verdadera, se va a poder oír abiertamente en nuestras plazas el grito desgarrador de las víctimas. Un grito –sepultado ante las tapias de los cementerios o en las cunetas de las carreteras– siempre silenciado por los poderes políticos y religiosos que han mandado en este país. Por más que lo pretenda, ningún pueblo puede ignorar para siempre su historia, la lleva pegada como la sombra al cuerpo. Y, por más que se las quiera ocultar, la memoria y la verdad de la historia esperan siempre el momento oportuno para salir a flote.

La tragedia ha querido unir tan indisolublemente al victimario y a las víctimas que no sería posible conocer el perfil exacto del primero, sin la presencia de las segundas. Desde Éxodo saludamos como buena noticia la exhumación del dictador y no podemos ocultar la alegría que nos produce el camino que se abre para el reconocimiento de la verdad, la justicia y la reparación de las Víctimas.