Éxodo 139

Proyecto en marcha en el distrito de Tetuán

Carlos Pereda

El proceso se inicia en octubre de 2016 cuando  la Concejala Presidenta del distrito planteó en el seno de la Mesa contra la Exclusión y por los Derechos Sociales de Tetuán la posibilidad de diseñar desde el principio de forma participada un Proyecto que permitiera salir al paso de las emergencias alimentarias. Para ello se había incluido una partida en el presupuesto municipal de 2017. La Mesa aceptó el reto y se creó una Comisión formada por responsables políticos, profesionales y vecinos afectados.

La primera propuesta partió del departamento de Servicios Sociales de la Junta, que presentó un Pliego de condiciones para licitar un comedor social donde se daría comida a 50 personas adultas. Esta propuesta encontró bastantes pegas y en la siguiente sesión hubo una nueva propuesta por parte de los grupos de la Asamblea 15M de Tetuán (Banco de Alimentos, Stop Desahucios e Invisibles) que obtuvo aprobación por unanimidad. La idea se inspiraba en los principios de la Carta contra el Hambre. La Comisión ha dado hasta ahora los siguientes pasos:

  • Buscar los puntos de reparto existentes en el Distrito de Tetuán e invitarles a trabajar en red en el seno de la Comisión. Para ello, se haría un diagnóstico inicial sobre la insolvencia alimentaria y los recursos existentes en el distrito. Este objetivo se ha cubierto completamente. De la exploración realizada, se deduce que existen en el distrito 19 puntos de reparto de alimentos que atienden a casi 10.000 personas, un 6,4% de la población total. Ningún punto de reparto se ha opuesto al Proyecto y la mayoría ha acudido a las reuniones de la Comisión.
  • Determinar las personas que harían las funciones de “coordinadora-nexo” y “cocinera”. De esta tarea se encargó la propia Junta pero por diversas razones no se logró asignar esos puestos de trabajo. Ante la necesidad de avanzar, la propia Jefa de Servicios Sociales asumió con carácter temporal la función de persona-nexo y se buscaron profesionales de cocina a partir de una contrata ya establecida con el ayuntamiento.
  • Establecer un sistema de tarjetas para adquirir alimentos frescos en el comercio local, que completase la dieta de alimentos no perecederos de los puntos de reparto. Se encargó también la Junta, que llegó a un acuerdo con una empresa financiera especializada, pero las tarjetas no están todavía disponibles por no haberse resuelto algunos detalles técnicos del procedimiento administrativo.
  • Decidir los criterios a tener en cuenta para priorizar la asignación de tarjetas en función del marco presupuestario establecido por el Ayuntamiento. La comisión ha llegado a establecer fórmulas cada vez más precisas en torno a las cantidades a asignar, una Guía con los pasos a dar desde los puntos de reparto y una Hoja de derivación para entregar en los Centros de Servicios Sociales, cuyas profesionales elaborarían el informe social prescriptivo para conceder o denegar la prestación. En este punto desde Servicios sociales se ha frenado el proceso durante varios meses con el argumento de que tienen que hacer consultas internas, lo que ha provocado mucha decepción en el resto de la comisión.
  • Diseñar el trabajo a realizar en el espacio de cultura alimentaria. A partir de un grupo de personas voluntarias se han diseñado y aplicado los primeros talleres con personas receptoras de alimentos en un Centro Social Comunitario del distrito. El proyecto se llama “Yo me lo guiso, yo me lo como” y persigue los siguientes objetivos: 1) generar un espacio de formación y de encuentro para vecinas y vecinos de Tetuán en torno a la Alimentación y la Economía Doméstica; 2) facilitar aprendizajes sobre cocina cotidiana, economía doméstica, empleo y otros temas que el grupo considere prioritarios; 3) favorecer el encuentro vecinal y un espacio de convivencia, autoayuda y sinergia; y 4) favorecer el conocimiento y acceso a recursos comunitarios del Distrito.

En general, medio año después de aprobarse el Proyecto, se han producido avances importantes pero el ritmo de trabajo se ha ralentizado en exceso por la lentitud de la propia Junta en dar salida a sus compromisos concretos. Resulta difícil de comprender que, estando todas las partes comprometidas con la bondad del Proyecto y contando con la partida presupuestaria correspondiente, no se agilicen los últimos pasos para desbloquear su aplicación en beneficio de las familias en situación de emergencia alimentaria.

(Más información en mesaexclusiontetuan.wordpress.com)

II Conferencia contra el hambre, Madrid 1/06/2017

Margarita Sáenz-Díez Trias

Resumen de las propuestas y decisiones más relevantes de la conferencia

La II Conferencia Contra el Hambre en Madrid ha confirmado que un movimiento ciudadano con capacidad de organización y de movilización puede llegar realmente muy lejos. Es lo que ha conseguido el Pacto Contra el Hambre, que abrió camino hace varios meses a la jornada que celebramos hoy.

Firmado por todas las fuerzas políticas, menos el PP, este movimiento ciudadano, apoyado por el Ayuntamiento de Madrid y de otras ciudades de la Comunidad, ha defendido la puesta en acción de políticas públicas contra el hambre.

El anteproyecto de Iniciativa Legislativa Municipal (ILM) que hoy se ha traído a este foro defiende que todos los poderes públicos, en sus distintos niveles, están obligados a facilitar el derecho a la alimentación, el derecho a estar libre de hambre, el derecho a la supervivencia. El derecho de todas las personas a una alimentación suficiente y apropiada

La iniciativa deberá ser aprobada en primer término por el Ayuntamiento de Madrid, después por la Federación de Municipios y se espera que al comienzo de otoño pueda ser debatida en el Parlamento de la Comunidad de Madrid. Esta ILM puede actuar como efecto multiplicador en otras autonomías. Pero hoy aquí se ha hablado de “nuestra hambre”, como bien ha dicho uno de los participantes. Del hambre en la Comunidad de Madrid.

Muchos datos avalan la necesidad que esta ILM sea debatida y aprobada los antes posible. El número de trabajadores con ingresos salariales, en cómputo anual, por debajo de 378 euros/mes, se sitúa en 427.000.

Tomando como referencia el umbral de la pobreza severa del conjunto de España, el 6,3% de los hogares de la Comunidad están en esa situación, lo que afecta a algo más de 400.000 personas.

La cuarta parte de las pensiones (muchos pensionistas pasan hambre) se sitúa por debajo de la Pensión Mínima de Jubilación fijada por el Gobierno, y el 10% (129.000) cobra menos de la mitad de la Pensión Mínima; es decir, menos de 351 euros/mes. El indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social en 2015 sitúa a Madrid en el 20,5%, y afecta a 1,3 millones de habitantes.

En consecuencia, la ILM se enmarca en el ámbito de competencias de las Comunidades Autónomas. En concreto, el Estatuto de Autonomía de Madrid reconoce la potestad legislativa exclusiva para regular medidas de promoción y ayuda a la población que se encuentra en situación especial de protección, entre la que se encuentra, desde luego, aquella que no tiene acceso a una alimentación adecuada por encontrarse en una especial situación de empobrecimiento.

El anteproyecto de ILM contra el hambre en Madrid incluye una disposición adicional transitoria que propone la creación de una Comisión, en el marco de la Asamblea, que estudie las modificaciones presupuestarias necesarias para la redistribución de la financiación entre los distintos municipios de la Comunidad.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha respondido hoy aquí con un rotundo sí a la presentación de esta ILM contra el hambre. También ha resaltado la necesidad de que, en general, los resultados de las políticas públicas se evalúen muy a fondo. Precisamente, dentro del mencionado anteproyecto se propone la creación de un Observatorio para evaluar los resultados de la aplicación, cuando se ponga en marcha, de la ILM contra el hambre en Madrid.

Llamamiento a un proceso constituyente

Miguel Ángel de Prada

Empezando por el Apéndice. El proceso de elaboración del texto

El lector del presente texto se encuentra ante un proceso inusual, puesto que se trata de una obra de elaboración colectiva, acorde con el procedimiento tal como se piensa que deba ser el debate constituyente, donde “el proceso social en el que se decantan las ideas y aspiraciones es más importante que el producto final” (p.84)

Dos revistas, Esbozos y Éxodo, con el apoyo de la Cátedra Tierra Ciudadana de la U. Politécnica de Valencia, convocaron un seminario destinado a profesionales, personas de la academia y activistas sobre tres ejes (el capitalismo actual, los movimientos político-sociales y el proceso constituyente), “donde lo que importaba era que las preguntas estuvieran bien formuladas, de modo que contribuyeran a reconocer una solución y el camino a seguir” (p.82).

El seminario tuvo lugar en Madrid desde enero a septiembre de 2016, en reuniones mensuales.  La metodología combinó dos niveles de participación: en el primero, cada una de las personas implicadas presentó un tema de los propuestos en sesión presencial para ser debatido. El resultado de cada sesión se trasladó al conjunto de participantes no presenciales, segundo nivel, quienes presentaron sus comentarios por internet y fueron incorporados al resumen inicial. Junto a los textos elaborados para el seminario se presentaron otros 9 trabajos ya publicados de los propios participantes.  Todo el material reunido se comenzó a trabajar en pequeños grupos para convertirlo en los borradores de cada uno de los capítulos del libro final, que fueron de nuevo debatidos y corregidos colectivamente. Terminado el primer borrador de los capítulos, un equipo de 5 personas revisó el conjunto entre octubre y noviembre para homogeneizarlo. El resultado se distribuyó de nuevo al conjunto de participantes de ambos niveles y, con la incorporación de sus aportaciones, se llegó al texto definitivo que se publica. Al cuerpo central le precede el prólogo de A. Garzón y lo cierra el epílogo de J.A. Pérez Tapias (en un guiño calculado a dos de los interlocutores posibles en el espacio socio-político actual).

Análisis y propuestas: el cuerpo central del texto

El resultado conseguido es un texto de firma colectiva, contenido riguroso aunque sometido a debate, y lectura ágil con el objetivo de una amplia divulgación. Pero una pretensión parece recorrer los 5 capítulos del texto: establecer una posición clara contra las veleidades del reformismo constitucional como situación inevitable en la España de hoy. La propuesta de un proceso constituyente terminará en mera Reforma si no se afianza la construcción de poder popular por medio de prácticas instituyentes. La tarea de construir mayorías democráticas se torna así en un objetivo central, dado que si se llegara al gobierno sin base social, se fracasará; pero si la base social se encuentra fuera de instituciones que la representen, no se consolidará.

El párrafo final confirma que “este llamamiento a un proceso constituyente no persigue otra cosa que subrayar la necesidad de elaborar colectivamente otro proyecto de país (…), que no puede esperar a que tengamos la fuerza y la capacidad suficiente para llevarlo a cabo, sino que se construye desde ahora mismo…” (p.68). Es un aviso para superar el fatalismo elitista.

Los dos primeros capítulos analizan la Constitución del 78 y el proceso de transición que la soportó como un modelo agotado ya, y el contexto de crisis actual nacional y en la UE que pueden llevar al espejismo de la segunda transición involucionista. Los dos siguientes capítulos presentan los escenarios probables de la reforma constitucional, dada la correlación de fuerzas actual, y la necesidad de construir mayorías para pensar un futuro proceso constituyente. De modo propositivo, el quinto y último desgrana los contenidos estratégicos de una nueva constitución, fruto de un nuevo proceso constituyente. Las líneas sugeridas se encuentran muy abiertas y se expresan con frescura. Así en el tema del ‘Estado en transformación’, se plantea que “la soberanía no puede ser un falso punto de partida, sino una meta a la que sirve la constitución” (p.59), y que “el pueblo español no es una realidad previa inamovible, sino un concepto jurídico que sirve sobre todo a efectos constitucionales”; tanto la República como el Federalismo pueden ser puntos de partida, mas el objetivo final será la articulación de la sociedad bajo la solución que se consensúe. La pregunta clave del proceso constituyente, se dice en la “Arquitectura política y social” (p.60) es ‘qué queremos construir, qué modelo de sociedad queremos dejar sentado en la constitución”: organización política (dejar paso a la democracia participativa, políticas de igualdad y laicismo, municipalismo y Europa en perspectiva internacionalista y solidaria); economía y medio ambiente; derechos sociales (reconocidos y, sobre todo, garantizados contra la ley mordaza, por ejemplo) y nuevos derechos constitucionalizados (el derecho a la alimentación, al agua y la renta básica de inserción). Pero todo este programa quedará vacío sin la condición necesaria, la construcción del sujeto constituyente (p.68) que se forja en las luchas y creaciones alternativas, que se constituye como actor político discutiendo la hegemonía del poder con un proyecto de país que se constitucionaliza.

Llamamiento, no manifiesto ni pronunciamiento

El texto se presenta bajo la forma de ‘llamamiento’, realizado por un grupo de personas no adscritas y dirigido al conjunto del país. No es un manifiesto al que adherirse; no es un pronunciamiento al que seguir obedientemente. ¿Alguien escucha los llamamientos? Nos recuerdan los autores la vigencia de este debate desde las Asambleas ciudadanas constituyentes de Sevilla, en 2011. Pero la cuestión clave no es desde hace cuánto tiempo, sino bajo qué forma se reabre el espacio social: como tiempo de espera hasta nuevas elecciones o como espacio constituyente de los nuevos derechos y deberes (p.51).

Catorce personas han lanzado este llamamiento pero no se trata de la tarea ímproba de catorce personas ‘buenas’. Tal como señalan, “este proyecto de país necesita ser pensado y discutido ampliamente y finalmente quedar plasmado en una nueva constitución” (p.68). El llamamiento es pues a iniciar conjuntamente ese proceso de debate colectivo sobre el que se han ido delineando sus etapas principales. Lector, si has llegado hasta aquí, hay pendiente ante ti un inicio de camino en el que no te encontrarás solo; no hay promesa de llegada a ningún puerto pero se alumbra otra oportunidad para la democracia participativa.

Proposición de Ley de Garantía del  derecho básico a la Alimentación en la Comunidad de Madrid

Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid

 

Presentada por los Ayuntamientos de Madrid a la Mesa de la Asamblea de Madrid.

 

Esta primera versión (6 de julio de 2017) de Iniciativa Legislativa Municipal (ILM) (Proposición de Ley de Garantía del Derecho Básico a la Alimentación en la Comunidad de Madrid), elaborada por los servicios jurídicos de Ahora Madrid, será negociada por los distintos grupos políticos del Ayuntamiento para su posterior aprobación en Pleno. Su revisión definitiva será enviada para su estudio y tramitación en otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Aprobada por todos los ayuntamientos que se sumen a la propuesta, la ILM será finalmente presentada a la Comunidad de Madrid para su debate y posterior aprobación. 

* Para más información sobre la versión final de este diocumento y su proceso, consultar www.exodo.org/ilm

Articulado del proyecto de ley

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto de la Ley.

La presente Ley tiene por objeto regular  y garantizar de forma efectiva y digna el derecho básico y fundamental de todas las personas a la  alimentación.

A estos efectos se define el derecho a la alimentación como el derecho a tener acceso regular, permanente y sin restricciones a la alimentación, ya sea directamente o a través de la compra, a un nivel suficiente y adecuado, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que el consumidor pertenece, y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, satisfactoria, digna y libre de temor.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

La presente Ley será de  aplicación a todas las personas  físicas que residan  en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

Las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid y sus municipios garantizarán el cumplimiento de la Ley y promoverán las condiciones para hacerla efectiva en el ámbito de sus respectivas competencias aplicando las medidas que se ajusten a los fines y principios inspiradores contenidos en la  Ley.

Artículo 3. Fines y Principios generales.

La presente ley tiene como fin  principal el impulso por las Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid de medidas que garanticen el  pleno ejercicio del derecho humano básico a la alimentación, las cuales habrán de respetar los  siguientes principios:

  1. a) Principio de universalidad del derecho a la alimentación.
  1. b) Principio de no discriminación por motivo de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
  1. c) Principio de equidad en el acceso a la alimentación que legitima la realización de acciones específicas en determinados grupos de personas más vulnerables para garantizar la igualdad y equidad en el disfrute del derecho, como las mujeres, niños/as y adolescentes, personas mayores y personas con diversidad funcional.
  1. d) Principio de responsabilidad pública en la efectividad del derecho, tanto en la planificación como en la gestión y garantía de suficiencia financiera. Las personas titulares del derecho podrán impugnar en vía administrativa y judicial las disposiciones normativas y resoluciones administrativas que les afecten directamente.
  1. e) Principio de coordinación y colaboración interadministrativa.
  1. f) Principio de colaboración con las entidades públicas y privadas de interés social.
  1. g) Principio de normalización e integración social por el que sea eliminada cualquier situación de estigmatización de las personas.
  1. h) Principio de respeto de las personas y su
  1. i) Principio de participación activa de las personas en situación de necesidad alimentaria en la toma de decisiones de la Administración pública que afecten al acceso al derecho.
  1. j) Principio de celeridad y simplificación administrativa en el reconocimiento del derecho a la alimentación.
  1. k) Principio de Transparencia que obligue a las Administraciones Públicas responsables a facilitar toda la información sobre las medidas y actuaciones realizadas dándole publicidad asequible a la población y difusión a través de los medios apropiados.

TÍTULO I

Régimen jurídico del reconocimiento del derecho a la alimentación

Artículo 4. Reconocimiento del derecho

La Comunidad de Madrid reconoce el derecho universal de todas las personas físicas que residan en su ámbito territorial a tener acceso de manera regular, permanente y libre, sea directamente o mediante compra por dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población y garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, satisfactoria y digna.

Artículo 5. Obligaciones de las Administraciones Públicas.

  1. La Comunidad de Madrid y los municipios de su ámbito territorial en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a respetar, promover y garantizar la efectividad del derecho a la alimentación disponiendo todos los recursos presupuestarios, materiales, personales y organizativos necesarios para facilitar su acceso a todas las personas residentes en su ámbito territorial que se encuentren en situación de necesidad alimentaria.
  1. Las Administraciones públicas se coordinarán y colaborarán en la realización de los estudios de la situación real de malnutrición en la población residente en los municipios de la Comunidad de Madrid.

Artículo 6. Competencias  de los municipios

  1. A los efectos de la presente Ley, en ejercicio de su autonomía los municipios asumirán las siguientes competencias:
  1. Evaluación e información de las situaciones de insolvencia alimentaria de la población que corresponda a su ámbito territorial.
  2. Promoción de la coordinación de todas las intervenciones públicas y de la cooperación con las entidades privadas para garantizar el derecho a la alimentación.
  3. Adopción de medidas de gestión de los recursos públicos que garanticen de manera efectiva, digna y equitativa el derecho a la alimentación de las personas en situación de necesidad alimentaria.
  4. Aprobación mediante Ordenanza municipal del procedimiento administrativo en el que se agilice y simplifique la actuación de identificación y reconocimiento de los derechos de las personas que vayan a recibir recursos públicos.

TÍTULO II

Medidas de garantía del derecho a la alimentación

Artículo 7. Fondo de emergencia alimentaria de la Comunidad de Madrid

  1. A fin de garantizar de manera efectiva el derecho a la alimentación en la Comunidad de Madrid, se creará un Fondo de emergencia alimentaria en el que constarán específicamente los recursos materiales, presupuestarios y organizativos públicos de la Comunidad de Madrid  que se destinarán específicamente a cubrir las necesidades de emergencia alimentaria.
  1. Corresponde a la Comunidad de Madrid regular el acceso de los municipios a los recursos públicos del Fondo de emergencia alimentaria, los cuales deberán presentar previamente información y evaluación sobre las situaciones de necesidad alimentaria de su población y  un diagnóstico de todos los recursos disponibles en su municipio.

Artículo 8. Plan municipal  de Mejora del Acceso a la  alimentación suficiente y adecuada.

Cada municipio presentará a la Comunidad de Madrid un Plan de mejora  del acceso a la alimentación que podrá incluir las distintas medidas y servicios que en el ámbito de su competencia tengan como objeto garantizar de forma efectiva el derecho a la alimentación de acuerdo con los principios y fines de la Ley, y en particular las siguientes:

  1. Gestión pública del servicio de acceso a la alimentación a través de una Tarjeta individual monetaria.
  1. Medidas organizativas con aumento de la plantilla municipal para la agilización de la gestión municipal de la Renta mínima de Inserción y del servicio complementario de acceso a la alimentación.
  1. Creación de centros municipales de cultura alimentaria.
  1. Inclusión de medidas de garantía de acceso a la alimentación en todos los programas sociales de atención a personas que se encuentren en situación de necesidad alimentaria.
  1. Promoción del empleo de personas en situación de necesidad alimentaria en empresas de inserción social…

Artículo 9. Creación del Observatorio de la Emergencia Alimentaria de la Comunidad de Madrid.

  1. Con la finalidad de fomentar una amplia participación social en la vigilancia del pleno ejercicio del derecho a la alimentación, se crea el Observatorio de la Emergencia Alimentaria de la Comunidad de Madrid como un órgano de carácter consultivo al que corresponden las siguientes funciones:
  1. Investigar la situación alimentaria de las personas que residen en la Comunidad de Madrid.
  2. Evaluar los resultados obtenidos en relación a la aplicación de la Ley conforme a sus principios.
  3. Publicar y difundir los aprendizajes y resultados obtenidos de las medidas destinadas a garantizar el derecho a la alimentación en aplicación de la presente Ley.
  1. Su composición, funcionamiento y organización se regularán mediante disposición reglamentaria aprobada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid
  1. El Observatorio de Emergencia Alimentaria elevará anualmente un informe a la Asamblea de Madrid.

Artículo 10. Coordinación institucional.

La Comunidad de Madrid se coordinará con los municipios en la determinación de los recursos públicos  necesarios para garantizar de manera efectiva y permanente el derecho a la alimentación de las personas que residan en su ámbito territorial cuando, conforme a la valoración de los servicios sociales municipales, se encuentren en situación de emergencia social y carente de medios de subsistencia.

Artículo 11. Fomento de la Participación ciudadana.

En cada municipio se creará un órgano administrativo que fomente y facilite la  participación de  las personas que se encuentren en situación de necesidad alimentaria en el proceso de elaboración y aprobación de las políticas públicas municipales de garantía del derecho a la alimentación, así como en el control y seguimiento de las mismas.

Disposición Adicional Transitoria.

Se creará una comisión parlamentaria de la Asamblea de Madrid que tenga como competencia proponer las modificaciones presupuestarias necesarias que permitan la redistribución de los recursos para la ejecución  en los municipios de la Comunidad de Madrid de las  medidas de garantía del derecho a la alimentación  amparadas en la presente Ley.

ANEXOS

  1. Documento en que se detallan las razones que aconsejan, a juicio de las corporaciones firmantes, la tramitación y aprobación por la Asamblea de Madrid de la Proposición de Ley.
  1. Certificación del Secretario de cada Ayuntamiento del acta en que conste el acuerdo corporativo de ejercitar la iniciativa legislativa, así como el texto de la proposición de Ley, y que acredite el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación Municipal.

Certificación expedida por el Instituto Nacional de Estadística que acredite el número de habitantes censados en cada municipio

Necesidad y posibilidad de una Iniciativa Legislativa Municipal sobre la alimentación en Madrid

Evaristo Villar

Ante el fenómeno creciente de hambre en Madrid, la Plataforma contra el Hambre ha promovido ante al Ayuntamiento una Iniciativa Legislativa Municipal (ILM) por una alimentación justa y adecuada. Este trabajo quiere responder a estas dos cuestiones: 1ª ¿Por qué es necesaria una ILM sobre el derecho a la alimentación y contra el hambre en Madrid?, y 2ª, ¿por qué es, jurídicamente hablando, posible?

  1. ¿Por qué es necesaria una iniciativa legislativa municipal sobre el derecho a la alimentación en Madrid?

Hablar de derecho a una alimentación justa y adecuada es hablar del derecho fundamental por antonomasia, puesto que en la medida en que una persona no es capaz de alimentarse, es imposible que tenga capacidad para ejercer y hacer valer sus demás derechos fundamentales.

Como se ha insistido en reiteradas ocasiones desde la Oficina del Relator Especial del Derecho a la Alimentación de la ONU, la desnutrición y la malnutrición permanentes son causa de numerosas enfermedades que, frecuentemente, conducen a una muerte precoz. Sus efectos influyen grandemente sobre el desarrollo físico y psicológico normal de las personas. 

¿Se puede hablar realmente de falta de alimentación o hambre en Madrid?

En la ciudad de Madrid, según datos oficiales difundidos por la Plataforma de la Carta contra el hambre[1], en enero de 2017 en torno a 150.000 personas se ven obligadas a recurrir a alguno de los 350 puntos de reparto de alimentos.

No es este el lugar para profundizar en las causas profundas de La pobreza de alimentos en Madrid. Indudablemente, son múltiples y diversas. Como simple acercamiento al fenómeno, voy a citar solo algunos de los motivos y datos extraídos de las citadas fuentes:

La carencia de alimentos es consecuencia del desempleo: el 60% de las personas registradas en la Oficina de Empleo de la Comunidad, unas 126.000, no reciben ninguna prestación social, ni contributiva ni asistencial; la carencia de alimentos es sorprendentemente consecuencia de los salarios miseria, por debajo de 378 €/mes, que reciben las personas con empleo remunerado y que está afectando a unas 230.000 personas en la ciudad y a 427.000 en la Comunidad; es consecuencia también de la precariedad de las pensiones: una cuarta parte de las mismas está por debajo de la Pensión Mínima de Jubilación fijada por el gobierno en 351 €/mes, y, lo que es más alarmante, el 10% de estas, que afecta a unas 129.000 personas, no llega a la mitad de la Pensión Mínima.

En definitiva, los recortes en los servicios sociales (educación, sanidad, dependencia, vivienda, etc.) que ha venido aplicando el Gobierno desde el comienzo de la crisis 2008 (para muchos más que crisis, una farsa) ha sumido a un porcentaje muy elevado de hogares de clase media y asalariada en Madrid en la imposibilidad de mantener su ritmo normal de consumo, y, al perder sus fuentes habituales de ingreso, se han visto forzadas a reducir drásticamente el capítulo dedicado a la alimentación, cruzando, así, el umbral de la pobreza severa. Tomando como referente el umbral de la pobreza severa en el conjunto de España, esta situación está afectando al 6,4% de los hogares en alguno de los distritos como el de Tetuán, que no es precisamente el que globalmente dispone de la renta más baja en la ciudad de Madrid[2]. La pobreza severa, en el conjunto de la ciudad, está afectando a 81.000 hogares, o lo que es lo mismo, a unas 200.000 personas. Como se afirma en la Carta contra el Hambre, “junto a Atenas y Lisboa, Madrid es hoy una de las capitales de la pobreza[3]”. 

Reacción de la población civil

Ante el persistente crecimiento de este fenómeno, las administraciones públicas ya no pueden escudarse, como se ha hecho siempre, en la privatización de la ayuda o en la caridad. El hambre desafía a las instituciones públicas. Y tampoco la sociedad civil puede desentenderse del problema, éste nos afecta a toda la colectividad.

Con este motivo, las más de 30 organizaciones cívico-sociales, religiosas y universitarias, integradas en la Plataforma de la Carta contra el Hambre, se han propuesto abordar el fenómeno implicando a las administraciones locales (las más directamente afectadas) en la lucha por el reconocimiento jurídico del derecho a una alimentación justa y adecuada –que actualmente no existe en nuestro ordenamiento jurídico–. Se trata del reconocimiento de este derecho básico a toda persona residente en Madrid y Comunidad. Y para alcanzar este objetivo, la Plataforma ha buscado la complicidad de los partidos políticos con representación en la Ayuntamiento. Estos, activando desde dentro la capacidad jurídica que le otorga la Ley 11/2003 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid –conforme a los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local–, pueden presentar una ILM que articule e impulse este derecho ante la Asamblea legislativa de la Comunidad de Madrid, que es la instancia con capacidad jurídica para definirlo.

A partir de su I Conferencia (10/04/2015), la Plataforma contra el Hambre se ha centrado expresamente en la persecución de este objetivo. En primero lugar, recogiendo los elementos jurídicos de ámbito autonómico, estatal e internacional necesarios para el diseño de un “cuerpo jurídico local y autonómico” desde el que exigir el derecho a la alimentación para toda la ciudadanía. Con este fin, ha centrado inicialmente la búsqueda en la Constitución española de 1978 que, en su artículo 9.2, abre la puerta a las diferentes posibilidades de participación ciudadana “en la vida política, económica, cultural y social”. Posibilidades que posteriormente se regulan en la Ley Orgánica 3/1998 y que, finalmente, recoge el art. 14.1 de la Ley 6/1986 de Iniciativa Legislativa Popular y de Los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, definiendo “los cauces de participación popular y de los Ayuntamientos en las funciones legislativas”. Con esta herramienta jurídica, la Plataforma se ha ido acercando, cada día con mayor claridad, a la posibilidad de una ILM contra el hambre y a favor del derecho a la alimentación.

Simultáneamente, y para lograr la complicidad institucional necesaria dentro del mismo Ayuntamiento de Madrid, la Plataforma ha mantenido dos importantes encuentros con los partidos políticos con representación en esa administración. En el primer encuentro, celebrado en mayo de 2015, se llegó a firmar con todos los partidos políticos, excepto el PP, un Pacto contra el hambre. Este pacto incluye el compromiso político por hacer un estudio serio de la situación del hambre en Madrid, así como sobre los puntos de reparto de alimentos y su identidad y, también, sobre las posibilidades reales de hacerle frente desde las instituciones y poderes públicos; se firmó también la necesidad de dedicarle un presupuesto económico adecuado; y, lo que parece más novedoso, dar cabida a la participación ciudadana y a los propios afectados en la gestión. Importante en este pacto es el compromiso asumido por los partidos políticos de coordinar las transferencias a los Ayuntamientos desde la Comunidad[4]. El segundo encuentro tuvo lugar en enero de 2017 con el propósito de ratificar y actualizar el Pacto de 2015, al que se añadieron dos nuevos motivos: los partidos políticos asumieron participar en la II Conferencia contra el Hambre (del 1 de junio 2017) e implicarse en la elaboración de una Iniciativa Legislativa Municipal (ILM) sobre el derecho a la alimentación así como apoyarla en todos los Ayuntamientos de la Comunidad.

¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Iniciativa Legislativa Municipal?

La ILM se asienta sobre dos pilares: el Estado democrático y la participación política de la ciudadanía. Esto tiene una larga historia que, a grandes rasgos y siguiendo al profesor de Derecho Constitucional Francisco Astarloa Villena[5], podemos acercarnos de este modo: La conversión del Estado absoluto al Estado liberal, operada por la Revolución Francesa, convierte a los súbditos en ciudadanos, dando origen a una incipiente participación política. Con el paso del Estado liberal a Estado democrático a través del sufragio —universal a finales del siglo XIX— la posibilidad de participación ciudadana se incrementa, desarrollando la doctrina de la “soberanía popular” frente a la “soberanía nacional” propia de la Revolución Francesa. La participación se va imponiendo como un derecho natural de la ciudadanía en el Estado democrático.

Si parece importante reconocer estas dos conquistas de la sociedad (democracia y participación política) como fuentes de derecho para toda la ciudadanía, no lo es menos la posibilidad de una ILM que pueda reconocer esos mismos derechos en los sectores sociales más vulnerables.

Es verdad que la forma de participación democrática está siempre sujeta a la decisión y contexto histórico de la ciudadanía. Y así, mientras en unas sociedades se impone la forma de democracia representativa porque, como pensaba Montesquieu, el pueblo soberano, incapaz de tomar decisiones políticas, es sustituido por personas representativas que, elegidas, actúan en su nombre, otras sociedades, más cercanas al planteamiento de Juan Jacobo Rousseau, optan por una democracia directa.

La Iniciativa Legislativa Municipal, basada en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) —que recoge el art. 87 de la Constitución española de 1978 y regulada por la Ley 3/1984—, es una forma mixta. Se trata de un modo de participación política por el que un grupo de ciudadanos presenta al poder legislativo una propuesta de ley para que ponga en funcionamiento el correspondiente procedimiento de elaboración jurídica y su aprobación en ámbito territorial. En este caso, se trata de la legislación del derecho básico a la alimentación justa y adecuada para todos los seres humanos que residen en la capital y en la comunidad de Madrid.

  1. ¿Es viable, jurídicamente hablando, una iniciativa legislativa municipal sobre el derecho a la alimentación en Madrid?

Un breve recorrido

Hacemos en esta segunda parte un breve recorrido, yendo de mayor a menor rango, por los compromisos y pactos internacionales ratificados por España, llegando también a su reflejo en las leyes nacionales y autonómicas. E iniciamos esta lectura por la normativa internacional:

  1. La Declaración Universal de la Derechos Humanos (DDHH) de 1948, desde el art. 1 que orienta toda la Declaración –“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”– asume en consecuencia que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,” art. 25.1.
  2. Los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCER) de 1966 ratifican en el art. 11.1 y 2 la doctrina de los DD.HH “reconociendo el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado… incluso a la alimentación… el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre”, comprometiéndose a adoptar medidas efectivas para conseguirlo. Por su parte, el Comité encargado de supervisar la aplicación de este Pacto Internacional en su Observación General 12.4 interpretó en 1999 este derecho como “inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana… y a la justicia social”. En esta misma línea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, la turca Hilal Elver, ha venido concretando este Pacto como “el derecho a tener acceso regular, permanente y si restricciones a la alimentación… a un nivel suficiente y adecuado, tanto en términos cualitativos como cuantitativos… que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, satisfactoria, digna y libre de temor”[6].
  3. El Estado Español, además de sancionar la Declaración Universal de los DD.HH y el Pacto Internacional de Derechos (ICESCR), ha ratificado una amplia normativa internacional referida a la protección de este derecho a la alimentación entre la población más vulnerable. Hacemos un breve recuento en el siguiente recuadro:
·        La Convención Internacional de los Derechos del Niño (CDN), firmada por la ONU en 1989 y ratificada por España en 1990, principalmente en sus artículos relativos a la alimentación, el 24 y el 27.

·        La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEIFDCM), firmado por la ONU en 1979 y ratificado por España en 1984, principalmente en su art. 12.

·        La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) del 2006 y ratificada por España el 30 de marzo de 2007, especialmente su art. 28.

·        El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (OHCHR), aprobado por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2008 y ratificado por el Gobierno Español en 2010.

·        La Agenda 2030 Para el Desarrollo Sostenible —con el lema “No dejar a nadie atrás” y que vino a reemplazar a Los Objetivos del Milenio 2000—, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2015, reconoce que “el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza”. Entre sus 17 objetivos que abarcan las esferas económica, social y medioambiental, destacan, para nuestro propósito, el primero (fin de la pobreza) y el segundo (Hambre cero).

·        La Carta Social Europea 1961, ratificada por España en 1980, seguida de otros documentos posteriores como La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 2000, La Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos de la Ciudad del 2000 (arts. IV, XII y XXII), y la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos de la Ciudad 2000 (cap.XI) consideran el espacio europeo y de cada ciudad como lugares privilegiados para la práctica de la protección de los sectores más vulnerables, especialmente la eliminación de las distintas formas de pobreza y de hambre.


La normativa específicamente española

Aunque la Constitución del 1978 no aborda directamente este tema, sí lo hace implícitamente a través del reconocimiento de la Declaración de los Derechos Humanos y de la ratificación de los Pactos Internacionales según el principio “pacta sunt servanda”. También contamos con documentos más explícitos, por ejemplo la Ley 17/2011 sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición que, apoyada en el art. 43 de la Constitución, regula en su art.1.d los procedimientos “para la evaluación, gestión y comunicación de los riesgos alimentarios…”.

Desde el punto de vista autonómico y municipal llama poderosamente la atención el hecho de que, a la vista del crecimiento de la geografía del hambre en la Comunidad y especialmente en la ciudad, este asunto siga confiado mayormente a la gestión de instituciones privadas y que exista un clamoroso vacío de legislación específica sobre el tema.

Esta ausencia parece más clamorosa dada la capacidad jurídica que el art. 26.1.23 del Estatuto de Autonomía de Madrid de 1983 otorga a la Asamblea de la Comunidad para legislar en favor de “los grupos sociales necesitados de especial atención”. Y la Ley 11/2000 sobre Los Servicios Sociales —en sintonía con la Ley estatal 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local— reconoce a los ayuntamientos competencia para la “detención de necesidades sociales, la atención social y económica, la participación de los mismos ciudadanos en la prevención y solución de los mismos” (arts. 37 y 46). El art. 25 de la misma ley declara explícitamente a los ayuntamientos competentes para la “evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación de riesgo de exclusión social”.

III. Conclusión

Como conclusión, me parece muy clarificador el informe que el departamento jurídico del Ayuntamiento de Madrid, a petición del Gobierno Local, acaba de elaborar sobre las bases jurídicas de una posible Iniciativa Legislativa Municipal sobre el hambre:

“La viabilidad jurídica de la iniciativa legislativa municipal propuesta por la Plataforma de asociaciones de la Carta contra el Hambre deriva del derecho a una alimentación adecuada en el nivel normativo internacional y europeo a través de Tratados Internacionales en los que los Estados firmantes se obligan a asumir un papel protector y garante del derecho básico de toda persona a tener un nivel de vida adecuado para sí y para sus familias.

En el Ordenamiento interno español la Constitución española reconoce de manera implícita este derecho básico de las personas por su vinculación estrecha y directa a la dignidad y la libertad, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho al trabajo y a la protección social.

A pesar de que el derecho a la alimentación es un derecho básico fundamental, la Constitución no lo incluye expresamente en la sección primera del capítulo II del Título I. En consecuencia, al no ser materia reservada a Ley orgánica conforme a la doctrina restrictiva del Tribunal Constitucional, nos encontramos con la contradicción de la no exigencia formal de una ley de esta naturaleza orgánica para la regulación del desarrollo de un derecho reconocido como básico en los Tratados Internacionales, y por tanto incorporado a nuestro Ordenamiento jurídico.

Lo anterior, no debería impedir, sin embargo, la regulación de su contenido por Ley ordinaria así como el procedimiento para su reconocimiento por la Administración a las personas incluidas en su ámbito de aplicación. Lo contrario sería incurrir en un obstáculo contrario a las obligaciones internacionalmente asumidas por el Estado español entre las cuales se encuentra la de tomar medidas para hacer efectivo el derecho reconocido en el Derecho Internacional y en la Constitución española desde un enfoque plenamente garantista.

Además, dentro del ámbito de competencias de las Comunidades autónomas, el Estatuto de Autonomía de Madrid reconoce la potestad legislativa exclusiva para regular medidas de promoción y ayuda a la población que se encuentra en una situación especial de protección, entre la que se encuentra aquella que no tiene acceso a una alimentación adecuada por encontrarse en una especial situación de empobrecimiento.

En el proyecto normativo a una alimentación adecuada se incluirán, por tanto, los elementos materiales que forman parte de su contenido, así como los elementos procedimentales que conforman la regulación de los procedimientos de reconocimiento del derecho por parte de la Administración competente”.

[1] Cfr. Éxodo 129, junio 2015. Y también, Taller de Sensibilización Social: El derecho a la alimentación en Madrid y la experiencia de inseguridad alimentaria, marzo-abril 2017. Centros educativos de la Comunidad de Madrid (inédito).

[2] Cfr. Insolvencia Alimentaria en el distrito de Tetuán (Madrid), 8 de marzo de 2017 (inédito).

[3] Cfr. Éxodo 129, junio 2015.

[4] Cfr. Éxodo 129, junio 2015, p.35.

[5] Cfr. Francisco Astarloa Villena, La Iniciativa Legislativa Popular, en https://dialnet.unirioja.es

[6] Cfr. Naciones Unidas. Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado, www.ohcbr.org.

Políticas institucionales de los municipios

José Ramón González Parada

Las ciudades

Las grandes ciudades, consideradas motores del desarrollo por ubicarse en ellas los centros productivos y de negocios, son también por esa misma razón, las campeonas de la necesidad y la pobreza. En ellas se avecina la población más vulnerable, la más expuesta a los estragos de la economía, los inmigrantes que carecen de redes protectoras familiares, los carentes de acceso a medios de subsistencia. Ciudades como Atenas, Lisboa y Madrid fueron consideradas en el epicentro de la crisis económica social, capitales europeas del hambre, sin que esta condición, a diferencia de otras “capitalidades”, fuera suficiente para movilizar las energías sociales e institucionales que la situación requería. ¿Requería? ¿Es que ya está solucionado el problema? ¿Es que ya no se requiere nada de los poderes locales en las grandes ciudades? Rompiendo el apagón informativo en relación a la emergencia alimentaria persistente, llegan a ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia aires de renovación en materia alimentaria, impulsados por el Pacto de Milán.

La novedad hoy en el sur de Europa es que la crisis alimentaria es consecuencia de situaciones estructurales y que por tanto no parecen estar sometidos a coyunturas de breve duración; por otra parte sobrepasa la situación de poblaciones marginales que por razones políticas o éticas han sido ayudadas en su alimentación, afectando ya a sectores de clase media, que nunca habían sospechado su empobrecimiento. El enfoque cambia cuando la situación se hace crónica y la asistencia estructural. Entonces las implicaciones sociales y políticas son las claves de un sistema de asistencia, y la reclamación de una efectiva aplicación del derecho a la alimentación es la clave de un planeamiento que supere las medidas meramente asistencialistas.

El enfoque asistencialista de los Estados

Sin embargo las grandes ciudades quedaron fuera del esquema asistencial diseñado desde la UE, que puso a disposición de los gobiernos fondos especiales para la distribución de alimentos. El procedimiento es para todos los países idéntico, compra de alimentos en licitaciones internacionales, distribución a través de organizaciones civiles y un sistema de supervisión y control altamente burocratizado, lo que supuso quejas por parte de las entidades de reparto de alimentos, convertidas en apéndices de la burocracia europea. A destacar en el sistema de la ayuda europea –que por otra parte se completa con donaciones de grandes filántropos y de campañas populares de recogida de alimentos– dos aspectos que lo caracterizan.

Por una parte el sistema de compra en base a grandes licitaciones que devuelve al agronegocio parte de las ventas perdidas como consecuencia de la crisis social. El sistema de licitación cierra de hecho las puertas a cualquier iniciativa local, a las pequeñas cooperativas, a los sindicatos agrarios, a los pequeños productores; como dato llamativo en el año 2014 la licitación para el abastecimiento de leche para su distribución gratuita que el Gobierno Portugués hizo con los fondos europeos, se adjudicó el concurso a una multinacional con base en Asturias, a pesar de que Portugal era y sigue siendo excedentaria en leche. Por tanto la filosofía que impregna la ayuda alimentaria en la UE es la misma que llevó a la crisis, el modelo neoliberal. Un modelo que en el caso de la ayuda alimentaria impide cualquier circuito de proximidad, premia el agronegocio frente a las pequeñas economías agrícolas locales, y niega el mínimo planteamiento de soberanía alimentaria.

Otro aspecto destacable es la opción por los bancos de alimentos y otros organismos semejantes como principales canales de distribución mayorista. En el caso español el organismo estatal responsable de la gestión de esta ayuda alimentaria es el Fondo Español de Garantía Agraria –FEGA– organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca…, que se encarga de las licitaciones, y entrega las provisiones adquiridas al Banco de Alimentos y a Cruz Roja, que actuando como mayoristas distribuyen los alimentos entre las entidades sociales que entregan los paquetes de alimentos a la población necesitadas, entre las cuales destaca Caritas. Este procedimiento, que tiene la ventaja de apoyarse en unas entidades con instalaciones y capacidad logística demostrada, necesita para ser operativo el concurso de un buen número de voluntarios que ponen las organizaciones, y produce la impresión –impresión deseada y potenciada por los gestores públicos– que la cuestión de la pobreza, del hambre, se resuelva por la vía de la compasión y la caridad de la solidaridad popular. Aparte de ocultar conscientemente que los productos entregados gratuitamente fueron comprados en el mercado con fondos públicos (al menos en los últimos recuentos hechos por la Red de Investigación y Observatorio de la Solidaridad, el 60% de los alimentos entregados por el Banco de Alimentos y de la Cruz Roja provenían del FEGA, siendo el 40% restante obtenido por donaciones de grandes filántropos y por las campañas populares de recogida de alimentos) este sistema de abastecimiento y reparto elude cualquier conexión con el poder local, y evita cualquier referencia o reclamación en base al derecho a la alimentación. Es más, resulta habitual que los servicios sociales de los ayuntamientos “deriven” hacia las entidades asistenciales privadas los casos que les llegan de emergencia alimentaria.

Según un informe de Graham Riches (Canadá) “los bancos de alimentos se han establecido como una de las industrias caritativas de más rápido crecimiento en las sociedades del primer mundo, y están jugando un papel importante en el ámbito de la reestructuración de los Estados de Bienestar, haciendo posible –y más asumible- el recorte de derechos que viene aplicándose en determinados países. Su rápida expansión e institucionalización refleja la prevalencia de la pobreza”.

Estrategia alimentaria en las grandes ciudades

En el mes de Octubre de 2016 se firma en Milán el Pacto de Política Alimentaria Urbana –Pacto de Milán– , en el que se define la competencia de los poderes locales para una estrategia alimentaria de las ciudades, siendo el primer protocolo internacional en el que se establece un programa de intervención municipal en el ámbito de la producción y distribución de alimentos. Se adhieren a este Pacto 123 ciudades, entre las que se encuentran Alcalá de Henares, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Denia, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Menorca, Mieres, Oviedo, Rivas Vaciamadrid, Valencia, Villanueva de la Cañada, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza, una lista provisional a la que se siguen sumando ciudades. En octubre de 2016, la ciudad de Valencia, tras un proceso de votación, fue la ciudad designada para organizar el Encuentro Anual y Cumbre de Alcaldes del Pacto de Milán de 2017 que tendrá lugar del 19 al 21 de octubre de 2017.

El análisis y desarrollo actual de este acuerdo intermunicipal a escala mundial necesitaría todo un número monográfico de esta revista, por lo que en este artículo vamos a señalar solo alguno de los aspectos más relevantes para nuestro objetivo. Hay tres consensos básicos en el Pacto,

  • la responsabilidad de los poderes locales para mejorar la alimentación de las personas que habitan en las ciudades,
  • la prevalencia de una alimentación de mala calidad,
  • y la persistencia de bolsas de pobreza urbana en situación de emergencia alimentaria.

Y se proponen diversos ejes de intervención, entre otros promover la agricultura urbana y periurbana, integrándola en los programas municipales; los huertos urbanos adquieren en el Pacto una dimensión productiva, no solo educativa o de ocio. También se proponen promover los circuitos cortos de producción y consumo, centrándose en los pequeños productores y las empresas agrícolas familiares, destacando el papel de la mujer en la producción y procesamiento de alimentos, las redes y las plataformas del productor al consumidor o grupos de consumo. Todo ello en el marco de una apuesta por la producción agroecológica, y por la redistribución y la justicia social, enfrentando el problema de la malnutrición y desnutrición consecuencia de la pobreza.

La filosofía, el contenido y la agenda del Pacto de Milán supone un cambio epistemológico en relación al paradigma de la alimentación que defiende el sector agroalimentario industrial que domina en la burocracia europea y que determina el modelo de la ayuda alimentaria que se analiza en el epígrafe anterior.

El Pacto de Milán propone un catálogo de acciones recomendadas, del cual recogemos los siguientes puntos:

  • Utilizar las transferencias de alimentos y de dinero, y otras formas de protección social (bancos de alimentos, comedores comunitarios, despensas de emergencia, etc.) para asegurar el acceso a una comida sana a los segmentos vulnerables de la población, teniendo en cuenta las convicciones, culturas, tradiciones, costumbres y preferencias alimentarias específicas de las diferentes comunidades, en el respecto de la dignidad humana y para evitar una mayor marginación (Punto 14).
  • Redefinir los programas de los comedores escolares y otros servicios alimentarios institucionales con el fin de ofrecer comida sana, de procedencia local/regional, de temporada y producida de manera sostenible (Punto 15).
  • Fomentar y apoyar actividades de economía social y solidaria con especial atención a actividades en campo alimentario que favorezcan medios de vida sostenible para los segmentos marginados de la población en los diferentes niveles de la cadena alimentaria y faciliten el acceso a alimentos sanos y seguros en las áreas urbanas y rurales (Punto 17).
  • Promover la constitución de redes y apoyar las actividades de la sociedad civil, (como huertos y comedores comunitarios, comedores sociales, etc.) destinadas a crear inclusión social y proporcionar comida a los segmentos marginados (Punto 18).

El Ayuntamiento de Madrid, como firmante del Pacto de Milán y del Pacto contra el Hambre promovido por la plataforma de la Carta contra el Hambre, desarrolla su estrategia alimentaria entre cuyos objetivos se encuentra la Iniciativa Legislativa Municipal (ver artículo específico en este mismo número) como línea de acción del Marco Estratégico de Equidad/Economía Social. Y también toma en cuenta promover los canales cortos de comercialización, la alimentación escolar, los huertos escolares, y la emergencia social, entre otros aspectos.

Una iniciativa de la Carta contra el Hambre son los Centros Municipales de Cultura Alimentaria, que ya se experimenta en forma embrionaria en el distrito madrileño de Tetuán, donde a la vez que se da satisfacción a la inmediata necesidad de alimentos, se convierte en escuelas de ciudadanía, para que los afectados encuentren un canal de proposición, participación y mejora.

Por último, la Carta contra el Hambre ha propuesto como espacios aprovechables para Centros de Cultura Alimentaria la red de Centros de Mayores (89 en la Capital) con cocina, comedor, aulas para divulgación o talleres, espacio de usos múltiples para asambleas, que pueden proporcionar una actividad intergeneracional e integrada en el barrio, aumentado su valor como servicio público del que también se benefician los usuarios del Centro.

La confluencia de estrategias municipales, diversas pero enmarcadas en una filosofía común, supone por una parte mejorar la satisfacción de necesidades sociales en un marco de derechos, y por otra la recuperación de la acción política de los poderes locales frente a la política del PP de ajuste y recorte de las competencias municipales.

Leila Sant, Maximiliano Lasén, Gabriel Lozano

Evaristo Villar

Leila Sant Massarrat pertenece a la Comunidad Bahá’í y representa a Asuntos Públicos en la Plataforma de la Carta contra el Hambre a Asuntos. Maximiliano Lasén, está en representación de Mayores de Madrid XXI y de la Plataforma Mayores en Acción. Y Gabriel Lozano es representante de la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

 ¿Desde cuándo y por qué estáis en la Plataforma de la Carta contra el Hambre?

Leila. Estamos desde febrero de 2016. Nos interesa la cuestión de la gobernanza en relación a la economía y también conocer y colaborar con los actores sociales implicados en la transformación de la sociedad.

Gabriel. La FRAVM está desde el principio y  ha sido uno de los colectivos que mayor impulso han dado  a la concreción de la Carta contra el Hambre.

Maximiliano. Nosotros llegamos en febrero de 2015. Y ahí seguimos porque  la presencia continuada es un valor necesario para la eficacia en organizaciones tan fluidas como la Plataforma.

 ¿Qué ha conseguido hasta el momento, según vuestro análisis,  la Plataforma de la Carta contra el Hambre?

Gabriel.  Se han conseguido, a mi modo de ver, varias cosas: una colaboración estrecha entre los movimientos ciudadanos, sociales y religiosos, quizás, lo más destacable de esta Plataforma;  hemos logrado colocar el problema del hambre en la agenda política, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de otros de la Comunidad; y, finalmente, hemos conseguido una forma diferente de implicar a los partidos políticos en la solución de un problema que, probablemente tenga mayor importancia en un futuro.

Maximiliano.  A mi juicio la Plataforma ha contribuido a popularizar la demanda del derecho a la alimentación para todos y todas; ha empujado al Ayuntamiento de Madrid y otros de la Comunidad a tomar conciencia del problema de la alimentación; y, finalmente, con la presentación de la Iniciativa Legislativa Municipal (ILM) y el Centro de Cultura Alimentaria (que ya está funcionando como experimento ha ofrecido dos tipos de respuesta prácticas al problema del hambre.

Leila.  En mi opinión la Plataforma ha conseguido dos cosas importantes, una más visible y la otra no tanto: a la más visible ya se han referido Maxi y Gabriel y no voy a repetir;    pero  otros logros menos visibles  son, por ejemplo,  el haber conseguido una unidad de visión y de enfoque entre todos los colectivos integrantes de la Plataforma, una metodología común y un mismo objetivo. Es admirable lo conseguido en tan poco tiempo.

¿Qué juicio os merece  el desarrollo  mismo de la II Conferencia? Sus  pros y sus contras.

Maximiliano. En positivo, yo creo que cumplió con el objetivo de urgir una respuesta pública al problema del hambre; también la necesidad de una ILM como instrumento jurídico adecuado; destacaría también como muy positivos la excelencia del lugar, la buena organización, el café y el rap, el control de los horarios, y la buena actividad de las redes sociales, etc. En negativo, tengo que destacar la falta de entusiasmo y de claro compromiso, al menos aparente,  por parte de los representantes del Ayuntamiento de Madrid.

Leila. A mi modo de ver, aunque no esté todavía en la agenda pública del Ayuntamiento de Madrid, lo que sí hemos  conseguido es visibilizar el problema; también hay que reconocer como positivos otros detalles: como  la presencia de la Alcaldesa de Madrid con un buen grupo de concejales propios y de otros ayuntamientos o el inestimable rol que jugaron los tres periodistas moderadores  invitados por la Plataforma. Lo negativo sería ver, quizás,  todo esto como meramente simbólico, pero en muchas ocasiones los símbolos arrastran a las mayores transformaciones sociales.

Gabriel. Mi juicio, no obstante, es agridulce. Por una parte,  yo creo que quedó clara la voluntad de los diferentes ayuntamientos  de la Comunidad de Madrid en la necesidad de una ILM, aunque  se constató que este problema no es en estos momentos una prioridad municipal;  y en este sentido, la parte más agria consistió en que tuvimos que  “forzar”, de alguna forma,  la adhesión de los ayuntamientos a la ILM, pues, de no cumplirse los plazos señalados por la Plataforma, se corre el riesgo de que se quede  fuera de la presente legislatura.

Más en concreto y aunque ya habéis aludido a la actitud del Ayuntamiento de Madrid ante la ILM, me gustaría volver sobre este asunto y conocer vuestra impresión sobre la implicación de este Ayuntamiento durante todo el proceso de preparación y desarrollo de la II Conferencia.

Maximiliano. Yo creo que el Ayuntamiento fue madurando su propia actitud al ritmo de nuestros requerimientos y de los acontecimientos.  Y en esto tuvieron mucho que ver  tanto los datos de los 306 puntos de reparto de alimentos que nuestros socios de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense pusieron de manifiesto, como el trabajo de la Plataforma logrando implicar al Ayuntamiento  en la organización de unas Jornadas Técnicas sobre el  tratamiento del hambre. Y no fue menos importante,  a este respecto, el hecho de que durante este tiempo se firmó el Tratado de Milán y apareció la Agenda 2030 sobre el Plan de los Derechos Humanos (meta 17).  En fin, que si nosotros tardamos dos años en organizar esta II Conferencia, ha sido,  en parte,  por su ritmo tan lento.

Gabriel. En este sentido, lo primero que yo he percibido es que, por lo menos algunas áreas del Ayuntamiento  están sobrepasadas. Quiero decir que se ha querido ahorrar  tanto que se han quedado sin presupuesto para poder desarrollar coherentemente las políticas sociales necesarias. Yo creo que esto  ha pesado mucho en el desarrollo de la II Conferencia: si no se volcó, como hubiera sido deseable,  en un tema como este, ha sido, a mi modo de ver,  más por la falta de medios que por planteamiento político.

Leila.  La falta de recursos se dejó notar, es verdad,  pero también se advirtió por parte de algunas personas de la Administración la firme  voluntad de cooperar dedicando esfuerzo y tiempo a esta causa contra el hambre. Entiendo que la relación de la Plataforma con el Ayuntamiento es mejorable, pero tampoco se puede establecer, sin más, que no hubo por parte de la Administración pública voluntad de implicación.

La II Conferencia se centró preferentemente en conocer y conseguir la adhesión de los ayuntamientos de la Comunidad (y especialmente el de Madrid) a una hipotética ILM sobre el derecho a la alimentación. ¿No hubiera sido más acertado, pregunto,  haberla centrado en otros objetivos, como,  por ejemplo, definir las líneas o pilares básicos de dicha ILM?

Leila. A mi modo de ver, la conferencia estuvo bien enfocada. Se pretendía visibilizar nuestra propuesta de una ILM y esto se consiguió, gracias también al magnífico apoyo de los tres periodistas-moderadores con que contamos. Se pretendía una manifestación de apoyo a la iniciativa de algunos ayuntamientos importantes de la Comunidad de Madrid y esto, gracias a nuestra habilidad, se consiguió con creces. No obstante, como tenemos urgencia de que la ILM se lleve al pleno antes de finales de año para que pueda entrar en la presente legislatura, nos quedamos con la sensación de no saber si el Ayuntamiento de Madrid va a tener la voluntad política de agilizar los procesos.

Gabriel. Yo creo que el enfoque fue correcto. Teníamos que la ILM y contábamos con ayuntamientos dispuestos a hacerlo. La parte técnica suele ser el recurso que utilizan frecuentemente los políticos para retrasar las cosas. Y también aquí se ha aplicado. Yo no me creo que los retrasos por parte del Ayuntamiento  se quieran  justificar en la dificultad de redacción de la ILM. Con voluntad política, en cuarenta y ocho horas está hecha. En este sentido, se merece nuestro agradecimiento Juan Manuel Camacho por el esfuerzo individual que, a pesar de las trabas políticas, ha tenido que hacer para que la conferencia saliera adelante.

Maximiliano. Muchas de las líneas que desembocaron en la ILM ya las habíamos firmado con los partidos políticos en el Pacto contra el Hambre del 2015.  Marta Higueras, la Primer Teniente de Alcalde, nos invitó  a la Plataforma a elaborar la ILM, pensando,  a mi modo de ver, que nos iba a llevar mucho más de la semana que empleamos. Mirando desde el poder el humilde perfil de nuestra Plataforma pudo llevarla al error, pues, cuando la sociedad civil se organiza bien, llega a niveles de  eficacia que no siempre consiguen las burocracias oficiales.

¿Por qué, a vuestro juicio, es necesaria una ILM sobre el hambre y la alimentación adecuada en la Comunidad de Madrid?

Leila. Hay datos  sociológicos suficientemente alarmantes como para afirmar esa necesidad. Por ejemplo, según cifras que hemos manejado en la Plataforma, 150.000 personas en Madrid ciudad  van a los bancos de alimentos, y 81.000 hogares, es decir, unas 200.000 personas,  están en situación de pobreza severa recibiendo menos de 334€/mes cada miembro. Estos breves datos revelan que estamos en una situación límite que necesita una acción inmediata. Y la mejor institución  para atender a estas personas en riesgo es el propio ayuntamiento, que es la administración pública más inmediata y cercana a las personas. Dotar a los ayuntamientos de instrumentos jurídicos y recursos económicos suficientes parece la mejor forma de abordar este problema.

Gabriel. La clave, a mi entender, se dio en el estudio realizado en el distrito de Tetuán donde se dice que el 4.6% de la población está recibiendo alimentos para poder subsistir. No sé a qué nivel de PIB estará Tetuán entre los barrios y distritos de Madrid, pero me da la sensación de que no es precisamente de los más pobres. Y al lado de esto, no hay ninguna ley ni a nivel estatal ni a nivel autonómico que garantice el derecho a la alimentación. Solo contamos con normas internacionales, a las que nos hemos adherido como país, y que, aunque nos afectan, no hay ninguna legislación que las regule. Y esto necesitamos  convertirlo en derecho para toda la población de Madrid.

Maximiliano. Entiendo que garantizar el derecho a la alimentación es una responsabilidad pública, hoy derivado en gran parte a la caridad privada y con la presencia de aspectos perversos de negocio para empresas agroalimentarias y de distribución de alimentos. Siendo la ILM un instrumento que implica la cooperación entre administraciones públicas para afrontar el derecho de manera permanente, hoy solo está contemplado de forma parcial y temporal para personas en riesgo de exclusión o de otras situaciones límite como se especifica en el artículo 25 de la Ley de Administración Local.

¿Consideráis que fue suficiente la presencia y participación del público en la II Conferencia? ¿Y qué pensáis de la presencia de los medios de comunicación y de su difusión?

Gabriel.  Así como en la I Conferencia del 2015 nuestra preocupación estaba en la presencia del público,  en la segunda lo cierto es que una semana antes de su inauguración teníamos dudas no de la asistencia del púbico,  sino de si se iba a celebrar o, más aún, de si nosotros mismos íbamos a asistir. Hubo en algún momento problemas de organización y hasta de nuestra participación en la elaboración del programa. Esto nos despistó mucho. De haberlo tenido todo claro desde el principio, nos hubiéramos centrado más decididamente en la difusión y en la prensa. Esto nos forzó a centrarnos mayormente  en los objetivos de la conferencia que, esencialmente, se reducían a poner en candelero desde todos los puntos de vista la ILM y la presencia de otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

Maximiliano.  En cuanto al público,  el hambre no es un tema que atraiga a las masas, pero creo que fue suficiente y muy interesado y entendido. No obstante,  el ajuste excesivo de los tiempos en el programa dificultó la participación. En la prensa escrita, salvo excepciones, tuvo poca presencia. Y esto, a pesar de esos 700.000 hogares sin recursos en nuestro país y de los datos sangrantes que dan fielmente la Cruz Roja y Cáritas sobre las personas que tiene que recurrir al Banco de alimentos. Es muy significativo, a este propósito, el vídeo que hicieron los alumnos de la Complutense a una señora cargando con dos bolsas de alimentos y a pie (pues no puede pagarse el billete del metro o del autobús) desde Alonso Martínez, en el Centro de Madrid,  hasta Villaverde, un barrio en el extremo Sur, a más de 10 kilómetros de distancia.

Leila. Yo creo que la cantidad de gente fue razonable, habida cuenta de la precipitada y poca publicidad que se hizo de la conferencia. No obstante, hubo iteración entre el público y algunos ponentes. Las preguntas bien enfocadas y con una evidente carga de compromiso tanto  en quienes hacían la pregunta como en la respuesta que se esperaba de los  ponentes. Y,  respecto a los medios de comunicación, la Plataforma había comprometido como participantes en el evento a los periodistas y tertulianos  Margarita Sáenz, Jesús Núñez y Javier del Pino quienes, además de hacer una extraordinaria labor durante la conferencia, luego lo han difundido a través de los medios que dirigen o en los que participan. También es cierto que hubo una difusión instantánea por streaming y redes sociales y que luego han aparecido referencias en diferentes páginas de internet.

 Mirada desde el Pacto de Milán y la Agenda 2030, ¿qué pasos necesita aún dar la Plataforma hasta alcanzar una ILM que legalice y haga efectivos la necesaria distribución de alimentos entre las personas más vulnerables?

Gabriel. Somos todavía un niño con apenas dos años. Hasta ahora hemos gateado, ahora necesitamos empezar a andar. Ahora necesitamos que la ILM entre a tiempo para poder ser discutida en la presente legislatura de la Asamblea de Madrid. Si esto se logra, luego nos queda conseguir que Ciudadanos apoye la ley en la propia Asamblea. Si no lo hace va a ser difícil que el PP se mueva. Aprobada la ley, necesitamos ver cómo se pone en práctica en los diferentes ayuntamientos. Y para esto se necesita homologar las soluciones que se den, porque no podemos seguir actuando frente al hambre del mismo modo que ahora. Hay que lograr que entre en la conciencia de las personas la idea de que la alimentación es un derecho y que no se les está haciendo ninguna caridad haciendo que se cumpla. Finalmente, si lográramos que se generalicen los Centros de Cultura Alimentaria que nosotros mismos hemos planteado como alternativa probablemente habremos iniciado un camino de no retorno en este tema.

Maximiliano. Mirando las cosas desde el pacto de Milán y la Agenda 2030, nos queda mucho camino que recorrer. Por ejemplo el Pacto, en su punto 4,  habla de “involucrar a todos los sectores del sistema alimentario (autoridades locales, técnicos, académicos, sociedad civil, pequeños productores y sector privado) para el desarrollo, la actuación y a evaluación  de las políticas, programas e iniciativas en el campo alimentario”. Es decir, necesitamos hacer que se cumpla la filosofía de la Carta contra el Hambre. Es verdad que nosotros ya hemos propuesto la ILM y el Centro de Cultura Alimentaria, pero necesitamos también asegurar la constitución de un órgano de vigilancia,  que podría llamarse Observatorio o Consejo de Alimentación, para que este derecho se cumpla.

Leila. Nuestra ILM está en línea con el Pacto de Milán y la Agenda 2030 y está llamada a  jugar un papel clave en la solución del problema del hambre en Madrid. Y nuestro papel como Plataforma será hacer un acompañamiento para hacer valer este derecho ante las instituciones públicas y los partidos políticos, y para concienciar  y sensibilizar socialmente de este derecho a la gente. Y no podemos olvidar, como tampoco se olvida el Pacto de Milán, que el problema de la alimentación no es un problema aislado, está vinculado a todo el resto de carencias de la población desde el Medio Ambiente hasta la educación, el trabajo y la vivienda. Mucho campo, pues, para la Plataforma.

 

Derecho a la alimentación adecuada. Un enfoque de derechos humanos para erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición

Juan Carlos García y Cebolla

El 1 de Junio de 2017 se celebró en Madrid la II Conferencia contra el Hambre, corriendo la conferencia inaugural a cargo de D. Juan Carlos García Cebolla, experto de la FAO, que se trasladó desde Roma para participar en el evento. De su amplia comunicación tomamos las siguientes reflexiones.

El derecho a la alimentación

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) aborda el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de todos los individuos, sobre el que se basa un proyecto de desarrollo y un contrato social para un planeta finito compartido equitativamente.  Es la Declaración Universal de Derechos Humanos la base jurídica internacional de la que nace el Derecho a la Alimentación que forma  parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), cuyo  artículo 11.1 declara el:

Derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.

El derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, (art 11.2) obliga a los Estados firmantes del Pacto a garantizar el acceso a una alimentación suficiente y adecuada, y conlleva el compromiso de adopción de políticas y programas que el mencionado artículo 11.2 desarrolla:

  1. a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios…;
  2. b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.

El marco de derechos reconocidos internacionalmente se  confronta con una realidad donde a escala mundial  un gran volumen de población no tiene acceso a una alimentación suficiente.

*  793 millones de personas sufren subnutrición crónica.

* 2.000 millones de personas con carencias de nutrientes.

* 600 millones que padecen obesidad.

Hambre y malnutrición generan una carga hacia el futuro que condiciona las capacidades de las sociedades y las personas. Hambre y pobreza impiden a los más vulnerables aprovechar oportunidades, limitan la posibilidad de cambiar los modos de uso del territorio y su gestión sostenible.

La disponibilidad de alimentos suficientes es el requisito básico para garantizar el derecho a la alimentación, pero la disponibilidad de alimentos no es suficiente si no está garantizado el acceso a los mismos de la población vulnerable en condiciones de estabilidad y correcta utilización del suministro alimentario.

DISPONIBILIDAD

* Planificación territorial y protección de suelos, agua y biodiversidad.                *  Adaptación al Cambio climático e intensificación sostenible.

* Reducción de pérdidas y eliminación de barreras técnicas.

* Romper la brecha de género (regímenes de tenencia, acceso a crédito).

ACCESO

* Planificación y Urbanismo.

* Políticas de Desarrollo Social: Empleo digno, transferencias de rentas, alimentación institucional (escolar, grupos específicos), educación y capacitación inclusiva.

* Mercados transparentes e inclusivos.

* Romper la brecha de género: democratización del cuidado, acceso a formación y crédito.

Crear un marco propicio

Teniendo en cuenta que las personas en situación de emergencia alimentaria  no son el problema, sino que son parte de la solución, garantizar el acceso a los alimentos debe tomar en cuenta la participación de los afectados, la no discriminación y la preservación de su dignidad, lo cual exige  políticas y programas enfocados a atajar el hambre y la malnutrición con apoyo de un marco legal adecuado y la asignación de recursos necesarios para una acción efectiva  eficaz.

Por ello resulta imprescindible el fortalecimiento de mecanismos inclusivos de coordinación y gobernanza, y el uso creciente de la información y el análisis en la toma de decisiones, bajo los principios de equidad, rendición de cuentas y transparencia de la gestión, dando prioridad a los más vulnerables.

La equidad no es repartir a todo el mundo lo mismo. La equidad es tratar a cada persona para atender  a sus necesidades, para estar en eso que idealmente llamamos igualdad de oportunidades. Porque hay una parte que tiene que ver con nuestras decisiones individuales, una parte en que las políticas públicas no pueden ir. Pero para que eso sea posible tenemos que partir de un piso mínimo,  por debajo del cual ya no hay oportunidades, solo intentos de sobrevivir.

La coordinación de las políticas públicas debe tomar en cuenta la multi-sectorialidad del proceso alimentario y la multiplicada de actores, superando la rigidez del ciclo de políticas, y tomando como referencia a los gobiernos locales al final de la cadena.

Uso biológico y Nutrición

* Educación alimentaria y nutricional.

* Acceso al agua y saneamiento.

* Acceso a servicios de salud.

* Mercados y sistemas alimentarios sensibles a la nutrición.

* Políticas de protección del consumidor e información responsable (información relevante, comprensible…),  sensibles a los derechos de la infancia a los más vulnerables.

* Protección social y acceso a los alimentos que toma en cuenta la nutrición (educación).

*Promoción del cuidado equitativo y brecha de género.

Políticas en el nivel local

Hay diferentes áreas en el nivel local que tienen que ver con la  disponibilidad de alimentos y con el  acceso. Por ejemplo, la Brecha de género que está a lo largo de todas las dimensionas. Si hablamos de derecho a la alimentación, mientras no tengamos acceso  a medios, a formación, igualitario… Pero, sobre todo, mientras no democraticemos el cuidado no vamos a ir a ninguna parte. El factor  esencial de la economía del mundo es el cuidado. No figura en las cuentas porque es difícil de medir, porque no es tasable. Pero por ejemplo, esa comida que está en el frigorífico no llega sola,  la composición de esa comida o dieta no es aleatoria, se trata de decisiones. Y eso en un 90% se lo hemos asignado a las mujeres.  Cuando hay personas que se encargan de tomar esas decisiones y tienen un mayor conocimiento, entonces se produce un beneficio mucho mayor. Y todo esto tiene que ver con el cuidado. Desde la atención natal donde hay un sesgo que es inevitable por la lactancia hasta que nos vamos de este mundo. Incluso durante el periodo que pensamos que no necesitamos que nos cuide nadie. Hay un montón de cosas que no reconocemos que es otra persona la que se ha dedicado a que puedan ocurrir. No solo no estamos cambiando esa distribución sino que, además, cuando es remunerada, es con una remuneración mínima y con un reconocimiento social también mínimo… Pues bien, o cambiamos ese modelo o no vamos a avanzar. Y obesidad, malnutrición irán in crescendo porque hemos cambiado el modelo de organizar la sociedad.

Y ahí nos hace falta también otro tema que es la información. Las personas necesitan información relevante y fácil de entender para tomar decisiones. Porque hemos instaurado un modelo en el que todos tenemos que producir al máximo. Es decir, que estamos exprimiendo a las personas y forzando a que reduzcan su tiempo de cuidado para participar en el sistema económico. Que no son solo las horas de trabajo (y esto enlaza con políticas urbanas), es el transporte, es la segregación socio-espacial, etc. En algunos casos esta segregación socio-espacial genera desiertos alimentarios (en algunas ciudades, no en las nuestras).

Cuando hablamos de Derechos Humanos, hablamos del derecho a la información y de la protección de los derechos de los que todavía no pueden decidir por sí mismos. Y toda la publicidad dirigida a la infancia para condicionar la compra. Eso son también políticas que tienen que ver.

Algunos elementos prácticos para una discusión de políticas tienen que ver con mecanismos de monitoreo, mecanismos transparentes, unificados, que reduzcan los costes de transición para las personas para acceder a programas. Que no tengan que ir siete veces a siete ventanillas y justificar lo que ya han justificado, y, además en sitios lejanos para que se desanimen y, como no tenemos dinero, reducir el coste.

Programas de alimentación institucional coherentes, ligados a la educación alimentaria y nutricional. Hay que evitar la contradicción de enviar en el aula mensajes sobre educación alimentaria, y luego hacer lo contrario en el comedor escolar,  con el objetivo, por ejemplo de reducir el coste de la alimentación. Una alimentación escolar, una alimentación institucional es cara porque implica cuidado, personas, tiempo.

Enfoques de desarrollo social frente a protección social. La protección social es necesaria, pero si queremos romper la desigualdad y trabajar en derechos, tenemos que hablar de desarrollo de capacidades.

Y desde cualquier administración, la revisión de normativas, reglamentos, etc. que generan barreras. Porque nunca pensamos en los más vulnerables, pensamos en la población de ingresos medios. Y para los más empobrecidos, muchos de los reglamentos y ordenamientos que tenemos en  nuestros organismos son barreras.

El papel de los gobiernos locales

Los gobiernos municipales están al final  de la cadena. Tienen muchas limitaciones en el diseño de políticas y normas que vienen desde arriba: desde lo multilateral, el marco europeo, el Estado, los gobiernos autonómicos y, por último, el municipio. Pero en cambio tienen el municipio una gran capacidad para la transformación social. Por algo que también se ha dicho aquí: están en contacto, son la interface entre el gobierno y la ciudadanía. Si somos capaces de articular la información y generar evidencia -y no un municipio sino una cadena de municipios-  cabrá la posibilidad de cambiar las políticas y marcos legales en aquellos puntos que van más allá de la capacidad de las administraciones locales. Son los que tienen la capacidad de mostrar cuáles son los cambios que necesita el sistema para funcionar.

En este sentido, se nos abre un espacio muy importante que la Nueva Agenda Urbana con Hábitat 3 en el marco también de los objetivos del desarrollo sostenible, y el Pacto de Milán para Políticas Alimentarias Urbanas. Esto nos da la oportunidad de trabajar de esa manera difícil que es integrarlo todo. No está en una política de aquí y de allá, se trata de que todas las políticas estén interconectadas y piensen cómo contribuyen al resto. Y en esto creo que hay un buen ejemplo como es el Plan Estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Muestra muy bien esa interconexión entre derechos. Hay temas que tienen que ver con el derecho a la alimentación a lo largo de los otros derechos. Y creo que es un ejemplo de esa otra manera de pensar las cosas de forma más integral. Y nos da la oportunidad de aprender juntos. Esto es fundamental. Algunos de los temas que han salido hoy, otras sociedades ya los han pensado. Por ejemplo, la diferencia entre inversión y gasto. Hay sociedades que tuvieron que planteárselo durante la época de los ajustes estructurales y tuvieron que discutir a fondo lo que es inversión y lo que es gasto. Porque para cualquier ministerio de inversión una granja de dromedarios en Groenlandia es una inversión. Pero, salvo que el cambio climático sea muy fuerte, eso es un gasto.  Y, por otro lado, los actos de servicio en la atención sanitaria preventiva, es formación de capital humano, y es pura inversión. Y este debate necesitamos tenerlos si queremos organizar bien nuestras políticas de gasto e inversiones. Más allá de temas puntuales o coyunturales, es una cuestión conceptual que tiene que ver también con las prioridades de modelo de desarrollo, también de Derechos Humanos. ¿En qué invertimos?, ¿Cómo conceptuamos la inversión?

Finalmente señalar que  los Países miembros de la FAO llegaron a un documento muy simple, porque tiene que ser universal, pero que cambió un poco los políticas de aquel momento. Son las Directrices Voluntarias para el Derecho a la Alimentación. Y son voluntarias porque se puedan cumplir o no sino porque son un menú de políticas que cada país, y dependiendo de su concepto de sociedad, puede adoptar.  Porque la obligación está arriba, está en el pacto. El cómo lo llevan a cabo es su responsabilidad. Y a este pacto, todos ustedes han contribuido a través del apoyo  financiero que hacemos desde la Agencia de Cooperación que sale de los impuestos que todos ustedes pagan.

Algunos elementos prácticos aplicables a escala local

* Mecanismos de monitoreo de la inseguridad alimentaria y la malnutrición para la toma de decisiones y la evaluación de políticas.

*  Mecanismos claros y unificados de acceso a programas.

*  Políticas de protección del consumidor e información responsable (información relevante, comprensible…) sensibles a los derechos de la infancia y los más vulnerables.

* Programas de alimentación institucional coherentes con la educación alimentaria y nutricional.

* Promoción de circuitos cortos y alimentos frescos nutritivos.

* Enfoques de desarrollo social vs protección.

*  Revisión de normativas reglamentos y órdenes para eliminar barreras o discriminaciones de facto a los más vulnerables.

El derecho a la alimentación ante la puerta de las instituciones locales

ÉXODO recoge en este nº 139 la celebración de la II Conferencia contra el Hambre (Madrid, 1 de junio, 2017), lo mismo que publicó en el nº 129 (junio, 2015) los materiales de la I Conferencia contra el Hambre (Madrid, abril 2015). Ambas Conferencias han sido el resultado de varios años de trabajo de la Plataforma de la Carta contra el Hambre, formada por más de 30 organizaciones cívico-sociales, universitarias y religiosas. La revista ÉXODO ha participado desde el inicio en la puesta en marcha de la Plataforma y se siente concernida para la difusión de los resultados.

El trabajo de la Plataforma de la Carta contra el Hambre tuvo desde el principio muy claro la necesidad de implicar a las administraciones locales en la lucha por el reconocimiento del derecho a la alimentación justa y adecuada. Después de la I Conferencia se tuvo el primer encuentro con los partidos políticos del Ayuntamiento de Madrid en el que firmaron, todos menos el PP, el Pacto contra el Hambre (Madrid, mayo 2015). En relación a la II Conferencia, el segundo encuentro con los partidos (enero de 2017) logró su implicación en la misma. Y lo que es más importante, el Ayuntamiento de la ciudad de Madrid, junto con otros Ayuntamientos de la región, se ha comprometido con el producto estrella de la Plataforma: la elaboración y presentación a la Asamblea de Madrid de una Iniciativa Legislativa Municipal (ILM) para garantizar el derecho básico a la alimentación en la Comunidad de Madrid. Este recorrido muestra a las claras, tal como recoge el resumen de la II Conferencia, cómo un movimiento ciudadano con capacidad de organización y movilización puede llegar realmente muy lejos, y cómo la vinculación con las administraciones puede defender la puesta en acción de políticas públicas contra el hambre.

La larga marcha hacia el derecho personal a la alimentación en las ciudades

Puede parecer extraño pero la conciencia social del derecho a la alimentación es muy reciente, forma parte de los denominados derechos humanos de nueva generación. En esta perspectiva, tal como expuso en la ponencia inicial de la II Conferencia contra el Hambre, Juan Carlos García y Cebolla, jefe del equipo de Derecho a la Alimentación de la FAO, “el derecho a la alimentación adecuada” se sitúa en “un enfoque de derechos humanos para erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición”. Esta es la línea en la que se va perfilando el derecho a la alimentación desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966): enfoque de desarrollo social frente a esquemas proteccionistas.

También puede parecer extraño que grandes ciudades, como Atenas, Lisboa y Madrid, consideradas como capitales europeas del hambre, no hayan logrado movilizar los recursos necesarios para abordar esta problemática. En opinión de J. R. Gonzalez, el enfoque asistencialista diseñado por la UE para la ayuda alimentaria centra todo el dispositivo en los gobiernos y deja fuera a las ciudades. El procedimiento es idéntico para todos los países: compra de alimentos en licitaciones internacionales (impide cualquier circuito de proximidad y premia al agronegocio); distribución a través de grandes organizaciones civiles (como los Bancos de Alimentos, Cruz Roja y Caritas que potencia la percepción ciudadana de resolución del hambre por la vía de la asistencia popular), tercero, un sistema de supervisión y control muy burocratizado. Este sistema de reparto impide la conexión con el poder local y evita la reclamación en base al derecho a la alimentación. En palabras de J. Laguna, desde una perspectiva evangélica, la “comensalidad subversiva” supone anteponer el hambre a cualquier ley (discernir si promover bancos de alimentos o cargar carros de la compra con alimentos de primera necesidad sin pagar), saber si presiden la mesa de reparto los pobres y lisiados, o si la celebración de la vida por la vuelta del hijo pródigo pasa por delante de la desesperación de los hermanos mayores justificados. Esta sería la religión de quienes se sientan a la mesa de Jesús, de los que comen cómo y con él.

¿De Madrid al cielo? De capitalidad europea del hambre al derecho a la alimentación

Frente al modelo neoliberal y asistencialista de la UE en el reparto de alimentos, el enfoque de derechos humanos ha dado lugar a la firma en Milán, 2016, del Pacto de Política Alimentaria Urbana (Pacto de Milán). Es el primer protocolo internacional para la intervención municipal en el ámbito de la producción y distribución de alimentos. Se han adherido más de 120 ciudades; en España Madrid, Málaga, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza…; en la comunidad de Madrid también Alcalá de Henares, Rivas Vaciamadrid, Villanueva de la Cañada… En octubre de 2017 se celebrará en Valencia el Encuentro anual y Cumbre de Alcaldes del Pacto de Milán. Los consensos básicos del Pacto son: la responsabilidad de los poderes locales para mejorar la alimentación en las ciudades; la prevalencia de una mala alimentación; y la persistencia de bolsas de pobreza urbana en situación de emergencia alimentaria. Y los ejes de intervención promueven la agricultura urbana, los circuitos cortos de producción y consumo, el fomento de redes y plataformas del productores a grupos de consumo; el reconocimiento del papel de las mujeres en todas las soluciones. La apuesta es por la producción agroecológica y por la redistribución y la justicia social. Todo un cambio de paradigma respecto al modelo neoliberal de la UE del reparto de alimentos.

El Ayuntamiento de Madrid se ha comprometido en este cambio como ciudad firmante del Pacto de Milán y del Pacto contra el Hambre, de la Plataforma de la Carta contra el Hambre. Por su parte, el Plan Estratégico de Derechos Humanos del propio Ayuntamiento muestra la interconexión entre derechos. En estos momentos los trabajos para la presentación de la ILM en la Asamblea de Madrid y la puesta en marcha de una de las iniciativas de la Carta contra el Hambre, los Centros Municipales de Cultura alimentaria, son dos de las apuestas importantes para la recuperación de la acción política local por el derecho a la alimentación adecuada; para convertir en derecho local la legislación internacional.

Desde Éxodo deseamos que el próximo encuentro en Valencia, octubre 2017, suponga un paso definitivo para dejar atrás en Madrid el ominoso título de capitalidad del hambre y la consecución del derecho a la alimentación adecuada. Para estar preparados y colaborar en este proceso colectivo abierto, animamos a leer y debatir los sugerentes materiales recogidos en la II Conferencia contra el Hambre: reflexiones contextuales y experiencias cercanas, como el proyecto en marcha en el Distrito de Tetuán (Madrid). Toda una lección.

Éxodo 139

Éxodo 139   ACABAR CON EL HAMBRE POR LEY

Iniciativa Legislativa Municipal

   Editorial: El derecho de alimentación ante la puerta de las instituciones locales

   Punto de mira: Derecho a la alimentación adecuada, JUAN CARLOS GARCÍA Y CEBOLLA

   Entrevista a LEILA, MAXIMILIANO Y GABRIEL, CARTA CONTRA EL HAMBRE

   A fondo: Políticas institucionales de los municipios, JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ PARADA; Necesidad y posibilidad de una Iniciativa Legislativa Municipal sobre la alimentación en Madrid, EVARISTO VILLAR; II Conferencia contra el Hambre, Madrid 1/06/2017, MARGARITA SÁENZ-DIEZ; Criterios, propuestas y experiencias de la Carta contra el Hambre: I. Proyecto en marcha en el distrito de Tetuán, CARLOS PEREDA; II. Distribución de alimentos en un contexto más amplio, SERGIO GARCÍA; III. La alimentación es un derecho básico, LUIS NOGUÉS SÁEZ.  Comensalidad subversiva de Jesús, JOSÉ LAGUNA.

Actualidad: Proposición de ley de garantía del derecho básico a la alimentación en la Comunidad de Madrid, CARTA CONTRA EL HAMBRE; AA.VV., Llamamiento a un proceso constituyente, MIGUEL ÁNGEL DE PRADA.