Éxodo 133

CIMAS y las democracias participativas

Carmen Espinel

Como espacio de confluencia de profesionalxs comprometidxs con la transformación social y las democracias participativas, la red CIMAS, como nos gusta autodenominarnos, es mucho más que una asociación, que es la forma jurídica de la que nos hemos dotado. Más que el Observatorio de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible, como nos denominamos.

 

Una red es un espacio abierto, sin fronteras, que nos permite ir tejiendo complicidades a lo largo y ancho de este mundo, sin más (ni menos) compromiso colectivo que el de desarrollar nuestras prácticas metodológicas en todos los ámbitos en los que nos encontramos, ya sean profesionales, activistas, institucionales o personales.

 

¿Y cuáles son esas prácticas metodológicas?

 

Partimos, allá por los años 90, de la IAP (Investigación-Acción-Participativa), y a lo largo de la siguiente década fuimos incorporando otros enfoques y técnicas por las propias necesidades de los procesos prácticos, por lo que preferimos denominarlas de forma más inclusiva metodologías participativas, o sociopraxis para la creatividad social, como dice el título de la reciente publicación colectiva que hemos dado a luz a finales del pasado año.

 

Es una forma más general de nombrar lo que hacemos, aunque lo que aportamos es una forma más de las muchas tendencias de las que hemos aprendido y seguimos aprendiendo.

 

Por un lado, el centenar de prácticas profesionales que hemos seguido desde los Masters con los que colaboramos en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, La Laguna y varios países de Latinoamérica (Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, etc).

 

Por otro lado, lo que llamamos “Escuelas de Ciudadanía Solidaria”, que son las propias prácticas que desarrollamos con los procesos participativos, queriendo destacar con ello los aspectos de autoformación y autoaprendizaje permanente que van necesariamente unidos a estos procesos.

 

Junto a ello, cursos específicos de metodologías participativas o de procesos concretos, como los presupuestos participativos, que venimos desarrollando en los últimos años, en el marco del programa de Formación Continua de la UCM.

 

Y todo ello, lo hacemos con algunos movimientos sociales y con algunxs profesionales de colectivos o instituciones que se plantean aprender haciendo y quieren aplicar estos conocimientos en los propios procesos de movimientos o de trabajo en que cada cual está implicada: presupuestos participativos, planes comunitarios integrales, planes integrales de participación, articulación de redes interculturales, agendas Locales 21, cogestión de centros sociales…

 

En nuestra web, http://www.redcimas.org, puedes encontrar más información y bastante documentación al respecto.

Si quieres contactar: participacion@redcimas.org

XV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia

Antonio Jiménez Lara

1.Las pautas seguidas en este tiempo

Se cumplen ocho años y medio del inicio del despliegue de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD). Tras los dos retrasos en el calendario de aplicación progresiva promovidos por el actual Gobierno, el pasado 1 de julio se completó el mismo de forma que todas las personas en situación de dependencia, independientemente de su Grado, tienen derecho a recibir servicios o a percibir una prestación económica por cuidados familiares. Este XV dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia (auspiciado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales) coincide además con la llegada a muchas Comunidades Autónomas de un buen número de nuevos ejecutivos autonómicos, herederos en definitiva de situaciones muy difíciles que habrán de gestionar con muy escaso margen de maniobra.

Podrán promover nuevas medidas en el plano organizativo y de gestión pero no podrán eludir la asfixia financiera a la que se ha sometido al SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia)  de forma que, de no adoptarse un cambio drástico de planteamiento global del sistema, tienen muy difícil absorber la demanda acumulada con el mínimo nivel de calidad y de dignidad que constituye el derecho de las personas en situación de dependencia al acceso a mayores cotas de autonomía personal y a recibir las atenciones necesarias para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

El desigual desarrollo de la LAPAD por territorios, la baja calidad e intensidad de la mayoría de los servicios prestados, la demora excesiva en las atenciones, un sistema de información ¡aún en desarrollo! y un modelo de financiación tramposo e insuficiente han sido las pautas seguidas en todo este tiempo en el que contabilizamos más sombras que luces. Con todo, en líneas generales, el esfuerzo autonómico de los últimos años ha sido importante a pesar del abandono sufrido por la Administración Central que, al tiempo que imponía recortes inasumibles para las Comunidades Autónomas, pretendía crear un increíble relato de las bondades de las reformas del sistema.

El 1 de julio se incorporaron al sistema con derecho a recibir atenciones otras 315.000 personas con Grado I y la Administración Central aportará a cada Comunidad Autónoma 44,33 €/mes por dependiente para poner en funcionamiento servicios o prestaciones, lo que significa percibir cerca de 532 €/año por dependiente atendido. Si la Comunidad cumple estrictamente su compromiso de financiación del 50%, se deberá atender a estas personas con poco más de 1.000 euros anuales…

No parece este un sistema demasiado adecuado a las necesidades reales de las personas.

 

  1. Aspectos destacables sobre la evolución general
  2. En España hay más de 1.191.000 personas en situación de dependencia reconocida. Un 2,5% de la población española no puede desarrollar las actividades básicas de la vida diaria sin apoyos de mayor o menor intensidad
  3. En este momento (tras ocho años y medio de implantación) un 37% de estas personas no tiene ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia
  4. El Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia está desbordado. Los datos oficiales de cobertura muestran cómo la capacidad de atención de los últimos cuatro años se mantiene en 750.000 personas
  5. Solo se atiende a nuevos dependientes en la medida en la que se producen bajas de atendidos.
  6. Los tiempos de espera para las personas con derecho a atención ha resultado inasumibles de forma que desde inicios de 2012 han fallecido en situación de espera cerca de 100.000 personas
  7. En este colapso intervienen diversos factores pero el más directo ha sido el impacto de las medidas de recorte contenidas en el Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de julio
  8. Se mantienen las graves desigualdades entre territorios.
  9. El sistema de información sigue sin estar finalizado, no se ha publicado oficialmente la evaluación 2014 (debería haberse publicado ya en BOE) y no se ofrecen los datos reales de gestión económica (aportación de las CCAA a través de certificado de gasto) o los datos de bajas en el sistema (solo se publican las altas). Hay más manipulación que transparencia.
  10. Desde el inicio de la Ley (2007) se han presentado más de 2.800.000 solicitudes de las que están activas actualmente 1.577.000.
  11. En junio de 2012 había 413.465 expedientes activos de personas con Grado III (gran dependencia) mientras que en el mismo mes de 2015 el número ha descendido hasta las 345.041 personas (68.424 menos).
  12. Las personas con Grado II de dependencia (dependencia severa) también descienden en número. (27.400 menos desde junio de 2012), mientras que sí han aumentado las personas con Grado I en dicho intervalo temporal (7.000 personas)
  13. El procedimiento (solicitud, valoración, resolución PIA y acceso real a servicios o prestaciones) sigue siendo lento, farragoso, ineficaz y una auténtica tortura para las familias. Las denuncias por la violación del derecho subjetivo de las personas dependientes o cualquier otra reclamación por la pasividad o arbitrariedad de las Administraciones se sigue dirimiendo en un orden jurisdiccional poco adecuado a la materia: el de lo contencioso administrativo.
  14. Ha descendido la lista de espera en 175.000 personas desde enero de 2012, pero lamentablemente esto no se debe a un incremento en las personas atendidas sino al colapso del sistema que frena la entrada de nuevos usuarios. Desde 2012, una de cada cinco personas dependientes con derecho a atención que entró en la lista de espera no llegó a ser atendida al causar baja por fallecimiento.
  15. En el último año se entregaron 30.000 prestaciones económicas menos por cuidados familiares. Esto se ha visto compensado con un incremento de la entrega de servicios.
  16. Siendo ello positivo, se imposibilita la entrega de servicios a personas en espera por la absoluta falta de inversión pública. De ahí que la capacidad de atención global se mantenga en 750.000 personas en los últimos 4 años.
  17. Los servicios y prestaciones previstos en la Ley no dan respuesta eficaz a muchas de las necesidades reales de autonomía personal ni suponen una atención a la dependencia con suficiente intensidad o calidad. En esto queda muchísimo camino por recorrer.
  18. La mala implantación de la Ley de dependencia merece un análisis profundo del impacto negativo de género. La OCDE lleva tiempo alertando sobre la intensidad desmedida de los cuidados familiares en España (asumidos casi exclusivamente por mujeres). La supresión de las cotizaciones a la seguridad social para cuidadoras familiares unida a la ausencia de medidas de conciliación; la falta de apoyos a las familias o a la ausencia de promoción de los cuidados prestados por varones, hacen que los cuidados familiares no sean una opción vital fruto de elección libre, sino muchas veces una suerte de condena con implicaciones personales, morales y económicas gravísimas.
  19. La tan cacareada atención socio-sanitaria no ha pasado del plano del bello discurso y supone dos amenazas importantes: una puerta a la mercantilización de la sanidad (creando “aparcaderos” de pacientes crónicos de gestión privada bajo la apariencia de atención socio-sanitaria) o la fagocitación de buena parte de los servicios sociales por el sistema sanitario (incrementando torpemente su gasto este último cuando podría optimizarse mucho). En todo caso, es un camino imprescindible a explorar pero con criterios claros y transparentes en los que se anteponga siempre a las personas, sus deseos, sus derechos y la calidad de las atenciones a todo lo demás.
  20. Aún atendiendo a menos personas, se mantienen los costes del sistema en 2014 iguales que en el año anterior en una congelación global. El auténtico mazazo económico se produjo entre 2012 y 2013.
  21. La entrada de los moderados (Grado I) al sistema supone una necesidad de financiación pública (sin copago) de más de 3.100 millones de euros para atender a los 445.000 dependientes que están sin atención a 1 de julio.
  22. El Estado aportará para atender a esos 445.000 dependientes (Nivel Mínimo) no más de 370 millones de euros (12% del total necesario), debiendo aportar las CCAA el resto. Esto nos lleva a un sistema de atenciones low cost que poco más que una teleasistencia podrá ofertar.
  23. Pretender que la financiación del SAAD por parte del Gobierno Central a las CCAA tiene “dos vías”: la propia de la Ley 39/2006 y la vía de los fondos adicionales de financiación autonómica es una técnica de cómputo tramposa que no hace sino añadir confusión para dar una falsa apariencia de suficiencia financiera de las CCAA. Discrepamos rotundamente con dicho cálculo que, llevado al extremo absurdo de análisis (procedencia de los fondos), daría como resultado que la Dependencia se financia por un solo agente: los ciudadanos, y por tres vías: los impuestos de personas físicas y empresas que va a parar a los PGE, el copago de las personas dependientes y el sobrecoste que abonan las personas dependientes por servicios.
  24. El coste de oportunidad que ha tenido la desinversión en la Ley de Dependencia es demoledor. Si en 2013 el Gobierno hubiese invertido 1.200 Millones de euros más en servicios de atención a la dependencia (en lugar de recortar), habría logrado generar más de 70.000 puestos de trabajo netos, habría incrementado el número de atendidos en 90.000 personas (evitando grandes sufrimientos y esperas) y, finalmente, habría recuperado en un año mediante retornos directos, indirectos e inducidos casi la totalidad de la inversión, incrementando el déficit público en tan solo en 100 millones de euro
  25. A pesar de la desinversión, el sistema muestra una altísima rentabilidad potencial. El ligero incremento de los servicios prestados ha posibilitado mantener el empleo ligado al sector y mejorar los retornos directos obtenidos que ya se sitúan en el 37% en 2014 (4,6 puntos más que en 2010).
  26. Creemos que se impone un pacto de Estado sobre esta cuestión en cuya discusión se replantee el modelo de financiación de los “long term care” en España y con epicentro en el modelo de financiación autonómica a debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Presupuestos participativos en Madrid

Carlos Pereda

Entre el otoño de 2015 y la primavera de 2016 se han llevado a cabo los primeros Presupuestos participativos en los distritos de Tetuán, Arganzuela y Usera (Madrid). En los tres casos  se partía de que eran experiencias piloto, con vistas a los Presupuestos participativos a mayor escala que tendrían lugar en el conjunto de la ciudad el año siguiente. Por ello, en enero de 2016 nos reunimos los grupos motores de los tres distritos a fin de evaluar el trabajo y comunicar los resultados a los responsables del Ayuntamiento. Sin embargo, éstos hicieron oídos sordos a nuestra petición y lanzaron los Presupuestos Participativos de 2017 para los 21 distritos de la ciudad sin conocer lo ocurrido en los distritos pioneros.

Más adelante hicimos una jornada de información y debate público con el título “Socializando saberes: Presupuestos participativos en Madrid”, a la que sí asistieron los responsables municipales,  junto con las presidentas de Ahora Madrid de las juntas de los tres distritos y bastante público interesado. La evaluación fue positiva, aunque tenemos que reconocer que encontramos muchas dificultades, sobre todo por la inexperiencia de los participantes y la falta de recursos para difundir la idea entre el vecindario. Las principales conclusiones de nuestra experiencia es que para que unos Presupuestos participativos funcionen bien tendrían que incorporar los siguientes criterios:

  1. Control ciudadano en todas las fases del proceso: no sólo autorreglamentación inicial, sino procesos de decisión asamblearia de los pasos que se vayan dando y posterior votación final de las propuestas. En los tres distritos hemos logrado esto mediante Foros abiertos a la ciudadanía en los momentos decisivos del proceso (aprobación del Reglamento, priorización de criterios, evaluación inicial de las propuestas) y mediante la fase de votación final (por vía informática o presencial).
  2. Tiempos mínimos suficientes para desarrollar sin agobios las diversas fases del proceso. En especial, es importante disponer de un tiempo amplio en la primera fase de Difusión y presentación de propuestas. La difusión implica, entre otras cosas, información mediática y presencial, explicando el sentido de unos presupuestos participativos, abriendo procesos de diagnóstico participativo de las necesidades más urgentes, etc.
  3. Combinación de espacios de debate y decisión virtuales y presenciales, abiertos a toda la ciudadanía interesada. Abrir procesos deliberativos en torno a los principales problemas de la ciudad/distritos (diagnósticos participativos) y sobre las posibles propuestas para abordarlos, nos parece fundamental.
  4. Medios y presupuesto suficientes para difusión y comunicación del proceso a todo el vecindario… Lo que implica, entre otras cosas, apoyo informático, acceso a medios de comunicación (gabinetes de prensa y medios, para el conjunto de Madrid y para cada distrito), etc., así como la formación en metodologías participativas, tanto de los grupos motores como de los equipos municipales que se impliquen en el proceso. Es necesario asegurar estas vías de información y formación a fin de asegurar la participación del vecindario.
  5. Cooperación activa de las instituciones públicas en los Presupuestos participativos, para aportar ayuda técnica y presupuestaria, canales de difusión, etc. facilitando así el desenvolvimiento del proceso, cuyo protagonismo principal debe estar en manos de la ciudadanía que quiera participar. En este sentido, el papel de grupos motores, formados por personas voluntarias y con apoyo técnico del Ayuntamiento, puede ser un medio muy útil para asegurar la articulación entre el vecindario y las instituciones, tal como ha ocurrido en nuestros tres distritos.

La voluntad política de ensanchar la democracia, abriendo vías de intervención directa en los asuntos públicos, se enfrenta a la cultura de la dependencia y la acaparación de poder por parte de todo tipo de jerarquías, tanto en la vida económica como en las instituciones políticas. Por eso, es importante avanzar en formas de participación directa como los Presupuestos participativos que ponen en manos de las vecinas y vecinos la posibilidad de autogestionar una parte del presupuesto de la ciudad. No obstante, la potencialidad de esta forma de participación puede verse limitada y domesticada si el marco establecido por los responsables políticos es muy estrecho y no facilita los procesos de diagnóstico, deliberación y priorización colectiva de propuestas.

La crisis española

Juan Diego García

Más allá de reformas seguramente necesarias pero que en el fondo no afectan el funcionamiento del modelo neoliberal vigente, los partidos políticos españoles no ofrecen al electorado medidas que constituyan salidas que permitan hacer frente a las enormes deficiencias de su sistema económico y político.

La derecha tradicional- el Partido Popular y los partidos nacionalistas de la burguesía catalana y vasca- como la nueva derecha –el partido Ciudadanos- continúan apostando por el mantenimiento del actual sistema si bien con ciertas reformas que adecenten la vida política. Pero las líneas básicas del modelo económico estos partidos las comparten en lo fundamental. Los apoyos de la banca, los más destacados grupos económicos y los medios de comunicación comprueban, si había alguna duda, la lealtad de estos partidos con el orden vigente.

La izquierda presenta un panorama bastante complejo. El Partido Socialista mantiene un cierto lenguaje contestatario pero le resulta difícil afirmar su carácter de fuerza de izquierda si se consideran los antecedentes de las décadas pasadas. En el modelo económico el PSOE aunque mantiene sus viejas consignas de transformación social en la práctica ha asumido como propios los fundamentos del neoliberalismo y tampoco escapa a las prácticas del clientelismo y la corrupción que tanto contribuyen al desgate de la política y a la misma pérdida de legitimidad del sistema. El descontento de amplios sectores con el modelo neoliberal por sus efectos perjudiciales en el nivel de vida de las mayorías sociales no significa aún un rechazo al capitalismo como tal pero es creciente el convencimiento en grupos significativos  acerca de la necesidad de buscar alternativas para alcanzar un orden social diferente.

El nuevo partido Podemos sufre ahora un cierto desgaste debido a errores en la gestión interna y a la eliminación no siempre bien explicada de propuestas iniciales de fondo (no pago de la deuda o la revisión de las relaciones con la Unión Europea, entre otras), algo que podría interpretarse como una reacción comprensible frente al fracaso griego. Pero el manejo de los asuntos internos y sobre todo la rebaja en sus reivindicaciones mayores si pueden haber restado simpatías sobre todo entre los sectores con mayor nivel de compromiso y militancia política. Muchos de los desilusionados pueden volver entonces sus querencias hacia Izquierda Unida –la fuerza tradicional de la izquierda española-;  al menos así parecen mostrarlo las más recientes encuestas que registran un ascenso en su favor y un descenso de los apoyos a Podemos. Los acercamientos de Podemos al PSOE –que tiene ya un acuerdo con Ciudadanos bastante más acorde con el programa de la derecha- solo acrecienta estos riesgos del desgaste de su clientela, sobre todo entre los sectores con mayor activismo y nivel de politización.

Pero la izquierda es más que Podemos e IU. En Cataluña, Madrid, Valencia y Galicia las fuerzas de la izquierda están representadas igualmente  por aliados de Podemos que tienen su propia identidad, en una multiplicidad de siglas y tendencias que reflejan bien las carencias de España como estado nacional moderno: son demasiadas las regiones o naciones que reivindican su propia identidad y eso se refleja también en el tejido de las organizaciones políticas que se ven abocadas a la necesidad de dar un tono muy particular a sus formas de ser, so pena de no encontrar eco social suficiente.

La multiplicidad de fracciones y grupos no afecta solo a los partidos nuevos de  la izquierda. El mismo PSOE muestra sensibilidades bastante agudas según regiones, si bien más que diferencias ideológicas se trata de la lucha entre “barones” por el control de sus propias clientelas y por su influencia dentro del partido. No es mejor el panorama en la derecha catalana, ahora dividida y enfrentada y que tampoco escapa a los escándalos de clientelismo y corrupción. Solo la burguesía vasca parece a salvo de divisiones internas (al menos que se sepa). El PP tampoco puede ya ocultar sus grandes divisiones. Los sectores “duros” (encabezados por José María Aznar) hacen públicas sus críticas al presidente Rajoy (que les resulta muy “moderado” y hasta mediocre) aunque tampoco presentan alternativas sólidas; más bien, apuestan al desgaste del presidente esperando quizás la oportunidad de recuperar al dirección del partido. La corrupción galopante que tanto afecta al PP y los resultados nefastos de las políticas de austeridad llevan al partido a conservar tan solo sus votantes cautivos perdiendo los apoyos de otras épocas de suerte que ahora, sin respaldos suficientes tiene que buscar alianzas con la nueva derecha de Ciudadanos y con el mismo PSOE (para lo cual la derecha parece contar con el apoyo a veces nada discreto de la vieja guardia de este partido, en particular de Felipe González).

Ni los problemas estratégicos del modelo económico (que descansa de forma tan preponderante y riesgosa en la construcción y el turismo), ni la manera como se desarrolla hoy la Unión Europea (en manos y en beneficio sobre todo de los banqueros alemanes), ni las relaciones de España con el mundo (en particular aquellas que atan al país al carro de la guerra de los Estados Unidos) parecen ser preocupaciones destacables en los programas de los partidos de derecha o de izquierda, a excepción probablemente de Izquierda Unida, una fuerza muy debilitada seguramente por sus propios errores no menos que perjudicada por el sistema electoral vigente que garantiza la hegemonía del bipartidismo PSOE-PP.

No se sabe con certeza qué va a suceder en los próximos días. Es probable que se alcance algún tipo de acuerdo que permita formar gobierno. Pero en tal caso y dada la actual correlación de fuerzas cualquiera de las alternativas posibles dará como resultado un gobierno débil que tendrá que gestionar una economía en crisis, soportado por un sistema político desprestigiado y con la amenaza de una probable nueva crisis económica mundial. Los recientes compromisos militares de España con la OTAN y en particular con los Estados Unidos solo ensombrecen más las perspectivas de futuro en un panorama de conflictos bélicos y terrorismo que algunos no dudan en interpretar como una guerra generalizada.

Si no se forma gobierno habrá nuevas elecciones generales seguramente con resultados muy similares a los actuales. Repetidas estas condiciones (con algunos cambios menores) sorprende que ningún partido se atreva entonces a preguntarse acerca de un futuro tan incierto y a ofrecer en consecuencia alguna alternativa realista. Si es así, lo más probable es que se imponga la fórmula de los grandes grupos económicos, o sea una alianza entre PP, PSOE y Ciudadanos, convenientemente apoyada por los poderes que gobiernan la UE, es decir, en lo fundamental por el consorcio siniestro de la banca europea, a la cabeza de la cual se encuentran los banqueros alemanes.

Cómo conjugar la igualdad y la diversidad

Alicia Muñoz Sánchez

“La igualdad puede ser un derecho, pero no hay poder sobre la tierra

que pueda transformarlo en un hecho.”

– Honoré de Balzac –

Sobre el papel, el principio de igualdad parece totalmente integrado en nuestra sociedad. Ya la Constitución Española propugna como principios fundamentales la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político – que podemos entender como principio más cercano al de diversidad, pero que se queda corto al referirse sólo al ámbito político – y socialmente no es aceptable declararse en contra de alguno de estos principios. Entendemos la igualdad como el principio general del derecho que ampara la igualdad de trato de las personas, de manera que en situaciones iguales se les otorgue el mismo trato y en situaciones desiguales se favorezca un trato distinto a las personas, además del derecho a no sufrir discriminación. Este valor es común a la mayoría de las constituciones liberales desde la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sin embargo, esta igualdad no era para todas las personas. Sólo se referían a los hombres – como denunció en Francia Olympe de Gouges – y no se abordó en ninguno de los dos procesos la necesidad de combatir las desigualdades entre hombres y mujeres, pues ni siquiera se reconocían. Tampoco era para los esclavos ni para los pobres, quienes quedaban excluidos de las decisiones mediante los distintos tipos de sufragio censitario o cualificado. Podemos concluir que la democracia liberal nace intencionadamente sesgada por criterios de clase, etnia y género que dejan las decisiones en manos de una pequeña élite.

 

Sin soberanía no hay democracia

 

Tras dos siglos de evolución de las democracias liberales y un cierto cambio reciente en el panorama electoral de nuestro país, ¿dónde nos encontramos en este momento a nivel de igualdad e integración de la diversidad? Sobra decir que el derecho a voto está reconocido para todas las personas con nacionalidad española, pero este derecho sigue teniendo muchas carencias, en ciertos casos intencionadas, como las dificultades que se han impuesto para la población emigrada al extranjero o para inmigrantes venidos de otros países, que sufren las consecuencias de políticas en las que no pueden influir. No puede dejarse sin mencionar la otra cara de la moneda: no es igual para todas las personas el acceso a los puestos de poder desde los que se toman las decisiones, existen grupos sociales excluidos de los puestos de gobierno y de administración de las empresas. Sin embargo, aunque el sufragio – tanto activo como pasivo – fuese verdaderamente universal, seguiríamos a años luz de una democracia real en la que la participación en la toma de decisiones sea también universal, ya que sería muy naif convencerse de que depositando un voto en una urna cada cuatro años estamos realmente decidiendo sobre el destino de nuestra sociedad. Diariamente encontramos ejemplos de cómo las grandes decisiones no se toman siguiendo los programas políticos a los que las urnas dan su apoyo, sino según el criterio del partido en gobierno y, en muchas ocasiones, aplicando los dictados de instituciones supranacionales que han suplantado la soberanía nacional. Principio que se establece también en nuestra Constitución, justo debajo del párrafo que garantiza la igualdad. Podríamos dar miles de ejemplos para demostrar este hecho, pero ya parece bastante revelador el hecho de que las dos reformas que se han hecho a nuestro texto constitucional (artículos 13.2 en 1992 y 135 en 2011) lo han sido por imperativo de organismos europeos y sin ser refrendados por el pueblo.

 

Por tanto la primera necesidad que surge en la conquista de una democracia real es la autonomía en la toma de decisiones, la capacidad de ejercer una verdadera soberanía. Pero para alcanzar esta capacidad debemos romper dos pesados grilletes: la esclavitud de la deuda y la dependencia del mercado global. También dentro de nuestra propia Constitución se establece la adopción en nuestro país del sistema de economía de mercado, sistema donde si algo se ha generado hasta ahora, es desigualdad.

 

En desigualdad tampoco hay democracia

 

Por tanto, la primera pregunta sobre la que debemos reflexionar como sociedad es ¿puede la democracia garantizar el principio de igualdad en el marco de una economía de mercado? En opinión de quien escribe, la respuesta a la pregunta anterior es simple: es una contradicción esperar que el mercado ponga la igualdad como objetivo por delante del beneficio.

 

Podríamos aventurar que el reto más global de la democracia en lo que respecta a la igualdad es alcanzar un sistema de organización social y económica en el que no puedan darse estas desigualdades: crear el poder que garantice la igualdad y que aun, como expresó Balzac, no existe. Y este poder, sólo puede ser desde abajo.

 

Paralelamente a la recuperación de la soberanía, las instituciones democráticas deben trabajar para extender la toma colectiva de decisiones a cuantas acciones sea posible y por incluir a todas las personas en estos procesos, especialmente a las que sufren la desigualdad. La igualdad debe pasar a ser la manera de ser del sistema, en lugar de la coletilla en los textos políticos – desde la Constitución y otras leyes a los programas electorales de los partidos del llamado cambio – en la que se ha quedado hasta ahora; y la diversidad debe abrazarse como una riqueza, fomentándose el debate político entre diferentes y el intercambio cultural, no acercándose a ella como un problema. Ya lo dijo Bakunin, la uniformidad es la muerte; la diversidad es la vida.

 

Todas las relaciones de poder que se producen en la sociedad generan desigualdad, y por lo tanto grupos excluidos que no participan por diferentes motivos en la vida política y la organización social. En el caso de muchos de estos grupos, además, se sufre exclusión en el acceso a las necesidades más básicas y necesitan que las instituciones escuchen sus demandas e ideas para abandonar la exclusión y poder vivir con dignidad. Por esto y para enriquecer a toda la sociedad desde la diversidad, es importante identificar todos estos grupos y trabajar por su incorporación a una ciudadanía plena.

 

¿Qué personas están excluidas en la toma de decisiones?

 

Es oportuno advertir a las personas que trabajan en las instituciones de que no olviden que también se encuentran en una posición de poder  sobre aquellas personas que forman parte de los colectivos perjudicados por la desigualdad (aunque dentro de la institución también existan relaciones de poder). Debemos encontrar una forma de actuación que evite sesgo a la hora de diseñar políticas de inclusión, con el objetivo de no perpetuar ni siquiera inconscientemente estas relaciones de desigualdad. La propuesta desde este artículo es incluir de manera efectiva el criterio de las personas que sufren desigualdad en la toma de decisiones. Esta propuesta parte del reconocimiento de la toma de decisiones participativa – a partir de la deliberación colectiva – como la más óptima para no reproducir los intereses de los grupos dominantes, siempre y cuando se vele por incluir a los colectivos afectados por la desigualdad. Es importante entender la necesidad de que todas las voces sean escuchadas y de la creación espacios diferenciados, donde los colectivos en proceso de inclusión no sientan presiones externas a la hora de expresarse y puedan plantear sus problemas, saberes y  soluciones, así como de las políticas de acción positiva, destinadas a otorgar mayor representatividad a colectivos infra representados. Pero, ¿cuáles son estos colectivos y qué barreras debemos derribar para conseguir su inclusión y participación?

 

Si atendemos a las desigualdades económicas, encontramos a las personas que sufren pobreza o en riesgo de pobreza y exclusión. Para empezar, es complicado encontrar tiempo para participar cuando se sufre una existencia precaria, por lo que garantizar la existencia material de todas las personas debe ser una prioridad política. Urge acordar cuál será la estrategia, de las varias opciones que ocupan los debates (Renta Básica, Renta Mínima Garantizada, Trabajo Digno Universal…) pero sea cual sea ésta, las políticas sociales deben transformarse en activas: las instituciones deberían salir a buscar a aquellas personas que las necesitan, en lugar de esperar que descubran por sí mismas que tienen un derecho y descifren numerosas leyes para poder ejercerlo, como sucede ahora. Pero también las iniciativas de participación deben plantearse desde este papel activo. Es ingenuo esperar que las personas que sufren pobreza y exclusión se acerquen a la institución, pues para los colectivos excluidos las instituciones no sólo están muy lejos: nunca han sido una garantía de bienestar, sino un perseguidor que castiga la búsqueda de la supervivencia en los márgenes del sistema. La institución debe dejar de mostrar esta cara, y centrarse en escuchar y solucionar problemas para que estas personas puedan sentirse cómodas para dar su opinión sobre cuáles son las mejores soluciones a sus propios problemas.

 

Por supuesto, no sólo la economía de mercado genera desigualdad. Aliada con el capitalismo, la organización patriarcal de la sociedad – que no se establece en la Constitución pero tampoco se reconoce su existencia ni trata de paliarse y sí se hace patente en otras normas jurídicas como las que perpetúan el reparto de las funciones sociales por sexos – genera desigualdad situando a los varones heterosexuales en una posición de dominación. Deben reformarse todas las leyes – y no son pocas – que perpetúan esta estructuración social y desarrollarse una ley de reparto de los trabajos que libere de la carga de cuidados a las mujeres y nos haga partir de una situación más cómoda tanto para encontrar y prosperar en un empleo que nos dé independencia económica como a la hora de participar en democracia.

 

La edad también genera desigualdad a la hora de participar en democracia. Las necesidades de los menores apenas se escuchan cuando éstos tratan de expresarlas, y desde luego ningún partido se preocupa por integrarlas en sus programas, ya que para estos, quien no vota no existe. También las personas ancianas sufren dificultades para participar, tanto presencialmente como en los mecanismos telemáticos que se habiliten. La brecha tecnológica diferencia a aquellas personas con acceso y conocimientos para el uso de las tecnologías de la información de quienes no, y debe tenerse presente siempre que iniciemos procesos democráticos. Esta brecha, tiene un triple componente: económico, personas que no pueden permitirse una línea de internet; de edad, ya que los mayores tienen menos conocimientos tecnológicos; y de género.

 

Teniendo en cuenta la organización del territorio, es fácil darse cuenta de las desigualdades que se crean entre quienes viven en las ciudades y quienes habitan las comunidades rurales, con muchas menos oportunidades de acceso a la cultura, a la oferta educativa, a la organización para la movilización social, a elegir un empleo… Incluso dentro de las ciudades, se reproducen en cierto modo esas desigualdades entre los barrios, fundamentalmente según la renta media de los mismos y la organización de la movilidad urbana. Por esto, el urbanismo y la planificación del transporte son elementos cruciales en la inclusión. La creación de espacios amplios y cómodos para personas diversas que faciliten las reuniones populares, en los que incluso quienes ejercen cargos institucionales puedan salir de sus despachos y reunirse con sus vecinas y vecinos, o sirvan para desarrollar cultura libre, son quizás los pasos más sencillos que pueden darse en estas materias. A la largo plazo, un buen plan de inclusión y equilibrio territorial en cualquier escala, pasaría por descentralizar las competencias institucionales para acercarlas lo máximo posible a las ciudadanas y ciudadanos y reorganizar las redes de transporte público y la situación de los equipamientos y servicios para favorecer la conciliación, las relaciones de cercanía, repartir el empleo en el territorio y reducir el tiempo en desplazamientos.

 

También se producen graves desigualdades según la situación de ciudadanía, que afectan a las personas que han llegado a nuestro país buscando una vida mejor. Para empezar, se sufre una clara exclusión formal en el caso de las personas en situación de irregularidad administrativa. En el caso de estas personas participar en democracia es realmente atreverse. Las identificaciones aleatorias en actos de protesta pacífica que realiza la policía es un elemento disuasorio para que estos colectivos expresen públicamente sus reivindicaciones. Informalmente, además, si las personas que vienen de otros países no se sienten incluidas en las mejoras sociales, no hay incentivos para que traten de participar. Desde los autodenominados ayuntamientos del cambio, sería interesante comenzar a trabajar en censos de participación complementarios para extender los derechos de ciudadanía a estas personas.

 

En el ámbito de la diversidad funcional también mucho trabajo por hacer. Por dar un ejemplo, los hospitales públicos están mal adaptados a las necesidades de las personas con movilidad reducida. La necesidad de camas especiales adaptadas para las consultas ginecológicas sólo ha comenzado a ocupar debatirse desde que las afectadas se organizaron para visibilizar este problema. Qué decir de los problemas que un transporte público mal adaptado como el que sufrimos en muchos municipios supone para la inclusión de este colectivo.

 

La igualdad y la diversidad suponen un desafío global con implicaciones prácticas en cada una de las áreas a las que afectan las políticas públicas, al que sólo puede hacerse frente de manera transversal. Lo fundamental es tener claros los objetivos y formar a todos los trabajadores públicos en este aspecto, para que su integración en la vida democrática sea plena.

Domocracia, representación, participación

Felipe Aguado Hernández

La palabra democracia, tiene un campo semántico muy amplio y diverso. Por eso ha necesitado que se le pongan apellidos. Aquí vamos a hablar de algunos de ellos: democracia directa, democracia representativa y democracia participativa.

  1. Democracia directa. Es la primera forma histórica de la democracia. Se desarrolló en algunas ciudades de la Gracia Clásica. Se caracteriza porque el pueblo gobierna por sí mismo, sin intermediarios. Los ciudadanos se reúnen en asamblea para deliberar sobre las cuestiones importantes y tomar decisiones mediante votación mayoritaria. Éstas eran ejecutadas por los magistrados, con mandatos revocables de un año o dos.

En las formas modernas, las decisiones tienden a tomarse por consenso y no existen dirigentes permanentes. Todas las responsabilidades son temporales y rotatorias. La coordinación de asambleas no se hace por “representantes” de las mismas sino por “portavoces” que son también temporales y rotatorios. Así se hacía por ejemplo en la Asamblea Popular de Madrid (APM), donde convergían todas las asambleas del 15-M de los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid.

Desde la antigüedad han funcionado asambleas populares de gobierno en momentos puntuales de la historia y por cortos periodos de tiempo, como la revolución de T. Münzer y los campesinos alemanes en el S. XVI, los pequeños municipios de los primeros emigrantes en EE.UU, La Comuna de París de 1871, Los Soviets en los primeros meses de la Revolución Rusa de 1917, los Consejos Obreros tras la Primera Guerra Mundial en Alemania, Hungría o el Norte de Italia o algunas fases y zonas de la revolución en la Guerra Civil Española del 36-39.

Muchos movimientos sociales y políticos han reivindicado la democracia directa  como objetivo utopista para la estructuración de toda la sociedad y como forma propia de organización y funcionamiento de ellos mismos. Podemos recordar, entre otros, a los Socialistas Utópicos,  el Mayo del 68 en Francia y otras muchas partes del mundo, las asambleas de fábricas y barrios en la Transición española, y particularmente, por la cercanía temporal  y emocional, el 15M en España y otros muchos lugares.

La democracia directa ha sido criticada tanto en los propios modelos  utopistas de organización de la sociedad como en sus realizaciones históricas. La crítica más generalizada acusa a la democracia directa de forma inviable de organización de sociedades complejas y avanzadas como la nuestra: ¿Cómo se van a reunir en asambleas los millones de ciudadanos de una sociedad moderna? Por otra parte, se afirma que  el asamblearismo es ineficaz por los procedimientos tan lentos de toma de  decisiones

Sin embargo, dirían sus partidarios, han funcionado en democracia directa sociedades complejas como los Soviets o la Comuna, si bien por poco tiempo. Se trataría de crear formas apropiadas. Así mismo la supuesta lentitud de la adopción asamblearia de decisiones es, en cambio, garantía de participación inclusiva de todos los ciudadanos. Las nuevas tecnologías de la comunicación pueden facilitar y agilizar esos mecanismos.

2, Democracia representativa. La forma de democracia que se ha implantado en la mayoría de los países es la que llamamos democracia representativa, porque el denominador común a todas ellas es la mediación de “representantes” (diputados, concejales,…) entre el pueblo y el poder en sus diversas formas.

Conviene recordar que el origen de estas formas democráticas está en la democracia liberal, teorizada  y realizada a partir de los SS. XVII y XVIII en el Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Tiene una gran conexión con el capitalismo económico, del que se la ha considerado su cara política. Recordemos la formulación que hace Locke, en el S.XVII, de los objetivos de la democracia liberal: La finalidad máxima y principal que buscan los hombres al reunirse en Estados o comunidades, sometiéndose a un gobierno, es la de salvaguadar sus bienes,… Siendo la salvaguarda de la propiedad la finalidad del gobierno, y siendo ese el móvil que llevó a los hombres a entrar en sociedad… La democracia liberal es, en su origen, una democracia de propietarios en un naciente capitalismo, que se concretó en la práctica con fórmulas censitarias por las que sólo tienen derecho a voto quiénes tienen un cierto nivel de renta.

A lo largo del S.XIX los movimientos obreros y populares plantearon, entre otros objetivos, el sufragio universal, en principio sólo masculino, aunque extendiéndose, ya en el siglo XX, a las mujeres. Este acceso al sufragio universal va acompañado de conquistas sociales como el contrato de trabajo, la regulación del horario laboral, el derecho a vacaciones pagadas, a la jubilación, a cobertura sanitaria, a la educación universal, a la prestación económica en caso de paro,… que terminan consolidándose, ya avanzado el S. XX, en lo que se ha denominado estado del bienestar, o desde un punto de vista más estrictamente político, estado liberal-democrático o estado social de derecho. Nosotros preferimos denominarlo estado liberal-socialista o liberal-marxista, porque en él confluyen, de un lado, las formas políticas del primer liberalismo con, por otro lado, los planteamientos de inclusión institucional de la igualdad social, preconizada por los diversos partidos y sindicatos “socialistas”, según las fórmulas políticas marxistas.

La forma política de la representación ha cosechado importantes “éxitos”. La superación de las formas políticas autocráticas y dictatoriales, sustituidas por estructuras democráticas que garantizan los derechos políticos fundamentales, aunque con limitaciones y desigualdades, es un gran avance hacia los objetivos de realización integral de las personas y las comunidades. Las democracias liberal-socialistas han permitido además avanzar en la igualdad social y en las garantías de los derechos político-sociales. En su conjunto estas democracias son, sin duda, uno de los grandes hitos en la historia de la humanidad.

Pero, a su vez, estas formas democráticas tienen unas notables deficiencias que es conveniente destacar. La forma ideal de ser ciudadano, y por tanto persona, será aquella que nos permita desarrollar todas nuestras potencialidades en libertad. El desarrollo integral de esa dimensión ciudadana implicará el participar de forma protagonista en la conformación de la sociedad, tanto en su dinámica económica, como en su gestión política. La pérdida de la autodeterminación como ciudadano es lo que podemos denominar “alienación política”. A veces esta alienación se muestra muy claramente: es el caso de los sistemas políticos dictatoriales. Pero existen otras formas políticas en las que no está tan clara como la liberal o la liberal-socialista. También en estas sociedades existe alienación política. Son, sin duda, preferibles a las de regímenes políticos dictatoriales, pero no son aún plenamente democráticas, sino sólo, al decir de Marx, “formalmente” democráticas. ¿En qué y cómo están alienados políticamente los ciudadanos en los regímenes burgueses liberales?  En tres dimensiones esenciales:

            * La “representación” como alienación. Tras depositar su voto, el ciudadano “delega” en los representantes elegidos toda la decisión política. El ciudadano “renuncia” a decidir permanentemente sobre las cuestiones que afectan a la colectividad; delega,  “aliena” su capacidad y derecho a decidir y gestionar lo colectivo en su “representante”.

* La permanente inmadurez política de los ciudadanos. La democracia liberal intenta corregir la anterior deficiencia convocando periódicamente elecciones, que garantizarían que el ciudadano “controlara” a su representante, reeligiéndolo o no. Pero sigue pareciendo insuficiente este procedimiento porque nos infantiliza políticamente, forzándonos a ser “políticos” sólo unas horas esporádicamente en las votaciones. Por ello nunca “sabremos” de política. Siempre seremos principiantes en política. Porque no se “sabe” lo que no se practica cotidianamente y se incorpora habitualmente a las preocupaciones y actuaciones del día a día. Por otra parte, esa “ignorancia” de la política, se utiliza como argumento a favor de la necesidad de que profesionales “preparados” decidan y gestionen por la ciudadanía.

* La manipulación ideológica. La inmadurez política de los ciudadanos se ve reforzada con la manipulación mental-ideológica a que el sistema nos somete. El sistema infunde en los ciudadanos, en líneas generales, las ideas que le interesan para su mantenimiento. No pensamos según nuestros intereses reales sino que, a través de las instituciones socializadoras (enseñanza, familia, medios de comunicación, iglesias,…), se nos induce a pensar de acuerdo con los intereses del propio sistema y de sus clases dominantes. No sería lógico que el sistema, a través de sus propios mecanismos de transmisión ideológica, difundiera ideas y valores contrarios a sí mismo. El ciudadano está inerme ante ese poder ideológico y, por término medio, adopta ideas y valores coherentes con los intereses del sistema. Por ello aunque haya elecciones formalmente libres, nunca elegirá el pueblo mayoritariamente opciones contrarias al sistema. Sólo elegimos opciones dentro del sistema, variantes consentidas por él; nunca alternativas globalmente contrarias a él. Así por ejemplo, no hubo nunca gobierno socialista o socialdemócrata estable en Europa hasta que los correspondientes partidos mostraron claramente su acatamiento del sistema en la segunda mitad del S. XX. No obstante, algunas veces las circunstancias pueden hacer que el mecanismo no funcione del todo, entonces puede ganar las elecciones una opción política alternativa al sistema, como ocurrió en la II República española o en Chile con Allende. Pero, en los contados casos históricos en que eso ha sucedido, han funcionado los últimos mecanismos de defensa del sistema: levantamiento de las fuerzas armadas propias, cerco económico o invasión militar por las potencias capitalistas.

  1. Fórmulas de profundización y ampliación de la democracia representativa.

            El estado liberal-socialista ha evolucionado hacia lo que algunos politólogos han denominado, a partir de.R.J. Dahl, poliarquía (pluralidad de poderes).  La poliarquía es la forma que adopta el estado liberal-socialista cuando abre las decisiones políticas más allá de la estricta representación. Ésta  no queda derogada, antes bien, reforzada, por unos procesos en los que los poderes públicos, “consultan”, “negocian” y “consensuan” sus decisiones con fuerzas sociales y políticas tales como la oposición política, los sindicatos, las organizaciones empresariales, los grupos de interés, las iglesias, los movimientos sociales,… que las instituciones de representación aprobarían. Así, la fuente del poder no es única, la mediación representativa, sino poliárquica.

Un avance en el proceso de mejora de las democracias liberal-socialistas sería la fórmula de la democracia deliberativa (Habermas), que plantea la profundización de la representación mediante el debate profundo de los asuntos políticos, incorporando a él a los sectores sociales implicados, articulando formas institucionales para tal incorporación y deliberación. De esa forma se conjura el peligro de la “democracia de expertos”, que convierte la democracia en mera aprobación de sus propuestas tecnocráticas.

Un paso más en esta línea de profundización y mejora de la democracia es lo que  se viene llamando democracia participativa o fuerte, una de cuyas formulaciones iniciales la debemos a B. Barber. Frente a la “democracia débil” o puramente representativa, que hace a los ciudadanos pasivos, se plantean fórmulas de integración ciudadana activa en procedimientos políticos que les afectan. Son varios los modelos y propuestas de democracia participativa. Por una parte están aquellos que plantean incorporar al voto estricto más formas de participación ciudadana, por ejemplo, referendos, consultas,… Por otra parte están los que promueven la expansión de la democracia, haciendo partícipes a los ciudadanos, de forma institucional, de las decisiones que corresponden a los poderes representativos, por ejemplo, presupuestos participativos, consejos escolares, asambleas vecinales, instituciones políticas o sociales participadas,…

Estas últimas fórmulas se están desarrollando en diversos países y planos políticos y sociales. El más conocido y paradigmático es el caso de los presupuestos participativos de Porto Alegre (Brasil), en los que los vecinos decidían cómo distribuir los presupuestos municipales y cómo aplicarlos. Hay experiencias populares vecinales autogestionadas por toda Europa, algunas de las cuales las coordina el Foro Social Europeo desde 2002. En EEUU hay muchos ejemplos similares, algunos de notable repercusión como La Liga de las mujeres votantes, Demos o ACORN. También hay experiencias en distintas partes de Latinoamérica como los presupuestos participativos en varios municipios de Argentina, Perú, Venezuela o los comandos comunales en Chile. En España hay ya muchos ayuntamientos que practican los presupuestos participativos. Son muy interesantes las propuestas que están trabajando algunos de los ayuntamientos salidos de las elecciones municipales de mayo del 15. Por ejemplo, en Madrid, se han planteado los Foros de Participación Ciudadana que pretenden la incorporación permanente de los vecinos a las tareas municipales a través de asambleas de barrio y distrito, promoviendo debates sobre las necesidades de los ciudadanos y tomando decisiones al respecto que harían suyas los concejales respectivos. Todas estas formas de participación ciudadana pueden reforzarse y ampliarse instrumentando usos rigurosos, seguros y al alcance de todos, de los medios online.

  1. Conclusión. Todas estas son formas interesantes de ampliar y profundizar la democracia representativa, pero, a nuestro entender, no pueden hacernos olvidar que la democracia integral pasa por la deliberación y decisión en asambleas populares permanentes. Éstas tienen sus limitaciones, pero deben ser el horizonte político utópico a considerar y a ir realizando. Pero no podemos plantearnos la realización de la utopía plena aquí y ahora por razones obvias. No entendemos la utopía como un horizonte metahistórico al que aspiramos ilusoriamente, sino como un proyecto intrahistórico regulador de nuestras prácticas políticas cotidianas, como un proyecto vivido personalmente y en grupo proyectado prácticamente en el marco de las posibilidades pero con la impronta de lo ideal. Se trata de vivir la utopía no desarraigadamente, sino desplegándola en el aquí y ahora. Una forma de concretar esta dialéctica puede ser el incidir en el desarrollo de formas de participación ciudadana que, además de ir alcanzando objetivos concretos de profundización democrática, vayan educando políticamente a los ciudadanos en la democracia integral.

 

Referencias bibliográficas:

Autoría Colectiva (2014): Balance y Perspectivas del 15M., Blog: madrid.tomalosbarrios.net/documentación

BARBER, B. (2004): Democracia fuerte. Política participativa para una nueva época. Almuzara, Córdoba.

DAHL, R.A. (1997): La Poliarquía, Participación y oposición  Tecnos, Madrid.

HABERMAS, J. (1999); Tres modelos de democracia. Sobre el concepto de una política deliberativa. Paidós, Barcelona.

LOCKE, J. (1985): Ensayo sobre el Gobierno Civil. Segundo tratado, Orbis, Barcelona

K.MARX (1975): Crítica del Programa de Gotha.  Ayuso, Madrid.

Redescubriendo el muncipalismo

Adolfo Rodríguez Gil

¿Qué está pasando que hasta en una Comunidad como la de Madrid en la que el tsunami del ladrillo, el urbanismo disperso, el crecimiento poblacional, el sueño del ascenso social y la movilidad laboral y personal han devastado la vida social en los barrios y en los pueblos, vuelve a hablarse de municipalismo?

Algo está cambiando y la llegada de miles de nuevos y viejos activistas a la política institucional municipal, junto con la notoriedad que han alcanzado las que, indistintamente, llamamos candidaturas del cambio o de unidad popular, son los aspectos más visibles de este cambio.

Bien es verdad que en muchos casos el viaje intelectual a lo municipal se hace desde colectivos y personas que nunca han participado en las luchas locales, barriales o municipales, o que hace mucho tiempo que las dejaron para instalarse en otros “espacios de confort”, por lo que muchos de sus planteamientos están teñidos de un discurso tan, tan general que lo hace estéril para ser útil en unos espacios donde la fertilidad está en lo concreto.

Ese apego a moverse siempre en las generalidades, necesarias en muchos otros espacios y también en éste, pero no para asentarse en ellas, nace de ese punto intermedio entre el desconocimiento y el desprecio, que proviene de esa deformación tan extendida en grandes sectores de una intelectualidad de izquierdas que hace años decidió no ser orgánica de las batallas cotidianas y cercanas.

Pero en cualquier caso, bienvenida sea esta moda, incluso aunque se rodee de frases elusivas y tan deshabitadas como “el derecho a la ciudad”. Y digo bienvenida, porque aunque para algunos sea solo una novedad, la realidad susurra, a quien sea capaz de oírlo, con una voz profunda que viene de nuestros barrios y de nuestros pueblos que nos dice que se están construyendo nuevas situaciones y nuevas formas de militancia, y no sólo por la atención política y mediática que atraen las candidaturas de municipalistas, más o menos unitarias, que han accedido a los espacios institucionales desde hace casi un año o por la implicación de miles de activistas, provenientes muchos de los movimientos sociales y que se han colado en la vida institucional y local de los Ayuntamientos sin pasar por la esterilización de los partidos, sino sobre todo por los cambios profundos que se están dando en este capitalismo delirante y por las respuestas creativas que desde los liderazgos naturales se están dando para no ser arrasados por esa deriva.

Llamar a la reflexión sobre la importancia de considerar lo local, lo municipal y lo barrial, como el espacio privilegiado de las grandes luchas populares que vendrán, es el objetivo de este artículo.

Los Municipios en la Transición

Es obligatorio hacer algunas referencias al momento político en el que nació el Régimen del 78, la Transición. Pero nos encontramos que entre sus mitos y leyendas no suelen haber muchas referencias al proceso de configuración de los llamados “Ayuntamientos democráticos”.

Por un lado, en los Pactos de la Moncloa, firmados en octubre de 1977, que enterraron las posibilidades de cambios profundos y en los que se trataron decenas de temas de toda índole (educación, sistema financiero, política agrícola y pesquera, política energética, empresas públicas, libertad de expresión, medios de comunicación, código penal, ley de enjuiciamiento criminal, tribunales militares, cooperativas, cámaras agrarias, fiscalidad, seguridad social, etc.) algunos de ellos muy relacionados con lo local (como el urbanismo y la vivienda, la promoción de suelo urbano, etc.), no hubo ni una sola referencia a los Ayuntamientos, ni tampoco a la situación antidemocrática que seguían viviendo los Ayuntamientos, ni a las elecciones municipales, ni a la situación de quiebra técnica que tenían las corporaciones locales, que les estallaría a las nuevas corporaciones locales dos años después.

Por otro lado, en nuestros Ayuntamientos pervivieron los alcaldes de la dictadura, nombrados por el Gobernador Civil o por el Ministro de Gobernación, y las Diputaciones provinciales franquistas, hasta abril de 1979, cuando se celebraron las primeras elecciones municipales. Incluso, a esa primera convocatoria electoral se le hurtó la relevancia que merecía, al hacerse a continuación del referéndum sobre la Constitución de diciembre de 1978 y de las segundas elecciones generales, en marzo de 1979, con lo que las elecciones municipales quedaron en segundo plano, se hicieron en un ambiente de “cansancio del electorado” y no se quisieron aprovechar para provocar el debate ciudadano sobre el papel de lo municipal.

También hay que recordar que los Ayuntamientos electos en 1979 y también los electos en la siguiente convocatoria (1983) siguieron rigiéndose por la legislación franquista hasta 1985, cuando se aprobó y publicó la Ley de Bases del Régimen Local.

Habría que ser muy fabulador para componer un mito con estos mimbres tan pobres y por eso se suele pasar por encima, aunque hayamos podido escuchar recientemente, en un discurso en la Asamblea de Madrid, que las elecciones municipales abrieron camino…

Este “atraso” en la normalización de lo municipal fue inducido por la derecha española, en la que estaba vivo el “síndrome de 1931”, el recuerdo de las últimas elecciones municipales democráticas, las de abril de 1931, e incluso el recuerdo de la revolución cantonal de 1873-74 y sus referencias a la construcción de un modelo de Estado de abajo arriba. Los partidarios del sistema saben muy bien, a veces mejor que nosotros/as, del peligro que les podía suponer unas elecciones locales y unos Ayuntamientos con autonomía, entusiasmo y presencia popular. En estas lógicas, la UCD retraso las elecciones municipales todo lo que fue capaz y así los Municipios fueron el último espacio electo al que llegó la “reforma política” y uno de los que llegó más diluida.

Así, en los pactos de la Transición y en la nueva legislación, los Municipios quedaron configurados como el espacio más débil de la estructura territorial del Estado. Ni en los grandes debates ni en los grandes pactos, ni en las nuevas leyes, ni en la Constitución de 1978, el modelo municipal tuvo una presencia relevante, como tampoco en los programas de los partidos y en la atención política, mediática o intelectual.

Hay que recordar que no solo la derecha española tenía en sus señas de identidad un arraigado centralismo, sino que también los partidos que se reclamaban de la izquierda y que gozaban de más presencia mediática e institucional (PSOE y PCE) no tenía entre las suyas la descentralización hacia los Municipios, sino que veían a éstos más bien como instrumentos propicios para el crecimiento de sus partidos, para impulsar políticas de servicios y hacer políticas sociales. Aunque el PCE era también partidario de una mayor participación de las asociaciones de vecinos y movimientos sociales en la vida municipal, en la medida en que, en aquellos años, era hegemónico en la mayoría de estos movimientos, en los que impulsaba una estrategia de correas de transmisión de sus políticas. Podemos recordar la campaña del PCE en las elecciones de 1979: “Quita un cacique, elige un alcalde”. Un buen eslogan, pero que no hacía referencia al poder local y ni siquiera era correcto técnicamente, teniendo en cuenta que lo que se elegía eran los concejales/as, no los alcades/as.

En esta lógica y ambiente, en la Constitución de 1978, el contenido sustancial sobre los Municipios y su papel se despachó en solo dos escuetos artículos, de los 169 que tuvo ese texto, el 137 y el 140.  Si bien se reconoce en ella la autonomía municipal “para la gestión de sus (…) intereses”, no quedaron reguladas las competencias concretas de los gobiernos locales, mientras que sí se detallaron 32 exclusivas del Estado y 22 para las Comunidades Autónomas, acaparando ambas instancias la inmensa mayoría de las atribuciones y la práctica totalidad de los recursos financieros del Estado, los cuales también se detallaron para las Comunidades Autónomas en el artículo 157.

Esta ausencia de definición de las competencias municipales en la Constitución, fue también un diseño consciente con el que la proclamada autonomía municipal nació sin una base sólida y las competencias de los Municipios quedaron, primero, en las que se venían prestando tradicionalmente, y siete años después fueron normadas en una ley ordinaria, la Ley de Bases del Régimen Local. Ley que establecía muy bajos niveles de autonomía municipal y prácticamente ningún espacio efectivo de participación vecinal y que, además, ha sido modificada cada vez que los gobiernos de turno lo han considerado adecuado a sus planes, siempre en detrimento de la autonomía municipal, de la transparencia y de la participación ciudadana, y para favorecer las estrategias privatizadoras, los planes de ajuste, los recortes presupuestarios a los servicios básicos y el papel presidencialista, casi dictatorial, de las alcaldías.

Casi cualquier constitución de países europeos o latinoamericanos desarrollan más las atribuciones de los Municipios que la española. Desde la brasileña, que es considerada una de las más municipalistas y en la que se detallan competencias, impuestos, transferencias del Estado, etc., hasta la portuguesa, la italiana, la alemana y hasta la francesa, que aun siendo la del país donde se desarrolló el Estado centralizado, otorgan más autonomía y recogen más contenidos que la española.

También, el que la Constitución otorgara a las Comunidades Autónomas “las funciones que se correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales (…) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”, hizo que los Ayuntamientos pasaran a depender de manera decisiva de una administración más cercana y por lo tanto más celosa y más ansiosa de incrementar sus espacios de autoridad a costa de los Ayuntamientos, aunque este fenómeno no ha sido igual en todas las Comunidades Autónomas, tanto por característica socio geográficas como políticas.

 

Los Municipios hoy

A pesar de la larga tradición que en nuestro país tienen los Municipios, a su papel protagonista en importantes momentos históricos, a su imprescindible función en la atención cercana a los ciudadanos y ciudadanas, a su importante papel democrático en la división y el equilibrio entre los poderes, a su función de garantizar la igualdad real en la atención a las necesidades básicas de la ciudadanía, a su papel estructurante del territorio y en la atención a sus particularidades, son considerados instancias menores por la práctica totalidad de las posiciones políticas y su peso en la vida política y su consideración intelectual están muy por debajo del papel que les debería corresponder y del que les corresponde en nuestro entorno geopolítico.

Incluso, entre la izquierda institucional y también en los nuevos espacios políticos, es notorio el desconocimiento del hecho municipal-barrial y el que no se tengan en cuenta sus potencialidades para el desarrollo de espacios de poder popular y democracia directa.

Además, los principales cambios legislativos que se han venido dando desde el 78, como la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (57/2003) y los más recientes ligados a la “reforma” del artículo 135 de la Constitución por PSOE y PP, fundamentalmente la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Ley 27/2013), han minimizado la autonomía municipal, han recortado más los espacios democráticos y participativos, han limitado las competencias del Pleno, han acentuado el carácter presidencialista de las alcaldías y han ido relegando a los Ayuntamientos, especialmente a los pequeños y medianos, al papel de espacios administrativos subordinados para la prestación y la privatización de los servicios básicos. Aunque la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, del 3 de marzo de 2016, así como las sentencias pendientes de otros recursos y el cambio de correlación de fuerzas en el Congreso de los Diputados, nos hacen tener esperanzas en la anulación de algunos aspectos de esa contrareforma de la Ley de Bases.

Por otro lado, treinta y seis años después de restaurarse las elecciones municipales, quienes manejan la vida de nuestras ciudades y pueblos siguen siendo, en lo fundamental, las mismas minorías privilegiadas. Esas minorías enriquecidas, junto con el entramado político-especulador y el caciquismo, han seguido marcado la existencia de la gran mayoría de nuestros Ayuntamientos, con su acompañamiento de falta de transparencia, corrupción, clientelismo, nepotismo, amiguismo, ausencia de participación vecinal, acoso político a los movimientos vecinales críticos, etc. Podemos decir, incluso, que la democracia no ha llegado a la mayoría de nuestros Municipios, ni siquiera en su sentido más formal, como tampoco en muchos de ellos, especialmente en los pequeños y medianos, se dan siquiera las condiciones para el ejercicio de las libertades básicas reconocidas por las leyes.

El modelo de financiamiento de nuestros Municipios y su colapso

El modelo de financiación de nuestros Ayuntamientos ha sido un elemento clave en la configuración de la deteriorada vida local, en la consolidación de las castas políticas y en la corrupción. La financiación de los Municipios, desde los primeros inicios de la fiebre inmobiliaria en los años sesenta del siglo pasado, ha dependido de las reclasificaciones de suelo rural y de la construcción. El monocultivo del ladrillo ha estado en la base de lo que hoy son gran parte de nuestros pueblos y ciudades y las fórmulas de manejarlos. Los Ayuntamientos han vivido principalmente de los ingresos generados por las reclasificaciones de terreno, de la venta de los solares de aprovechamiento que les tenían que ceder los promotores, de los impuestos y tasas que provenían de la construcción, de “las plusvalías” y del crecimiento de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles que les proporcionaban las nuevas construcciones y, actualmente, del inflado aumento del valor catastral de las existentes (el IBI, que es el cuarto impuesto en recaudación, es el único en el que ha aumentado incluso en este período de crisis).

No ha sido una casualidad esa dependencia del modelo de financiamiento municipal de la especulación urbanística, como tampoco lo ha sido que ninguno de los gobiernos de nuestro país haya querido abordar una reforma de las finanzas municipales que permita que los Ayuntamientos hicieran frente a los gastos de los servicios que necesitan los vecinos sin depender del ladrillo. Esos gobiernos centrales, tanto los de la dictadura, como los de la UCD, el PSOE y el PP, han estado implicados directamente en el entramado político-especulador, en la corrupción y en la difusión del credo del crecimiento continuo y sin límites. Al hacer depender el funcionamiento de los Ayuntamientos de los ingresos procedentes de la incesante expansión inmobiliaria, se contribuyó a desatar el crecimiento del suelo urbano hasta el absurdo y a crear una burbuja especulativa del suelo y de la vivienda, y nuestro medio urbano y natural sufrió un desorden y una degradación que costará décadas reconstruir.

Este modelo “piramidal”, inestable e insostenible, de financiación de los Ayuntamientos, que dependían de seguir favoreciendo que se construyera cada vez más, como si eso fuera posible y sostenible, permitió también alimentar la ficción en lo cercano del modelo capitalista y ser la “prueba irrefutable” de que el crecimiento era un camino sin fin y la senda de la mejora de las condiciones de vida de la población. Con los ingresos procedentes del ladrillo, en algunos casos y momentos inmensos, además de sustentarse un peligrosísimo modelo mafioso de depredación y corrupción política en la práctica totalidad de los Ayuntamientos, se emprendieron políticas de obras continuas, se establecieron nuevos servicios de dudosa utilidad, se construyeron dotaciones deportivas, culturales, sociales, poco sostenibles, se compraron voluntades, se subvencionaron y neutralizaron asociaciones, se multiplicaron las redes clientelares a través del empleo local, etc. Si bien muchas de estas actuaciones eran necesarias y respondían a demandas sociales legítimas y lógicas, y fueron bienvenidas por las mayorías, en otros muchos casos fueron acciones absurdas o megalómanas, que tenía como objetivo el robo descarado, la corrupción, la compra de voluntades, el electoralismo, la glorificación de los alcaldes, etc. Casi ninguna de estas actuaciones partía de una planificación a medio plazo en la que estuviera presente, además, el análisis de los costes de gestión y mantenimiento. Muchas de esas infraestructuras son hoy una enorme carga para unas finanzas municipales empobrecidas por la crisis de la construcción, hundidas por la imposible y no deseable recuperación de los niveles que alcanzó la especulación inmobiliaria en la primera década del siglo XXI y sin sentido desde el punto de vista de su sostenibilidad, como se puede comprobar incluso en Ayuntamientos que pretendieron cabalgar la especulación desde “la izquierda”, como el de Rivas.

Hacía ya mucho tiempo que se sabía que no es suficiente ni sostenible hacer recaer la financiación de los Ayuntamientos en la recaudación de impuestos, tasas y otros ingresos ligados a los inmuebles y a la construcción, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el impuesto “de plusvalías” (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana), las tasas de obras, la venta de los terrenos aprovechamiento cedidos, etc. La tendencia de la recaudación de estos tributos y regalías, es decreciente e implicaría mantenerse en el fracasado planteamiento de que los Ayuntamientos tienen que impulsar la construcción si quieren contar con ingresos para sostener no ya sus inversiones sino también sus gastos corrientes.

Tampoco es deseable, porque el principal de esos ingresos, el IBI, es en su configuración actual un impuesto regresivo que supone una carga muy pesada para la mayoría de los vecinos y vecinas, afectados por la crisis. Por estas razones el modelo de financiación que garantice el sostenimiento de los Ayuntamientos de manera clara y estable, su solvencia y la financiación de sus competencias y de los servicios a la ciudadanía, debe basarse en la cesión de ingresos por parte del gobierno central y las comunidades autónomas, y en las transferencias desde esos espacios para cubrir los servicios básicos y compensar las desigualdades. Sólo así se puede garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a unos servicios mínimos indispensables y propiciar el reequilibrio territorial. Mantener a los Ayuntamientos en la precariedad está teniendo unas repercusiones considerables en el nivel de atención a las necesidades básicas de los vecinos y vecinas.

El cambio profundo del modelo de financiamiento de los Municipios es competencia estatal, por lo que tiene que debatirse y ser asumido como una necesidad de estructuración de la sociedad española y no como un regateo entre instancias, como muchas veces se plantea. La Constitución del 78 no recogió ninguna referencia al reparto de los ingresos del Estado entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Tampoco la mayoría de los Estatutos de Autonomía optaron por trasladar a los Ayuntamientos fondos sustanciales y cuando lo hacen, suelen ser en forma de subvenciones finalistas, no nacidas de acuerdos entre los Municipios y las Comunidades Autónomas y Diputaciones, que son una prueba más del carácter subsidiario que se otorga a los Ayuntamientos.

Garantizar un reparto equilibrado de los recursos entre Gobierno, Comunidades y Ayuntamientos es un tema global que requiere cambios que pueden tener dos vías: una inmediata, a través de la reforma de la Ley de Haciendas Locales (transformando los impuestos que forman la base de la financiación municipal y el sistema de transferencias gubernamentales y autonómicas hacia los municipios) y otra mediata que implicaría asentar y desarrollar los cambios en el proceso constituyente que planteamos y en la reforma de los Estatutos de Autonomía.

La destrucción de la ciudad y de la ciudadanía

Otra de las consecuencias de ese modelo de actuación del entramado político-especulador, es que se nos ha legado un urbanismo que ha destruido las ciudades y la ciudadanía, que ha destrozado los pueblos y la vecindad, que ha desgarrado y fragmentado nuestros barrios y su tejido social, que ha convertido nuestro medio natural y rural en un espacio subsidiario de la expansión irracional, insostenible y dañina de lo urbano. Un urbanismo y una ordenación del territorio que nos tocará reconstruir a medio plazo para recuperar la vida social de nuestros pueblos y barrios, para hacer de nuestros espacios cercanos lugares lógicos, amables y sostenibles. Configurar un futuro en que los Municipios ocupen un papel equilibrado en la estructuración territorial del Estado, basándose en el principio de subsidiariedad, por el cual la administración más cercana a la ciudadanía sea la que asuma la prestación de los servicios, cuando dicha prestación sea más eficaz e implique un ahorro en el gasto público, requiere también una definición de las competencias municipales y el cambio del modelo de financiamiento municipal.

La corrupción en los Ayuntamientos

La lucha radical contra la corrupción en nuestros Ayuntamientos es otro de los requisitos indispensables para la salud democrática, para desterrar el caciquismo y el neocaciquismo y para garantizar que no se malogran o malversan esos fondos que reclamamos para el proyecto de unos Municipios con autonomía y solvencia. Sin ese cambio radical que destierre la corrupción y regenere nuestra vida local, cualquier esfuerzo será malversado y no será creíble. Este cambio, como otros, sólo puede abordarse con éxito desde la absoluta transparencia, desde la democratización de los Ayuntamientos y desde la existencia de una ciudadanía organizada de manera autónoma que participe en la vida política, pero también se puede y se debe legislar en este sentido, haciendo que los Ayuntamientos sean transparentes y estén abiertos obligatoriamente a la participación vecinal. No consideramos que la autonomía municipal que defendemos pueda ir contra la democracia, la transparencia,, ni contra los intereses generales.

La autonomía municipal

La autonomía municipal no es un principio en sí mismo, sino que lo es en referencia a otros principios generales de carácter democrático y social. La reconstrucción del proyecto municipalista, el empoderamiento de las mayorías sociales en nuestros Ayuntamientos y nuestros barrios, permitirá también poner en valor y aprovechar para mejorar la situación, el impulso de lo colectivo, del bien común y del apoyo mutuo. La reconstrucción de espacios de vecindad, de relaciones interpersonales y de horizontalidad en este primer nivel de convivencia ciudadana y vecinal, y el crecimiento y fortalecimiento que esto supondrá para la ciudadanía organizada, permitirá dotar al cambio que impulsa la conversión de la mayoría social en proyecto político, de una sólida base en el territorio. Todo cambio profundo debe asentarse y arrancar desde abajo.

Los espacios locales, el empoderamiento popular y el cambio del modelo económico

La reconstrucción del proyecto municipalista permitirá también incidir en el cambio de modelo productivo y comercial, reconstruyendo las relaciones de proximidad en la economía local, en lo mercantil y no mercantil, dando impulso a medidas de economía social, cooperativa y colectiva, a una relación más directa y menos contaminante entre producción y consumo locales. Preparando también medidas para la transición al inevitable nuevo modelo de producción y uso de la energía, consumo, movilidad y vida social, con especial atención al mundo rural.

No se nos escapan las limitaciones del espacio municipal en un estadio en el que el capitalismo tiende a concentrar, en cada vez menos manos, el poder económico y a internacionalizarlo, alejando las decisiones claves de los espacios cercanos y controlables por la sociedad. Este alejamiento de las tomas de decisiones se da no sólo para los municipios, sino también para las regiones y para los Estados-Nación. La realidad que el capitalismo ha creado cada vez más un mundo interconectado y controlado por una pequeña minoría lejana, en lo económico, en lo científico y tecnológico, en la información y en los medios de comunicación, en lo cultural, en la imposición de valores uniformadores…

Pero lo cotidiano, lo colectivo, el bien común y el apoyo mutuo siguen estando en gran parte en lo cercano y el futuro sostenible en lo económico, productivo, medioambiental y vital tiene que recuperar esos espacios de convivencia próxima donde está más presente también el nacimiento de un modelo democrático deliberativo y directo.

Una parte considerable del bienestar de las personas depende directamente de lo que se haga o no en nuestros Municipios y desde nuestros Ayuntamientos. No sólo por los imprescindibles servicios que proporcionan, sino también porque en lo local se crea, o se destruyen, los lazos sociales claves para la vida y para la democracia. Los municipios y los barrios son el espacio donde vivimos de manera cotidiana, donde se genera la vecindad y la ciudadanía, donde se da la convivencia y donde podemos actuar de manera más integral, entendida esta actuación como donde visualizamos “al otro” y  los problemas de todos/as, donde podemos entender una parte clave del aquí y del ahora y transitar hacia un nuevo modelo. Nuestros municipios y nuestros barrios, nos permiten reconocernos en las otras personas y en los problemas colectivos, como ningún espacio lo hace, ni siquiera el del trabajo o el del estudio, actualmente. Son espacios que nos permiten también organizarnos desde la pluralidad de situaciones e intereses y ver de manera más amplia y concreta las consecuencias generales del modelo de vida que se nos impone.

Los Municipios y los barrios son el espacio privilegiado del empoderamiento y así ha sido en todos los momentos de la Historia en la que se ha configurado un poder popular. En esta tarea es imprescindible ponerlos al servicio de las mayorías y del bien común, revitalizar las comunidades locales, favorecer la descentralización política y económica, fortalecer los vínculos sociales y recuperar los valores de pertenencia, buena vecindad y arraigo.

Retomamos la palabra municipalismo, porque creemos que la regeneración democrática pasa por reivindicar el papel de estos espacios para la reconstrucción de la democracia participativa que propugnamos. Una tarea clave para regenerar la vida democrática desde su raíz y para empezar el proceso de construir un modelo de vida alternativo al corrupto, destructor, insostenible y desquiciante modelo del capitalismo delirante que gobierna nuestras vidas.

Emmanuel Rodríguez

Miguel Ángel de Prada y Carlos Pereda

El interés de la revista Éxodo por la gestión común de la sociedad, por reivindicar la necesidad  de participar en la política se ha ido recogiendo a lo largo de los años. Últimamente se ha dedicado el Nº 123 (abril, 2014) ‘Recrear la política’ y el nº 128 (abril, 2015) ‘Para que otra democracia sea posible. Tú decides’,  a esta preocupación. En el presente nº 133 deseamos indagar con la ayuda de Emmanuel Rodríguez en el nuevo ciclo político español y en las perspectivas que se abren con la llegada a las instituciones de nuevas propuestas políticas.

Emmanuel Rodríguez es una voz autorizada en el panorama español, historiador e impulsor de proyectos colaborativos novedosos: Traficantes de Sueños, no sólo librería, no sólo editorial sino proyecto impulsor de nuevas formas de edición y difusión que adoptó y popularizó la licencia ‘creative commons’ para sus productos; la Fundación de los comunes, poniendo en la agenda pública la reivindicación de lo público frente a la tendencia populista a la externalización de la gestión y la depredación de bienes y servicios públicos; el Observatorio metropolitano de Madrid y su continuador Instituto para la democracia y el municipalismo (IDM) como base de análisis territorial y municipalista del poder frente al modelo desarrollista madrileño; impulsor también, junto a otras personas y colectivos, de la Carta por la Democracia en los momentos previos al surgimiento de nuevas propuestas electorales como el Partido X o Podemos. Se trataba de actuar en la innovación y reflexionar colectivamente. Autor de varios textos de referencia como Hipótesis Democracia. Quince tesis para la revolución anunciada (2013), reseñado en nº 123 de Éxodo, y el más reciente Por qué fracasó la democracia en España. La transición y el régimen del ’78 (2015).

En 2015 España ha vivido un nuevo ciclo electoral en un ambiente de novedad de propuestas electorales. En tu opinión, ¿qué han supuesto los resultados de las elecciones municipales y autonómicas?

El 15M nos trajo una situación inédita en la política del país en los últimos 30 o 40 años, con miles de personas queriendo ser protagonistas en la vida colectiva. Cuando el 15M se encuentra con límites, como proceso de movilización social o como movimiento permanente, hay sectores del mismo que se plantean iniciativas para llegar a las instituciones. Éstas fueron más o menos imaginativas y algunas cuajaron electoralmente de modo más o menos clásico, como fue en su momento el Partido X o el propio Podemos. Pero lo interesante desde el punto de vista del municipalismo es que se ensayaron nuevos caminos: la mayoría de las iniciativas no han sido partidos sino  candidaturas que se constituyen en completa autonomía unas respecto de otras, con sus propias pautas y que son reflejo de la riqueza de las bases sociales que había en cada lugar, en cada ciudad. Esto en su fase inicial es el invento más original que se ha dado desde la II República.

 Y la llegada a las instituciones de algunas de estas nuevas propuestas ciudadanas, ¿de qué modo han logrado transformarlas?

Lo que se produjo, una vez que llegaron a las instituciones, sobre todo con Podemos, fue una explosión. Se podía decir que buena parte del 15M se metió en Podemos o que incluso Podemos fue una especie de calco o de reproducción política de lo que fue el 15M más que un mero seguimiento, dado que a veces los actores de ambos no coinciden. Pero la cuestión es que todo ese proceso de entrada en las instituciones que, en principio, es muy novedoso, muy fresco e interesante, realmente en muy poco tiempo ha derivado en lo que podemos decir los viejos vicios de la institucionalización. Y nos hemos encontrado que la política como campo de acción colectiva volvió a ser un espacio de minorías, de expertos. Se ha dado esa paradoja porque no se han conseguido generar, dicho en términos clásicos, organizaciones que recojan las ansias de participar de esa parte de la población movilizada; no se han consolidado. En suma, no se ha generado una nueva tradición, fiel a su propia historia.

 

El 15M refleja la crítica a la tradición política clásica a través del municipalismo: se propone que el estado se construya de abajo arriba, democráticamente; se critica la política reducida a expertos y los mecanismos de representación separados de los gobernados, etc. El municipalismo sería el inicio de esa posibilidad de la construcción democrática de las instituciones según la tradición federal, republicana y radicalmente democrática. En muchas ciudades de tamaño pequeño o medio ese ideal o experiencia se ha podido poner en marcha con experiencias creativas. Otra cosa es en las macrociudades, en donde hay que enfrentarse a las oligarquías locales, grandes y complejas, controlar aparatos burocráticos enormes… y en las que existe una gran presión hacia la institucionalización clásica. Se han producido máquinas electorales exitosas pero éstas no han sido homogéneas: por un lado hay experiencias más parecidas a los partidos tradicionales y, por otro, esas tradiciones municipalistas plurales. Ambas perspectivas están presentes en el nuevo ciclo postelectoral y se pueden combinar y recombinar de formas distintas. No se puede prever qué dirección pueden tomar de forma mayoritaria; lo que sí se puede afirmar es que no sólo estamos ante un momento de cierre institucional, también hay posibilidad de apertura.

 

Pero entonces, ¿los resultados de las elecciones generales del 20D reflejan sobre todo esa descomposición social o suponen una apertura a la mayor participación de la ciudadanía?

Los resultados electores en las generales han sido espectaculares y reflejan que una parte de la población ha salvado la pantalla de todas las confianzas en el sistema de viejos partidos y apuesta por nuevas situaciones. ¿Cuánta parte de la población está dispuesta a dar ese salto?: pues quizá un 20 ó un 25%, y eso es una muy buena noticia. Sin embargo, para llegar a un cambio real no sólo basta ganar elecciones, hay que poner en marcha una nueva fase de conquistas sociales. Y eso es lo que debería inaugurar una nueva fase política, algo que está todavía por ver.

DEMOCRACIA REAL es una idea que ha guiado la confección de este número. Partimos de la constatación del consenso de que el capitalismo actual es incompatible con una democracia real, dado que los mercados quieren gobernar sobre los estados; también de que se ha ido estableciendo un consenso en España sobre el contenido de los derechos básicos sociales y políticos, que han enfrentado la privatización de los bienes públicos y han desafiado, por ejemplo, la denominada ley mordaza. Sin embargo no parece observarse un consenso tan amplio sobre las formas del nuevo estado, los canales de control del poder político o las formas de elección de los representantes. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Quizá todavía somos poco conscientes de la profunda crisis política en que nos encontramos y que la salida es aún muy incierta. Las respuestas neoliberales pierden legitimación por arriba,  como simples algoritmos de control del gasto, pero insisten en hacer desaparecer el estado del bienestar y buscan beneficios de carácter predatorio a costa de los bienes comunes. Las bases sociales que soportaban ese modelo, las clases medias, también están desapareciendo. Y en esta situación puede surgir la nostalgia de una democracia que respondía a esos viejos tiempos. Ahí podemos situar las discrepancias que señaláis. Sería la nostalgia por una situación social que no volverá porque lo que hay hoy son sociedades quebradas. Y lo que no pueden pretender los nuevos partidos es recomponer la vieja sociedad idílica pacificada, sino que deben ponerse del lado de los perdedores en el modelo neoliberal, de los desposeídos por el capital. No se trataría de recuperar mitos, como el de la participación en igualdad, como si existiera una posibilidad de consenso habermasiano  en donde nos vamos a reunir todos  y participar. No. La nueva democracia no va a ser eso. Si existe alguna posibilidad será en la creación de contrapoderes, de sujetos colectivos capaces de organizarse y arrancar conquistas. Estamos en una zona de transición. Buena parte de la denominada nueva política se ha  nutrido de esa clase media en descomposición que se imagina a ella misma que puede ocupar esos espacios y hacerlo mejor, es decir convertirse en buenos gestores de la crisis. Como si se tratara de una cuestión meramente ética, cuando la cuestión  es principalmente política. En mi opinión, lo que se precisa es una perspectiva distinta a buena parte de lo que  han planteado como estrategia de legitimación estas nuevas élites.

Entre las cuestiones pendientes para llegar a realizar una transformación social de calado, suele plantearse el tema de la unidad o el conseguir frentes amplios de quienes están por el cambio. En la situación española actual, ¿en qué medida crees que esto es posible?

Sobre los frentes amplios… Esto exigiría contestar con cierta complejidad. En el ciclo político que hemos vivido hay dos grandes fases. Una es el 15M, las expectativas que abre una fase de movilización generalizada, y luego otra fase, que podríamos llamar de carácter institucional, que recibe toda su gasolina en la fase anterior. Sería largo explicar por qué la fase inicial de movimiento se va agostando al no ser capaz de obtener más conquistas, lo que tiene mucho que ver con la dureza de la crisis y con la falta de tradiciones políticas organizativas. Pero en cualquier caso podemos constatar de forma muy clara que existen esas dos fases y que no tienen traducción automática de una a otra, es decir, la segunda construye mecanismos o máquinas de representación de tipo electoral pero también demandas del movimiento. Eso implica necesariamente la construcción de élites, distintas formas de élites que juegan en ese terreno. Entonces, el problema que se observa es que esas élites han sido siempre débiles respecto a la ola que las ha arrastrado, o sea, tienen dificultad para llegar a una confluencia más amplia y generar mecanismos democráticos al asumir esas nuevas herramientas electorales. Además se constata la ausencia de tradiciones organizativas, de organizaciones capaces de dar forma a las aspiraciones del movimiento; organizaciones que existían previamente en la socialdemocracia clásica, incluso existían en los viejos partidos comunistas en la tradición del centralismo democrático.

Respondiendo directamente a la pregunta sobre la incapacidad de no haber construido ese frente amplio, creo que tiene que ver con esa dinámica del movimiento, esa falta de organización y esa dinámica de competencias entre las distintas élites. Y, sin embargo, hay que señalar una diferencia grande entre los distintos polos que han estado negociando en un lugar y en otro. Por ejemplo, ¿por qué se llega a una confluencia en Galicia y en otros lugares no? Bueno, pues a eso responden razones que tienen que ver con el distinto peso de las marcas en cada lugar. De hecho, una de las invenciones de esta fase ha sido la construcción del partido empresa, ¿no?, que es fundamentalmente la construcción de una marca más que una organización. Son debilidades del ciclo.

Pero hay una segunda constatación. Y es que ahora mismo en confluencia se obtienen mejores resultados. Lo que se puede comprobar sencillamente viendo cómo donde se fue en confluencia se ha obtenido más o menos un 24% de votos y donde no se fue, se quedó en el 17, 18%. Entonces la cosa es clara porque la diferencia es grande. Ahora bien, si queremos mantener esa capacidad de seguir interviniendo en el juego institucional, lo fundamental es que se construya algo parecido, salvando muchísimas distancias, a lo que era en el viejo movimiento obrero la dualidad entre el partido y el sindicato o, si se quiere, entre el partido y el movimiento. Porque sin movimiento no hay política, eso es algo que tenemos que asumir. Sin un espacio que es conflictivo, abrupto, no definido, no perfectamente jerarquizado, que está abierto continuamente a nuevos nichos de enfrentamiento, de cambio, etc., los juegos institucionales y electorales se verán atenazados y asediados por toda clase de poderes, que son los que realmente gobiernan y que no es exactamente el gobierno institucional. Es preciso  generar una contraparte que fuerce a esas nuevas élites políticas a operar en otra dirección. El reto fundamental en la nueva fase que se abre es cómo se construyen esos espacios, vamos a llamarlos así, de contrapoder, esos espacios de movimiento. Porque es lo que permitirá que podamos hablar de que el ciclo político no se agotó en 2016 sino que puede continuar después.

Durante los dos últimos años una parte del debate político español ha contrapuesto lo que sería una reforma parcial de la constitución a un proceso constituyente en profundidad. En el momento actual, ¿sigue vigente esta contraposición o la nueva situación la va postergando?

Esta cuestión también hay que situarla históricamente para poder entenderla. Cuando sucede la crisis, parecía que ésta podía tener una expresión política directa en términos de un proceso constituyente, es decir, de cambio de lo que son las reglas desde las que se organiza el estado, el juego político, etc. Y que ese cambio podía ser una vía de solución para llevar el ciclo político más allá y abrir una posibilidad de mayor apertura, mayores conquistas sociales. Realmente esa no fue una apuesta asumida por la mayor parte del movimiento 15M y por eso no tuvo eco. Y no fue asumida por distintas razones. En mi opinión, una importantísima fue por su propia inmadurez, por decirlo en términos clásicos, por la propia ausencia de tradiciones políticas, de discusiones, de debates, que podrían haber articulado una expresión mejor a lo que allí se daba. Eso que era el contenido de las plazas, que tenían esa capacidad de expresar cómo queremos que se organice lo social, el estado y, por eso, daba lugar a todo tipo de comisiones que prácticamente eran comisiones constituyentes. Pero lo que finalmente se produjo fue que, en vez de apostar por ese juego de proceso constituyente, se apostó por una solución institucional de llegar al gobierno, que además era la vía más fácil, en términos pedagógicos, de convencer a la población de que realmente el cambio se podía lograr. Esto  fue una ingenuidad por parte de muchos y una oportunidad política, también, para otros de constituirse en un polo político fuerte, con lo bueno y con lo malo que tiene eso.

Desde entonces la preocupación por el proceso constituyente no está ya en la agenda del cambio. Está bien que se mantenga como preocupación pero la situación en la que estamos es a la expectativa de que se negocien gobiernos, de que haya pactos, porque se han encontrado vehículos electorales que, aunque sea con todas las diferencias, matices y debilidades, se erigen en representantes de la oportunidad de ese cambio. Por decirlo en términos históricos, ese debate no llegó a cuajar del todo, no pudo construirse como oportunidad aunque tenía muchos elementos para darse. A futuro, creo que es mucho más importante pensar cómo vamos a conseguir que todo este ciclo de movilización se articule en formas organizativas abiertas, plurales, en red o como se quieran llamar pero democráticas y capaces de generar conflicto y de forzar a los nuevos gobiernos del cambio.

 

¿Observas el surgimiento de movimientos o redes capaces de generar esa fuerza autónoma?

En cierto modo se están dando. Hay señales de disposición a buscar líneas de enfrentamiento, de demanda, lanzar iniciativas… Es todavía muy temprano y estamos en una fasecomo de calma chicha, que parece que está todo supertranquilo, aunque simultáneamente vienen recortes anunciados por Europa, o sea, la situación en España sigue una deriva de precarización.  El próximo gobierno va a tener que poner freno otra vez a la máquina del gasto público, ¿cómo se va a enfrentar esto sin nuevas reivindicaciones y organizaciones?

Un último punto, enlazando con la alusión hecha a Europa. Planteas en el libro ‘Hipótesis democracia’ que la crisis era crisis profunda y revolucionaria, y que la salida tenía que ser europea. ¿Sigue vigente este análisis?

– El libro Hipótesis democracia (2013) es un libro optimista, construido básicamente en un momento en que parecía que todo era posible y donde el estado estaba viviendo una crisis profunda. Tenía ese componente de colapso institucional y, a la vez, era también la crisis de la prima de riesgo, etc. Claro, además esta crisis era una crisis provincial que no se podía  separar de Europa. Yo no diría que ahora estemos en una crisis que se pudiera llamar revolucionaria, en el sentido que pudiera generar un marco de democratización radical, eso que  llamábamos antes proceso constituyente, sino en un proceso relativamente largo, donde hemos visto que en el Sur ha producido gran desestabilización al aplicarse medidas durísimas de control por programas de ajuste. Y también vemos ahora cómo esa crisis se está manifestando con formas de expresión política muy dispares y no necesariamente positivas. Lo estamos viendo en Francia en estos días, con esa especie de réplica aplazada del 15M, pero lo vemos también con el auge de la extrema derecha y el racismo en la propia Europa ante la llegada de refugiados.

¿Cómo se va a decantar esto en el futuro? Realmente lo veo con la misma incertidumbre que la gran mayoría. Observo que hay una batalla en ciernes y que probablemente este ciclo político, que será muy largo, se mueve entre dos polos: o la Europa entregada a sus viejos demonios, las viejas potencias imperiales pero implosionadas, minorizadas y provincializadas a escala global, dentro de un bloque económico realmente decadente; o la posibilidad de marcos de regeneración democrática que permitan construir soluciones, incluso si queréis civilizatorias, a medio plazo, en las cuales lo que es la crisis capitalista pueda tener un horizonte de posibilidad, vamos a decir, positivo, democrático. Apostar por un polo u otro es también decisión nuestra.

La democracia ayer y hoy

Antonio García Santesmases

Desde hace años asistimos a una impugnación de la democracia establecida. Son muchos los que ponen en cuestión los procedimientos y los resultados de los regimenes políticos vinculados a la democracia liberal. En el caso  de España se concreta esta crítica en una puesta en cuestión del régimen constitucional del 78 y en la necesidad de proceder a una segunda transición que logre superar las deficiencias, los errores y las carencias de la transición producida en los años setenta. Intentaré en este artículo exponer los parámetros de la transición del 78 y mostrar los nuevos elementos que aparecen a partir de la crisis económica del 2.007; centrándome  especialmente en lo ocurrido a partir de la llegada a la esfera pública de una nueva generación que vive en un contexto muy distinto al que tuvieron que afrontar los dirigentes políticos que lideraron el consenso de 1.978.

I- LA TRANSICION DEL 78  Y EUROPA COMO SOLUCION.

La transición a la democracia remite a un proceso que comienza con la muerte del dictador y concluye con la victoria del Partido socialista el 28 de octubre del 82.  La salida de la dictadura tenía una serie de condicionantes y de límites,  que fueron respetados escrupulosamente por las fuerzas políticas de la oposición. El fundamental tuvo que ver con la pervivencia de la institución monárquica para establecer una continuidad entre la dictadura y la democracia sin que hubiera ruptura con la legalidad establecida;  la pervivencia de la monarquía  permitió el triunfo de la reforma política y poder transitar de la ley a la ley, como defendían entonces los reformistas del franquismo,  protagonistas principales de aquel proceso.

Salvada la permanencia de la monarquía había una serie de temas que habían dividido a los españoles que había que intentar solventar; fundamentalmente la articulación del poder territorial, la cuestión religiosa y el sistema electoral. La posición que mantenían los reformistas del régimen franquista era evitar la republica como forma de Estado, impidiendo  la recuperación del laicismo y  la puesta en cuestión de la unidad nacional. La monarquía parlamentaria, el Estado de las autonomías y el Estado aconfesional  fueron las fórmulas que permitieron el consenso constitucional. Atrás quedaban las propuestas de una república laica y  el reconocimiento del derecho de autodeterminación de las nacionalidades.

La ley electoral aprobada permitía asegurar un bipartidismo corregido que ha funcionado durante años; es cierto que ha sido un bipartidismo donde han jugado un papel muy relevante los partidos nacionalistas. Hoy asistimos a la emergencia de nuevas fuerzas que ponen en cuestión el modelo y nos permiten experimentar las paradojas  del multipartidismo. Si por democracia entendiéramos solo la competencia por el liderazgo político este sería el tema esencial. Pero la democracia era entonces y es hoy algo más;  en el caso español estaba muy vinculada a la aspiración a encontrar un lugar  en el mundo europeo; hoy a sobrevivir ante la crisis del propio modelo europeo.

El proceso de la transición se produce en un momento en el que la inmensa mayoría de las fuerzas políticas coinciden en que es el momento de   conseguir la incorporación al proyecto europeo. Si en algún momento de nuestra historia aparece con inequívoca claridad que España  – la España de la dictadura – es  el problema y  Europa – la Europa de las libertades y de la democracia – es la solución es en los años setenta y a comienzo de los ochenta del pasado siglo. Se vuelve a recuperar el proyecto de la generación del 14 formulado por Ortega.  Hay que incorporarse a Europa porque Europa ha logrado la paz tras dos guerras mundiales; ha conseguido extender el bienestar a grandes mayorías de la población  y ha posibilitado una superación de los conflictos religiosos y de los extremismos ideológicos. Europa es la democracia. Una democracia unida al bienestar, a la paz y a la laicidad.

Si hoy nos preguntan por la diferencia entre uno y otro momento histórico no cabe duda que es enorme;   hoy la situación  en Europa es muy distinta. Nos basta con abrir   la prensa para  leer que “estamos en guerra”;  para recordar que “el modelo del bienestar no se puede mantener” y  para advertir que  “la religión ha vuelto en su cara más agresiva y fundamentalista”. ¿Puede sobrevivir la democracia ante estos tres retos?; ¿puede hacerlo en países como España donde unido a estas tres encrucijadas nos vemos abocados a preguntarnos si podremos sobrevivir como nación? Estos son los desafíos  con los que nos enfrentamos.

Aquel mundo de la transición era un mundo donde había dos bloques militares, donde tenían un gran peso los partidos comunistas en Francia y en Italia y  donde en España parecía que el gran problema era el papel que iba a jugar el Pce en la nueva democracia.  Hoy no existe la Unión soviética y, tras la caída del comunismo, son  los nacionalismos por un lado y  los fundamentalismos por otro los que ponen en cuestión el orden europeo.

Existe también una contestación social articulada desde una nueva izquierda. Una nueva izquierda muy  minoritaria en la mayor parte de los países europeos. No así en España donde ha tenido los mejores resultados en toda la democracia y constituye un motivo de esperanza.

El  hecho es que el actual orden europeo no sabe cómo gestionar la pluralidad cultural y religiosa y  no tiene los recursos de antaño para garantizar la lealtad de las poblaciones. La desigualdad ha ido aumentando, la pobreza ha resurgido y ante las nuevas formas de exclusión social y de precariedad hay una demanda constante de sentido, de encontrar un sentido a la propia vida, aunque para algunos la vía pueda llegar a ser- por duro y sorprendente que nos parezca-  inmolarse en un atentando terrorista.

II- EUROPA COMO PROBLEMA.

Para todos los derrotados en la guerra civil española Europa era la gran esperanza. Abandonados por las potencias democráticas, al optar Francia e Inglaterra por la política de no intervención, toda su aspiración se centraba en conseguir que los aliados, los triunfadores sobre Hitler y Mussolini, se hicieran cargo de su error y remediasen aquel crimen. Querían que Franco corriera la suerte de los derrotados en la guerra mundial y que España se pudiese vincular al proceso posterior a la segunda guerra mundial. Si hubiera sido así  los españoles hubiéramos podido gozar de   los treinta años de la edad de oro donde hubo crecimiento económico y pleno empleo, redistribución de la riqueza y sindicatos fuertes, economía mixta y acceso a la educación como un mecanismo decisivo para asegurar la movilidad social. España quedó fuera y eso marcó nuestra historia; los vencidos en la guerra civil volvían a ser olvidados por los vencedores en la segunda guerra mundial.

Hoy –  y aquí está la gran novedad de los últimos años – las noticias que llegan de Europa no trasmiten esperanza, no permiten colmar las aspiraciones a una vida digna. Y este es el  mensaje que reciben las nuevas generaciones para las que la transición queda muy lejos. Todo lo que llega de Bruselas son malas noticias:  imposiciones, restricciones, llamadas a la austeridad, a no vivir por encima de las posibilidades, a restringir el gasto público, a reformar la legislación laboral, a debilitar el poder de los sindicatos, a poner coto a la función pública y al empleo estable.

Cuando oímos hablar de flexibilidad, de precariedad, de desregulación nos echamos a temblar. En seguida asociamos la flexibilidad, no a pensar libremente y sin ataduras, sino a las manos libres del empresario para contratar y despedir; cuando oímos la palabra precariedad no pensamos en  la necesidad de asumir la fragilidad existencial inherente a toda vida humana,  sino que en seguida pensamos en políticas económicas que impiden planificar la propia biografía  ; cuando, en fin, aparece la desregulación no pensamos en acabar con regulaciones obsoletas sino en un capital financiero que no quiere impedimentos en su desarrollo ni controles fiscales por parte de los poderes públicos. Es como si el lenguaje filosófico más complejos se utilizara para hacer realidad los principios más simples del neoliberalismo.

¿Qué ven las nuevas generaciones? No sólo una perversión del lenguaje. Ven que  la realidad europea actual remite a un mundo de austeridad impuesto que impide el afianzamiento, el fortalecimiento, la pervivencia de las instituciones y las prácticas democráticas. Y a partir de ahí  desconfían de la política porque no  ven cómo  impedir este proceso de imposición de la austeridad. Cada vez  que alguien osa intentarlo    es conminado (pensemos en Grecia) a aceptar los dictados de los mercados si quiere  obtener financiación para seguir pagando las pensiones y los sueldos de los funcionarios.   En ese contexto de incertidumbre, de angustia, de no saber cuanto durará este proceso de desmantelamiento del Estado del bienestar Europa emite otros dos mensajes   que hablan de otras dos amenazas: la primera es que estamos en guerra, en  una guerra especial donde no hay ejércitos sino acciones terroristas masivas e imprevisibles;   la segunda es que los que ejecutan estos crímenes, los que  pretenden acabar con nuestros valores y con nuestras vidas están entre nosotros. Hay que afrontar un doble  reto y permitir que el Estado contribuya a las acciones bélicas que sean necesarias y  recurra a medidas excepcionales para garantizar nuestra seguridad. El Estado del bienestar no se puede mantener y el Estado de derecho debe ser puesto en cuestión ante los imperativos bélicos, impera la razón de Estado.  ¿Sin Estado del bienestar y sin Estado de derecho podemos hablar de democracia?

III- ESTAMOS EN GUERRA.

Por guerra los españoles siempre hemos pensado   en la guerra civil española; hemos estado ausentes de la primera y de la segunda guerra mundial. No hemos vivido guerras como la de los norteamericanos en Vietnam o batallas como la de los franceses en Argelia o la de los rusos en Afganistán.

No hemos vivido guerras pero sí hemos sufrido años y años la lacra del terrorismo etarra.  Y lo que ahora vemos es todavía peor. El terrorismo etarra era sanguinario pero tenía objetivos militares o policiales; con el tiempo fue extendiendo sus objetivos para – de nuevo la importancia del lenguaje, en este caso macabro – “socializar el sufrimiento”. En el caso del yihadismo la socialización de ese sufrimiento no tiene límites y puede ocurrir en un aeropuerto, una estación de metro, o en un estadio deportivo; tomando un café en una terraza o acudiendo a un concierto. Toda la población se convierte en objetivo.

Tras cada uno de los atentados nos bombardean con un doble mensaje. Los dirigentes políticos condenan la atrocidad, llaman a la unidad de las fuerzas democráticas y afirman que es la hora de actuar con contundencia. Invitan a la población a mostrar la repulsa ante lo ocurrido y a preservar en la defensa de nuestros valores. Inmediatamente aparecen los expertos que nos dicen que estamos ante un problema gravísimo; que debemos hacernos a la idea de que es cuestión de tiempo que afecte a nuestras ciudades  y señalan que los terroristas están entre nosotros porque no se han integrado en el modelo europeo, sea éste el modelo republicano francés o el modelo multicultural británico. Y añaden que  están dispuestos a perder sus vidas con tal de posibilitar  la victoria del Islam  sobre  Occidente.

Si a cualquiera de los constituyentes del 78 les dicen que no va a haber conflicto entre los bloques militares, que la Unión soviética va a desaparecer, que la unidad alemana se va a producir y sobre todo que estamos ante un choque de civilizaciones no lo hubieran creído, hubieran pensado que una hipótesis de ese tipo era pura alucinación. Por ello solo  contrastando ambos momentos- el que vivíamos en 1.978 y el que vivimos en este 2.016-  se puede entender la perplejidad del europeo actual, que se pregunta una y mil veces cómo hemos podido llegar a esta situación.

Para responder a esta cuestión  hay que partir, al menos, del fracaso de la primavera árabe;  tras lo vivido parece como si sólo fuera posible transitar de unas dictaduras militares y policiales corruptas a un resurgir  del islamismo radicalizado  para volver otra vez  a la dictadura. Lo ocurrido en Egipto da que pensar: dictadura de Mubarak, caída del dictador tras la primavera árabe, triunfo de los hermanos musulmanes y nuevo golpe militar.

El nuevo terrorismo tiene una base territorial muy potente, una base que Occidente combate teniendo que cargar con aliados que desmienten todos sus valores; sea el presidente de Siria o el líder de Rusia.

La conexión de la guerra  de Siria con los atentados en las ciudades europeas y los desplazamientos de refugiados que huyen de esa misma guerra y quieren penetrar en suelo europeo forman un cuadro espeluznante que el europeo medio vive lleno de  miedo y de  perplejidad. Cada nuevo atentado llena los informativos, concentra los titulares y nos confirma lo que llevamos años sospechando: que   el mundo internacional lleva desbocado desde hace muchos años. Si la guerra es inevitable ¿cabe hablar de democracia?

IV – DEMOCRACIA Y LAICIDAD.

También aquí el contraste no puede ser más abrupto. Al producirse la transición española la fuerza del marxismo aparecía como el gran reto para el cristianismo. Había que buscar el camino de hacer real las promesas religiosas buscando las mediaciones económicas, políticas y sociales más efectivas. La primacía del pobre, del excluido, del olvidado, hacía necesaria una estrategia efectiva para acabar con la acumulación de riqueza. Hoy esa acumulación ha continuado, la austeridad se ha impuesto, las desigualdades se han incrementado pero el nuevo malestar es recogido por grupos que ponen en cuestión los valores de la república, de la laicidad, de la ciudadanía. Es todo el proyecto ilustrado el que está puesto en cuestión. ¿Cabe democracia sin Estado social, sin Estado de derecho, sin ilustración?

De nuevo aquí es imprescindible ser conscientes del lenguaje que empleamos. Oímos hablar de espiritualidad, de libertad  de conciencia, a muchos líderes políticos que a  la vez que  defienden un modelo económico que pone en cuestión todos estos valores. Por ello hay que evitar dos peligros. El primero es considerar que nuestro modelo está tan asentando, es tan superior, que de nada tenemos que arrepentirnos. Los neoconservadores nos advierten del peligro de  caer en el relativismo y  poner en tela de juicio nuestros valores, sucumbiendo a  un escepticismo pernicioso que hace el juego a los terroristas; basta de buenismos bienintencionados  la contundencia bélica es imprescindible; ellos o nosotros. Los neoconservadores proclaman que hay que acabar con una izquierda acomplejada incapaz de comprender que no se puede bajar la guardia, que no se pueden buscar motivos en mentes asesinas, que nuestros valores no pueden ser equiparados con los suyos. Hay que poner encima de la mesa nuestros principios y afianzar nuestros sistemas educativos. Sólo así preservaremos nuestros valores y seremos capaces de vencer.

Todas estas proclamas, difundidas con gran estridencia,  no quieren admitir que existe una conexión entre la exclusión social y la violencia; no están dispuestas a aceptar que el neoliberalismo en economía y  el neoimperialismo en política exterior  constituye una combinación explosiva; una combinación que se visualiza en la manera como se pasa  del choque de civilizaciones a la guerra contra el terrorismo  a toda velocidad.

Hay que recuperar la distancia y la perspectiva.  No se puede tolerar la caza del disidente a la que asistimos;  caracterizar como cobardes, acomplejados y  relativistas a todos aquellos analistas  que se atreven a  hacer  preguntas incomodas es una temeridad para nuestras democracias. Bien es cierto que en la guerra la primera víctima es la verdad pero hay que rebelarse frente a ello o nuestra democracia sufrirá un serio retroceso.

Pero también existe  otro peligro. El peligro que acecha a muchas personas de izquierda  al  pensar que todo se reduce a un conflicto económico por defender los intereses estratégicos de las grandes potencias. Para entender los acontecimientos que estamos viviendo tenemos que asumir  que los valores de la republica, de la laicidad y de la ciudadanía, hoy   no están asegurados y no lo están porque es el mismo  proyecto ilustrado  el que tampoco está asegurado. La razón es obvia: por mucho que lo intente el mundo educativo poco pueden hacer  los valores ilustrados ante el mercado neoliberal y ante los integrismos religiosos.

Los docentes pueden intentar compensar la desigualdad, pueden defender una laicidad inclusiva, pueden  difundir una educación para la ciudadanía pero estos valores culturales poco peso tienen  frente a la fuerza de las armas,  al poder del dinero y a la capacidad de seducción de los integrismos religiosos.

V- LOS RETOS Y EL CASO ESPAÑOL

El lector que haya llegado hasta aquí pensará  que es tal la catarata de desafíos  que parece no faltar nada: ni guerras ni políticas de austeridad, ni pérdida de sentido ni falta de identidad y eso que todavía  no hemos llegado a profundizar en el  problema español.  En el caso español compartimos con los europeos el desmantelamiento del Estado del bienestar y los efectos del reto terrorista sobre el Estado de derecho y sobre los valores laicos pero además estamos ante otra encrucijada.

Ante la crisis del modelo europeo son ya muchos los países  que han reaccionado  reafirmando  su identidad nacional. Una identidad, en unos casos, de un nacionalismo de Estado que trata de preservar su especificidad y hacer,  como ocurre en el caso alemán, que más que una Alemania que se va haciendo europea contemplemos la realidad de una Europa  que se quiere someter al dictado alemán. Pero a la vez asistimos al intento de las naciones sin Estado por romper sus vínculos con los Estados de origen y provocar una secesión  hasta conseguir  un Estado propio, como ocurre en el caso de Cataluña.

Esto choca también con el modelo del 78. En aquel momento se pensaba que el proceso de integración europeo permitiría ir relajando las pretensiones independentistas al diluirlas dentro de un proyecto supranacional donde las soberanías fueran compartidas. ¿Para qué reclamar un Estado propio cuando ya los Estados no son soberanos? Muchos  pensábamos  que la gran mayoría compartía esta relativización  de la soberanía y que por ello   la apuesta nacionalista iría diluyéndose.

No ha sido así. Ni los nacionalismos de Estado ni las naciones sin Estado están por la labor. No existe una identidad europea que permita superar las querencias de los Estados; éstos tratan de  recuperar el control de las políticas que tienen que ejecutar. Tampoco   ha disminuido la pulsión de los que prefieren formar un todo aparte antes que seguir siendo partes de un todo superior.

La democracia  española necesita perentoriamente rehacer las fracturas en el proceso territorial interno para lograr que la nación no se rompa, para lograr que las partes colaboren en un todo armónico donde sea posible conciliar la diversidad con la solidaridad, la diferencia con la fraternidad, la peculiaridad con la cohesión. Si esto no se logra la democracia española pasará por una dura prueba.

A este proceso de unir lo diverso, de hacer compatibles tradiciones y sentimientos, se une la necesidad de reformular el proyecto europeo.  Esto no  es posible sin  aprender de los  errores cometidos y apostar por un nuevo contrato social.  La autonomía concedida a los poderes económico-financieros ha provocado una disminución del poder político y de las instituciones democráticas. Estas no son capaces de garantizar la lealtad de las poblaciones ni la integración de las minorías culturales. Los sistemas educativos y las políticas de inclusión tampoco son suficientes. ¿Cómo salir de esta situación?

Hay que entrar en el mundo económico y en el mundo de las religiones. No es posible que perviva la democracia aceptando  la supremacía de los mercados y  que sea vencido el fundamentalismo perpetuando  un positivismo incapaz de asumir los límites del proyecto ilustrado.

No basta con decir que deseamos más Europa o con predicar que queremos más ilustración. Las dos cosas son imprescindibles para revitalizar la democracia pero si se trata de dar más poder a la  Europa económico- financiera o de seguir inmersos en una  ilustración positivista poco habremos aprendido y poco habremos avanzado.

Necesitamos recuperar la Europa social frente a los mercados, la Europa laica frente a los integrismos y  la Europa federal frente a los nacionalismos. Para que esta propuesta tenga sentido hay que matizar, que precisar, que depurar las palabras.  Entre otras cosas porque para  las nuevas generaciones  estas formulaciones remiten  a un lenguaje tan vacío como el de la propia transición española.

Algo hemos vivido los últimos meses en España que puede ser importante para comprender los desafíos ante los que nos enfrenta mos. Son muchos los miembros de la generación de la transición  que se sienten injustamente tratados  porque piensan que aquel fue un paso adelante muy importante y no soportan el adanismo  de las nuevas generaciones. Es muy humano, es muy comprensible pero es inevitable. Hay generaciones que matizan el modelo vigente,  que procuran complementar el cuadro hegemónico, que buscan la manera de aportar sin poner en cuestión el marco dominante.

Pero existen también las generaciones disruptivas, las  que se sienten llamadas a dar una patada al tablero y cambiar los temas de la conversación. Los que hemos vivido el modelo anterior no podemos aferrarnos a él como si fuera insuperable y no pudiera ser modificado. Se trata de entrar en diálogo con la nueva generación  partiendo de un hecho inexorable: las experiencias de unos y otros son muy distintas  y  muchos de estos jóvenes viven un mundo que  para ellos comenzó en el 2.008 y  desde entonces han visto una naturalización del espanto de tal intensidad, que todo el marco  se tambalea.  Si a eso añadimos que  han encontrado que alguien de su generación ha hecho en público las preguntas que ellos se hacían y ha puesto en cuestión las supuestas  verdades que nos han traído hasta aquí podemos comenzar a entender lo que nos pasa.

No es  el menor reto de la democracia el propiciar  la conveniencia de fomentar un diálogo intergeneracional donde se puedan recordar los sueños que se frustraron, las promesas que no se cumplieron y los principios que se abandonaron. Sólo tras una prueba de veracidad cabe retomar el proyecto y darle nueva vida. Este es el punto de mira del que debemos partir. Hay crisis económica, hay crisis política, hay crisis cultural pero también  asistimos a  una ruptura generacional.

Un diálogo que está enmarcado en el otro conflicto que  conforma el día a día de nuestra democracia. El que afecta a nuestro propio ser como nación. No se trata  sólo de  plantear si incrementamos  el gasto en sanidad, en educación, en pensiones o en la cobertura de desempleo, si invertimos en infraestructuras o en investigación científica, si mantenemos un modelo de crecimiento urbano o rompemos con un modelo depredador del medio ambiente. Todo ello es decisivo pero la pregunta esencial para un país es previa, o si se quiere paralela, y remite a la cuestión de si podemos/ si queremos vivir juntos: las distintas generaciones y las distintas naciones que conforman el Estado.  Esa es la gran cuestión que hay que decidir y a la  que el reto del independentismo catalán nos aboca inexorablemente: Hay que decidirlo  en los procesos electorales o con una consulta, pero según como sea nuestra respuesta encaminaremos nuestros pasos en una o en otra dirección. Si queremos vivir juntos decidiremos repartir nuestros beneficios y asumir nuestros costes entre todos, porque todos nos sentiremos partes de un proyecto de vida en común. Si decidimos romper porque ya no podemos convivir, porque no soportamos al otro, porque preferimos caminar a nuestro aire, sin cortapisas ni dependencias, formaremos un proyecto que de sentido a muchos, quizás a la mayoría, pero que romperá  la convivencia de años y dejará heridas en unos y otros.

Tenemos que saber que no estamos únicamente ante  un problema de carpintería  constitucional, de encontrar la ley que nos permita pactar los porcentajes que justifiquen una secesión y los tiempos para repetir el proceso si la mayoría a favor de la secesión no se produce. Tenemos que pensar que un proceso de este tipo – por más leyes de la claridad a la canadiense que apliquemos – afecta a los sentimientos, a la formas de vida, a las experiencias y ese proceso no es posible sin provocar fracturas emocionales,  sin que haya vencedores y vencidos.

No se trata solo de manifestar lo que uno prefiere, sino de analizar lo que puede ocurrir.  En mi caso prefiero la España federal en una Europa federal, antes que una España sin Cataluña en una Europa en proceso de renacionalización.  Es una apuesta que considero deseable pero comprendo que muchos otros no la comparten y que cualquier proyecto  tendrá que cargar con un mundo de pasiones desatadas que será muy difícil articular, encauzar y  controlar. Y esa es la primera tarea de la política democrática: evitar que las pasiones estallen encauzando los sentimientos. Sin sentimientos no hay tensión vital y sin esa tensión la democracia perece. Pero si los sentimientos los llevamos a la incompatibilidad radical la convivencia se hace imposible. Imposible porque  las minorías culturales o religiosas no se ven incluidas en el proceso democrático e imposible porque las naciones no se viven parte del mismo Estado.

Democracias real: retos pendientes

Varias son las cuestiones fundamentales que , en este número, presenta EXODO: el trasfondo de las dos guerras mundiales, de alguna manera conectadas con la guerra civil española, los cuarenta años de dictadura del régimen franquista  unida a la batalla  contra el terrorismo de Eta; la Transición del 78 y el nuevo ciclo político generado a partir de la crisis del 2007.

Un pasado complejo, sin cuyo recuento y análisis, resulta difícil entender el momento presente. Unos, por viejos y tradición e  ideología, muy aferrados al sistema vigente y aún hoy opuestos a la  aceptación de nuevas formas de hacer política;  y otros, por juventud, ímpetu innovador y reivindicación del protagonismo del pueblo,  decididos a cambios que acaben con el bipartidismo de  la transición  e inauguren una convivencia más plural, justa, libre  y participativa.

Quizás, las fuerzas de la izquierda han revivido y se hallan más operativas en España que en cualquier otra parte de Europa.  El caso es que, desde el 15 M,  surgieron movimientos con clara, distinta y pública conciencia frente a la democracia establecida, neoliberal, cargada de  desigualdades, injusticias, corrupciones y abusos, incompatibles con  la misma Constitución española. Conciencia y movimientos que dieron lugar a un mapa electoral con resultados totalmente nuevos en las últimas elecciones del 20 diciembre de 2015.

No es fácil, pero hay que partir de que el ayer y el hoy, la transición y el nuevo ciclo político, representan situaciones muy distintas.

A entender lo que está pasando:  la crisis económica, la pérdida de soberanía ante la Troika europea,  el imperio y supremacía de los mercados, el ensalzamiento del poder financiero, el cinismo de los políticos, el empobrecimiento y desastres de sectores mayoritarios de nuestra sociedad, ayudan mucho los   acertados artículos de este número de Exodo.

La nueva situación implica, obviamente, graves desafíos, nuevas soluciones, propuestas alternativas, que el lector podrá ir discerniendo a la luz de las reflexiones de autores que descubren  que  “El cinismo político  es hoy el veneno que se le está inoculando a la vida pública de las sociedades hasta ahora democráticas”.