Éxodo 146

Sin justicia no hay reconciliación

Claudia Cano Hinojosa

Hace ahora más de 80 años algo se rompió en nuestra sociedad, cuando un golpe de estado acabó con un gobierno establecido democráticamente y desencadenó en un conflicto entre el bando subversivo y el gobierno legítimo, estableciéndose tras el mismo una dictadura que se prolongó por casi 40 años, pero cuya penetración en las instituciones, economía, cultura y sociedad de nuestro país aún se hace notar, a pesar de los esfuerzos para lograr una transición por mucho tiempo considerada ejemplar, que ahora está en el punto de mira. Se habló entonces de reconciliación. Sin embargo, trascurridos ahora 40 años de la Constitución Española de 1978, numerosos sectores sociales alzan su voz para señalar que dicha “reconciliación” no fue tal. Y es que el proceso de democratización de nuestro país falló a las víctimas.

La cuestión de la exhumación e inhumación de los restos del dictador Franco ha evidenciado que existe en la sociedad española una cierta añoranza por ese fatídico periodo de nuestra historia reciente caracterizado por el autoritarismo y la falta de libertades, empañando lo que podría y debería ser una oportunidad única para abordar de una vez por todas la deuda histórica que tenemos con las víctimas. Este fenómeno, que en otros países de nuestro entorno resulta a todas luces incompresible, tiene una razón de fondo. La falta de una verdadera política de reconciliación en España tras la dictadura no ha hecho sino afianzar las fragmentaciones al no abordar elementos básicos para la construcción de una verdadera democracia. Es tanto el temor en España a mencionar las palabras justicia, verdad, memoria y reparación para las víctimas de los crímenes de la guerra civil y el franquismo, que ningún gobierno, más allá de algunos esfuerzos limitados, se ha atrevido a adoptar medidas de fondo para promover una auténtica reconciliación.

La reconciliación ha de implicar necesariamente una apuesta firme por los Derechos Humanos como principios éticos insoslayables e irrenunciables que deben constituir las bases de nuestro modelo político, social, económico y cultural. Desde este enfoque, cualquier violación a los Derechos Humanos nos interpela, pues, como señalaba Kant en La paz perpetua, “la violación del derecho en un lugar particular se siente en todos los lugares de la tierra”. La respuesta ha de ser por tanto de unánime rechazo, con el establecimiento de medidas para lograr desvelar la verdad sobre dichas violaciones, garantizar justicia para las víctimas, la reparación integral y la construcción de la memoria colectiva sobre los hechos violatarios, todo ello con el fin último de lograr la reconciliación y la no repetición de dichos hechos.

Sin estas medidas de verdad, justicia y reparación integral, la reconciliación es, simplemente, imposible, abriéndose por el contrario espacio para la impunidad. La verdad, la justicia y la reparación son, por otra parte, elementos indisociables y complementarios de un mismo proceso encaminado a lograr la reconciliación, sin que quepan desde este punto de vista las falaces tensiones o prelaciones entre unos y otros, tan frecuentemente planteadas en distintos foros. Por tanto, sin justicia, no hay reconciliación. Sin verdad, memoria y reparación, tampoco, pues la negación de alguno de estos elementos, afecta forzosamente a los otros.

Cuando hablamos de justicia nos referimos, por supuesto, a la justicia punitiva, que permite determinar la responsabilidad penal de aquellos que han cometido las violaciones a los derechos y definir la pena correspondiente. Bajo la óptica del Derecho Internacional, no cabe duda de que existen ciertos delitos que no solo no pueden ser objeto de amnistía, sino que además son imprescriptibles, como es el caso del genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Precisamente la especial condición de este tipo de delitos reside en que en su comisión el bien jurídico vulnerado no es ya un solo ciudadano o ciudadana, ni siquiera un conjunto de ellos, sino toda la humanidad. Se trata por tanto de los delitos más graves. Por ello, corresponde a todos los Estados su persecución para determinar la responsabilidad penal de los autores, la imposición de las penas y su ejecución, así como la reparación a las víctimas, sin que el tiempo trascurrido desde su comisión sea un factor condicionante, y sin que puedan ser indultados o amnistiados bajo ningún concepto.

Los delitos cometidos durante la guerra civil y la dictadura en España son delitos de lesa humanidad, al tratarse, como señala el Estatuto de Roma en su artículo 7, de asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y persecución, entre otros crímenes, cometidos “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Por lo tanto el Estado español tiene la obligación de investigar y juzgar dichos delitos, y las víctimas tienen el derecho a obtener justicia, lo que incluye castigar a los culpables, obtener la verdad judicial y ser reparadas. Importante es anotar que estas normas de Derecho Internacional forman parte del ordenamiento jurídico español e implican obligaciones ineludibles para el Estado. Abrir la vía de la justicia para los crímenes del franquismo resulta por tanto un deber con las víctimas.

La justicia punitiva tiene, sin embargo, claras limitaciones, al poner en el centro del proceso al responsable penal y no a las víctimas. Por ello resulta fundamental la búsqueda de otros marcos conceptuales que nos permitan dar una respuesta integral a esas violaciones masivas a los derechos humanos a través de medidas destinadas al reconocimiento, la memoria y la reparación, y que tienen como núcleo central a los sujetos cuyos derechos han sido violados. Es aquí donde la noción de justicia transicional permite ampliar nuestra comprensión de esa respuesta integral. Se trata de un concepto abierto sin una definición taxativa, pues es el propio contexto en el que se producen esas violaciones de derechos el que define qué compleja configuración de medidas permiten superar la situación de violencia, desconfianza hacia el Estado y ruptura del tejido social y, muy especialmente, garantizar los derechos de las víctimas.

Las víctimas tienen derecho a saber cómo y por qué se produjeron las violaciones a sus derechos humanos. Este derecho a la verdad está reconocido por la ONU, que en su Conjunto de principios actualizados sobre la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad establece que “independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones”. El derecho a la verdad, más allá de esta perspectiva individual, tiene una dimensión colectiva en el “derecho inalienable de todo pueblo a conocer la verdad”. Bajo esta óptica, es responsabilidad de los Estados adoptar las medidas adecuadas para hacer efectivo el derecho a saber, en sus dos dimensiones. Así, el conocimiento de lo ocurrido constituye un elemento reparador para las víctimas y un componente imprescindible para construir un nuevo orden social, político y democrático, orientado a la reconciliación y a que las violaciones a los derechos humanos no vuelvan a repetirse en el futuro.

En este sentido, a pesar de que la conocida como Ley de Amnistía trató de consolidar un “modelo de olvido” para nuestro país, con el objetivo de dejar atrás la dictadura y lograr una supuesta reconciliación nacional, las demandas de las víctimas por conocer lo que ocurrió no han cesado desde entonces. Entre otras medidas, una parte importante de las víctimas demandan la creación de una comisión de la verdad para nuestro país que permita desvelar las atrocidades cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Sin embargo, y a pesar de las peticiones de las víctimas y de las recomendaciones de los organismos internacionales (como las emitidas por el Relator Especial Pablo de Greiff), en España no se ha establecido nunca una política de Estado en materia de verdad. Es más, no existe información oficial, como censos de víctimas, ni mecanismos para esclarecer lo ocurrido. Cierto es que a nivel autonómico algunas comunidades han dado un paso para crear comisiones de la verdad o comités de expertos con el fin de desvelar los hechos ocurridos durante el mencionado periodo histórico. Sin embargo, la creación de una comisión a nivel estatal continúa siendo una deuda con las víctimas.

Otro elemento clave de esta justicia transicional es el derecho de las víctimas a la reparación integral, que incluye medidas de indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Aunque la Ley 52/2007 reconoce algunas de estas medidas, lo cual supuso un importantísimo avance en el reconocimiento de los derechos de las víctimas que es necesario poner en valor, se hace necesario profundizar en las mismas con vistas al establecimiento de una verdadera política de reconciliación.

La indemnización implica una compensación económica por el daño sufrido por las víctimas, derecho reconocido en la Ley 52/2007 para algunos casos particulares, como el de aquellas personas que estuvieron en prisión y que cumplen determinados requisitos o los fallecidos en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos entre 1968 y 1977. Sin embargo, la ley desconoce la compensación a aquellos ciudadanos y ciudadanas que sufrieron incautaciones y sanciones económicas y que, igualmente, tendrían que ser compensados por estas afectaciones.

La rehabilitación por su parte está referida a todas aquellas acciones encaminadas al restablecimiento de las condiciones jurídicas y psicológicas de las víctimas, como son la necesaria declaración de la nulidad de las resoluciones judiciales de los tribunales, jurados u órganos creados en vulneración del derecho a un proceso justo, y de las sanciones y condenas de carácter personal impuestas por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas. Pero también, las medidas orientadas a la rehabilitación moral de la memoria de las víctimas y el necesario acompañamiento psicológico para abordar los traumas generados por las violencias ejercidas durante la guerra civil y la dictadura.

En cuanto a las medidas de satisfacción, se trata de aquellas destinadas a restablecer la dignidad de las víctimas y difundir la verdad de lo sucedido, como son el reconocimiento del carácter de víctima y su dignidad, la realización de actos de reconocimiento y homenaje público, la construcción de monumentos conmemorativos, la aceptación de responsabilidad y solicitudes de perdón, la localización, identificación e inhumación en condiciones dignas de las víctimas desaparecidas, la localización e identificación de los menores desaparecidos o el establecimiento de un día de reconocimiento y homenaje a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista. Se incluyen asimismo entre estas medidas aquellas dirigidas a la reparación simbólica de las víctimas y de la sociedad española en general, que aseguran la recuperación y difusión de la memoria histórica y el restablecimiento de su dignidad. La reconstrucción de esa memoria histórica colectiva debe incluir disposiciones para el acceso a los archivos, incluidos los militares, para contribuir a esclarecer lo ocurrido en nuestro país.

Todas estas medidas de reparación sientan las bases para garantizar la no repetición de los hechos de violencia, a través de la difusión de la verdad, la memoria histórica y la creación de una pedagogía social que promueva la generación de una cultura de paz basada en los derechos humanos y de rechazo a toda forma de violencia que se erija en la base de la reconciliación y de construcción de un mejor futuro. Solo a través del conocimiento de nuestra propia historia y de la recuperación de la memoria y dignidad de todos aquellos hombres y mujeres que lucharon por los derechos y libertades democráticos de los que ahora gozamos, podremos alcanzar una lectura crítica de la realidad social compleja que nos permita identificar los retos a esos principios y defenderlos frente a múltiples amenazas, como las que hoy suponen los nuevos movimientos fascistas de corte autoritario, xenófobo y nacionalista en toda Europa.

En este sentido, la construcción de una memoria colectiva y diversa no implica solamente la celebración de las luchas de reivindicación de derechos, sino que se convierte en un proceso verdaderamente transformador de nuestra sociedad, que conecta las violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país con otros fenómenos similares en el contexto europeo previo a la Segunda Guerra Mundial, pero también con los atropellos que se producen actualmente. Solo de esta forma podremos tomar conciencia histórica del sufrimiento que implicó lograr el reconocimiento de ciertos derechos, así como de su fragilidad si no nos implicamos en su defensa.

Es importante señalar que este proceso de reconocimiento, memoria y reparación ha de incorporar necesariamente un enfoque participativo por el cual la sociedad civil, y muy especialmente las víctimas, puedan manifestar sus expectativas y necesidades. Solo así se logrará la legitimidad necesaria para que los esfuerzos de reconciliación resulten sostenibles. Adicionalmente, se hace absolutamente imprescindible incorporar los enfoques diferenciales, especialmente el de género, como herramienta de análisis que permite reconocer que existen diferentes grupos poblacionales que han sido afectados por la guerra civil y la dictadura franquista de manera particular, debido a procesos históricos que perpetúan y exacerban las condiciones previas de discriminación, desigualdad y exclusión social.

Un país roto por las heridas de un pasado injusto no tiene futuro si no se establecen medidas para lograr la reconciliación en torno al reconocimiento de la inviolable dignidad de las víctimas, si no rescatamos la memoria construida por la acción de las víctimas y centrada en sus conocimientos, realidades y vivencias que tienen impacto en nuestro presente. Esta justicia anamnética, como la han denominado autores como W. Benjamin o Reyes Mate, va más allá de la justicia histórica y de la punitiva, y pone el foco en aquellos que sufrieron la injusticia.

“Reconciliar” es, según el diccionario, “volver a las amistades, o atraer y acordar los ánimos desunidos”, pero además “bendecir un lugar sagrado, por haber sido violado”. Trabajar desde el presente por la reconciliación implica por tanto apostar por el reencuentro con nuestro pasado y por el reconocimiento del injusto sufrimiento de las víctimas cuya dignidad nunca debió ser violada, con la esperanza puesta en un futuro guiado por los principios de justicia y solidaridad en el que estos hechos atroces no vuelvan a repetirse.

Estado de Derecho, Democracia, Verdad, Justicia y Reparación: Una mirada desde fuera de nuestras fronteras

Javier Chinchón Álvarez

Algunos acontecimientos recientes, probablemente de manera señalada el debate en torno a la exhumación del dictador F. Franco, parecen haber vuelto a poner sobre la mesa lo que parece una discusión intermitente en intensidad, pero endémica en su fondo, en España. Sumariamente podríamos resumirla en la discusión acerca del modo en que nuestra democracia debió –y/o debe– enfrentar algunos de los más graves crímenes de la Guerra Civil y la larga dictadura que padecimos, así como atender a sus víctimas. En todos estos años, mucho se ha dicho y escrito en nuestro país, con lo que dentro de las posibilidades de este breve artículo, propondría un pequeño ejercicio que abriera el enfoque hacia el modo en que algunos observan y valoran esta cuestión desde fuera de nuestras fronteras.

Al respecto, valga comenzar recordando una posición consolidada en el ámbito de las Naciones Unidas desde hace ya camino de quince años, esto es, que existen una amplia variedad de mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de participación internacional, así como abarcar, entre otros, el enjuiciamiento de personas, la reparación, la búsqueda de la verdad, la remoción del cargo, o combinaciones de todos ellos.

Un elemento esencial a tomar en cuenta es que dentro de esa enumeración lo que no se prevé es la posibilidad de que para hacer frente a los “abusos a gran escala” de una dictadura, o conflicto armado pasado, la solución sea no aplicar ninguna o prácticamente ninguna de las actuaciones que se indican. Entre otras cosas porque las mismas Naciones Unidas insisten en algo transcendental: que todo lo expuesto se encuentra íntimamente ligado con conceptos como el respecto y vigencia del estado de Derecho. En otros términos, que a través de las medidas señaladas, entre otras, un paso fundamental que ha de dar un Gobierno que ha logrado la pacificación de un conflicto armado, y más evidentemente un Gobierno democrático, es la reinstauración del estado de Derecho, la afirmación de un sistema respetuoso, también y en concreto, de la legalidad internacional. Y es que por recordar una célebre frase de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de hace ya más de tres decenios: En una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros.

Desde este punto de vista, es común sistematizar lo que acabamos de apuntar en tres grandes categorías, y así se habla de las medidas, mecanismos, o políticas necesarias en materia de Verdad, de Justicia y de Reparación (a lo que habrá que sumar lo que generalmente se conocen como Garantías de no Repetición). De hecho, uno de los más recientes mecanismos en esta materia creados en el seno de las Naciones Unidas es el denominado como Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En el mismo orden de ideas, un documento de referencia de las mismas Naciones Unidas, en lo que nos ocupa, es el conocido como Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. En él se recoge que también en procesos de “restablecimiento de la democracia y/o de la paz o de transición hacia ellas” es imprescindible la adopción de medidas nacionales e internacionales para asegurar conjuntamente el respeto efectivo del derecho a saber que entraña el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a obtener reparación.

Tomemos pues como premisa la necesidad de lo expuesto, la idea básica de que todas esas medidas, derechos, no son algo “prescindible”. Desde aquí podríamos entrar entonces en la discusión acerca de qué, y en qué grado, se ha atendido todo ello en las últimas más de cuatro décadas en España. Como es sabido, dentro de nuestras fronteras hay opiniones casi para todos los gustos, con lo que abramos de nuevo el punto de vista. Para ello, puede ser una buena guía lo que expresa y literalmente reconoció la actual Ministra de Justicia en su comparecencia del pasado 11 de julio: que España es un país que se identifica en foros internacionales como uno de los mayores incumplidores en lo que se refiere al derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición respecto a la víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Dentro de nuestras actuales posibilidades, una buena síntesis de cuál es el concreto contenido de la censura de esos foros (y órganos) internacionales pudiera ser el siguiente: Por dejarlo en un decálogo, consignemos aquí algunas de las demandas expresas de órganos como el Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias o el ya citado Relator Especial, también de Naciones Unidas. Esto es, que España debió y debe: 1) Investigar todas las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo; 2) No aplicar la Ley de Amnistía de 1977 a responsables de grave violaciones a los derechos humanos; 3) Considerar, de acuerdo con el Derecho internacional, que una desaparición forzada solo termina cuando la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad.; 4) Incorporar la desaparición forzada en el Código Penal como crimen internacional: imprescriptible y castigado con penas apropiadas a su extrema gravedad; 5) Crear una Comisión de expertos independientes para determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado; 6) Reparar a todas las víctimas de esas graves violaciones a los derechos humanos de acuerdo con los estándares internacionales; 7) Modificar el sistema previsto en la conocida como Ley de Memoria Histórica para dejar de delegar la responsabilidad sobre las exhumaciones en las víctimas; 8) Asegurar la colaboración de la justicia española con procedimientos judiciales de otros países, como Argentina; 9) Modificar el significado y sentido del Valle de los Caídos, y en especial atender a las personas que exigen recuperar los restos de sus familiares enterrados allí sin su consentimiento; 10) Realizar esfuerzos en materia de educación en Memoria Histórica y derechos humanos.

Para este conjunto de órganos internacionales es pues un hecho que, aun hoy, seguimos con al menos estas diez carencias, ausencias, déficits, incumplimientos, problemas; úsese la palabra que se prefiera. De tal suerte que adquieren todo su sentido conclusiones más generales pero también más cercanas en el tiempo, como las del ya mencionado Relator Especial de Naciones Unidas. Para quién, en sus propias palabras del pasado 17 de mayo de 2017, España “tiene una obligación de atender los derechos de las víctimas y sus familiares y poner fin al sufrimiento de miles de ellas quienes aún hoy –a veces 80 años después de los hechos, más de 40 años desde el regreso de la democracia– siguen sin saber dónde se encuentran los restos de sus seres queridos”. Resultando pues imprescindible “una política de Estado decidida que no quede presa de las tensiones y divisiones políticas, pero que garantice medidas integradas, coherentes, prontas e imparciales, en favor de la verdad, la memoria y la reparación. Se trata de derechos humanos, no de política partidista. La fortaleza de una democracia se mide, entre otros, por su capacidad de gestionar reclamos válidos de las víctimas, y de garantizar el derecho a la verdad sobre los acontecimientos, por más dolorosos que sean”.

Así las cosas y ante todo ello, simplifiquemos, pueden tomarse dos actitudes: Una viene escuchándose de continuo en distintos ámbitos, y podemos resumirla en algo que se dijo al hacerse público, allá por 2013, el muy importante primer informe del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas tras su visita a España.; en concreto, la réplica de un portavoz del Partido que entonces nos gobernaba fue que en España se había hecho todo bien y el único problema era que “las Naciones Unidas no se enteran de nada”. La otra, aceptar, asumir y seguir trabajando para acabar con lo que nos subrayan como evidente: que nuestro estado de Derecho y nuestra democracia no pueden merecer el mejor de los calificativos mientras, no solo pero especialmente, los derechos de todas esas víctimas, de miles de seres humanos, sigan siendo ignorados.

El Comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid

Teresa Aradillas

El Comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid fue creado por acuerdo del pleno municipal de 26 de abril de 2016. Se constituyó como órgano colegiado de asesoramiento y propuestas de actuación municipales en cumplimiento de la “ley 52/2007 de 26 de diciembre por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura” (conocida como “Ley de Memoria Histórica”).

En la exposición de motivos de la creación del Comisionado se alude como antecedente tanto al hecho de que ya en 2005 la Organización de Naciones Unidas en su Comisión de Derechos Humanos establecía el “deber de recordar” como a la condena al franquismo llevada a cabo por el Consejo de Europa en el año 2006, cuando se denunciaron graves violaciones a los Derechos Humanos cometidos por España entre 1936 y 1975.

Derivado de lo anterior, y conscientes de que la ciudad y los ciudadanos de Madrid sufrieron con especial intensidad la Guerra Civil resistiendo el asedio de las tropas rebelde desde 1936 a 1939, con posteriores exilios y detenciones masivas que hacinaron sus cárceles o fueron seguidas de numerosas ejecuciones, el actual Ayuntamiento de Madrid consideró su deber dedicar una especial atención a aquellos hechos para que las presentes y futuras generaciones conociesen con cierta objetividad su pasado para no repetir lo indeseado y por el contrario honrar las conductas que deben ser valoradas.

Así, el Decreto firmado por la Alcaldesa nombró Presidenta del Comisionado a Francisca Sauquillo y a continuación fue nombrado como Vicepresidente a José Álvarez Junco y como vocales a Teresa Arenillas, Octavio Ruiz Manjón, Andrés Trapiello, Santos Urías y Amelia Valcarcel, siendo asesor Txema Urquijo y secretario el letrado del Ayuntamiento Pedro Manuel Salas.

La filosofía que inspiró desde el inicio la actuación del Comisionado se sustentó en la idea básica de que las medidas que unas autoridades democráticas deben tomar después de un período de Guerra Civil o dictadura son de gran complejidad y que desde luego había que huir de cualquier ánimo de revanchista, que la justicia nos exigía una restitución de la memoria y honor a quienes les son debidos con independencia de quien gobierne.

No queríamos dejarnos llevar solo por la tan reiterada idea de que los pueblos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo, pues entendíamos que el recuerdo ayuda, sin duda, a prevenir riesgos futuros pero que en la historia hay más cambios que repeticiones y uno de esos cambios son las transiciones democráticas. En el caso español creíamos que hay razones para apoyar la convicción de que lo ocurrido en 1936 no volverá a suceder.

No pretendimos establecer una versión canónica del pasado que fijase méritos y responsabilidades de cada uno, ni menos aún hacer proyecciones de culpas y méritos remotos sobre grupos sociales del presente.

Tampoco nos guio la idea de hacer justicia en el sentido literal del término, es decir en el de restaurar la situación al estado anterior a que se conculcara el derecho ya que esto raramente es posible y menos aun cuando ha transcurrido tanto tiempo.

Lo único posible ahora es la rehabilitación moral, política y simbólica de las víctimas.

Se trataría sobre todo de resolver los problemas de los ciudadanos españoles presentes mejorando su convivencia y por tanto fortalecer nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestra moral cívica.

Con consideraciones de este tipo trabajamos en debate constructivo y abierto, llegando en general a amplios acuerdos y casi siempre a consensos.

De esta manera nos ocupamos de temas como las distinciones honoríficas otorgadas anteriormente por el Ayuntamiento de Madrid y la necesidad en muchos casos de su retirada; de la nomenclatura de calles con las correspondientes supresiones y nuevos nombramientos; de la retirada de símbolos franquistas aún presentes en lugares públicos; de las placas que deberían honrar a personas, instituciones o episodios significativos en la ciudad de Madrid entre 1936 y 1975. También, siguiendo la definición de Pierre Nora, propusimos algunos “lugares de memoria”, espacios físicos a los que se les puede asociar un hecho histórico y un valor simbólico que permitan recordar o conmemorar un determinado episodio representativo de esa etapa de referencia.

Recomendamos retirar cualquier expresión de homenaje a personas que participaron de manera destacada en la rebelión militar de 1936 o en la política represiva del régimen establecido en 1939, proponiendo nombres alternativos que honraran a mujeres ilustres, instituciones pedagógicas o personas destacadas del mundo de la cultura que contribuyeron a engrandecer nuestro patrimonio intangible en tiempos difíciles, así como a quienes adoptaron posiciones conciliadoras.

Visitamos también lugares y nos reunimos con personas relacionadas con asociaciones de víctimas del franquismo y de la Memoria Histórica, con representantes de los grupos políticos municipales, con entidades y personalidades poseedoras de criterios y vivencias relevantes sobre este período histórico.

Las medidas que propusimos pretenden restaurar y fortalecer la confianza entre los ciudadanos y con unas instituciones que han de encarnar la justicia y reconocer que entre 1936 y 1975 se cometieron actos y se vivieron situaciones de violencia que afectaron a muchos de manera injusta. La democracia debe reconocerlo para merecer así la confianza de todos. Solo entonces se podrán considerar cerradas las heridas y saldadas las responsabilidades.

El Comisionado, acabada su función, editó en diciembre de 2017 y entregó a la Alcaldesa de Madrid un libro-memoria que recoge la labor y propuestas realizadas, propuestas que deberán ser ejecutadas en gran medida y en su caso completadas por el propio Ayuntamiento.

Restos de Franco, restos de franquismo

Ignacio Sánchez-Cuenca

  1. Vuelve la crispación

Como siempre que la derecha está en la oposición, la crispación ha vuelto a adueñarse de la vida política española. Sucedió en la última legislatura de Felipe González (1993-96) y en la primera de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008) y vuelve a suceder en los meses que llevamos del Gobierno de Pedro Sánchez.

En esta ocasión se dan algunos agravantes. En los episodios anteriores de crispación, la oposición estaba dominada casi enteramente por el Partido Popular. Ahora, sin embargo, tras los cambios sísmicos producidos en el sistema de partidos, la derecha está dividida en tres fuerzas, PP, Ciudadanos y Vox, lo que introduce un elemento de competición ideológica y electoral de carácter centrífugo que refuerza la estrategia de deslegitimación del Gobierno progresista. Además, cabe añadir que los líderes de la derecha actual muestran unos comportamientos menos “instrumentales” que en el pasado, donde claramente había un elemento de sobreactuación táctica dirigido a inducir la abstención de votantes centristas o sin ideología. Tanto Pablo Casado como Albert Rivera parecen creerse su papel y por lo tanto no cabe esperar que modulen su discurso (menos aún en el caso de Santiago Abascal).

Si nos remontamos a la etapa de Zapatero, los principales temas que usó la derecha como munición para crispar la vida política fueron el proceso de paz con ETA, la reforma del Estatuto catalán y la Ley de memoria histórica.  También algunos avances en derechos civiles, así como la propuesta de una alianza de civilizaciones en el ámbito exterior, produjeron ruido, si bien no tan ensordecedor.

Habiendo felizmente desaparecido ETA, la crispación política permanece anclada en los otros dos asuntos, el catalán y la memoria histórica. Ahora no debatimos sobre la reforma de un Estatuto de autonomía, sino sobre cómo reconstruir un consenso constitucional que reenganche Cataluña a España, en un contexto muy difícil marcado por las acusaciones arbitrarias de rebelión a los líderes independentistas; en el caso de la memoria histórica, la cuestión central en estos momentos es la relativa a los restos del dictador Francisco Franco en la basílica del Valle de los Caídos.

  1. El déficit democrático de la memoria histórica

¿Cómo es posible que después de cuarenta años de las primeras elecciones democráticas todavía pueda causar controversia la decisión de sacar los huesos de Franco del Valle de los Caídos? ¿Cómo explicar que partidos que se reclaman liberales, como Ciudadanos o Partido Popular, puedan poner toda clase de pegas y trabas a una decisión tan obvia y que debía haber sido llevada a cabo hace muchos años? ¿Acaso hay rescoldos franquistas en nuestra democracia?

Recuérdese que en 2004, cuando el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones, todavía quedaban estatuas del dictador en varias ciudades españolas. El Ministerio de Fomento decidió retirar la estatua, de siete metros de altura, de la plaza madrileña de San Juan de la Cruz, enfrente de los Nuevos Ministerios. La retirada se hizo durante la madrugada para evitar incidentes, sin poder evitar así la impresión de que había algo vergonzante en aquel acto.

Como han mostrado Paloma Aguilar y Leigh Payne en su magnífico libro El resurgir del pasado en España (Taurus, 2017), España arrastra un importante déficit democrático en todo lo relativo a la memoria histórica. Nuestro país no ha conseguido revisar de forma abierta y crítica el pasado franquista. Las cuentas pendientes en materia de exhumaciones siguen siendo muy voluminosas y, en la medida en que se están saldando, se debe a la iniciativa de la sociedad civil, no de los poderes públicos. Asimismo, sigue sin constituirse algún tipo de comisión de la verdad que establezca un censo oficial de víctimas, paso imprescindible para poder organizar una política ordenada de reparaciones y reconocimiento. No deja de ser significativa la reacción que se produjo hace unos meses ante el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de constituir una comisión de la verdad en España: la mayor parte del establishment político, periodístico e intelectual se llevó las manos a la cabeza, incluyendo prestigiosos historiadores que pasan por progresistas.

¿Cabe afirmar que la resistencia a avanzar en las políticas de memoria, incluyendo la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos, es un legado de los largos años de franquismo? A mi juicio, la respuesta es negativa. Para situar el problema en su contexto histórico, conviene recordar, en la línea apuntada por Aguilar y Leigh, que el origen de los problemas de la memoria histórica se sitúa en el llamado “pacto de olvido” de la Transición. Evidentemente, no hubo un pacto explícito y rubricado por las fuerzas políticas, pero se llegó a un entendimiento tácito en los primeros años de democracia en virtud del cual era mejor no debatir sobre el pasado. La justificación de ese olvido radicaba en los riesgos de enfrentamiento y ruptura de los frágiles consensos alcanzados en la época.

El más sólido cimiento del pacto de olvido fue el generacional. Quienes protagonizaron la Transición fueron los hijos de los combatientes de la Guerra Civil: querían dejar atrás el pasado porque les horrorizaba la posibilidad de un nuevo conflicto entre españoles. No les interesaban las historias de sus padres, preferían mirar hacia adelante para huir de un pasado brutal y dramático. Las nuevas generaciones, las de los nietos y biznietos de la Guerra, afrontaron el problema desde una posición muy diferente, con una democracia consolidada, sin amenaza golpista ni problema militar; gracias a ello, pudieron abordar el pasado sin tantos temores, conscientes de que se había cometido una injusticia con la generación de sus abuelos o bisabuelos y de que se daban las condiciones para poder corregirla, al menos en una pequeña parte.

La controversia sobre la memoria que se inicia con el cambio de siglo no ha cesado hasta el día de hoy. El principal avance político que se ha producido, para algunos demasiado tímido, ha sido la llamada Ley de memoria histórica de 2007.  No parece que el actual Gobierno de Pedro Sánchez, con un apoyo parlamentario muy precario, vaya a dar grandes pasos en esta dirección.

Que a lo largo de todos estos años de democracia no se haya conseguido avanzar más es consecuencia tanto del “tapón” generacional formado por quienes tuvieron un papel destacado en la Transición (y en los primeros gobiernos de Felipe González) como por el veto de la derecha a cualquier iniciativa en este sentido. No hay nada en el sistema político, en su diseño institucional, en sus valores constitucionales, que impida una acción más decidida en este terreno. Más bien, se trata de resistencias sociales y políticas. En este sentido, parecería incorrecto hablar de un legado franquista en la democracia española con respecto a la memoria histórica.

Por descontado, podemos ir más allá del ámbito específico de la memoria para tratar de averiguar si las resistencias mencionadas tienen a su vez un trasfondo franquista y si cabe hablar de otros restos de franquismo en la sociedad española.

  1. A la busca de franquismo

En los últimos tiempos, se ha hablado con insistencia sobre un sustrato franquista en la política española, sobre  todo a raíz de la irrupción de Podemos, con su crítica al “régimen del 78” y, especialmente, a la Transición. La Transición, como todo el mundo sabe, no se hizo por ruptura, sino mediante una reforma interna del sistema constitucional franquista: la Ley para la reforma política de 1976, que fue el instrumento legal que permitió celebrar unas elecciones libres, era la octava Ley Fundamental del franquismo. Precisamente porque no se consumó la ruptura que demandaba la mayor parte de fuerzas de la oposición, la democratización, según este argumento, no fue completa, quedando fuera del cambio el Ejército, los cuerpos de seguridad y el sistema judicial.

El pecado original de la Transición estaría, pues, en su naturaleza  parcial, en su aceptación de la continuidad de estructuras de poder franquista. Esta crítica al proceso de democratización quedó patente en la polémica suscitada por los comentarios negativos de Alberto Garzón sobre la política seguida por el PCE en los primeros años de democracia, cuando el partido transigió con la monarquía, la impunidad que consagraba la Ley de amnistía de 1977 y el acuerdo socioeconómico de los Pactos de la Moncloa. Garzón centró sus ataques en el propio secretario general de la época, Santiago Carrillo. La generación izquierdista más joven parecía impugnar la “política de reconciliación nacional” que había defendido el PCE desde 1956. Según este punto de vista, la dejadez de la izquierda habría permitido que el franquismo no fuera definitivamente liquidado.

A mi entender, esta lectura de la historia no es del todo acertada. No sólo, como se ha aducido en múltiples ocasiones, porque la visión crítica no se haga cargo de la “correlación de fuerzas” que entonces imperaba, sino porque no es capaz de explicar la evolución de nuestra democracia a lo largo de las cuatro últimas décadas.

El tipo de recusación de la Transición que han popularizado políticos como Alberto Garzón o Pablo Iglesias tiene un punto débil: no consigue explicar el hecho de que el sistema democrático sea hoy, en muchos aspectos, más cerrado de lo que lo era en sus primeros años. Si el argumento de la herencia franquista (fruto de una Transición por reforma interna) fuera cierto, lo que deberíamos observar es que la democracia funcionara con muchas limitaciones en su primera etapa y luego, a medida que se fuera aligerando el peso de dicha herencia, la democracia fuese abriéndose y haciéndose más inclusiva y permeable. Sin embargo, hay buenas razones para defender que ha sucedido justamente lo contrario, es decir, que a medida que nos alejábamos de la muerte de Franco, la democracia se ha ido cerrando con respecto a sus primeros años de desarrollo. La crítica que propongo, por tanto, no impugnaría la Transición, sino que más bien defendería que los valores y proyectos de la Transición quedaron arrumbados por una práctica política decepcionante: la democracia funciona mal porque se fue olvidando el espíritu inicial de la política democrática.

Aunque no puedo entrar en un tratamiento detallado del asunto, hay motivos sólidos para argumentar que hoy en día tenemos menor libertad de expresión que a finales de los años setenta, que la justicia se ha vuelto más conservadora, que los cambios y reformas son hoy más difíciles de aprobar. En los últimos veinte años hemos visto cómo se encarcelaba a piquetes sindicales, se prohibían partidos políticos, se cerraban medios de comunicación, se condenaba a ciudadanos por injurias al rey o a la bandera y se extendía la lógica anti-terrorista a los movimientos sociales. El Gobierno de UCD fue capaz en su día de sentarse a negociar con los terroristas de ETA político-militar y darles una salida para que se integraran en la sociedad; en la España actual, habiendo desaparecido ETA, aún se mantiene la política de dispersión de los presos etarras. No quiero sugerir con esto, entiéndaseme bien, que en España no tengamos una auténtica democracia, o que nuestro país sea comparable a países como, digamos, Turquía; tan sólo quiere sugerir que el sistema se ha endurecido, se ha vuelto menos poroso y más rígido, con todo lo que ello ha supuesto de erosión democrática. Seguimos teniendo una democracia, por supuesto, pero es una democracia de menor calidad que en el pasado. Así se confirma, por lo demás, en las mediciones sobre calidad democrática que realiza el V-Dem Institute, la fuente más fiable y detallada sobre el funcionamiento de las democracias en el mundo.

Que en los últimos veinte años la democracia española haya ido hacia atrás no puede explicarse por el franquismo, pues el efecto de este debería disminuir con el tiempo, no aumentar. Por tanto, hay que buscar una explicación algo diferente.

  1. Franquismo y nacionalismo

Una lectura más compleja de lo que ha sucedido en España nos revela que el factor principal de la cerrazón progresiva de la democracia española no es tanto un franquismo residual sino, más bien, el resurgimiento de un nacionalismo español de carácter excluyente que se creía dormido. El origen de ese resurgimiento se encuentra, a mi juicio, en la segunda legislatura de José María Aznar. Es entonces cuando se rompen los equilibrios territoriales y nacionales que hasta entonces habían prevalecido en la democracia española. Aznar lanza, con el apoyo de importantes intelectuales que procedían de la izquierda, un ideario basado en una deslegitimación completa de las reivindicaciones nacionalistas vascas y catalanas, así como en una defensa desacomplejada de la nación española. El discurso “constitucionalista” de rechazo al terrorismo de ETA se aplica por extensión al nacionalismo en su conjunto.

Defender la nación española como antídoto contra los nacionalismos periféricos es una forma de nacionalismo, se mire como se mire. El nacionalismo consiste en organizar la vida política a escala nacional, ya sea la nación la española, la catalana o la vasca. Por más que se arrope con “constitucionalismo liberal”, la defensa de la nación española es nacionalismo. A medida que se iba enconando el conflicto catalán, el nacionalismo español ha ido adoptando tonos y formas cada vez más excluyentes, sin reconocer legitimidad alguna a las posiciones de los otros nacionalismos. El resultado ha sido un choque de nacionalismos en el que se ha impuesto la parte más poderosa, la nación española, que cuenta con un Estado fuerte y consolidado.

Es en el choque con el nacionalismo independentista catalán donde el nacionalismo español comienza a mutar adquiriendo formas cada vez más siniestras, basadas en la intolerancia y la renuncia a la integración y el reconocimiento mutuo. La provocación independentista (desobediencia de la ley, ruptura del orden constitucional, descripción de España como país autoritario) termina desquiciando al nacionalismo español. En la afirmación de la superioridad del nacionalismo español sobre el catalán se rompen barreras y muros de contención que se habían construido trabajosamente en los albores de la democracia. En ese momento, reviven actitudes autoritarias que nos retrotraen a lo que se llamó en su momento “franquismo sociológico”. Al fin y al cabo, el franquismo no era sino un nacionalismo reaccionario y autoritario.

Lo que en mayor medida explica la regresión democrática que ha vivido España en los últimos años es el reforzamiento de un nacionalismo español excluyente que hunde sus raíces en el tipo de nacionalismo que fue dominante en nuestro país durante casi cuarenta años de dictadura. El problema, pues, no está en la Transición, sino en el lado oscuro del nacionalismo español. Los resultados de Vox en las elecciones andaluzas, que auguran un importante ascenso de la derecha radical nacionalista en el conjunto de España, son la mejor muestra de que el mecanismo que hace resurgir las actitudes autoritarias e intolerantes es la reactivación de la nación española como proyecto uniforme y excluyente de la diversidad nacional de nuestro país.

La mayor prueba de amor es dar la vida por los demás

Armando Márquez Ochoa

Cuando se trata de beatificar o de canonizar a un hombre,

es aquí donde se le examina: su amor.

El amor es la santidad y la medida de la santidad.

Si un hombre sabe desprenderse de sí mismo y amar, es santo;

si un hombre habla mucho de santidad pero no sabe amar, no es santo

(Mons. Romero, 13 mayo 1979)

UNA IGLESIA POBRE PARA LOS POBRES

El Papa Francisco que, desde los inicios de su pontificado, expresó su deseo de impulsar “una Iglesia pobre para los pobres” ahora nos propone un modelo de pastor y de Iglesia coherente con ese ideal. En el contexto de involución que, con los dos Papas anteriores, hemos vivido y, con una gran mayoría de cardenales, obispos y sacerdotes conservadores, impulsando un modelo de Iglesia sacramentalista y espiritualista, la canonización de Monseñor es una “buena noticia”.

Nos alegramos porque confirma lo que a nivel popular ya proclamábamos y que Don Pedro Casaldáliga “oficializó” con su poema “San Romero de América”. Desde el Concilio Vaticano II y desde Medellín, venimos soñando y trabajando por una Iglesia más evangélica, más cercana a aquellas primeras comunidades (Hech 2,42-46; 4,32-36); creemos que, el Papa Francisco, está empujando en ese sentido: por ejemplo, escogió para beatificar a Mons. Romero la fecha de Pentecostés (23 mayo 2015), una festividad con un mensaje y un significado especial porque Mons. Romero consideraba Pentecostés como “el cumpleaños de la Iglesia, porque este día nació la Iglesia” (Homilía del 14 mayo 1978); con ello creemos que el Papa Francisco nos ha invitado a “refundar” la Iglesia en el espíritu de Mons. Romero, como “una Iglesia pobre para los pobres”.

Ahora, la invitación se repite: Francisco canoniza a Mons. Romero junto a Pablo VI, el Papa que decidió llevar adelante el Concilio y viajó a Latinoamérica para inaugurar la Conferencia Episcopal de Medellín, de donde emanaron los lineamientos que conformaron la Iglesia Latinoamericana como una “Iglesia pobre para los pobres”. Sin duda, todavía estamos muy lejos de ese ideal; por eso, la canonización no es un punto final, es una etapa para dar seguimiento a los ideales, a la palabra y al testimonio martirial de Mons. Romero.

 

Algunos signos positivos han comenzado a presentarse: Mons. José Luis Escobar Alas, Arzobispo de San Salvador, siguiendo la denuncia del Papa Francisco respecto al martirio de Mons Romero[i] (en el sentido que fue difamado, calumniado, ensuciado, o sea que su martirio se continuó incluso por hermanos suyos en el sacerdocio y en el episcopado), en la homilía[ii] de la eucaristía de acción de gracias por la canonización expresó: quiero hacer un acto de justicia: Públicamente pido perdón en nombre de aquella parte de la Iglesia que maltrató a Monseñor Romero y lo difamó; entre esos sus hermanos obispos, sacerdotes y laicos que lo abandonaron y lo atacaron en una actitud antievangélica. Y no solo en vida, sino aun después de su muerte martirial. Pedimos perdón al santo pueblo de Dios por todo el escándalo que esa actitud injusta le causó. También manifestó, un público reconocimiento y expreso un sincero agradecimiento a todos aquellos que sí supieron responder a ese momento histórico de salvación dando fiel testimonio de su fe al lado de Monseñor Romero, supieron estar junto al Santo,… a las Comunidades Eclesiales de Base… Este reconocimiento público de las CEB´s es importante porque en las últimas 3 décadas, estuvimos ignoradas, invisibilizadas por la jerarquía católica salvadoreña. Además, fue significativa la invitación de Mons. Escobar, a “que, siguiendo las huellas de nuestro Santo, luchemos por la justicia”, para ello actualizó las denuncias de Mons. Romero en 4 temas de actualidad en el contexto social y político salvadoreño: la defensa del agua, el injusto sistema de pensiones, un sistema tributario que castiga a los pobres y beneficia a los ricos, y, finalmente, la defensa del derecho a migrar. Agradecemos al Señor Arzobispo este tono profético en la línea de Mons. Romero y esperamos que marque un cambio de tendencia pastoral, teológica y litúrgica.

 

CARACTERISTICAS DE LA SANTIDAD DE OSCAR ARNULFO ROMERO

 

¿Qué tipo de santidad descubrimos en él?: Sin duda las características tradicionales de santidad, pero, además, Mons. Romero, presenta algunas notas que lo hacen un santo diferente, un santo especial, un santo difícil de comprender y, por supuesto, de seguir:

 

  • SANTIDAD PROFETICA: sin duda esta fue una característica muy especial, específica y novedosa en Mons. Romero; el anuncio y la denuncia que hizo durante sus 3 años como Arzobispo lo han catapultado a nivel mundial, difícilmente encontramos desde los profetas del Antiguo Testamento, un profeta con tanta fuerza: Es obra de Dios, y por eso no tenemos miedo a la misión profética que el Señor nos ha encomendado. Ya me imagino que alguno dice: «¡Ah, se está creyendo profeta!». No es que me crea profeta, es que ustedes y yo somos un pueblo profético, es que todo bautizado ha recibido participación en la misión profética de Cristo… Nunca me he creído profeta como en el sentido de único en el pueblo porque sé que ustedes y yo, el pueblo de Dios, formamos el pueblo profético, y mi papel únicamente es excitar en ese pueblo su sentido profético que no lo puedo dar yo, sino que lo ha dado el Espíritu” (14 julio 79).

 

  • SANTIDAD POLITICA: otra de sus grandes habilidades fue saber iluminar sabiamente la realidad sociopolítica que se vivía en su tiempo: a la luz de la Palabra divina que revela el proyecto de Dios para la felicidad de los pueblos, tenemos el deber, queridos hermanos, de señalar también las realidades; ver cómo se va reflejando o se está despreciando entre nosotros, el proyecto de Dios. Nadie tome a mal que a la luz de las palabras divinas que se leen en nuestra misa iluminemos las realidades sociales, políticas, económicas, porque de no hacerlo así, no sería un cristianismo para nosotros… (23 marzo 1980)
  • SANTIDAD EN FIDELIDAD AL PUEBLO: Pero quiero asegurarles a ustedes, y les pido oraciones para ser fiel a esta promesa, que no abandonaré a mi pueblo sino que correré con él todos los riesgos que mi ministerio me exige… (11 noviembre 1979)
  • SANTIDAD EN LA PERSECUCION Y EL MARTIRIO: la comisión de teólogos aprobó el reconocimiento de la muerte “in odium fidei”. Y es que Mons. Romero vivió la persecución y el martirio por odio a la fe, por odio a la justicia, a la verdad y a los pobres: como rumores los creo también los que me avisaron esta semana que yo también anduviera con cuidado que se estaba tramando algo contra mi vida. Yo confío en el Señor y sé que los caminos de la Providencia amparan a quien trata de servirle (7 enero 1979). Me basta para estar feliz y confiado saber con seguridad que en Él está mi vida y mi muerte, que a pesar de mis pecados en Él he puesto mi confianza y no quedaré confundido” (último retiro 25 febrero 1980)

DESPUES DE LA CANONIZACIÓN

Durante más de 3 décadas estuvimos luchando por visibilizar y reconocer la santidad de Mons. Romero, ahora no podemos bajar la guardia, la canonización no puede servir como estrategia institucional y eclesial para convertir a Mons. Romero en un santo de camerino, tal como lo expresó el cardenal Gregorio Rosa Chávez, hay que evitar presentarlo como un “santo light o descafeinado”.

Con la canonización, la historia y diversos sectores a nivel mundial reivindican la figura de “San Romero de América y del mundo entero”, la realidad se impone: la verdad de Mons. Romero crece cada día más, el Vaticano finalmente ha asumido y acogido el clamor popular expresado en los diferentes ámbitos de la realidad: el arte en sus diversas expresiones, la literatura, el teatro, la música, la academia, la geografía, la jurisprudencia, la teología, las Iglesias, las Naciones Unidas… proclaman universalmente la grandeza única de este santo obispo, mártir, profeta y “doctor” de la Iglesia.

Una de las tareas post canonización es la demanda de justicia, es incoherente e injusto que, mientras la Iglesia universal y el mundo le honran, en El Salvador, su crimen se mantenga en la impunidad. El señalamiento de los Apóstoles a las autoridades judías: “Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos. ¡Y nosotros somos testigos de ese hecho!” (Hech 3,15), se mantiene, esta denuncia se actualiza en Mons. Romero: nosotros también ahora levantamos el dedo acusador contra los sectores que lo asesinaron, lo que pedimos no es venganza sino justicia; está claro que Roberto D´Abuisson (fundador del partido ARENA) fue el autor intelectual del complot magnicida, él ya falleció, pero, no actuó solo, los sectores que le apoyaron logística y financieramente están vivos y activos políticamente, lo menos que podemos esperar de ellos es que pidan perdón; el Señor Arzobispo ha dado un paso importante, ahora, les toca a otros continuar su ejemplo; pedir perdón no es fácil, tampoco humilla, pero, sí supone mucha humildad, actitud cristiana que dignifica. Así como el dedo de la historia reivindica al santo, así el dedo justiciero de la historia, también señala a sus asesinos: “ustedes mataron al santo, al justo, al profeta, pero, Dios lo ha santificado, la Iglesia lo ha canonizado, el pueblo lo ha resucitado y nosotros somos testigos de ello”

[i] http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151030_el-salvador.html

[ii] https://drive.google.com/drive/folders/1hdYSkSsAAaN-Ld1hfEH_HrrX6035vWl7?ogsrc=32

Exigimos conocer la verdad

Jaime Ruiz Reig

“¿Es posible que el antónimo de olvidar no sea recordar sino justicia?”

Hayim Yerushalmi

40 años de Constitución no es corto plazo para un país que siempre vivió en libertad en pequeños paréntesis de su historia. 40 años y una evidente incapacidad de afrontar su pasado más oscuro, brutal y opresivo. El Estado español no ha sido aún capaz de aplicar verdad, justicia y reparación a las víctimas del franquismo.

Las graves violaciones de Derechos Humanos cometidos en España entre los años 1936/1978 exigen la condena de la dictadura por los poderes del Estado y la sociedad toda. Es una afrenta añadida a las víctimas pretender que se mantenga el olvido o se ignora su sufrimiento. El conocimiento del pasado debe afrontarse como un patrimonio del que se debe y puede aprender para no repetirlo nunca más.

El informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrado en París en marzo del 2006, afirma: “Que en julio de 1936, en nuestro país se produjo un golpe de estado, con el apoyo de unidades regulares de las fuerzas Armadas de Alemania e Italia y sus respectivos gobiernos y que intervinieron en territorio español, prólogo de las agresiones a otros estados que fueron juzgados y condenados por el tribunal de Nurenberg en 1946. La República identificó como guerra de España dicha agresión ante la Sociedad de naciones”.

Este informe considera que las personas fallecidas como consecuencia del golpe y posterior guerra, alcanza una cifra que oscila entre medio millón y un millón. Así mismo se denuncia la represión, incluidos fusilamientos, desapariciones forzadas, cárcel, campos de concentración, etc. Y por todo ello se denuncia la dictadura franquista como un régimen en el que se cometieron graves violaciones de los derechos humanos.

Hoy nuestro país se ha dotado de una constitución, dispone de un marco de instituciones asentada, es miembro de pleno derecho de la UE y participa en diversos organismos de NNUU, por todo ello nos reafirmamos en lo que afirmaba Pablo de Greiff, siendo relator de NNUU, “la fortaleza de las instituciones democráticas queda mejor reflejada en la forma como aborda positivamente las peticiones de los ciudadanos, que en su capacidad de dejar ciertos temas fuera de la agenda pública”.

Nos recuerda que existe el derecho a la verdad. Conocer la verdad sobre la suerte y paradero de los familiares es un derecho absoluto y una obligación que el Estado debe satisfacer de acuerdo con el derecho internacional. El derecho a la verdad es un derecho individual y también colectivo; todos tenemos derecho a conocer lo sucedido, empezando porque los juzgados atiendan la solicitud de exhumación y levantamiento de cadáveres con el fin de esclarecer las causas de la muerte y de intentar identificar a las víctimas, dando protección a las mismas y solo después tomar las decisiones procesales o materiales que correspondan

Igualmente urge que se desclasifiquen, sin más dilaciones, los documentos que nos ayuden a conocer mejor lo sucedido en nuestro pasado doloroso, facilitando el acceso tanto a los archivos públicos, incluidos los de policía política y la jurisdicción militar de la época franquista, las entidades privadas sostenidas con fondos públicos que han formado parte del régimen totalitario que fue el franquismo, lo que incluye a la iglesia católica. Se necesita una ley, un marco legislativo apropiado, sobre archivos para garantizar el efectivo acceso público a los mismos.

Desde la creación de la Plataforma por la Comisión de la Verdad en 2012, venimos reclamando la creación en nuestro país de una Comisión de la Verdad, que no es solo una investigación histórica, sino el instrumento del derecho a conocer los progresos y resultados de una investigación, la suerte y el paradero de las personas desaparecidas y sus circunstancias, así como la identidad del autor o autores de las mismas.

Las comisiones de la verdad se han llevado a cabo en más de 42 países para esclarecer las violaciones de los DDHH, del derecho humanitario y de las graves infracciones cometidas durante conflictos y dictaduras. Elaboran un informe oficial con recomendaciones pertinentes para que sea conocido por las Instituciones pertinentes y una vez se comprometa a implementar las mismas y hacerlo público para conocimiento de todos los ciudadanos.

Exigimos para nuestro país una Comisión de la Verdad, constituida con garantías, desde los principios del Derecho Internacional, adaptando las experiencias desarrolladas en otros países, integrada por personalidades independientes, nacionales e internacionales, de reconocido prestigio democrático, aceptada por las Instituciones y entidades asociativas memoralistas, para que establezca la verdad sobre el horror practicado por la dictadura franquista y evidencie la dignidad de sus víctimas y de todos los que se le opusieron y defendieron las libertades para nuestro país. El conocimiento de la historia y nuestra memoria colectiva podrán ser vacunas contra la repetición de los errores del pasado, además de atender a la formación ética y ciudadana de las jóvenes generaciones. Todo ello demostrará la solidez de los valores que garantizan nuestra convivencia democrática.

Carta al arzobispo de Madrid

Varios Autores

Señor D. Carlos Osoro Sierra

Arzobispo de Madrid

Archidiócesis de Madrid

Calle de Bailén, 8, 28013 Madrid

Estimado señor.

Hemos conocido con estupor y enorme indignación la propuesta de la familia Franco de que los restos del dictador, una vez exhumados del Valle de Cuelgamuros, sean trasladados, con honores, a la catedral de La Almudena en el centro de Madrid.

Franco fue un general golpista que instauró una dictadura y secuestró la soberanía nacional por la fuerza durante 40 años, y el máximo responsable de un régimen de represión y terror ejercido, de múltiples formas, sobre cientos de miles de personas.

El entierro de Franco en La Almudena, un lugar público a pocos metros de la Plaza de Oriente, donde la dictadura organizaba los actos de exaltación del régimen, supondría una vejación y una humillación para las miles de víctimas del franquismo, para sus familias, y para el conjunto de la sociedad.

Asimismo, si finalmente se enterrase al dictador en La Almudena, la catedral y el centro de Madrid se convertirían en un centro de peregrinación de los nostálgicos del franquismo y de los fascismos europeos, y, como respuesta, en un lugar de movilización antifascista. Ello tendría consecuencias enormemente negativas para la imagen de Madrid, y para la convivencia de los vecinos y vecinas de la ciudad, y sus visitantes.

Una democracia no puede honrar a un dictador, como han expresado reiteradamente los organismos internacionales de Derechos Humanos. Solicitamos de ustedes, desde las diferentes responsabilidades que ejercen actualmente, que tomen las medidas necesarias para que Franco no sea enterrado en la catedral de La Almudena tras su salida del Valle de Cuelgamuros.

Las asociaciones y colectivos firmantes nos oponemos frontalmente a que este hecho se produzca, y hacemos un llamamiento público a la ciudadanía para que exprese su desacuerdo y se movilice, con el fin de impedir que se consume tal escarnio.

Fdo: Julián Rebollo Cuéllar (DNI: 1.055.143 H), en nombre de todos los colectivos y organizaciones firmantes. Tel: 610 25 24 00

Domicilio para notificaciones: C/Carretas, nº 14, 2º H, 28012 Madrid

nivallenialmudena@gmail.com

ADHESIONES a 25-Octubre-2018

Agrupación de Familiares de la Fosa de El Escorial

Agrupación Republicana de Coslada

Agrupación Republicana de Móstoles

Alternativa Sindical de Trabajadores (AST)

Amical de Mauthausen y otros campos

Amical de Ravensbruck

Archivo Guerra y Exilio (AGE)

ARMH Argentina

Asamblea 15-M Prosperidad

Asociación Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI)

Asociación Católicas por el Derecho a Decidir

Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH)

Asociación Foro por la Memoria Democrática

Asociación Marcos Ana

Asociación Memoria Histórica de Cartagena (MHC)

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid

Asociación Pozos de Caudé (Teruel)

Asociación Todos los Niños Robados son también mis Niños

Asociación Víctimas del Estado (Avices)

Associació de Memòria Històrica Guadassuar per la República

Associació de Veïns i Veïnes del Barri Gòtic de Barcelona

Associació pro–Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya

Attac-Catalunya

Ateneo Republicano de Carabanchel

Club de Amigos de la Unesco de Madrid (Caum)

Colectivo Al Servicio de la República (ASR)

Colectivo Republicano Tercer Milenio

Comisiones Obreras (CCOO)-Madrid

Convocatoria Cívica

Coordinadora de Redes Cristianas

Coordinadora Mesa de Memoria Histórica del Distrito de Latina (Madrid)

Coordinadora Navarra de Pueblos por la Memoria BIDEKOMITXINGORRIA

Ecologistas en Acción

Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo

Europa Laica

Farinatos por la Memoria de Ciudad Rodrigo

Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR)

Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMHRMU)

Federación de Republicanos (RPS)

Federación Estatal de Foros por la Memoria

Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid

Foro para la Recuperación de la Memoria Democrática Las Vegas (Madrid)

Foro por la Memoria de Canarias

Foro por la Memoria de Castilla la Mancha

Foro por la Memoria de Castilla y León

Foro por la Memoria de Guadalajara

Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid

Foro por la Memoria de Segovia

Foro por la Memoria de Toledo

Foro por la Memoria de Zamora

Foro por la Memoria del Alto Guadalquivir

Foro por la Memoria del Bajo Guadalquivir

Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y de la Vera

Foro por la Memoria en Argentina

Foro por la Memoria Histórica de Málaga

Foro Social de la Sierra del Guadarrama

Fòrum per la Memòria Popular de Catalunya

Fòrum per la Memòria Popular de Tarragona

Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR)

Ganemos Madrid

Grupo Verdad y Justicia de Valladolid

Iniciativa social Sanfermines78:Gogoan,Herri Ekimena

IRIS-Mémoires d’Espagne (Toulouse)

IU-Distrito Centro

Izquierda Unida

Izquierda Unida de Madrid

Juventud Comunista de España (marxista-leninista)

La Comuna- PresXs del Franquismo

Manifiesto en contra del franquismo en las Fuerzas Armadas

Memoria en Acción

Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat (AMHDBLL)

Memoria y Libertad

Mesa del Foro Local de Carabanchel (Democracia Participativa, Laicismo, Transparencia y Memoria Histórica)

Mujeres Republicanas

Partido Comunista de España (marxista-leninista)

Partido Comunista de España (PCE)

Partido Comunista de Madrid

Plataforma contra la Impunidad del Franquismo

Plataforma de Afectados por la Hipoteca- Stop Desahucios Madrid

Podemos

Podemos Comunidad de Madrid

Red Roja

RPG-7 Crew

Socialismo Mostoleño (SOMOS)

Solfónica 15-M

Unión General de Trabajadores (UGT)-Madrid

Unión Republicana (UR)

Yayoflautas Madrid

Julio Anguita

Benjamín Forcano

Hacer una entrevista a Julio Anguita es tocar algo nuevo. Si no hay mejor manera de contar la historia que hacerlo a través de las personas, creo que su intensa trayectoria política es camino para llegar a ese objetivo. Por tres claves: por su proyecto de sociedad, por su manera de explicarlo y hacerlo emerger en cada ciudadano, y por la necesaria participación de todos, individual y colectiva.

Acabada la guerra  civil, había problemas que reclamaban urgente solución. ¿Hubo voluntad  para recuperar los sueños negados por el franquismo?

Se referirá seguramente a los problemas creados o derivados del franquismo. Sí, hubo voluntad, porque el franquismo no podía seguir sin Franco. El capital español, que estaba detrás, necesitaba entrar en el Mercado Común Europeo.

Años antes de morir Franco, ya lo decían los directores de los Bancos, la propia Iglesia católica y  parte del Ejército: aquello había sido un régimen de excepción, pero España tenía que incorporarse por necesidades económicas al llamado Mercado Común Europeo y, en consecuencia,  el franquismo no podía continuar, pues de lo contrario no habría entrada en este Mercado.

No obstante, quiero subrayar  que la oposición de la izquierda en tiempos de Franco no tenía  tanta fuerza como el propio franquismo decía. Todo terminó en una componenda: el régimen de Franco se apoyó en una parte importante del pueblo español y en muchísimos trabajadores. Y la oposición democrática se dio, pero nuestros dirigentes, hablo de los del Partido Comunista, hicieron de la necesidad virtud. A lo mejor no se podía hacer otra cosa entonces, pero, cuando no se cumplieron los acuerdos y los pactos de la Moncloa, teníamos que haber estado en la calle, pero no, nos llenamos de solemnidad, de instituciones y empezó la grave decadencia del Partido Comunista.

¿Cómo juzgas la  evolución del PCE?

Las expectativas de cambio,  en el momento en que se tuvo que pactar con el régimen para que éste cambiase, fueron superficiales, pues el grueso del franquismo siguió en pie: las instituciones, los dirigentes, los cuadros del ejército, los jueces que habían condenado a gentes por el delito de rebelión cuando ellos habían sido los rebeldes… El régimen de Franco lo que hizo fue vestirse un poco de lagarterana y pasar a la orilla democrática, entonces el que  creyese que iban a cambiar de fondo se estaba engañando. Luchamos y  conseguimos cosas, pero ya desde dentro de una legalidad que había sido impuesta por el franquismo renovado.

¿El pasado heredado representaba para ti un momento de continuismo, de ruptura o de innovación integradora?

De ruptura no hay nada. Yo  no he visto una conciencia más encallecida que la del pueblo español. Con excepciones, se han tragado los robos de las  altas magistraturas, sentencias indignas, la corrupción de fuerzas políticas gobernantes, el incumplimiento de los artículos más avanzados  de nuestra Constitución, ataques a los derechos humanos.

A nuestro pueblo hay que decirle las cosas claras, y si no le gustan, pues que beban agua, porque hay que despertarlos del sueño. En el pueblo español hay una capacidad de encaje  de las corrupciones tremenda.  Yo no he sido suave hablando.

Tú querías un mundo en el que te bastaba con que se cumplieran los derechos humanos.

Hay una parte de la izquierda en mi partido que considera los derechos humanos como una cosa burguesa, revolucionaria. A mí siempre me han llevado los demonios, pues les he dicho: ¿habéis leído la solemne declaración de los 30 artículos? Cuando los leáis, hablamos: pleno empleo, protección social, pleno derecho a la educación, horas extraordinarias pagadas, que la mujer cobre igual que el hombre al trabajar en el mismo sitio.

De modo que es una asignatura pendiente en España y en otras partes. Cuando  se habla de derechos humanos todo el mundo infla el pecho. Hasta el artículo 22 de los 30 que tiene se habla de los derechos políticos y de las libertades. A partir del 22, 23, 24 y 25, que  son los derechos sociales, esos no se mencionan nunca. Como no se cumplen, los callamos.

Dices que Felipe González convierte su partido en el partido demócrata de USA en España. ¿Tuvo lugar una  fagocitación de Izquierda Unida por el PSOE?

Nosotros no aceptamos Maastricht, estuvimos solos.  Tras 6 o  7 meses de debate con economistas nuestros y extranjeros, vimos que fue una catástrofe.

El primer desastre fue que el Gobierno español elaboró sus presupuestos y después tuvo que pedirle permiso a Bruselas, y luego ésta le dice al Gobierno:  Ud. no puede pasarse del gasto. -¿Y cómo soluciono el problema del paro? –  ¡Ah!, eso es problema suyo. Los instrumentos, que son los presupuestos, Uds. me los controlan.

El euro fue otro auténtico disparate. Todos los países que ingresaron en la Unión Europea junto a España, renunciaron a su soberanía para dársela a  Alemania. Alemania es el cuarto Reich dirigido por Ángela Merkel. El euro es el antiguo marco cambiado de nombre. Nos opusimos, la gente nos dijo barbaridades, hubo un debate interno entre nosotros, lo ganamos 60 a 40. El tiempo ha ido dando razones. Ahí tienen Vds. a la UE.

El Partido Socialista tenía una trayectoria marxista y revolucionaria. ¿Qué hizo  Felipe González? Renuncia al marxismo y lleva a su partido a ocupar la doble visión con el Partido Popular, una moneda de dos caras. El PSOE defiende posiciones que eran impensables en un  partido con una tradición marxista.

España tenía la segunda flota pesquera del mundo, las mejores acerías del mundo, mejores que las de Noruega y Suecia, tenía una red de banca pública, bajo distintos nombres, Banco Exterior de España. A día de hoy, sólo nos ha quedado el turismo.

El Sr. González hizo muchas cosas: el AVE, los Juegos Olímpicos, todo a costa de entregar a Francia la Agricultura, el Agua de Lanjarón a Alemania, fuimos perdiendo trozo a trozo nuestro patrimonio. Somos un país cuya única industria  es el turismo y nosotros de camareros.

¿La fase actual, con partidos nuevos, presenta  posibilidades de  consolidar una España más democrática?

El bipartidismo es como en EEUU, un sistema eficaz para ellos. Los que hemos ido siguiendo la política de España día a día, y la gente se habrá dado cuenta de ello, que cuando se hartaba del PSOE votaban al PP y cuando le pasaba lo mismo con el PP, votaban al PSOE.

La reforma del mercado laboral la hizo el Gobierno de Felipe González, las privatizaciones también y luego las construyó José Mª Aznar, es decir, los dos partidos de acuerdo para alternarse, sujeta la operación como un coche de dos caballos.

Para mí los partidos nuevos o viejos, las siglas, no me dicen nada, yo siempre mido a las personas por lo que hacen. Si alguien me levanta el puño siete veces y me saca la hoz y el martillo, es un ejercicio de gimnasia o de ir al circo que es lo que haces en tú vida privada.

Creo que nos perdemos mucho en declaraciones y  en gestos y esto facilita que venga la extrema derecha. Creo que hay demasiada política palaciega de instituciones y se ha olvidado las cuestiones de fondo: aquí hay parados, gentes sin viviendas, y eso es lo primero, segundo, tercero y cuarto, y si no hay para alumbrado de Navidad, no se pone una puta bombilla, aunque la gente pedirá. Y hay que decirlo así, y el pueblo dirá pues no te voto, y ese miedo a que no te voten no ha de tenerse.

En España muy pocos han leído la Constitución española y los primeros son los periodistas, no la han leído nunca. La Constitución española tiene magníficos artículos, el Título 7º entero, el artículo 128 dice: toda la riqueza del país, sea cual fuese por titularidad está subordinada al interés general,  es decir, que el interés general está por encima de la finca, de  la fábrica. Después dice que los trabajadores pueden acceder a la propiedad de medios de comunicación. Siempre he dicho que la Constitución ha sido el documento más violado en este país.

La periodista Julia Navarro le dijo en una entrevista a Mikel Roca, uno de los padres de la Constitución: -Mire Ud., Sr. Roca, que hable de planificar la economía y que  los trabajadores puedan llegar a la propiedad de los medios de producción, no se ha cumplido. -Y Roca: no se ha cumplido porque aquello  lo pusimos porque está más cerca de la Revolución de los Claveles. Es  decir,  que cuando ellos hicieron esta Constitución sabían que no iban a cumplirla.

En 1992 con Maastricht y en 1999 con la creación del  BCE, todo se concentra en más mercado y menos democracia. “No nos irá bien, dices.  Se volverá contra nosotros”.  

    Al llegar el BCE se prohíbe que los gobiernos pidan préstamos a sus bancos centrales para que lo pidan a la Banca Privada. Consecuencia: entre el 0% y el 0,5% cuando se pedía los préstamos a tu banco y el 5 y 6% a la privada, se da una  diferencia de intereses que nos ahoga. Es decir,  la UE se hizo para la Banca Privada.

Dices: “Señor González, hay algo peor que realizar una mala  política: no  tener ninguna específica”?

El Gobierno del PSOE lo que hizo fue continuar una política que le venía en cierta medida impuesta, no olvidemos que el Sr. González fue el primero que se desdijo de la OTAN, y de pronto pegó un cambio y dijo lo contrario. ¿Por qué?  Porque  ese era el precio para entrar en Europa que fuese atlantista. Pero ¿no lo sabía antes de entrar en el Gobierno? Sí, lo sabía, porque hay entrevistas concedidas por él, en el año 76.

El Sr. González cogió una línea de dependencia que es la que ha continuado José Mª Aznar apoyando la primera guerra del Golfo, reuniéndose con el presidente Bush para la segunda guerra del Golfo. Y por donde quiera que han ido, han hecho barbaridades como en el tema de Yugoslavia, donde la desmembraron, incumpliendo lo que habían acordado en 1991 que no se podía desintegrar ningún país europeo. ¡Un disparate!

¿Entonces, el mal estaría en que Europa se ha convertido en una       Europa de mercado y no de derecho? ¿La OTAN a quién sirve?

La OTAN siempre ha servido a los EEUU, es un instrumento bélico creado por éste país frente al peligro soviético, peligro no solamente frente al poder   militar, sino también para evitar que hubiese tentaciones revolucionarias en los países de la órbita occidental. Estar en la OTAN era aumentar el gasto militar, asumir los riesgos de que en una guerra nuclear te atacasen los otros. Ejemplo, nuestras bases militares españolas en Rota, Torrejón de Ardoz o en Morón, prueba de nuestra inclusión en el engranaje militar.

Pero esto lo ha continuado después  la UE por el Tratado de Lisboa del 2005, los Estados miembros tienen la obligación de tener más gasto militar. Esto se sabe y el pueblo se lo traga.

¿Qué universo promueven  las democracias neoliberales de hoy? ¿Cuáles    son sus valores?

El mercado cambia el valor de uso por el valor de cambio. Las cosas se hacen porque se venden y se crea la necesidad de esas cosas para que se vendan. Y en el mercado de competencia hay que vender más barato. Eso es el Neoliberalismo que está guiado únicamente por el beneficio:  tengo que invertir en lo que me gane dinero.

 “Hoy estamos en una especie de vacuidad absoluta, escribes.  El español se pone delante de un toro, pero no tiene valor de enfrentarse  al  pensamiento.  No lee.  Las grandes masas tienen miedo a pensar. ¿Esto viene de más atrás?

España tuvo la Contrarreforma cuando el protestantismo surgió en Europa, a la gente se le prohibió leer la Biblia, el catolicismo oficial  fue  impuesto por la espada, todo libro de ciencia tenía que pasar por la censura eclesiástica.  Comienza el Siglo XVIII y empiezan a apuntarse unos libres pensadores que conectan con la Ilustración francesa, pero son una minoría. En nuestro país, sólo una minoría de gente ha querido ver, al resto le ha sido impuesto el pensamiento por la Iglesia católica. Y ha habido miedo a pensar por las represalias, y esa forma  es ya una segunda conciencia del español. Y es lo  que imperó en el franquismo.

¿Tú, político, cómo tratas de influir?  

La mejor forma de influir es “fray ejemplo”, ya lo he dicho. Vivo de mi pensión de profesor, no he llegado a coger dinero que no fuera el correcto, el que cobraba de más se lo dejaba al Partido.

En el momento en que el político obre así, la política cambiará, pero si yo me tengo que plegar a que me diga la gente: te voy a votar para que  mañana haya más retransmisiones de partidos de futbol, pues a votar a vuestra abuela, porque yo no voy a retransmitir más futbol,  está claro.

Hay cosas que yo  no haría aunque me votase  la humanidad entera, porque no puedo, iría en contra de mí y eso se nota cuando el político habla.

¿Existe una España a la  que admiras  y  a  la que te  apuntas?

Claro, la España que empezó diciendo: siete llaves del sepulcro del CID cuando perdimos Cuba, la España de que habló Joaquín Costa.

La religión es un asunto privado de la persona y hay que respetar sus creencias, pero la enseñanza no es religiosa. La industria, la agricultura moderna, el comercio, esa es la España que Joaquín Costa, Lucas Mallada, Macías Picavea, Julio Senador, anteriormente el Padre Feijoo, entendieron como el camino para  abrir el país a las cosas nuevas, desde nuestra tradición, sin tener que renegar de cosas que son muy nuestras.

Escribes: “Es verdad que soy ateo, pero tengo un temperamento religioso, en el sentido de un  proyecto donde  la existencia     humana sea el centro.  La religión no me lo dio. La política por lo menos me lo alentó”.

Si  la religión es la búsqueda de las causas últimas. Yo fui creyente, lo fui fervoroso, convencido y buscando siempre. Nunca he estado pegado a la falda de la iglesia, yo era el que creía, iba a misa los domingos, confesaba y comulgaba, pero no he estado nunca en la sacristía de la iglesia ni tampoco en la del partido comunista, no me gusta ninguna.

Fui abandonándolo después, porque las religiones como el judaísmo, el cristianismo y el islam francamente no me dicen nada. No lo digo con acritud, ni odio, es que me son indiferentes, porque hay una etapa en todo aquel que deja de creer que se vuelve contrario o ataca, a mí simplemente no me interesa.

Puedo admirar a esos reformadores religiosos y a Monseñor Casaldáliga dentro de la Teología de la Liberación, y a esos otros curas obreros me merecen un respeto tremendo, pero también hay gente que ha luchado como  ellos sin creer en Dios. Lo que no respeto es la creencia hipócrita, la creencia de quien se da golpes de pecho, pero después no les paga a sus obreros, pero si alguien con su fe religiosa está luchando para cambiar la humanidad le tengo un respeto impresionante, jamás discutiré con él, porque a mí me importa el objetivo, me reconozco en el otro, porque va hacia el mismo sitio que yo.

Soy laico y me molesta mucho que nuestro país sea aconfesional y sin embargo la Iglesia tenga sus privilegios, no me molesta que la iglesia tenga derecho a pisar las calles con sus procesiones, pidiendo el permiso  de ocupación de la vía, que la iglesia critique la política de un gobierno me parece lícito, yo también puedo criticar la política de la iglesia, inclusive puedo no estar de acuerdo con las encíclicas del Papa. La iglesia  no puede ser perseguida, ni doblegada, hay que respetar la creencia, pero la iglesia en su sitio y no debe estar mezclada con el poder. No soporto vivir en la hipocresía y en la doble moral.

  • La entrevista pudo ser grabada y reproducida gracias a la competencia y empeño solidadarios de José Luis Sebastian y Fabri  Prada Belver 

 

Las ambigüedades de la iglesia con el franquismo

Evaristo Villar

La exhumación de los restos de Franco ha tocado a la Iglesia católica. La Conferencia Episcopal Española oficialmente sigue guardando silencio y la diócesis de Madrid se ha puesto de perfil.

La pregunta que se hace mucha gente es si la jerarquía católica  no está perdiendo una ocasión de oro para desmarcarse de su vinculación histórica con el franquismo y romper con los nostálgicos que pretenden mantenerla “atada y bien atada” a un pasado nada edificante.

I. La Iglesia católica en el franquismo. Sometimiento y utilización mutua

Un juicio que da qué pensar. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, refiriéndose al comportamiento de la jerarquía católica con referencia a su pasado franquista, se expresaba, meses atrás, en estos términos: “ha facilitado la beatificación de sus mártires en la Guerra Civil y ha mantenido un terrible silencio acerca de su colaboración con el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Así como haber participado y formado parte de una terrible dictadura”. (La Vanguardia 18/03/2018). Esto da qué pensar.

Enfrentamiento con la República. La hostilidad de la jerarquía católica contra la II República es sobradamente conocida. Desde el 14 de abril de 1931, proclamación de la República y abandono del país del rey Alfonso XIII, hasta el 18 de julio de 1936, golpe militar, la jerarquía mantuvo un recio enfrentamiento con la nueva clase política integrada por socialistas y pequeño burgueses que sustituyeron al antiguo régimen.

Alineados al bloque opositor de derechas, —formado por Comunión Tradicionalista (Requetés), Renovación Española (nostálgicos de la monarquía) y Falange Española—, un grupo de obispos, liderados por el cardenal SEGURA, primado de España, e Isidro GOMÁ, —obispo de Tarazona y luego sustituto de Segura en la diócesis primada de Toledo—, mantuvo un duro enfrentamiento con el Gobierno de la República. Discrepando de la misma orientación de Roma, los jerarcas españoles vieron en el Gobierno republicano un decidido empeño por quebrar el vínculo, que ellos consideraban “natural”,  entre el pueblo y la religión católica. Y, consiguientemente, se aliaron con el grupo opositor.

Testigo de esta alianza fue la Carta pastoral del 1 de mayo de 1931 del cardenal Segura llamando a la movilización  masiva contra el Gobierno republicano. Motivo por el cual perdió la diócesis de Toledo y se ganó la  expulsión del país.

Cabe señalar, por lo que supone para alimentación del conflicto, la aprobación por la Cortes Constituyentes, el 9 de diciembre de 1931, de la Constitución de la II República. En este importante documento se establece que “el Estado no tiene religión oficial” (art 3);  que “no podrán ser fundamentos de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las religiosas” (art. 25); que “una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del clero” (art. 26); y que “la enseñanza será laica” (art.48).

Fusión con el franquismo. Apenas iniciada la guerra, el 30 de septiembre de 1936, Enrique PLA I DENIEL, obispo de Salamanca, publicó su famosa carta pastoral Las dos ciudades, donde define la guerra como “una cruzada por la religión, por la patria y por la civilización”. Pocos días después “entregó su pectoral, su anillo y un donativo a la suscripción nacional y su  palacio episcopal a Franco que lo utilizó de Cuartel General durante su estancia en Salamanca” (José María García de Tuñón Aza, Pla y Deniel el obispo de la cruzada, en el Catoblepas 115:9 (2011).

Por su parte, el cardenal Gomá, con el beneplácito de Franco, organizó  en este mismo año 1936, una colecta entre los católicos españoles con el fin de reconstruir los templos y lugares de culto destruidos o saqueados en las zonas liberadas por el ejército nacional.  Además de la aportación económica, la colecta suponía para el bando golpista una buena propaganda hacia los católicos  europeos que, desde los estragos causados por la Legión Cóndor en Durango y Guernica, no estaban viendo con buenos ojos que se pretendiera cubrir “con una máscara de Guerra santa lo que, en realidad, estaba siendo una guerra de exterminio”.

Preocupado por esta mala imagen en el exterior, Franco se reunió en Burgos el 10 de mayo de 1937 con el cardenal Gomá para reclamar del episcopado español que pusiera “la verdad en su punto” y se la diera a conocer al episcopado mundial. A los pocos días, el cardenal, junto con el borrador de una carta, pedía a los obispos “leerlo con toda detención” y responder “cuanto antes” para “dar autorizadamente nuestro criterio sobre el movimiento nacional y, especialmente, reprimir y contrarrestar las opiniones y propagandas adversas que, hasta en un gran sector de prensa católica, han contribuido a formar en el extranjero una atmósfera totalmente adversa al mismo”. La carta, apoyada por todo el episcopado español, no fue, sin embargo, firmada por el cardenal de Tarragona, VIDAL I BARRAQUER, ni por el obispo de Vitoria, Mateo MÚGICA. Ambos tuvieron que emprender luego el camino del exilio.

La causa de la guerra, para esta Carta Colectiva, no fue el golpe de Estado. El motivo hay que buscarlo en los legisladores de 1931 y en el poder ejecutivo que “se empeñaron en torcer bruscamente la ruta de nuestra historia en un sentido totalmente contrario a la naturaleza y exigencias del espíritu nacional, y especialmente opuesto al sentido religioso predominante en el país”.

Alfonso ÁLVAREZ BOLADO, reconocido investigador del nacionalcatolicismo, destaca las tres limitaciones mayores que, a su juicio, afloran en este texto del episcopado: su trivialización del conflicto social latente, dada  la tradicional vinculación de la jerarquía católica con las derechas políticas; su simplificación del problema vasco  y su disimulo de la represión franquista, debido a su complicidad con el bando golpista (Jesús López Sáez, Memoria histórica. ¿Cruzada o locura, p 34).

Desde estos breves datos, resulta difícil no advertir complicidad entre la jerarquía católica y el bando militar franquista. Complicidad que se irá profundizando posteriormente en la gestión de la paz, impuesta con violencia, durante 40 años.

De la fusión a la utilización mutua. La tragedia no acabó con el final de la guerra. Decenas de miles de “rojos”, en virtud de la Causa General, fueron fusilados, presos, desaparecidos o exiliados. Durante casi 30 años —entre el Decreto del 26 de abril de 1940, que persigue “los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja” y  el Decreto-Ley 10/1969, que considera ya prescritos los delitos anteriores al 1 de abril de 1939— se sometió a la población vencida al silencio y a trabajos forzados, a la cárcel y la muerte.

Tampoco faltó la comedia, como en la introducción del general bajo palio en la Iglesia.  El 20 de mayo de 1939, un día después del desfile de la victoria y en un acto cargado de simbolismo, Franco se acercó a la Iglesia de Santa Bárbara en Madrid para entregar su espada vencedora al Cristo de Lepanto. A la puerta lo recibe el obispo de la capital, Leopoldo EIJO Y GARAY, y le ofrece agua bendita en hisopo de plata. Luego, al son del himno nacional, es introducido en el templo y llevado bajo palio  por miembros de su gobierno hasta el presbiterio, donde desenfunda su espada victoriosa y la ofrece al Santo Cristo. Inmediatamente después, cae de rodillas ante el cardenal Gomá, que lo bendice y ambos se funden en un abrazo. ¡Glorioso final para un sainete, si no fuera tan escandalosamente irreverente! La unión del trono y el altar en pocas ocasiones ha brillado con tanta magnificencia.

El abrazo final, con el que se cierra la estrecha colaboración durante la guerra civil, abre la puerta a la restauración típica de la confesionalidad del Estado durante el nacionalcatolicismo.

Así se declara oficialmente en dos documentos, de indudable valor, emanados durante la dictadura. El Foro de los Españoles del 17 de julio de 1945 donde se proclama que “La profesión y práctica de la Religión Católica, que es la del Estado Español, gozará de la protección oficial. Nadie será molestado por sus creencias ni el ejercicio privado de su culto. No se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la Religión Católica” (art. 6º). Y esto mismo es ratificado posteriormente y de forma más solemne en el apartado II de la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento del 17 de mayo de 1958: “La Nación española considera timbre de honor el acatamiento de la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación”. Esto por parte del Estado.

Por parte de la Iglesia católica desde la clave meramente sociológica se puede concluir, siguiendo a Rafael DÍAZ-SALAZAR, que la fusión entre la cultura política del franquismo y la cultura religiosa del nacionalcatolicismo se apoyaron mutuamente y ambas salieron beneficiadas en sus propósitos. Las relaciones institucionales entre la iglesia y la dictadura, a pesar de los conflictos religiosos deslegitimadores en la década de los setenta, se legitimaron mutuamente; la percepción que un colectivo tenía del otro posibilitó que el régimen se sirviera políticamente de la religión como de “un factor básico” para construir y preservar su orden social, y la iglesia jerárquica para que religiosamente se sirviera de la política franquista como “soporte” de su proyecto de recatolización de España, roto por el proyecto laico de la II República; y estratégicamente, si el régimen franquista utilizó a la institución religiosa “para socializar y someter políticamente al pueblo”, la religión utilizó al poder político para la socialización religiosa del nacionalcatolicismo. (Rafael Díaz-Salazar, Nuevo socialismo y cristianos de izquierda, p.17 y ss.).

II. Desde los datos que iluminan el pasado al problema que oscurece el presente

El conflicto surgido en estos días a propósito de la exhumación de los restos de Franco de Cualgamuros y su inhumación en una sepultura privada en la cripta de la Almudena ha puesto en jaque al Gobierno y a la misma Iglesia. Se ha dicho que es una jugada maestra de la familia del dictador —a la que la sociedad española nada tiene que agradecer—. El Gobierno tiene la llave en sus manos,  porque los intereses particulares siempre están sometidos a un bien mayor: el común y público, el respeto a las víctimas, la dignidad de la ciudadanía y de la democracia.

Y la Iglesia católica, ¿nada tiene que ver en este asunto? El cardenal arzobispo de Madrid —máximo responsable de la diócesis y de la catedral de la Almudena donde “hay una propiedad de Franco” y  la familia quiere inhumar  sus restos— se ha desentendido públicamente como si nada tuviera que ver en este asunto. Ante la reiterada pregunta de los medios, se ha limitado a repetir con pequeñas variantes los mismos argumentos: que “la Iglesia acoge a todas las personas”; que, “como cualquier cristiano (Franco) tiene derecho a enterrarse donde ellos (sus familiares) crean conveniente”; y que, en consecuencia, “no es un problema  de la Iglesia, sino del Gobierno y de la familia”.

Con este tipo de evasiones, a mi juicio, se trivializa el problema, se absolutiza la propiedad privada,  y se acaba normalizando cristianamente al dictador.

Se trivializa el problema cuando se afirma que en la inhumación del dictador en la Almudena nada tiene que ver la Iglesia. Yo más bien creo que, como propietaria, la iglesia tiene mucho que decir. Y no solo contra la supuesta identidad cristiana de Franco, ni por la división que este asunto  está  causando ya entre los fieles católicos. De mayor peso es el  “escándalo público” que dará al mundo la Iglesia católica al estar custodiando en su recinto los huesos de un sujeto que, además de los crímenes de lesa humanidad de los que es responsable, representa justamente valores contrarios a la democracia y a la reconciliación  que ella misma predica. No se puede trivializar de este modo un tema tan grave que cae bajo la fortísima denuncia del escándalo que hacen todas las versiones del Evangelio (Mc 9). Desentenderse de él supone pérdida de memoria, sacrilegio y hasta el desprecio por las víctimas —muchas de ellas católicas: seglares, sacerdotes, religiosos y religiosas—. La jerarquía católica haría bien en aprovechar este momento para hacer justicia y reconciliarse con la verdad de la historia.

En segundo lugar, se está absolutizando la propiedad privada contra la Doctrina Social que la Iglesia oficialmente profesa. Una línea bien importante de la argumentación del arzobispo Osoro se apoya tácitamente sobre el carácter absoluto de la propiedad privada. ¿Qué puede decir la Doctrina Social de la Iglesia al respecto?

La respuesta es contundente y clara. Desde los Santos Padres, pasando por Santo Tomás y la escolástica hasta llegar al siglo XX —con la Gaudium et Spes del Vaticano II—, mayoritariamente diría que se trata de una postura desafortunada y en nada acorde con la tradición mantenido durante siglos.  Cuando hay litigio entre el interés común y el particular la suerte cae sobre el primero; cuando se trata de la alternativa entre el destino común de los bienes y la propiedad privada la opción es siempre  en favor de la primera alternativa.

Una tumba en propiedad en la Almudena es evidente que tiene unos derechos. Pero, por estar enclavada en un espacio público (iglesia con culto público), estos derechos están supeditados a otros de mayor rango, los  comunes y universales. Los clásicos, refiriéndose a los derechos que acompañan a la propiedad privada, afirman rotundamente que no son “exigidos por la naturaleza ni por la ley de Dios”, sino que nacen del derecho positivo o “ad gentes” (como los llama Santo Tomás). Y, en consecuencia,  serán legítimos siempre que respeten y respondan al destino originario de los bienes “que es común a todos”.

Por si no fuera suficiente, la doctrina Social de la Iglesia, siguiendo a los clásicos, todavía pone en manos del cardenal Osoro otra herramienta importante. Se trata de la “epikeia” o la capacidad hermenéutica que el legislador deja al buen criterio del intérprete para liberarse del dominio de la letra —cuando la gravedad del caso o el interés público lo requieren— y ser más fiel al espíritu de la ley.

Normalización cristiana del dictador. Visto objetivamente, “por sus frutos los conoceréis” (Mt 7,16), Franco no puede ser tratado “como cualquier cristiano”. No se puede normalizar cristianamente la conducta de un general golpista; que desencadenó un guerra fratricida contra la legalidad establecida en la que murieron violentamente cientos de miles de  personas; que, finalizada la guerra, siguió con las ejecuciones de los vencidos, las desapariciones y expulsiones; que, fruto del odio, sembró el terror y el  genocidio durante 40 años de dictadura. Quien así actuó no fue un  cristiano normal, por más que estuviera bautizado, entrara bajo palio en las iglesias, y convirtieran su guerra en un “cruzada”.

La conducta de una figura así es justamente la contraria de la moral cristiana. Los primeros seguidores de Jesús de Nazaret entendieron perfectamente que el mandato que de él habían recibido no era la imposición por la práctica sistemática de la violencia. Muchos de ellos perdieron la vida por negarse a integrar las legiones del Emperador. Entendieron perfectamente que lo de Jesús era justamente lo contrario, el amor convivencial del que son testigos los evangelios: “Os doy un mandato nuevo: que os améis unos a otros; igual que yo os he amado, también vosotros amaos unos a otros” (Jn 13, 34). Un amor que llega hasta los mismos enemigos: “A vosotros los que me escucháis os digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian” (Lc 6,27).

Memoria, justicia y reconstrucción democrática

José Antonio Pérez Tapias

PRIMERA PARTE: REFLEXIÓN FILOSÓFICA

El olvido de los otros masacrados: injusticia sobre injusticia del (falso) progreso

Va con la vida humana el empeño por dar sentido a la propia existencia. Y ésta, siendo de cada uno como individuo, es existencia social. De ahí que la mediación entre sentido de la historia y sentido de la existencia es clave antropológica, a la vez que ética, que acompaña a la tensión utópica en la cual siempre, de alguna forma, nos movemos. La sensibilidad moral que ello supone es la que se activa de manera cualificada desde ese reverso de la esperanza que es la memoria, la cual, con los pies bien asentados en el presente, no olvida aquello que no debe ser olvidado. Ha de tratarse del recordar que no rehúye la dimensión trágica de la propia existencia humana. Este recordar, que posibilita la «solidaridad anamnética» con los que la muerte dejó atrás, es el que matiza el postulado del progreso –el progreso humano que ha de ser objeto de compromiso ético-político, ya que no hay progreso garantizado- como la «apuesta moral de sentido» que se hace desde la memoria. Ésta no puede dejar de ser memoria de las «víctimas de la historia», a las cuales debemos de manera ya insaldable nuestra misma esperanza, ésa que viene de atrás a la vez dando sentido y rebasando los logros que podamos contar en nuestro presente.

Un progreso que se alía con la memoria de las víctimas tiene que ser un progreso muy distinto del que se ha pensado como progreso indefinido sobre los raíles interminables de un tiempo homogéneo y continuo –traslación a la historia del tiempo físico, captado con los moldes mecanicistas de la ciencia moderna-. La memoria nos trae el recuerdo de todos los momentos en que la historia «quedó en suspenso», de las rupturas de su «curso» en las que se plantearon las alternativas entre las que hubo que optar, de las brechas que se abrieron en esos momentos de crisis, que fueron decisivos –“de  decisión”-, unas veces para salir adelante impulsando tendencias positivas, otras, para quedar varados en lo negativo, y después, siempre para vernos metidos en el entrecruzamiento de esas tendencias en medio del cual se gesta lo nuevo, tantas veces imprevisto. Considerar el progreso, también hacia delante, desde una memoria de esta forma selectiva es hacerlo desde el trasfondo de un tiempo que antropológicamente se vive como discontinuo, que es heterogéneo en sus momentos, que se extiende o se dilata, pero que siempre está sujeto a las «interrupciones» que lo atraviesan. Viendo la historia como “interrupción del tiempo”, como Reyes Mate señaló en escrito suyo titulado con esas mismas palabras, nos induce, puestos a repensar el progreso, a hacerlo en los términos de un «progreso disruptivo», que es lo consecuente además con un postulado que se formula sin la seguridad de ningún gran avalista.

Desde la experiencia de lo que las rupturas en la historia suponen tratamos de reconstruir su sentido, recogiendo lo que desde ella, en medio de sus ruinas, nos llega como herencia, incluida la herencia mítica que se nos ofrece como legado simbólico preñado de un sentido que se «revela» y, por tanto, que también se oculta, dado que no es susceptible de administrarse conceptualmente sin restos. Y cruzándose con las «interrupciones» del tiempo histórico ahí se nos presentan las «interrupciones» a las que se ve sometido nuestro tiempo biográfico, como dos «líneas» discontinuas que se entrecruzan, lo que hace imperiosa la mediación, pero sin ninguna posibilidad de síntesis toda vez que la vida de cada uno –no hace falta insistir en que de todos- se ve emplazada ante la «interrupción definitiva» que es la muerte. A partir de ahí, el sentido siempre queda en suspenso, pero no cerrada su posibilidad, la cual, sin embargo, sólo será posibilidad ética, esto es, dependiente de una opción moral cuya dimensión de libertad arraiga en la matriz de responsabilidad que intersubjetivamente permite una vida humana con «sentido» -el sentido de la vida de los individuos «separados» no cabe vivirlo «en solitario», sino sólo «en solidario», desde una solidaridad moral, reverso de la justicia, que se halla en las antípodas del vivir gregario-.

La «interrupción» del tiempo que sitúa al progreso disruptivo como par inseparable de una utopía no-mitificada implica la asunción radical de que la historia no es abarcable en su totalidad, pues ésta, además de que no hay concepto para ello que la razón pueda utilizar, se quiebra a cada paso. Se trata de las insoslayables rupturas que deben llevarnos a la renuncia de la categoría de «totalidad» respecto a la realidad históricamente gestada, lo cual nos sitúa en el punto crucial en el que una razón utópica consecuente con su finitud abandona el escatologismo racionalista, no sólo con la teoría del conocimiento de la que se sirvió sino también con la conceptualización de la realidad en que se apoyó. La renuncia a la totalidad sitúa el sentido que lo utópico delinea como lo vivido que intentamos pensar en el límite de lo incognoscible, como sentido que permite autocomprendernos desde nuestra racionalidad, pero no explicarnos exhaustivamente. Por ello, tal renuncia abre paso a la rehabilitación de la utopía desde un nuevo paradigma. En una modernidad definitivamente en crisis, es el paradigma que resitúa lo utópico como horizonte de sentido, emergente desde la realidad de la que tira hacia delante, con la vista, ciertamente, vuelta hacia atrás como aquel ángel de la historia con el que Benjamin la rememoraba comentando el cuadro de Paul Klee que tanto le dio que pensar. Es el horizonte que tiene su punto focal en la misma humanidad que es por excelencia «u-tópica». Es la humanidad de cada uno de nosotros, sujetos de la historia, humanidad que no puede quedar encerrada en ninguna presunta totalidad, y sólo desde y para ella lo utópico gana su perfil, como diría Adorno, cual «tierra de nadie entre el ser y la nada», el «no-lugar» en el que ponemos las metas de nuestra humanización desde el «no-lugar» en el que se sitúa una humanidad que, como subjetividad, sólo puede reconocerse en el lugar moral de la responsabilidad a que el otro siempre convoca –idea machaconamente subrayada por Lévinas en De otro modo que ser o más allá de la esencia-.

Así, pues, la alteridad de la utopía no sólo pasa por el reconocimiento recíproco del otro, sino que está vinculada a la alteridad de ese otro que rompe cualquier totalización, alteridad que nos es constituyente en las relaciones intersubjetivas en las que nosotros, humanos, siendo «de otro modo que ser», somos siempre y en cada caso «uno para el otro» -fórmula levinasiana que ya aparecía en los escritos tempranos de Marx-, existencia en relación cuyo potencial ético de trascendencia nos saca incluso del goce del amor para lanzarnos al «éxodo» tras la justicia, para que el amor sea verdadero. En el amor y en la justicia «ubicamos» los polos de una utopía antropológica consciente y consecuentemente laica que debe su rehabilitación a la primacía de la ética. Ésta bien puede entenderse con el Lèvinas de Totalidad e infinito como la «filosofía primera» en la que consiste la metafísica a-tea que puede propugnarse como «metafísica para una época postmetafísica», es decir, radicalmente renovada metafísica, capaz de asumir la secularidad y reubicar laicamente lo sagrado en la humanidad de cada hombre, que desde la primacía ética del otro, en el cual lo infinito se «revela» como «rostro», exige respeto incondicionado.

Si desde fuera de la totalidad hay que pensar lo utópico, ello implica una subjetividad ya siempre interpelada por la alteridad. Desde tales coordenadas, esa subjetividad, más allá de la totalidad fragmentada, puede asir el hilo del sentido cuyo «otro cabo», ése al que señala la infinitud que se revela en el «rostro» del otro, máxime si es el otro que desde su humanidad maltratada reclama justicia, traspasa al «más allá» ya incoado por la trascendencia de la «exterioridad» en que la subjetividad se «ubica», al cual apunta nuestra razón, pero en el que no puede instalarse. Lo que importa es que ese «más allá», en el afuera de toda totalización de donde emergen exigencias incondicionales, sí resuena en el más acá de la historia, donde el clamor de justicia convoca a nuestra humanidad a resistir a que la injusticia sea la última palabra –tal era la motivación que aguijoneaba a Horkheimer para mantener vivo “el anhelo de lo absolutamente otro”-.

SEGUNDA PARTE: EJERCICIO DE MEMORIA HISTÓRICA

De la memoria de las víctimas al futuro (republicano) de la democracia

Hegel, lejos de lo que se entiende vulgarmente como idealismo, no tenía reparo alguno en recordar crudamente que la historia es un “matadero” –en otros momentos refinaba el diagnóstico desde su idealismo filosófico hablando de la historia como “viernes santo especulativo”, día de crucifixión-. Es por ello que en la memoria de todos los pueblos quedan registradas las ignominiosas fechas de sus particulares historias de crímenes. Así, en la España contemporánea el 18 de julio, por ejemplo, es día de memoria, en el que no hay nada que celebrar y sí mucho que recordar. Es, por citar otro caso, como la “Kristallnacht” o Noche de los cristales rotos en Alemania, la del 9 de noviembre, día en el que en 1938, asaltando viviendas y establecimientos de los judíos, dio comienzo la persecución contra los mismos en el gigantesco progromo que desembocó en los campos de exterminio. El 18 de julio es para recordar el golpe de Estado contra la II República a cuya cabeza se puso el general Franco para acabar con el orden constitucional, apoyado por las fuerzas fascistas del momento e iniciando una guerra de exterminio de todo vestigio republicano, con la sacrílega bendición de la guerra civil como “cruzada” por parte de la Iglesia católica. Las víctimas de la guerra civil y de la cruenta dictadura que le siguió, muchas de ellas enterradas en fosas comunes de las que todavía no han sido exhumados sus restos, son el aguijón de memoria que al día de hoy la democracia española lleva clavado. Ese aguijón, de cuyo punzante  efecto se hacía cargo la literatura apocalíptica, como Metz nos enseñó a leer con su teología política, es lo que nos obliga a mirar el futuro sin pasar la página de un pasado imborrable, y ello porque la justicia también ha de ser anamnética, es decir, ha de implicar memoria, reconocimiento y reparación.

Sin memoria no hay futuro. Sin memoria sólo hay, en todo caso, mera prolongación del presente; y el futuro, más allá de lo que sea el solo sucederse de los días, humanamente es otra cosa. Sin memoria no hay más que espurias ilusiones puestas en el falso horizonte de una visión continuista del tiempo. Sólo la memoria moviliza la intención utópica que delinea ese verdadero horizonte de libertad, igualdad y solidaridad en el que se ubican las exigencias de justicia que en el pasado quedaron insatisfechas. Sin memoria no cabe más que la espera, mientras que la esperanza la nutre el recuerdo de lo que no debe ser olvidado. No es ese recuerdo el que se limita a hacer crecer la indiscriminada acumulación de datos que nos puede hundir en el sinsentido a causa del “mal de archivo” –perspicazmente diagnosticado por el filósofo Derrida hace años-. La memoria que vale es la memoria de las víctimas a las que la vida les fue injusta y violentamente arrebatada. Y, siendo así, el punto de vista de las víctimas es el que aporta la perspectiva privilegiada para hablar de futuro más allá de todo cinismo, es decir, para hablar de futuro sin dejar atrás la dignidad.

El ejercicio de lo que hemos llamado “memoria histórica” no es un pasivo mirar hacia atrás que, pervirtiendo la memoria psicológica, ate al pasado –Nietzsche llevaba razón en la crítica a esa paralizante atadura historicista-; tampoco se queda en académica tarea historiográfica, por más que sea de todo punto necesaria.  La memoria histórica es recuerdo de quienes y de lo que desde el pasado nos interpela. Datos, restos, documentos y testimonios se sitúan en la órbita de un cuestionar el presente para que en ningún caso sea amnésico, esto es, despiadado. Es impío dejar tapadas las fosas comunes, es inhumano pasar de largo ante las cunetas donde los asesinados fueron arrojados…, como si allí no hubiera pasado nada. Ya dejó escrito Goethe en su Fausto que la tarea en la que el diablo se empeña con especial saña es la destrucción del recuerdo. Como añade Adorno, es demoníaco sustraerle a los asesinados lo único que de suyo podemos regalarles: la memoria.  Por eso, está bien la justa decisión política de exhumar restos, de rescatar voces, de levantar impunidades de verdugos inmisericordes y sentencias de tribunales inicuos, de reconocer, en suma, tanta deuda acumulada con quienes padecieron una injusticia que ya no se puede liquidar pero que, sin embargo, es deuda que se nos incrementa a diario en tanto nuestro presente, y lo que en él disfrutamos de políticamente valioso, les hace acreedores de lo logrado en una historia que les fue robada.

Velar por esa memoria histórica, además de obligación moral contraída con las víctimas y sus allegados, es compromiso político de una democracia que no puede gravitar sobre la amnesia –a la que los interesados en el olvido condujeron la amnistía con la que se inauguró la transición de la dictadura a la democracia-. Hablamos, pues, igualmente de memoria democrática desde el convencimiento de que una democracia amnésica es un páramo de indignidad. La memoria nos dignifica, personal y colectivamente, tanto como nos humaniza la esperanza que ella misma enciende. Y si el recuerdo de las víctimas es lo prioritario, junto a él es importante también el reconocimiento de aquello con lo que las víctimas estaban identificadas y con cuyo sello quedaron estigmatizadas para el sacrificio a manos de sus matarifes. Sin pasar por alto la pluralidad de las víctimas –teniendo también en cuenta que no sólo las hubo por el lado republicano-,  lo cierto es que la memoria histórica debe abarcar también la memoria de la II República como orden constitucional legítimo que fue violentamente abortado.

Tras cuarenta años de democracia, es inexcusable reivindicar la legitimidad de la II República. Con ello va el reconocer lo que quedó reprimido respecto a ella, no sólo bajo la opresión de la dictadura franquista, sino también en el pacto que permitió que ésta quedara atrás. Sobre todo lo vinculado a la República cayó un manto de espeso silencio que apenas ahora empieza a levantarse, teniendo que vencer incluso la presión ideológicamente dominante que convirtió en maldita la misma palabra “república” y todo lo que tuviera sabor republicano. Y la democracia española no podrá seguir viviendo bajo la férula de esa represión, con la que quedó bien trabado un sistema democrático en el que el orden constitucional se vio condicionado a la renuncia al pronunciamiento de la ciudadanía sobre la alternativa monarquía o república –la defensa de la república por parte del diputado socialista Gómez Llorente en la Comisión Constitucional del Congreso quedó atrapada en la red del “accidentalismo” teorizado por Alfonso Guerra, luego convertido en inamovible defensa de la monarquía sine die-. Todo se metió en el mismo paquete de un Estado definido como monarquía parlamentaria en una Constitución sometida en bloque al refrendo popular, ocultando que con la instauración de la democracia iba la restauración borbónica al modo impuesto por el dictador. De esa forma, el sistema político, con su estructura social y su base económica, quedó construido como edificio en el que la Corona no fue diseñada sólo para la representación simbólica del Estado, sino para ser piedra angular de la que depende la permanencia de lo que se denomina, dado el deterioro de la dinámica política y de las instituciones de nuestra democracia, “régimen del 78”.

Si hoy se habla en esos términos es porque el sistema político nacido con la Constitución del 78 ha mostrado sus límites en la actual crisis institucional del Estado. Además de los graves problemas atinentes a su configuración territorial y otros, es inocultable la crisis profunda que afecta también a la Corona. Se quiso soslayar con la abdicación de Juan Carlos I, pero la ha acentuado el papel jugado por Felipe VI ante el conflicto de Cataluña. Elemento añadido en cuanto a factor de deslegitimación son los casos de corrupción, primero en los aledaños del rey y después, como estamos comprobando al tener noticia de lo que pueden ser comportamientos del rey emérito calificables como posibles presuntos delitos fiscales, tocando más en su núcleo a la institución monárquica. Si en la ciudadanía crece la sospecha de que hay un extraño hilo que conecta las cloacas del Estado con su jefatura, el replanteamiento político de la monarquía será aún más perentorio.

Sea como sea, la memoria de la República y el valor de lo republicano –no sólo una forma de Estado, sino además una idea de democracia y un concepto de ciudadanía- no dependen en exclusiva de los lamentables avatares negativos en los que se vea metida la familia real. Su valor político no depende de lamentables hechos coyunturales, aunque ciertamente sean indicativos del deterioro de una institución sin credibilidad. Son fuertes por sí mismas las razones que aviva la memoria republicana, desde la cual cabe pensar  el futuro de una España republicana como horizonte postulado para nuestra democracia. Sabemos, además, que en España no habrá reforma constitucional en serio mientras dicho horizonte no se abra, pues la monarquía no resiste una reforma constitucional de la envergadura de la que necesitamos, que por eso mismo se ve constantemente bloqueada. La memoria histórica, pasando por la prioritaria memoria de las víctimas de la guerra civil y la dictadura –y del exilio-, nos habla ciertamente de un futuro de democracia radicalizada –eso es república- para España. Tal es, de manera análoga a la reparación que mediante el reconocimiento debemos a las víctimas, la reconstrucción democrática radical que como sociedad nos debemos a nosotros mismos.

TERCERA PARTE: COMENTARIO POLÍTICO

Sería falsa la paz del cementerio

No parece tarea fácil sacar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. La verdad es que sorprende –y hasta escandaliza- que la legislación sea tan remisa para exhumar los restos de quienes yacen anónimas en fosas comunes que apresurada y despiadadamente se hicieron rellenando barrancos o cavando en cunetas, cuando no junto a tapias de cementerios, mientras que resulta tan garantista a la hora de trasladar los restos de quien estuvo al frente de los victimarios. También para eso hay que deshacer el nudo de lo que se pretendió dejar atado y bien atado. Cabe esperar que modificaciones en la llamada Ley de Memoria Histórica, y mediando incluso resoluciones del Tribunal Supremo, sea definitivamente posible zanjar una cuestión de dignidad democrática que sólo los que mantienen su apego a la dictadura, por más que por mucho tiempo disimulado, se resisten a ver en tales términos.

Junto a esa esperanza en cuanto a lograr la exhumación de los restos del general Franco por compromiso democrático, no hay que cejar en tratar de resolver el asunto de forma que se consiga de una vez que se vea respetada la memoria de las víctimas del franquismo con la fuerza simbólica de ese acto de reparación. Ésta no se producirá en el modo deseable si, una vez conseguido el sacar los restos del dictador del panteón donde han estado, se da curso a la propuesta de convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil –idea en su día trasladada a la ciudadanía por el mismo presidente Sánchez-. Además, mal se resolvería el asunto si los restos exhumados del general golpista, genocida y dictador, fueran a parar al enterramiento del que dispone su familia en la madrileña catedral de La Almudena, frente al Palacio de Oriente. Por fortuna, desde el mismo gobierno se declara la firme intención de no permitir tal desafuero, que, contra elementales exigencias democráticas, supondría un nuevo lugar de peregrinación fascista en el centro de la capital de España. Desgraciadamente, salvo las manifestaciones en contra de comunidades de base, se echan en falta autorizadas voces de Iglesia que rompa un clamoroso silencio eclesiástico que  sólo puede ser interpretado como connivente recuerdo de la dictadura con ecos de nacional-catolicismo.

Pero volvamos al Valle de los Caídos, por las cuestiones que en torno a dicho lugar se plantean. Sin duda, el día en que el gobierno aprobó el decreto-ley para la reforma del articulado de la Ley de Memoria Histórica, a fin de dar firme cobertura jurídica a la exhumación de quien reposa en monumento funerario cuya megalómana construcción respondió a decisión criminal de él mismo, fue vivido por muchos como jornada en la que la dignidad democrática se levantó recordando a los “caídos” que allí fueron arrojados por decenas de miles. Precisamente por esa clara decisión a favor de la memoria no se entiende el porqué de la propuesta de un “cementerio civil”. Contra lo que puede entender una bienintencionada recepción de dicha propuesta, tal destino no es el apropiado para un lugar que, con toda su pétrea solidez, oscila entre panteón del dictador –y de Primo de Rivera, fundador de la Falange, sobre cuyos restos se escamotea la posibilidad de traslado toda vez que se le trata como “víctima” por cuanto fue fusilado en la cárcel de Alicante en los comienzos de la guerra civil- y gigantesca fosa común de miles de republicanos, ya fusilados, ya muertos por extenuación a causa de los trabajos forzados en donde quedarían enterrados. Es sorprendente que el presidente Sánchez lanzara tal propuesta tras visitar en Santiago de Chile el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos erigido como recordatorio de los crímenes de la dictadura de Pinochet. Es paradójica conclusión de aquella visita que en relación al Valle de los Caídos se renuncie a que sea lugar de memoria, para que sea “cementerio civil”, con lo que esa idea tiene precisamente de neutralización de la memoria.

La idea de un “cementerio civil” –funciona al respecto una improcedente traslación  del “modelo Arlington” del famoso cementerio para los héroes estadounidenses, desde la Guerra de Secesión hasta hoy, muertos en acciones militares o por atentados criminales- supone un cambio notable respecto a las mismas conclusiones expuestas en noviembre de 2011 por comisión promovida por el gobierno socialista de Zapatero para dilucidar el futuro del Valle de los Caídos. Esa comisión insistió en la “resignificación” del lugar, de manera que dejara atrás su condición de monumento para la mayor gloria del dictador.

Es cierto que, señalando dificultades para la exhumación de los restos de Franco que ahora se trata de sortear con el mencionado decreto, el informe de tal comisión ponía el acento en una “resignificación” posible y necesaria, focalizándola hacia la reconciliación entre los españoles. De suyo es imposible reconvertir en símbolo de reconciliación lo que fue lugar de infame represión de los vencidos. Pero, por ello, muchos consideramos que la resignificación es imprescindible, mas justamente como lugar de memoria de las víctimas y recuerdo de la barbarie que a esa condición las llevó –cabe aludir, salvando distancias, al “modelo Auschwitz”-. Incluso desde el punto de vista arquitectónico, a pesar de la fealdad que comporta para muchos la pretenciosa grandiosidad monumental, ello no deja de ser testigo de la estética fascista de una época ominosa de triste recuerdo –incluyendo el de una Iglesia que arrastra el peso de su connivencia con la dictadura desde el nacionalcatolicismo con que bendijo desde el inicio la guerra civil como “cruzada”-. Todo ello no debe quedar oculto para la historia.

Si, como escribe el poeta argentino Juan Gelman –que en magistrales piezas tanto dolor expresó por lo sufrido bajo la ignominiosa dictadura que asoló a su país-, “la memoria pone a la herida en su lugar”, a la memoria nos debemos y no a la paz de un cementerio como el que se propone, la cual, obviando el recuerdo de lo que no debe ser olvidado, siempre sería falsa.