Éxodo 131

Breves apuntes sobre la situación de la vivienda en España

Mariano Calle

  1. Preámbulo

Este mi trabajo no pretende sino aportar una serie de datos, que deben ser tenidos en cuenta por una política que de verdad quiera aportar solución al problema de la vivienda, tanto por lo que respecta a su ubicación urbana dentro de un desarrollo sostenible y las condiciones en que deben ser planificadas, cuanto por la necesidad de proveer de este derecho fundamental a los sectores más vulnerables.

Es más que revelador el dato que, dentro del total de las viviendas en España, tres millones y medio sean vacías, un 13, 7 %; y a la par sean –sólo en Madrid– 90.000 los jóvenes que demandan vivienda. Son bastantes las pistas y requisitos que mostramos para que se pueda comenzar a resolver este problema en el plazo mínimo de diez años.

  1. Dos objetivos universales

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Habitat II), celebrada en Estambul en junio de 1996, estableció dos objetivos universales: 1. Garantizar una vivienda adecuada para todos, y 2. Desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en un mundo en un proceso de urbanización que sean más seguros, saludables, habitables, equitativos, sostenibles, productivos.

  1. 3. Datos sobre las viviendas

Población total: 46,816 M.

Viviendas: Total: 25,207 M. (100,00 %)

  • Principales: 18,083 M. (71,70 %)
  • Secundarias: 3,681M. (14,60 %)
  • Vacías: 3,443 M. 13,70 %
  • Tamaño medio del hogar: 2,58 personas/hogar

*  90.000 jóvenes en Madrid demandan vivienda.

*  El esfuerzo de adquisición de vivienda supone el 41% de los ingresos.

*  El parque de viviendas en alquiler es del 15%.

(Datos del censo de 2011)

Actualmente, el 60% de la población mundial vive en zonas urbanas. Se reconoció así mismo que las ciudades y pueblos son centros de civilización y fuente de desarrollo económico, social y cultural. Simultáneamente con esta declaración, la conferencia reconoció el deterioro de la calidad de vida de los asentamientos humanos, que en algunos casos, sobre todo en los países en desarrollo, han alcanzado dimensiones críticas, debido a factores tales como: producción y consumo insostenible, cambios demográficos insostenibles (estructura y distribución de la población), aumento de las personas sin hogar, aumento de la pobreza, desempleo, exclusión social, falta de recursos, falta de servicios básicos e infraestructuras, degradación del medio ambiente, aumento de la vulnerabilidad ante los desastres, emigración del medio rural a la ciudad.

Se reconocen expresamente como grupos sociales especialmente vulnerables los formados por los colectivos de: mujeres, niños y jóvenes, no contemplados en las políticas generales diseñadas por y para los grupos sociales dominantes (familia tradicional, clases medias urbanas establecidas…).

Es impensable que podamos aproximarnos a la solución del problema del alojamiento (vivienda), sin la concurrencia del sector público, sector privado y sector comunitario. Todos ellos deben aportar las capacidades mutuas, promoviendo las transferencias tecnológicas y los conocimientos tecnológicos adecuados.

  1. La vivienda, base para la calidad de vida

Un elemento fundamental en la configuración de la ciudad y componente básico de la calidad de vida es la vivienda. Se podría decir que el poder disfrutar de una vivienda, en sentido amplio de lugar de abrigo y residencia, es una cuestión básica para poder empezar a hablar de calidad de vida.

Una verdadera política sobre la vivienda no es posible sin un desarrollo sostenible para las ciudades, arbitrando programas integrales de actuación: medioambiental, urbanística, económica, cohesión social y una política de suelo que recupere la iniciativa pública en la gestión del suelo. El suelo existente en el mercado actualmente compromete la existencia de viviendas de precio tasado, y compromete para los próximos diez años como mínimo la capacidad de maniobra del Estado. El exceso de suelo no contribuye a la bajada de los precios de las viviendas pese a haber sido la falta del mismo la causa de la carestía de aquellas… (La derecha dixit).

Habría que ir pensando en la expropiación de suelos ya calificados mediante convenios urbanísticos con los propietarios, en recuperar la iniciativa de la vivienda de precio tasado y en potenciar la creación de parques de viviendas en régimen de alquiler, preferentemente con viviendas usadas. Y habría que cuidar especialmente de:

  • Adecuar los tamaños de las viviendas de iniciativa pública a la demanda de los sectores insolventes: Jóvenes, Emigrantes, Personas sin Hogar o alojadas en infraviviendas.
  • Recuperar la figura del Promotor Público de Vivienda, para potenciar la vivienda de integración social en régimen de alquiler.
  • Fomentar y primar la demanda estructurada, Cooperativas, Comunidades.
  • Crear Sociedades mixtas, Publicas-Privadas de Patrimonio y gestión de parques de viviendas en régimen de alquiler, de ámbito municipal o regional.
  • Fomentar la rehabilitación de las viviendas en cascos, y en áreas periurbanas como fórmula para evitar la degradación ambiental, la segregación social o la marginalidad.
  • En paralelo con lo anterior, fomentar las medidas de recompra de viviendas a aquellas personas carentes de recursos económicos, garantizándoles su permanencia, pasando estas posteriormente a los fondos patrimoniales de las sociedades de gestión de viviendas en alquiler.
  • Vincular la creación o rehabilitación de viviendas a otras políticas generales como desarrollo local, empleo, formación y servicios, mejora del medio ambiente.
  • Romper la tendencia actual de creación ilimitada de viviendas de nueva planta, como una necesidad ineludible.

          5. Viviendas para Jóvenes: ¿un valor de uso o de cambio?

     1. Políticas de vivienda tradicionales

Las Políticas de vivienda han tenido tradicionalmente en cuenta tres factores fundamentales para su elaboración: 1) Las condiciones socioeconómicas de la población, CÓMO; 2) La localización territorial de las necesidades, DÓNDE; 3) El ciclo de vida de la población, QUIÉN.

Los resultados son los que observamos en nuestras ciudades: la vivienda como objeto de inversión y especulación, desajustes entre oferta y demanda, y sobre todo expulsión del mercado de la vivienda a sectores de la población con menores recursos económicos, provocando fenómenos de segregación territorial en un medio urbano empobrecido y con problemas de exclusión social y marginación. Para corregir estos efectos, es necesario introducir en la elaboración de las Políticas de vivienda otro factor: el ciclo de vida de la población, QUIÉN.

  1. Vivienda para jóvenes: ¿valor de uso o valor de cambio?

En este caso, el sector de los jóvenes aparece como un grupo específico, con necesidades concretas de alojamiento: ¿qué es una vivienda para jóvenes? ¿La vivienda para jóvenes es un bien con valor de uso o valor de cambio?

Es una vivienda en la que viven personas jóvenes, adjudicada (por sorteo), “diseñada” (menos tamaño, más barata). Vemos frecuentemente promociones de viviendas dirigidas a “los jóvenes”, como un sector especifico de consumidores. De igual manera que existen ofertas de teléfonos móviles dirigidos al sector joven. Pero en ambos casos el producto es el mismo, su concepción de desarrollo y colocación en el mercado responde a los mismos patrones de las viviendas destinadas a los sectores dominantes de la sociedad: familia tradicional con situación socio-económica estable.

¿Es esto suficiente? NO. Una vivienda para jóvenes responde a las necesidades de aquellas personas que, por su situación en el ciclo vital (edad fundamentalmente), necesitan abandonar el núcleo familiar y aun no han decidido o no han consolidado una situación estable (formación, empleo, medios económicos, lugar de residencia, vida de relación…) que les permita prever las características de su alojamiento.

Es una vivienda eventual, cuyo valor fundamental es el VALOR DE USO. ¿Es esto suficiente? NO. Es necesario incorporar el componente socio-económico de la población joven, para evaluar el esfuerzo que deben realizar para acceder a una vivienda, y si es posible realizarlo. En este contexto, deben incorporarse otros valores sociales que contribuyan a la mejora del entorno habitado y al desarrollo y cohesión social del colectivo en el que se integraran.

Por lo tanto, los jóvenes tienen derecho a resolver el problema de su vivienda sin que se hipoteque su futuro, pero deben contribuir a la creación de asentamientos sostenibles que eviten la exclusión social propia y ajena.

   3. Factores a considerar en las viviendas para jóvenes

Necesidad de alojamiento para emanciparse. Las estructuras familiares actuales han perdido capacidad de ayuda a la emancipación: etapa de formación, precariedad y movilidad en el empleo juvenil.

Aparte el hecho de otras alternativas (okupas…), existe un claro desequilibrio entre la oferta de viviendas en propiedad o en alquiler. En las políticas de vivienda desarrolladas en España en los últimos años ha existido un fuerte apoyo institucional al régimen de propiedad, generando una contradicción entre el alquiler, como consumo, y la propiedad como inversión. Es necesaria la incorporación de programas municipales, autonómicos y estatales de vivienda pública en régimen de alquiler, ya que generan un menor endeudamiento de la población receptora.

a) Características de estas viviendas

Pueden señalarse varias características de las viviendas para jóvenes: a) temporales (uso temporal); b) participativas (planificación, administración y conservación); c) solidarias (carencia de recursos y experiencias propias); d) flexibles (movilidad), (mayor integración económica social y política); e) autogestionadas: asignar los recursos a colectivos determinados en áreas definidas. Tuteladas (intervención estatal y comunitaria, sino se convertirán en experiencias aisladas, que no sirven para transformar el mercado. Soluciones programadas y creación de redes de este tipo); f) integradas en el entorno y respetuosas con el medio ambiente; g) sostenibles (utilización adecuada de recursos); h) accesibles; i) innovadoras (utilizar energías alternativas: hidráulica, eólica, biomasa, geotérmica, solar-térmica, solar-fotovoltaica, cogeneración y tratamiento de residuos). Viviendas bioclimáticas. Incorporación de sistemas de comunicaciones; j) diseño adecuado y personalizado (no solo en cuanto a superficie, sino en modelos de convivencia no repetitivos).

b) Condicionantes: a) Suelo y planeamiento (incremento del patrimonio público de suelo); b) Obra nueva o rehabilitación (incentivos al patrimonio residencial existente. La vivienda de segunda mano); c) Formas de gestión; d) Legislación (técnica, financiera, presupuestaria y fiscal). Rigidez (ayudas económicas al alquiler). e) Competencias administrativas (estatal, autonómica o local); f) Promoción (pública, privada, cooperativas,…); g) Estructuración de la demanda.

c) Resultados esperados:

  • contribuir a la mejora del entorno urbano
  • integración de la población
  • integración generacional
  • integración socio-económica
  • contribución a la ayuda a otros sectores poblacionales ( ancianos, niños)

       6. Resumen

  • No existe una fórmula ni una receta única.
  • Se trata de buscar políticas imaginativas que se adecuen a las necesidades de cada entorno.
  • Promover y alentar desde la Administración a las organizaciones públicas, privadas, comunitarias, voluntarias…
  • Facilitar la participación de grupos estructurados, tales como cooperativas, colectivos…
  • Fomentar la concienciación de que la solución actual del problema de la vivienda debe salvaguardar los intereses de las generaciones presentes y futuras.

Posicionamiento de algunos partidos políticos ante la desigualdad en España

Evaristo Villar

Si los mercados se lo permiten –o contra la misma irracionalidad de los mercados–, estos partidos políticos están llamados a gestionar en un próximo futuro, de forma más justa y humana, el actual drama de la desigualdad en España.

Con el objetivo de conocer la respuesta que llevaban en su programa político ante el desafío de la desigualdad, Éxodo, antes de las elecciones, le hizo a los partidos políticos de ámbito estatal –aquellos que, a nuestro juicio, contaban con probabilidades de conseguir representación en la Cámara Legislativa en las elecciones generales del 20-D de 2015– la misma y única pregunta: ¿Cuál es la propuesta de tu partido para solucionar la desigualdad en España?

De los cinco partidos a los que cursamos la pregunta –PP, PSOE, Ciudadanos (C’s), Podemos e Izquierda Unida-Unidad Popular (IU-UP), solo tres se dignaron contestar: los dos emergentes (Podemos y C’s) e IU-UP.

El fenómeno vergonzante de la desigualdad social no le podía resultar indiferente a formaciones políticas que, como IU-UP, Podemos o C’s pretenden llevar la voz de la ciudadanía a las instituciones, nacidas para la igualdad y actualmente convertidas en fuentes de desigualdad y corrupción. Hasta es posible que el malestar social que está provocando todo esto haya sido causa determinante del nacimiento de alguna de estas formaciones políticas. Con sus diferentes acentos, se expresa claramente en sus respuestas el malestar o el abierto rechazo a un sistema cuya articulación social se está mostrando muy desigual y cruel con las mayorías populares.

El PP y PSOE, el histórico bipartidismo, declinaron la invitación. Del PP ni siquiera hemos recibido un “político” acuse de recibo. Probablemente, desde la responsabilidad de Gobierno en el que está se sabe en gran medida responsable de la actual situación. Como al aprendiz de brujo, su artilugio de los recortes, llevados a cabo sin ningún miramiento, le puede estar resultando ahora imposible de controlar. No se puede olvidar que la fervorosa obediencia a los poderes financiaros acaba siempre achicando los espacios para el ejercicio humano de una política social justa. Por su parte, el PSOE, por incapacidad o torpeza de sus gestores de prensa, nos tuvo durante bastante tiempo pendientes de una respuesta que nunca llegó. Una vez más, ha desmentido en la práctica la “S” que figura en su nombre.

Las respuestas que presentamos a continuación son suficientes, a nuestro modo de ver, para descubrir las formas de reaccionar, desde distintas sensibilidades políticas, ante el fenómeno de la desigualdad en España

Ciudadanos

Hay muchos tipos de desigualdad en nuestro país. Desigualdad salarial, lo que se conoce como brecha salarial entre hombres y mujeres; desigualdad laboral propiciada por la precariedad de nuestro sistema laboral, y desigualdad social propiciada por factores estructurales, culturales y de organización del Estado.

La desigualdad laboral es consecuencia de un sistema laboral precario propiciado por la reforma laboral del PSOE en 2010 y la reforma del PP. La reforma laboral del PSOE, además de abaratar el despido a 33 días por año trabajado, permitió la concatenación ilimitada de contratos temporales. Por otro lado, la reforma del PP trajo consigo que la posibilidad de que un contrato indefinido pudiera tener un año de prueba. Sinceramente, no se ve el concepto de indefinido de esta posibilidad.

Como consecuencia, nos encontramos con que el mes pasado (noviembre) el 92% de los contratos fueron temporales y se calcula que el 80% de ellos están en fraude de ley.

Tenemos muy claro que un contrato precario es una vida precaria. Por tanto, planteamos acabar con la dualidad de contrato temporal-contrato indefinido, creando un contrato único. Nos encontramos con que los trabajadores con contratos temporales tienen menos amparo jurídico que los indefinidos. De esta manera estaríamos extendiendo y ampliando la protección a todos los trabajadores por igual. Acabaríamos con la disyuntiva en la que se encuentran muchos empresarios entre “hacer fijo” a un trabajador o echarle. Creando así, estabilidad.

Por otro lado, creemos que el hecho de ampliar la baja por paternidad de 2 a 8 semanas y que este tiempo no pueda transferirse a la madre, es una medida para luchar contra la desigualdad laboral y la brecha salarial que afrontamos muchas mujeres a la hora de buscar trabajo.

Por supuesto, hay que volver a educar en igualdad. Es la mejor política que cualquier gobierno puede llevar a cabo. Nos encontramos con que en estos últimos cuatro años el gobierno ha dejado de invertir en igualdad, lo que ha repercutido gravemente en el incremento de la desigualdad.

Por último, es muy necesario afianzar las 17 Comunidades Autónomas y las dos Ciudades Autonómicas en la Constitución, estableciendo claramente las competencias del gobierno de la nación de aquéllas. Así evitaremos no sólo duplicidades, evitaremos sobre todo que un ciudadano en Galicia tenga derechos diferentes que un ciudadano que viva, por ejemplo, en Madrid.

Podemos

Uno de los grandes retos que tiene nuestra economía para la próxima legislatura es atender la situación de las personas más afectadas por la crisis y disminuir la pobreza y la desigualdad.

España es el país europeo en el que más ha aumentado la desigualdad desde el inicio de la crisis. Todos los indicadores de privación material se han deteriorado multiplicando las situaciones de emergencia social y de pobreza. Más de 10 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza y casi 3 millones de personas están en una situación de pobreza severa, lo que representa en torno a 750.000 familias que no perciben ningún tipo de ingreso y casi 4 millones de parados sin prestación por desempleo. Además, el empleo ya no es una garantía para evitar la pobreza, y mucho menos para alcanzar un bienestar suficiente. Hay un porcentaje creciente de trabajadores pobres y la “recuperación” es compatible con la extensión de empleos de baja remuneración y con menor protección social.

El incremento del desempleo, la devaluación salarial y la erosión del estado de bienestar derivada de las políticas aplicadas explican esta situación. Según datos del último estudio en materia salarial de la OIT, España es el segundo país después de EEUU donde más ha incrementado la desigualdad entre el 10% más rico y el 10% más pobre, y el 90% de este incremento se explica por la precarización del mercado de trabajo. Por si esto fuera poco, también ha aumentado la desigualdad después de tener en cuenta los impuestos y las prestaciones sociales, lo que muestra la debilidad redistributiva de nuestro sistema fiscal y de protección social.

Se necesitan políticas dirigidas a mejorar la situación de los más perjudicados, una potente labor redistributiva impulsada por el sector público (por la vía de los ingresos y los gastos) y una recuperación del crecimiento de los salarios. Estas políticas, además, deben diseñarse de forma que sean herramientas eficaces para luchar contra las desigualdades entre mujeres y hombres.

Para ello debemos poner fin a la política de “austeridad fiscal” (condicionar toda la política económica al objetivo de reducir el déficit público por debajo del 3% en 2016, y hasta el déficit cero en 2018), y a la “austeridad salarial” (perseguir mediante reducciones salariales el objetivo de mejorar la competitividad). Proponemos suavizar la senda de reducción del déficit, condicionándola al cumplimiento de otros objetivos como la reducción del desempleo, y promover la recuperación del peso de los salarios en la renta. Nuestra propuesta de política económica reduce el déficit público, pero a un ritmo que permite también reducir la enorme brecha social abierta por las últimas dos legislaturas de austeridad y recortes.

Además, es necesario fortalecer las políticas sociales: debemos atender la situación de aquellos grupos sociales especialmente afectados por la crisis o en situaciones de privación mediante un Programa de Garantía de Rentas, y reforzar los servicios básicos del estado de bienestar. Hay que revertir los recortes en los servicios fundamentales del estado de bienestar, dotándolos de la financiación suficiente e impulsando la creación de empleo en la educación, la sanidad y el cuidado de las personas.

Por ello, PODEMOS impulsará un plan de choque de lucha contra la pobreza y la desigualdad, financiado e impulsado desde la administración central y contando con el acuerdo de las CCAA y ayuntamientos. Nuestro objetivo se dirige hacia la pobreza cero, asegurando la universalización de la cobertura de rentas para la población que cae por debajo del umbral de la pobreza. Este plan consta fundamentalmente de dos grandes medidas.

En primer lugar, impulsaremos una Renta Garantizada, consistente en un programa de renta diferencial (complementaria de los ingresos existentes) para todos los hogares con ingresos por debajo el umbral de pobreza monetaria, aumentando la cuantía de la prestación básica por persona equivalente integrada en la unidad de convivencia. La cuantía inicial se establecerá en 600€ mensuales para las unidades de convivencia de un solo miembro, aumentándose progresivamente en función del número de miembros (35% adicional de la renta garantizada para el segundo miembro, y 20% por cada uno de los siguientes) hasta un máximo de 1.290€. Este plan integrará a todas las prestaciones sociales que se encuentren por debajo de ese umbral.

Pero, además, y en segundo lugar, este plan se reforzará con un plan de Renta Complementaria. El coste total de ambos planes sumará 15.000 millones de euros, el 1,5% del PIB. Reducir el déficit público más lentamente, en un punto y medio del PIB, financiaría la totalidad de nuestra propuesta.

El establecimiento de un complemento para trabajadores con baja remuneración, que elimine la discriminación que supone la “trampa de la pobreza” al tiempo que garantiza el acceso de los trabajadores de bajos ingresos a niveles suficientes de bienestar. Para aquellos beneficiarios de la Renta Garantizada que trabajen o encuentren empleo supondría de hecho una retirada graduada (y no súbita) de la prestación conforme vayan aumentando sus ingresos salariales. Supondrá garantizar unos ingresos mínimos de 900€ mensuales para estos trabajadores, que también se incrementarán con el número de miembros de la unidad de convivencia. Este complemento sólo será efectivo a partir de unos ingresos reconocidos del trabajo por encima de 250€, para evitar posibles situaciones de fraude.

Estas medidas no solo son económicamente posibles, tal y como queda reflejado en nuestra memoria económica, sino que además son necesarias para construir los cimientos de una economía moderna del siglo xxi. Necesitamos un crecimiento social e inclusivo que no deje atrás a nadie. Es tiempo de otra política, es tiempo de otra economía. Nacho Álvarez, Secretario de Economía de Podemos

IU-UP

Implementar en un año un Plan de Emergencia Social destinado a los colectivos más vulnerables y con recursos extraídos de las capas más adineradas de la población, de forma que la desigualdad se reduciría intensamente. Mediante nuestro Plan de Emergencia Social seremos capaces de sacar de una situación de vulnerabilidad extrema a unos 16 millones de personas en tan sólo un año, atendiendo desde el Estado con decisión y voluntad a las necesidades de los colectivos más desfavorecidos: parados, mujeres, niños, jóvenes, pensionistas, trabajadores pobres, etc.

El Plan cuenta con muchas medidas. Con nuestro programa de Trabajo Garantizado ofreceremos en un año la posibilidad de trabajar dignamente a un millón de personas en actividades relacionadas con los servicios sociales, los cuidados a las personas y al medioambiente (en definitiva: a la vida), el cuidado de los espacios urbanos y actividades culturales, recreativas y deportivas. Además, llevaremos a cabo un plan de empleo y formación destinado a 600.000 parados de larga duración, así como un plan de empleo específico para 400.000 jóvenes. A aquellas personas que a pesar de todo sigan sin trabajo y sin ingresos les ofreceremos una Renta Garantizada de 529 euros al mes que logre que ninguna familia se quede sin recibir dinero. Incrementaremos la pensión mínima y el salario mínimo para acabar en nuestro país con las figuras de pensionistas y trabajadores pobres, elevando cada año el nivel mínimo hasta llegar a 1176 euros mensuales en 2019.

Declararemos la guerra a la pobreza energética que atenaza a 1,4 millones de hogares haciéndonos con el control de las empresas energéticas y estableciendo tarifas de luz, agua y gas por tramos en función de la renta, para que nadie se quede sin suministro por falta de ingresos. Crearemos un bono transporte gratuito para las personas que se encuentren en riesgo de exclusión social. Paralizaremos todos los desahucios que amenacen a personas que no pueden pagar su hipoteca, crearemos un parque público de viviendas para que todo el mundo pueda tener alternativa habitacional sin pagar más de un 20% de sus ingresos, y erigiremos un Banco Bueno que compre parte de las deudas de familias y pequeñas empresas con el objetivo de aliviar sus cargas financieras. Incrementaremos notablemente los recursos y medios para combatir la violencia sexista, equipararemos progresivamente los derechos de paternidad de los hombres a los de las mujeres, e incrementaremos la cuantía por hijo a cargo hasta los 1.200 euros por niño al año. Ampliaremos la red de escuelas infantiles de titularidad y gestión pública para cubrir toda la demanda de escolarización de 0 a 3 años. Por último, legislaremos para que las pymes y los autónomos no sufran un marco normativo discriminatorio además de darles las facilidades y ayudas necesarias para que saquen adelante sus actividades.

El coste total de nuestro Plan alcanza 52.494 millones de euros, que es mucho menos de lo que ya nos hemos gastado en rescatar a la banca (60.000 millones de euros), o casi lo que cada año perdemos por contrataciones y licitaciones públicas corruptas (48.000 millones de euros). Nuestro país recauda unos 90.000 millones de euros menos de lo que debería si nos fijamos en nuestros vecinos europeos, de forma que es posible obtener suficiente dinero para financiar nuestro Plan de Emergencia Social. Para ello proponemos combatir con firmeza el fraude fiscal de las grandes empresas y grandes fortunas, reformar algunos impuestos como el IRPF y el Impuesto de Sociedades, y crear nuevas figuras como un impuesto extraordinario sobre el incremento patrimonial de los más ricos, un impuesto a las transacciones financieras y un impuesto a los bienes y gastos de lujo.

Cocina familiar comunitaria en el Polígono del Valle (Jaén). Autodeterminación en clave alimentaria

Mª Carmen Cruz García

Los efectos de la crisis económica han provocado que cada vez sean menos las familias que no padecen ningún tipo de vulnerabilidad o de exclusión social. La crisis ha afectado de manera especial a las familias con menores a su cargo, observándose un crecimiento notable de niños que viven en hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza al igual que del número de niños que viven en hogares con privación material severa. La falta o reducción de ingresos puede dar lugar a un empeoramiento de la calidad de la alimentación, relacionada con el consumo de menos productos frescos o de una dieta equilibrada. Muchas de estas familias son beneficiarias de ayudas procedentes de entidades dedicadas al reparto de alimentos no perecederos, y manifiestan continuamente que están aprovisionadas de una gran cantidad de legumbres o pasta, pero que o bien no disponen de los recursos económicos para poder adquirir el resto de ingredientes necesarios para poder cocinarlas, o no pueden permitirse una dieta variada que suponga la elaboración de otros menús con ingredientes distintos a los que reciben a través de las ayudas de emergencia o de la beneficencia.

Esta situación de vulnerabilidad o exclusión social tiende a concentrarse en zonas geográficas determinadas, en las que los efectos de la crisis económica, no sólo afectan a la destrucción acelerada de empleo, sino en las que cada vez son más las familias en las que todos sus miembros se encuentran en desempleo, sin ingresos, y con las redes de apoyo saturadas por el esfuerzo solidario hasta la fecha, afectando además a la salud emocional de las personas que más lo están padeciendo.

El Polígono del Valle de Jaén es una de esas zonas geográficas a las que nos referimos. En este contexto, la mayoría de las entidades se unen en una red colaborativa llamada Comunidad de Barrio. Las entidades realizan diversos proyectos de intervención, pero todas con gran experiencia y cercanía con los vecinos y personas que atienden. Con la creación de esta red colaborativa se pretende establecer un espacio común a todas, capaz de aunar y coordinar sus esfuerzos para optimizar sus recursos.

A través de este proyecto de intervención se atienden las necesidades vitales de alimentación, a la vez que se genera una respuesta digna (alejada de las colas de los comedores sociales), sostenible, y que ayuda a promover la atención de otras necesidades de carácter emocional, relacional, laboral y psico-sociales. Un planteamiento de intervención integral que favorece el empoderamiento de la persona beneficiaria, incorpora la participación del voluntariado y de la comunidad pero, sobre todo, facilita el proceso de participación de los/as destinatarios/as, auténticos/as protagonistas de su futuro.

Quiero destacar lo que creo que ha ayudado a que la intervención sea un éxito:

    * En primer lugar, ha sido clave que hayan sido las propias familias las protagonistas de su alimentación. Por grupos y días, las familias junto a las educadoras elaboran diariamente la comida que van a consumir en sus casas, además de la comida que van a consumir el resto de familias beneficiarias del proyecto. Al diseñarlo, se apostó porque las personas contratadas fueran educadoras y no cocineras. Las educadoras en las tareas de la cocina han estado al mismo nivel que las familias, han realizado las mismas tareas por lo que han estado consideradas como unas más, lo que ha hecho que se consiguiera un alto grado de confianza que ha facilitado que en todo momento haya habido un clima muy bueno en las actividades, que las personas se hayan sentido cómodas y no avergonzadas de participar en el proyecto, y como ellas mismas lo han expresado: NOSOTRAS NOS LO GUISAMOS Y NOSOTRAS NOS LO COMEMOS.
    *Se han sentido como grupo y se han identificado como tal, siendo todos corresponsables de la consecución de objetivos del prójimo. No hemos trabajado un solo aspecto o problema con ellos: hemos acompañado a la persona de la familia parada, al niño con problemas en el cole, al joven que no quiere ir al Instituto y lo deja, a la mujer con ansiedad o con problemas de baja autoestima, al marido que le da vergüenza ir a por la comida y con el paso de los meses acompañaba ya a la mujer…

* Lo que no hemos conseguido: las familias en su casi totalidad siguen necesitando del proyecto para poder   garantizar su alimentación debido a que no tienen trabajo o si lo tienen es muy precario, no tienen prestaciones sociales y si las tienen desde que las solicitan tardan casi un año en que les lleguen y tienen grandes carencias económicas para pagar el alquiler, la hipoteca, la luz, el agua, el gas, los medicamentos…

* Como trabajadora social, este proyecto de intervención me ha ayudado a trabajar en el entorno de la persona beneficiaria, evitando el asistencialismo y las acciones puntuales y teniendo como horizonte principal la movilización de las personas con necesidades alimentarias, a la vez de promover también la movilización de muchos más de los que inicialmente lo ejecutan, generando una cultura de solidaridad con cuantos se relacionan con el mismo.

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y la deriva de la sociedad global

Carlos Gómez Gil

Una nueva cumbre mundial en Naciones Unidas con el pomposo nombre de “Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, nuevos acuerdos aprobados desde el convencimiento de ser incumplidos desde el momento mismo de adoptarse como ya se ha hecho con otros muchos anteriores, más promesas vacías, renovadas palabras huecas, alegrías, parabienes y felicitaciones que sonrojan a cualquiera que conozca en detalle la naturaleza de lo que se anuncia a los cuatro vientos en comparación con las políticas que cada día llevan a cabo quienes han firmado los solemnes acuerdos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

La nueva hoja de ruta del desarrollo mundial, aprobada en la 70º Asamblea General de las Naciones Unidas con la rúbrica de 190 jefes de estado mundiales, ha sido presentada con la fanfarria habitual, anunciándonos tanta dicha y felicidad para los habitantes de este castigado planeta que no se acaba de entender bien que haya tardado tantos años en acordarse. Sin embargo, cualquiera que repase las hemerotecas y los documentos institucionales posteriores a la Cumbre del Milenio, en la que se aprobó la Declaración del Milenio que daba cuerpo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio del año 2000, aprobados también con gran júbilo por la 55º Asamblea General de Naciones Unidas, encontrará las mismas alegrías, los mismos anuncios de júbilo y satisfacción, junto a oxidadas promesas de erradicar el hambre y la pobreza en el mundo, alcanzar el 0,7% y convertir el planeta en un paraíso de bienestar para los más desdichados.

Lo del 0,7% se ha convertido ya en un clásico desde que este compromiso mundial fue acordado también por las Naciones Unidas en el año 1972 hasta el punto que de la misma forma que no hay boda en la que se deje de gritar “vivan los novios”, no hay cumbre mundial en la que todos los países se comprometan a dar el 0,7%. Pero ahora, en esta nueva Agenda de Desarrollo Sostenible lo retrasan para el año 2030, una curiosa forma de decir que la comunidad internacional no tiene ninguna intención de dar respuesta a un solemne compromiso adoptado hace más de cuarenta años, que se dice pronto.

Pero si la Agenda de Desarrollo Sostenible (ODS) es la sucesora de los compromisos y acuerdos recogidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que abarcaban desde el año 2000 hasta 2015, no se entiende bien que no se haya procedido a realizar una evaluación exhaustiva y minuciosa del cumplimiento político y técnico de estos acuerdos, más allá de los avances macroeconómicos derivados del crecimiento de la economía mundial que se nos vende como si fueran un logro de las políticas de cooperación mundial. Esto sucede, por ejemplo, con la reducción de la pobreza en el mundo a partir de la cuantificación del Banco Mundial del dólar diario de la meta 1 del objetivo 1 de los ODM, vinculado esencialmente al formidable crecimiento de la economía en China e India, pero acompañado de un gigantesco avance de la desigualdad, la destrucción medioambiental y el deterioro de la salud, como demuestran las catástrofes apocalípticas que con periodicidad se producen en estos países, dejando un rastro de centenares de muertos y heridos. Sin hablar de los graves problemas metodológicos para el acceso a datos precisos sobre la evolución de la pobreza en el mundo. El propio BM estima que se carece de datos precisos para monitorear la pobreza en la mitad de los 155 países estudiados y que no menos de 57 países contaban con una o ninguna estimación sobre las tasas de pobreza. Por tanto, avanzamos en construir acuerdos que no están anclados en datos precisos.

Sin embargo, en esta ocasión, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible se aprueba coincidiendo con uno de los dramas humanitarios y políticos más grandes que se viven en Europa y Oriente Medio desde la Segunda Guerra Mundial a raíz de la crisis de los refugiados sirios, dejando patente la dejadez y el abandono deliberado de los países occidentales en atender sus obligaciones más elementales hacia la vida de cientos de miles de personas. Creo que es un buen termómetro de la verdadera validez de unos acuerdos para el año 2030, cuando en este desgraciado 2015 van a dar por finiquitado los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio sin realizar la mínima autocrítica sobre las razones y responsables de su incumplimiento, y cuando a las puertas de Europa y en los propios países centroeuropeos a cientos de miles de refugiados, mujeres, niños, ancianos y heridos, se les niega hasta la atención más elemental a la que tienen derecho como recoge la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967 que obliga a todos los países firmantes. ¿Para qué presentar ampulosos acuerdos repletos de palabrería hueca si a las puertas de nuestras casas podemos hacer realidad cosas tan simples como impedir que se ahoguen quienes huyen del horror de una guerra y no lo hacemos?

A diferencia de los Objetivos del Milenio, que contaban con 8 objetivos, 18 metas y 48 indicadores, los Objetivos de Desarrollo Sostenible cuentan con 17 objetivos y 169 metas, dejándose los indicadores para marzo de 2016, cuando serán finalmente aprobados. Estos ODS ponen un mayor hincapié en elementos más ambiguos que serán de aplicación tanto para los países empobrecidos como para los países desarrollados, siendo así una agenda de carácter universal. En esta ocasión, se diluyen algunos de los problemas más graves y precisos en materia de lucha contra la pobreza, siendo sustituidos por otros conceptos más imprecisos, plásticos y ambiguos, como la desigualdad, la sostenibilidad, el crecimiento económico, la promoción de sociedades pacíficas o promover los derechos. Todo ello alimentado por la apoteosis del mercado, al que bajo la excusa de promover sectores dinámicos de la economía, apoyar al sector privado y al libre comercio, se le da una relevancia como nunca ha tenido en la historia de unos acuerdos de esta naturaleza por la comunidad internacional, mediante esas perversas alianzas público-privadas que tanto daño están haciendo en no pocos espacios de las políticas de la cooperación mundial. De hecho, esta dimensión económica del mercado es la más importante en el conjunto de los ODS, hasta el punto que se han eliminado objetivos y metas que puedan entorpecer su avance. Por ejemplo, la FAO propuso algo tan sensato como una apelación a la limitación de la especulación con los alimentos básicos en los mercados mundiales de valores agrícolas si de verdad se quería no ya acabar, sino reducir el hambre en el mundo, algo que finalmente se eliminó. Algo parecido sucedió con el objetivo referido a los derechos humanos, donde se sustituyó el peligroso término de “garantizar” por otro más impreciso de “promover”. Ahora bien, cómo vamos a creer que países como Estados Unidos van a promover los derechos humanos siendo como es, junto a Somalia y Sudán del Sur, los únicos países del mundo que se niegan a firmar la Convención de los Derechos del Niño de 1989, país que también junto a buena parte de los países europeos se niegan a firmar la Convención de los Derechos de los Trabajadores inmigrantes de 1990, por señalar solo algunos tratados internacionales en materia de derechos humanos de los muchos que se niegan a suscribir países firmantes de los ODS. Y eso por no hablar de ese objetivo 16 que se compromete a promover sociedades pacíficas, todo un sarcasmo cuando ha sido solemnemente suscrito por los principales países exportadores de armas en el mundo y generadores de conflictos.

Precisamente por ello no hay compromisos vinculantes ni son de obligado cumplimiento, sin que se hayan articulado sanciones para aquellos países signatarios de la Agenda 2030 ni tampoco mecanismos de imposición y control sobre su respeto. Todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible son simplemente voluntarios, cada país los llevará a cabo si los estima conveniente y tenemos sobradas razones para saber cuales son las conveniencias de buena parte de los Estados firmantes de estos acuerdos.

Ahora bien, en línea con lo que se ha señalado desde algunas organizaciones sociales, cuatro son los puntos de debilidad sobre este nuevo acuerdo de Naciones Unidas que le restan valor y capacidad de transformación en los avances sobre el desarrollo mundial. En primer lugar, la negativa a establecer mecanismos claros contra los flujos financieros ilícitos, la eliminación de los paraísos fiscales, y actuar contra la evasión fiscal que tanto daño hace a los Estados y en particular a los países en desarrollo. En segundo, la imposibilidad de que quienes vendan, promuevan y fomenten el comercio de armas en el mundo digan comprometerse con la promoción de la paz, que es tanto como decir que Volkswagen ha venido luchando contra las emisiones de CO2 en el mundo. En tercer lugar, la imposibilidad de eliminar la pobreza en el mundo desde un sistema económico, político e institucional basado en alimentar situaciones de pobreza y acumulación formidables. Y, por último, erosionar las políticas de cooperación mundial y los compromisos en materia de lucha contra la pobreza que son sustituidos por la fe absoluta en unos mercados y un sistema económico que ha alimentado un disparate de escala global sin mecanismos correctivos, de control o de supervisión.

Mención aparte merece el Gobierno de España, que ha protagonizado el mayor proceso de destrucción de unas políticas de cooperación y ayuda al desarrollo en menos tiempo jamás visto en la historia de los países donantes, con unas políticas de recorte y desmantelamiento de servicios públicos que han alimentado pobreza y desigualdad a niveles que lideran las estadísticas de la Unión Europea, con una fuerte involución en materia de derechos sociales y civiles, pero que firma sin reparo alguno estos objetivos, señalando que las alianzas público-privadas en las que van a entrar todos los sectores de la sociedad van a ser muy productivas. No esperábamos menos de este Gobierno que ha construido sus políticas a base de cinismo y falsedades. Pero sí esperábamos mucho más de unas ONGs que, salvo honrosas excepciones, han alabado con elogios sonrojantes unos acuerdos, una cumbre e incluso el documento oficial elaborado por el Gobierno español del PP cuya lectura solo certifica la deriva social, política y moral de las políticas de solidaridad en nuestra sociedad.

Carlos Gómez Gil es Doctor en Sociología, profesor universitario de cooperación al desarrollo e investigador de RIOS (Red de Investigadores y Observatorio de la Solidaridad), codirigiendo la revista Esbozos.

La actitud de los cristianos/as ante la desigualdad

Demetrio Velasco

  1. La fragilidad del logro irrenunciable de la igualdad

 Si no fuera porque las ciencias sociales nos han enseñado que ante las cuestiones que parecen ser obvias, porque parecen ser de sentido común, conviene estar alerta, pensaríamos que es superfluo dedicar un artículo a la reflexión sobre la actitud de los cristianos ante la desigualdad. Parecería que la respuesta a la cuestión es sencilla y concisa: los cristianos/as, tanto por su condición de ciudadanos de sociedades democráticas, como, sobre todo, por su condición de creyentes en el Dios de Jesús y en su proyecto de humanidad, no pueden sino ser adversarios decididos de la desigualdad. Pero ni la realidad es tan obvia, ni el sentido común guía siempre la conducta del ser humano, aunque éste se autodenomine cristiano. Es un hecho indiscutible que los cristianos son responsables directos o, al menos, cómplices más o menos conscientes, de que la desigualdad siga siendo en nuestros días una de las lacras más graves que impiden que tanto el proyecto democrático como el plan divino, de que todos los seres humanos sean libres e iguales, se cumplan en la realidad.

En estas breves páginas pretendo explicar las razones de esta situación. Para ello, partiré de una doble constatación que espero permita situar la cuestión con la necesaria perspectiva. En primer lugar, considero que hay un consenso generalizado en que el principio revolucionario de la igualdad de todos los seres humanos es uno de los logros más importantes que la humanidad ha hecho en los últimos siglos, de la mano de las revoluciones liberales, primero, y de los movimientos socialistas e igualitaristas, después. Un logro que debe considerarse irrenunciable, si queremos seguir hablando de sociedades humanas dignas de tal calificación. Quizá sea esta la razón por la que hay que, a pesar de la evidencia empírica más persistente de nuestra historia: la escandalosa y omnipresente desigualdad con la que en gran medida se han tejido las relaciones humanas, desde los orígenes de la humanidad hasta nuestros días, sigamos creyendo en la igualdad humana. Sin embargo, este logro extraordinario e irrenunciable ha mostrado ser de una gran fragilidad. Cuando el principio de la igualdad humana parecería haberse convertido histórica y sociológicamente en un argumento irrefutable para asegurar progresivas cotas de igualación entre los seres humanos, han surgido nuevas legitimaciones ideológicas del desigualitarismo que, desgraciadamente, han solido ir acompañadas de graves retrocesos en la lucha por la aplicación de dicho principio. Hoy, vivimos uno de esos momentos históricos.

  1. El capitalismo y su dialéctica legitimante del desigualitarismo

La “crisis epocal” que estamos padeciendo parece resolverse generando mayor desigualdad e injusticia y los discursos que legitiman esta deriva desigualitaria afloran sin ningún pudor. La hegemonía de la razón cínica trata de convencernos de que hemos ido demasiado lejos en la marcha hacia la igualdad y de que hay que devolver a los ricos, a los poderosos y a los escogidos por la fortuna, los recursos que habían consentido compartir con los demás, injustamente forzados por la demagogia igualitarista. El acoso y derribo que ejerce el capitalismo actual sobre el Estado de Bienestar keynesiano y el cuestionamiento radical que se sigue haciendo de una posible Europa social, como si se tratara de una veleidad inasumible, nos dan razón del momento crítico por el que atraviesa la causa de la igualdad. Personalmente, creo que afirmar que la escandalosa y creciente desigualdad que vienen padeciendo nuestras sociedades es expresión de una “dialéctica criminal” que fractura radicalmente nuestro mundo es algo más que una expresión tremendista. Estudios solventes muestran de forma fehaciente que, si el sistema capitalista ha sido siempre un sistema de “inclusión excluyente”, en su actual configuración se está mostrando como un violento proceso de inclusión que impone la explotación económica, la dominación política y la hegemonía cultural a escala global. Como sistema de exclusión violenta condena a una gran parte de la humanidad al empobrecimiento creciente y a la destrucción de su ecosistema e, incluso, a su “no existencia”, en el caso de que no interesen ni siquiera para ser objeto de dominación o explotación. Dialéctica criminal porque produce un doble efecto negador de los seres humanos: la aniquilación biológica producida por el genocidio más grave que haya conocido la humanidad, como es el producido por el hambre y todo lo que le niega al ser humano la posibilidad material de vivir; y el nihilismo espiritual de quien por su ambición de apropiarse de todo lo que esté a su alcance, se impide a sí mismo vivir con los otros como otros y desde ellos. Además, hay que resaltar que la sima cada vez mayor que separa a las minorías oligárquicas y plutocráticas de la inmensa mayoría de la población mundial no es un accidente del fatalismo histórico, sino el producto necesario de un proyecto histórico, el del sistema capitalista global y de su momento actual que creo razonable calificar de “fascismo social”&[1]. Una mirada retrospectiva a los últimos siglos de la historia de Occidente, como la que han realizado algunos analistas sociales de reconocido prestigio, no hacen sino confirmar este diagnóstico&[2]. Si a lo dicho añadimos que nuestras sociedades están siendo sometidas a una situación en la que cada vez es menos plausible organizar una convivencia cabalmente democrática y en la que buena parte de la ciudadanía renuncia a “preferir la lucha por la peligrosa libertad que aceptar la servidumbre voluntaria”, me temo que el futuro de la igualdad es y seguirá siendo muy problemático.

  1. No hay cristiano que pueda negar la verdad básica de la igualdad

En segundo lugar, creo que no es preciso recordar que la igualdad de todos los seres humanos es un principio esencial e irrenunciable para los cristianos que se saben y quieren hijos y hermanos del mismo Dios Padre-Madre. Creer en el principio de la Encarnación realizada en Jesús es creer que todo ser humano, particularmente si es pobre o víctima, está llamado a experimentar en su vida lo que son unas relaciones humanas libres e igualitarias. No hay cristiano que pueda negar esta verdad básica si es que quiere seguir siéndolo. Sin embargo, hay que reconocer que la confesión de este principio se ha mantenido en contra de toda evidencia empírica que nos muestra cómo el cristianismo ha sido desde sus orígenes hasta nuestros días cómplice de las formas de desigualdad más injustas y escandalosas. Tampoco han faltado entre los cristianos quienes no sólo han defendido con fervor dicha realidad desigualitaria, sino que han llegado a legitimar la desigualdad en nombre de innumerables razones e incluso a sacralizarla en nombre de un pretendida voluntad divina.

En algún momento he escrito que en esta cuestión tan relevante para el cristianismo, como en muchas otras, los cristianos han mantenido mayoritariamente las mismas actitudes que las que ha mantenido la mayoría de la población de las sociedades de las que han formado parte. Esta situación me ha suscitado algunos interrogantes que me siguen pareciendo pertinentes ahora. ¿A qué se debe que, tras siglos de legitimación y lucha por la igualdad democrática, sigamos viviendo en un mundo tan radicalmente desigual? ¿La afirmación de que “todos los hombres somos (nacemos) libres e iguales”, de la que hemos dicho que refleja una contraevidencia empírica, y sin la que sería imposible comprender y justificar nuestros mejores logros antropológicos y sociopolíticos, es algo más que un espejismo y un mito anacrónico de la sociedad liberal moderna?; por qué los logros de la igualdad son tan razonables y, a la vez, tan frágiles; por qué las desigualdades perviven e incluso se multiplican; por qué los discursos legitimadores de la desigualdad siguen siendo plausibles; por qué se siguen racializando las relaciones de dominación y de exclusión, cuando sabemos que no existen razas y que lo que dicha racialización tiene siempre como objetivo es considerar inferior a quien se quiere dominar, excluir, colonizar o “civilizar”.

Para responder siquiera someramente a estas cuestiones creo preciso hacer una contextualización histórica y social de la desigualdad que por razones de espacio ha de ser muy esquemática&[3]. Entre las numerosas hipotecas que históricamente han impedido que el principio igualitario se tradujera en unas relaciones humanas y sociales justas y solidarias, me referiré, explícitamente, a tres: a la “lógica propietarista”, a “la lógica nacionalitaria” y a “la lógica patriarcalista y clerical”. Creo que su vigencia sigue siendo, todavía hoy, determinante en la generación creciente de la desigualdad.

La hipoteca de la lógica propietarista

Es obvio que para perseguir el principio de igualdad hay que luchar contra la lógica propietarista y desigualitaria de nuestra sociedad y contra la matriz cultural del individualismo posesivo que la alimenta y legitima. Hay que denunciar a las minorías que se apropian de la riqueza de todos de forma injusta e insolidaria, reproduciendo así la dialéctica criminal que, al posibilitar que unos pocos tengan tanto, condenan a la gran mayoría a la pobreza y exclusión social, cuando no a la muerte biológica.

Pero casi todos nosotros nos hemos socializado en una cultura ya secular de “individualismo propietarista”, que ha permitido a cristianos honorables enriquecerse a toda costa, sin sentirse obligados por límites legales o morales y, menos aún, sin sentirse responsables de la situación de tantas víctimas como dicho enriquecimiento ha creado. Todos somos partícipes de un “materialismo histórico reaccionario”, que se ha afirmado hegemónicamente en nuestras sociedades, sobre todo, a través de la ideología todavía vigente del “liberalismo doctrinario”, desde su creación en la primera mitad del siglo xix. Este tuvo la virtualidad de crear un imaginario social, en el que el rico estaba llamado providencialmente a desarrollar una vocación que le permitía dedicarse a cargar el camello de oro sin tenerse que preocupar por las dificultades de caminar con él por el angosto camino que lleva a la salvación. Tampoco las víctimas, dejadas de lado por mor de dicho imaginario, se iban a poder cruzar en su camino como un obstáculo y, si lo lograban, se las criminalizaba hasta expulsarlas de él. Para eso se crearon las leyes de pobres, que, en nuestros días tienen sus correspondientes traducciones jurídicas y políticas. La más importante de todas, como ya formulara Rousseau, la de un “contrato social” burgués que consagra, mediante el engaño y el cinismo, la desigualdad y la servidumbre del pobre&[4]. Si cito a Rousseau es para resaltar la duración y el peso de esta hipoteca. Y porque es patente el despliegue de medios de todo tipo que las oligarquías y plutocracias que rigen nuestro mundo utilizan para lograr sus objetivos de legitimación de un sistema capitalista cada vez más desigualitario e injusto. J. Stiglitz, en un importante texto sobre la desigualdad de nuestras sociedades&[5], describe el proceso actual de legitimación de la misma por parte de los privilegiados del sistema, como un engaño sistemático acerca del papel que juegan y deben seguir jugando el Estado y el Mercado actuales en la actual situación de crisis global. Una legión de autores y de lobbys están empeñados en seguir haciéndonos creer que los Estados deben limitarse a crear las condiciones que “los Mercados” necesitan para mostrar sus virtualidades sociogenéticas benefactoras. Para ello, hay que deslegitimar al Estado como ineficiente gestor público, exigiendo privatizaciones y desregulaciones, y a los gobiernos como responsables de la situación de crisis. Aunque esto vaya en contra de todas las evidencias, como ha sido el uso que se ha hecho del Estado para salvar al sistema financiero de sus fiascos, o para garantizar el “botín” a los victimarios exculpándoles de cualquier responsabilidad con el sometimiento y empobrecimiento de las víctimas.

Frente a esta hipoteca propietarista ha servido de poco recitar la “doctrina cristiana” sobre el destino universal de los bienes creados y sobre la voluntad divina de que seamos fraternalmente iguales. En este sentido, de poco ha servido la ya centenaria Doctrina Social de la Iglesia para desactivar la vigencia de este imaginario de individualismo posesivo, radicalmente desigualitario. Seguramente esto ha sido así, en gran medida, porque las Iglesias, preocupadas más por sus propios intereses que por la causa de los pobres, han acabado adaptando su doctrina a los intereses y objetivos de los ricos y poderosos de este mundo. Por eso acabaron sacralizando también el contrato social burgués y pasaron a afirmar que el derecho de propiedad privada era un derecho sagrado. De sus limitaciones, apenas si se hace una glosa doctrinaria sin efecto práctico alguno. Estoy persuadido de que si las Iglesias cristianas hubieran exigido, como lo hizo Jesús, la eutanasia del rentista para quienes siendo ricos quisieran seguir llamándose sus seguidores y hubiera aplicado la excomunión (o al menos hubiera negado el acceso a la comunión en el sacramento de la eucaristía) a tantos que han mostrado ostentosamente su riqueza adquirida de forma injusta y criminal, hoy, no nos sería tan difícil señalar (nos) a los victimarios y depurar sus (nuestras) responsabilidades respecto a las víctimas de la desigualdad y de la pobreza. En nuestras sociedades pesa todavía como una losa sobre el imaginario social hegemónico la convicción de que ser rico, e incluso muy rico, sin tener que justificar la forma en que se ha llegado a serlo, es perfectamente compatible con la condición de cristiano honorable.

Creo que la forma en que los cristianos debemos luchar contra la desigualdad es cuestionar esta lógica propietarista, tomándonos en serio que seguir manteniéndola nos responsabiliza de la “diáléctica criminal” a la que nos hemos referido. Como afirma el papa Francisco, hay que activar el potencial subversivo del evangelio que obligue a la iglesia a “salir” al encuentro de los pobres y excluidos, siguiendo los dos principios que deben inspirar al cristiano: el principio Encarnación (siguiendo los pasos de Jesús) y el Principio Misericordia (que refleje el verdadero rostro de Dios). Esto no se hace con proclamas doctrinarias, sino pasando a construir la verdadera “praxis” (crítico-práctica, transformadora y revolucionaria) de una iglesia evangelizadora: “primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar” (Evangelii Gaudium, n. 24). Escuchar y estremecerse ante el clamor de los pobres y comprometerse de forma radical para hacer que “ese Reino que lo toca todo” llegue a “todos los hombres y a todo hombre”, no es una cuestión opcional ni “se trata de una misión reservada a sólo a algunos”, sino que se trata simple y sencillamente de hacer lo que Dios quiere para quienes pretenden seguir llamándose cristianos. “Es un mensaje, tan claro, tan directo, tan simple y elocuente, que ninguna hermenéutica eclesial tiene derecho a relativizarlo. ¿Para qué complicar lo que es tan simple?… Jesús nos enseñó este camino de reconocimiento del otro con sus palabras y con sus gestos. ¿Para qué oscurecer lo que es tan claro? No nos preocupemos sólo por no caer en errores doctrinales, sino también por ser fieles a ese camino luminoso de vida y de sabiduría. Porque “a los defensores de ‘la ortodoxia’ se dirige a veces el reproche de pasividad, de indulgencia o de complicidad culpables respecto a situaciones de injustica intolerables y a los regímenes políticos que las mantienen.” (Evangelii Gaudium n. 194).

La hipoteca de la lógica nacionalitaria

La vocación inclusiva e igualitaria del Estado-nación, nacido en el contexto de las revoluciones liberales, y, más tarde, de las revoluciones democráticas e igualitaristas, se ha concretado a través de una nacionalidad garantizada por un estatuto de ciudadanía reconocida a todos. La salida de los privilegios propios de los particularismos premodernos: estamentales, políticos, religiosos, etc., garantizando derechos y libertades a toda la ciudadanía fue una de las razones más importantes de la construcción de dicho Estado-nación.

Pero dicha vocación no se ha cumplido nunca de forma suficiente, y no sólo en los casos de los nacionalismos etnoculturales o etnorraciales, dogmáticos y excluyentes, sino tampoco en los estados-nación más reconocidamente democráticos. La ciudadanía y la nacionalidad nacieron separadas, pero pronto se juntaron en un matrimonio espúreo (pero con intereses comunes) y están condenados a un divorcio inevitable. Si bien la ciudadanía respondía a la lógica democratizadora que dinamizaba a las revoluciones modernas, ésta estuvo lastrada, no sólo por la lógica del individualismo posesivo y propietarista, a la que nos hemos referido, sino también por la lógica nacionalitaria. La ciudadanía se convirtió así en un “instrumento de cierre y de exclusión” que permitía legitimar relaciones concretas entre individuos y grupos sociales situados de formas muy diferentes en la estructura social, en la división del trabajo, en los imperativos comunitarios de pertenencia (religiosos, étnicos, lingüísticos, de género, etc.). Así surge un “nosotros” y un “ellos” que, para ser adecuadamente entendidos, exigen, previamente, ser situados en el contexto conflictivo y polémico que los vio nacer. En el caso paradigmático de la revolución francesa, es sorprendente ver cómo el concepto revolucionario de “nacional”, el de quienes se asocian voluntariamente en la construcción de la república (universalizable a todos los revolucionarios, pero no a los nobles franceses), se fue limitando a los republicanos y franceses (en el contexto de la guerra), primero, y a los franceses con residencia fija y registrada en suelo francés, más tarde, creándose un código de la nacionalidad propio del nacionalismo etnocultural racializado. Como dice un clásico en el tema, “desde una perspectiva global, la ciudadanía es un poderoso instrumento de exclusión social, que protege a los Estados prósperos del inmigrante pobre. Cada Estado crea un modelo legal e ideológico de relación entre ciudadanos y extranjeros, que conlleva una discriminación a la hora de reconocer derechos y deberes a unos y a otros… En este sentido, todo estado es nacionalista y excluyente”&[6].

Sin entrar, ahora, a explicitar la larga y compleja historia de exclusión social que ha supuesto la condición nacionalitaria exigida para ser un ciudadano democrático y no un “extranjero” o un “ciudadano de papel”&[7], me parece indiscutible que, hoy, sigue siendo una de las graves hipotecas que pesan sobre la ciudadanía democrática y que generan desigualdades escandalosas. En el actual y difícil momento de la Unión Europea, creo que la vigencia de dicha hipoteca es de tal relevancia que, si no se ponen pronto los medios para levantarla, está en grave peligro el mismo proyecto inclusivo e igualitario que define a la misma. De hecho, la ciudadanía europea no acaba de trascender la concepción etnodemográfica de la nacionalidad que sigue siendo decisiva en los diferentes modelos de integración nacional.

Son muchos los ejemplos en los que los intereses y ambiciones nacionales acaban imposibilitando medidas en la buena dirección. Para mí, el ejemplo más claro de lo que es un proyecto europeo desigualitario y excluyente es la reacción de los gobiernos europeos ante la situación extrema en que millones de refugiados están llamando a nuestra puerta. La incomprensible reacción de carácter particularista y nacionalista de los diferentes gobiernos de los Estados-nación europeos convierte en papel mojado no sólo la proclama universalista y revolucionaria de los derechos humanos, sino la más elemental dignidad que se supone deben reflejar en su comportamiento quienes se sienten responsables de unas situaciones de guerra y de crisis socieconómica y política, que están en el origen de la extrema necesidad de los refugiados.

En medio de este panorama es difícil, en muchos casos, valorar adecuadamente la actitud de los cristianos/as ante el carácter desigualitario de la lógica nacionalitaria, porque lo es, asimismo, distinguirla de la de la mayoría de sus conciudadanos no cristianos. No me refiero solamente a la historia más reciente de Europa, en la que grupos significativos de las diversas confesiones cristianas han mantenido posturas polémicas que han alimentado la guerra y la violencia en nombre de los prejuicios identitarios. Me refiero también a la facilidad con la que cristianos considerados progresistas prestan su apoyo explícito a causas nacionalistas que poco o nada tienen que ver con la construcción de sociedades más justas e igualitarias. Lamentablemente ha sido secularmente corriente la instrumentalización del cristianismo para justificar e incluso sacralizar la construcción de las naciones y de los Estados-nación, al tener que hacer creer que han sido expresión de la Providencia que las ha escogido para cumplir con su misterioso designio divino. La sacralización de las patrias sigue siendo todavía hoy una forma de idolatría que muchos cristianos practican con un fervor propio de los fanáticos y fundamentalistas.

Algunos de los gobiernos que han regido los destinos europeos se han reclamado con frecuencia partidarios de un “humanismo cristiano”, que, a la hora de la verdad, ha resultado ser lo que Tierno Galván denunciaba como un “humanismo de las compatibilidades” y que les ha llevado a ser cómplices de políticas públicas radicalmente desigualitarias. Este humanismo ha sido un discurso abstracto que ha permitido seguir hablando del ser humano en general sin tener en cuenta su situación concreta en las relaciones sociales; así ha servido igual para pobres que para ricos, para ciudadanos que para extranjeros, para hombres que para mujeres. A la hora de la verdad, un humanismo inocuo y vacío, ajeno a los principios básicos del cristianismo antes señalados: Encarnación y Misericordia. Como dice el papa Francisco, “los grandes principios sociales pueden quedarse en meras generalidades que no interpelan a nadie… si evitan ser concretos” (E. G. n. 182). Hay que afrontar la cruda realidad desde “el realismo de la dimensión social del evangelio. Porque, así como algunos quisieran un Cristo puramente espiritual, sin carne y sin cruz, también se pretenden relaciones interpersonales sólo mediadas por aparatos sofisticados, por pantallas y sistemas que se pueden encender y apagar a voluntad. Mientras tanto el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura” (EG n. 88).

Si los cristianos queremos ser fieles a nuestra vocación de practicar la fraternidad humana, debemos impedir que la hipoteca nacionalitaria acabe vaciando de contenido los derechos humanos fundamentales que todo ser humano tiene y que son expresión de su propia dignidad. “Con el debido respeto a la autonomía y la cultura de cada nación, no debemos olvidar nunca que el planeta pertenece a toda la humanidad y es para toda la humanidad; el mero hecho de que algunas personas nacen en lugares con menos recursos o menos desarrollo no justifica el hecho de que están viviendo con menos dignidad” (EG 190). En un mundo cada vez más plurinacional, con migraciones masivas, con tantísimo desplazado, refugiado o exiliado, los conflictos originados por la diversidad y la diferencia no pueden resolverse humanamente desde la afirmación de identidades excluyentes, sino desde la conciencia de que todos, sin excepción, somos diferentes y mestizos y, por ello, somos iguales. Si el principio encarnación nos enseña que no se puede ser cristiano a distancia, el principio misericordia nos enseña la forma concreta de amar al ser humano concreto “en todas sus condiciones, en todas sus debilidades, en todas sus necesidades”, como el buen samaritano, sin miedo a mancharnos las manos ni a coger olor a oveja&[8]

La hipoteca de la lógica patriarcalista y clerical&[9]

Como afirma plásticamente F. Hinkelammert, “la Revolución Francesa no da muerte sólo al rey y a los aristócratas, sino también a los primeros representantes de los derechos humanos del ser humano mismo: Olimpe de Gouges, la mujer feminista, y Babeuf, el hombre de la igualdad obrera. Son esos derechos los que, en adelante, promoverán la emancipación humana”&[10]. Cuando, ahora, leemos la declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que Olimpe de Gouges escribía en 1791, como una réplica necesaria de los Derechos del hombre y del ciudadano, nos parece un texto lleno de coherencia democrática que solo un imaginario patriarcalista y sacralizado podía considerar contrario al orden natural y divino y, por tanto, una grave amenaza que merecía ser castigada como un crimen contra la humanidad. A pesar de que la voz de Olympe de Gouges no era la única que demostraba que en aquel contexto revolucionario “el nivel de conciencia posible” permitía pensar en una sociedad en la que hombres y mujeres fueran libres e iguales&[11] el “nivel de conciencia real” lo hacía prácticamente imposible e inviable. La lógica patriarcalista, radicalmente desigualitaria, tenía tras de sí una historia milenaria cuyo peso se hace sentir todavía en nuestros días con una fuerza y una vigencia enormes.

Si por patriarcado entendemos un sistema de dominación que ejercen los varones en cuanto género en todas las esferas de la vida, desde la familiar a la política, configurando las instituciones más importantes de la sociedad y determinando las relaciones sociales de exclusión y subordinación de las mujeres, es obvio que estamos hablando de una de las causas más importantes de la desigualdad humana, si no de la más importante. Si, además, abundan las legitimaciones ideológicas y religiosas de este sistema de dominación patriarcalista, argumentando que la desigualdad de hombres y mujeres es un hecho natural y querido por Dios, podemos comprender que la hipoteca de la lógica patriarcal y clerical plantea un reto de enorme trascendencia. Para los cristianos/as habituados a convivir en una Iglesia de estructura patriarcalista y clerical, profundamente desigualitaria, el reto es todavía mayor.

En efecto, a menudo nos sorprendemos de que en las sociedades más progresistas sigan manteniéndose situaciones de injustificable desigualdad entre hombres y mujeres en casi todos los ámbitos de la vida (salarios, control del poder, hegemonía cultural); con frecuencia nos escandalizamos de los brutales casos de “violencia de género” que se dan en el seno de las familias; cada día nos golpea la inhumana situación de la explotación sexual y de acosos en que se ven inmersas multitud de mujeres; casi siempre los cristianos seguimos contemplando el proceder de una iglesia patriarcalista y clerical que sigue manteniendo a las mujeres en una situación de subordinación incompatible con una praxis cabalmente evangélica. Pero en estas circunstancias no solemos preguntarnos por las razones profundas que originan estas situaciones de dominación y opresión de las mujeres, que siempre nos remiten al sistema patriarcalista y clerical vigente.

Solamente una praxis coherente puede luchar contra este sistema de dominación que es el patriarcalismo clerical. Se han dado muchos y muy relevantes pasos en este sentido. Los diferentes feminismos han sabido explicitar, con mayor o menor éxito, las formas de caminar hacia esta praxis. No voy a extenderme aquí en recoger sus aportaciones más relevantes. Me limito a referirme a una cuestión que considero especialmente significativa por lo que se refiere a la actitud de los cristianos/as al respecto. Es la posición que la Iglesia católica sigue manteniendo ante lo que despectivamente denomina “Ideología de género”.

Una de las aportaciones clave del feminismo, desde sus orígenes, ha sido la de ver en el género la categoría central para comprender las relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres y la de explicar la construcción social de dicha categoría. Frente a la “falacia naturalista” que ha situado siempre en lo biológico la determinación de lo femenino como inferior y subordinado a lo masculino, la teoría feminista del género demuestra que dicha inferioridad y condición femenina es fruto de una construcción humana y social que hay que deconstruir. La mujer, más allá de su condición sexual, es un sujeto humano que exige ser socializada como tal, es decir, en condiciones de libertad, igualdad y autonomía espiritual. De ahí, la necesidad de humanizar lo sexual y controlarlo desde la autonomía y responsabilidad de la mujer. La teología feminista no sólo ha asumido este reto de ver en la categoría de género “un signo de los tiempos” para, desde su adecuada comprensión, comenza a deconstruir el patriarcalismo clerical, sino que nos recuerda que, si de verdad creemos que la mujer es, como ser humano, “imagen de Dios”, se debe cuestionar y se debe deconstruir toda la categorización teológica, jurídica y cultural que de la mujer se ha hecho en la Iglesia para legitimar su condición de subordinación y dominación.

La reacción del sistema patriarcalista y clerical ante el intento feminista de humanizar y dignificar a la mujer ha sido la de atacar la “ideología de género”, desfigurándola, para así poder diabolizarla y condenarla. La ideología de género, se dice, además de querer borrar la diferencia entre hombres y mujeres y de subrayar que la relación entre ellos es fundamentalmente polémica y hostil, origina una situación de relativismo moral que conlleva la promiscuidad sexual y la ruina de la familia tradicional. Querer negar la naturaleza sexual que diferencia esencialmente a hombres y mujeres es ir contra la naturaleza y contra el plan divino. La ideología de género es una expresión del materialismo individualista y antinatural que amenaza la vida humana en todos los sentidos. Por lo que respecta a la posición de una parte importante de la Iglesia jerárquica, se ha seguido manteniendo, además, desde un jusnaturalismo premoderno y sacralizado una concepción desigualitaria de la mujer, que tanto en el orden biológico, como en el ontológico, la destina a ser subordinada e inferior al varón. Ni la renovación conciliar ni las aportaciones del pensamiento feminista han podido desactivar coherentemente las estructuras sexista y desigualitarias&[12].

Los cristianos/as, ante la lógica desigualitaria del patriarcalismo clerical, tenemos ante nosotros el reto ineludible de aplicar aquí, una vez más, el principio de Encarnación, que nos obliga a seguir el camino de Jesús de forma históricamente suficiente. Desde él es injustificable seguir “condenando a distancia”, en abstracto, dicha lógica, sin implicarnos en desmontar las causas ideológicas, sociopolíticas y religiosas que la alimentan. Para la Iglesia es ineludible el compromiso por desterrar de su ordenamiento jurídico y de su vida institucional todas las discriminaciones de género que nada tienen que ver con el Dios encarnado en Jesús.

Concluyo, recordando que comenzamos un año santo, jubilar, en el que se nos invita a practicar el principio Misericordia y así poder descubrir el verdadero rostro del Dios de Jesús que nos ama y nos quiere libres de las hipotecas que no nos dejan ser felices porque quiebran nuestra dignidad de seres humanos. Más de una vez hemos querido ganar el “jubileo” y las “indulgencias” sin renunciar a seguir siendo WASP&[13]. Pero el camino no es el del “hombre rico” que, por querer ganar la plusvalía espiritual que le faltaba sin tener que renunciar a su riqueza, según dice el evangelio, se volvió triste a su casa. El jubileo nada tiene que ver con el camino mágico del cazaindulgencias individualista e insolidario. El camino es el del buen samaritano que supo descubrir en la víctima tirada al lado del camino el “rostro de misericordia” y actuar en consecuencia con él.

[1] Velasco, D., Fascismo social. Políticas del miedo y control social, Universidad de Deusto 2014.

[2] Stiglitz y Piketty nos han mostrado, recientemente, con sólida argumentación y evidencias empíricas, que el abandono del ideal de la igualdad y el crecimiento de la desigualdad está siendo una grave amenaza para las sociedades democráticas. P. Rosanvallon, en un magnífico libro, tras lamentar el olvido real en nuestros días del ideal revolucionario de la igualdad y de las plasmaciones prácticas de éste en el siglo XX, se refiere a algunas perversiones democráticas que se dieron en el siglo xix y que se están acentuando en nuestros días, evidenciando una regresión histórica al respecto. Z. Baumann: “Pero desde hace 20 o 30 años la distancia entre los países desarrollados y la del resto del mundo está disminuyendo, y, por el contrario, en el interior de las sociedades ricas las desigualdades se están disparando. Hay informes que dicen que en Estados Unidos estas desigualdades están llegando a los niveles del siglo XIX” (¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos?, Paidós 2014).

[3] Para un tratamiento más amplio, ver Velasco, D., “La quiebra de lo humano en la difícil lucha contra la desigualdad”, Iglesia Viva, n. 244 (2010) pp. 61-82.

[4] Rousseau, J. J., “El rico acuciado por la necesidad, concibió finalmente el proyecto más meditado que jamás haya entrado en mente humana: fue emplear en su favor las fuerzas mismas de quienes lo atacaban, hacer defensores suyos de sus adversarios, inspirarles otras máximas, y darles otras instituciones que le fuesen tan favorables como contrario le era el derecho natural… Tal fue, o debió ser, el origen de la sociedad y de las leyes, que dieron nuevos obstáculos al débil y nuevas fuerzas al rico, destruyeron sin remisión la libertad natural, fijaron para siempre la ley de la propiedad y de la desigualdad, hicieron de una hábil usurpación un derecho irrevocable, y sometieron desde entonces, para el provecho de algunos ambiciosos, a todo el género humano al trabajo, a la servidumbre y a la miseria. Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Alianza Editorial 1986, pp. 265-266. Este sofisma del rico logra convencer al pobre de que, si se rebela y lucha por romper las cadenas que le impiden ser libre e igual, se convierte en culpable de romper un contrato sagrado y de provocar una situación fatal para todos.

[5] Stiglitz, J., El Precio de la Desigualdad, Taurus 2012; ver, asimismo, el libro de Wilkinson, R., y Pickett, K., Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva, Turner 2009, en el que se argumenta acerca de los muchos inconvenientes que tiene la desigualdad, como un elemento de corrosión social.

[6] Brubaker, R., Citizenship and Nationhood in France and Germany, Harvard University Press 1992, Preface, X.

[7] Velasco, D., “Raíces histórico-ideológicas del extranjero”, en AAVV, El extranjero en la cultura europea de nuestros días, Universidad de Deusto 1997, pp. 345-384.

[8] El papa Francisco cita la Alocución de Pablo VI en la última sesión pública del Concilio (Misericordiae Vultus, n. 4).

[9] Uso el concepto de “clericalismo” como una sacralización y absolutización del poder que en sociedades laicas (democráticas) legitima su naturaleza y ejercicio antidemocráticos.. Es obvio que el clericalismo no es exclusivo del ámbito religioso.

[10] Hinkelammert, F., “Globalización como ideología encubridora. Desfigura y justifica los males de la realidad actual”, Cocilium 293 (2001) 36).

Correlación entre la igualdad política y la economía

Juan Francisco Martín Seco

La igualdad como derecho adquirió mayoría de edad en la Ilustración, época que representa el tránsito de una sociedad, la del antiguo régimen, estructurada a la sombra de privilegios, a una sociedad enmarcada en el principio de igualdad ante la ley. Todos los ciudadanos, incluyendo los mismos gobernantes, están sometidos por igual a la ley (Estado de derecho, Montesquieu) y todos los ciudadanos tienen por igual la posibilidad de participar en el gobierno de la sociedad (Estado democrático, Rousseau).

No obstante, la Revolución Industrial, las nuevas tecnologías, la división del trabajo, crearon un nuevo orden de producción en el que resultaba imposible llevarla a cabo de manera individual. El trabajo solo se podía prestar en los nuevos centros laborales. La concentración de los medios de producción en pocas manos arrojaba a la indefensión más absoluta a la mayoría de los ciudadanos. Los ideales de la Revolución Francesa –libertad, igualdad y fraternidad– fueron traicionados por el movimiento liberal a medida que fue evolucionando. Es más, el liberalismo económico desvirtuó, hasta anularlos, los principios del liberalismo político. Las inmensas desigualdades económicas transformaban en conceptos vacíos para la mayoría de la población los derechos civiles y políticos. La situación había evolucionado hacia un nuevo despotismo, donde el único cambio era la titularidad del grupo dominante.

Marx supo ver con realismo que la concentración del poder económico implicaba también una concentración, en las mismas manos, del poder político, por lo que las enormes desigualdades económicas se traducían no ya en un debilitamiento, sino en una anulación de la democracia, instaurándose una especie de tiranía del dinero, tan grave como la de la monarquía absoluta.

No es extraño, por tanto, que desde distintos ámbitos se reclamase trascender el Estado liberal burgués con una nueva concepción, el Estado social, que parte de la consideración de que los aspectos económicos condicionan el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Se estima que quizás la mayor esclavitud surge de los lazos económicos, lo que ya contempló Rousseau al propugnar que “ningún ciudadano sea suficientemente opulento como para comprar a otro, ni ninguno tan pobre como para ser obligado a venderse”. Si el Estado quiere ser verdaderamente un Estado de Derecho y democrático, no tiene más remedio que ser también social, renegar del laissez faire e intervenir en el ámbito económico. Primero, para garantizar los derechos sociales y económicos, sin los cuales los derechos políticos y civiles serían para la gran mayoría de los ciudadanos letra muerta. Segundo, para establecer un contrapeso al poder económico, de manera que este no pueda manipular a su antojo el juego democrático, y garantizar así, aunque sea mínimamente, la objetividad del propio Estado.

Nadie ignora la evolución sufrida en los dos últimos siglos por los sistemas políticos y económicos, la historia del movimiento obrero y social, las luchas, la sangre, los sacrificios, que fueron necesarios para modificar aquel capitalismo salvaje. Y todos conocemos cómo los mismos partidos liberales y conservadores fueron asumiendo los presupuestos del Estado social, y el modo en que estos principios fueron informando poco a poco todas las constituciones y el ordenamiento político de los distintos Estados.

Sin embargo, desde hace ya bastantes años (mediados de los setenta) se viene produciendo en el mundo un retroceso en este desarrollo democratizador. El capital ha dado jaque mate a los Estados nacionales, único ámbito en el que, mejor o peor, se habían establecido mecanismos medianamente democráticos, y en el que el poder político había impuesto límites y reglas a las desmedidas ambiciones del poder económico. Al renunciar los Estados a esos mecanismos de control, renuncian al mismo tiempo a su soberanía y a las cotas de democracia alcanzadas por pequeñas que sean. La desregulación de la economía y la eliminación de todo tipo de reglas, de manera que el capital funcione internacionalmente con total libertad, trasladan el verdadero poder más allá de las fronteras nacionales, a esferas carentes de cualquier responsabilidad política y democrática.

La globalización de la economía no es un fenómeno inscrito en la naturaleza de las cosas ni un orden que se haya formado por fuerzas imposibles de controlar; es más bien el resultado de una ideología, la neoliberal, que se ha impuesto a lo largo de estos cuarenta años y que ha arrastrado a los gobiernos a abdicar de sus competencias. Han renunciado a practicar cualquier mecanismo de control de cambios, permitiendo que el capital se mueva libremente y sin ninguna cortapisa; han desistido en apariencia de toda política proteccionista y como consecuencia de ello han relajado los procedimientos de control en todos los mercados.

La implantación progresiva de la libre circulación de capitales y del libre cambio ha generado efectos nocivos en las condiciones de vida de los trabajadores y las clases populares. Se está incrementando sustancialmente la desigualdad. La ideología liberal, unida al chantaje empresarial de la deslocalización, va minando todos los elementos de protección que en los países occidentales habían conseguido los trabajadores. Con el pretexto de ganar competitividad frente a las industrias y productos extranjeros, se imponen reformas laborales para, según dicen, flexibilizar el mercado de trabajo.

Con la expresión “flexibilidad del mercado laboral” no se pretende designar otra cosa más que su desregulación; esto es, eliminar en lo posible la normativa legal que a lo largo de la historia se ha ido acumulando a efectos de proteger a una de las partes intervinientes, aquella que se consideraba más débil, la mano de obra. La doctrina jurídico-política venia aceptando que el mercado de trabajo no puede regirse por los mismos parámetros que cualquier otro mercado, puesto que el objeto de contratación no es una mercancía más, sino el propio trabajador. Por otro lado, se supone que las partes no se encuentran en idéntica situación. El trabajador parte de una posición de inferioridad, ya que la única alternativa posible a la de vender su fuerza de trabajo es, como tantas veces se ha dicho, la de morirse de hambre. De ahí la necesidad de que la sociedad organizada –el Estado– tutele las condiciones laborales y dictamine unos mínimos que prevalezcan incluso sobre la voluntad de las partes, en la creencia de que la decisión de una de ellas no se manifiesta libremente sino forzada por las circunstancias. Pues bien, bajo la excusa de la competitividad, palabra maldita, se intenta eliminar este armazón.

El fenómeno de la deslocalización juega incluso virtualmente porque, aunque no sea tan fácil para las empresas cambiar de ubicación y tengan que tener antes en cuenta muchas variables, la sola posibilidad está actuando sobre los gobiernos, los legisladores, y los trabajadores y sirve de coartada a neoliberales, organizaciones empresariales y demás fuerzas económicas para sus reivindicaciones.

Pero el aumento de la desigualdad en la riqueza y en la renta durante estos últimos cuarenta años tiene también otro origen: los sistemas fiscales se han ido haciendo cada vez más regresivos. El pensamiento económico dominante con la disculpa de la libre circulación de capitales y de la deslocalización ha ido imponiendo desde los tiempos de Reagan y Thatcher rebajas fiscales. Se ha llegado a afirmar que bajar los impuestos es de izquierdas. Pero la reducción de las cargas fiscales nunca es gratuita. Acarrea una contrapartida, la disminución del gasto público y frecuentemente de los gastos sociales, generándose un deterioro de los servicios públicos que, como es lógico, sufren en mucha mayor medida las clases bajas que son sus principales usuarios. Es frecuente que bajo la bandera de la competitividad se reclame la reducción de las cotizaciones sociales para a continuación afirmar que es necesario reformar el sistema público de pensiones para hacerlo viable.

La disminución de tributos que se demanda afecta siempre a los impuestos directos. Se tiende a disminuir su progresividad. Se reduce la tarifa del impuesto sobre la renta. Se elimina el impuesto de patrimonio o el de sucesiones. Se rebaja el impuesto de sociedades. Se crean sistemas de elusión fiscal para las grandes fortunas y se plantea una tributación diferenciada para las rentas de capital en la que haya desaparecido la progresividad y el tipo sea inferior al que grava las otras fuentes de ingresos. El pretexto siempre es el mismo: “el capital viaja a la velocidad de la luz”, indicando que si no se le concede todo tipo de ventajas emigrará a otras latitudes más confortables.

En este tema, al igual que en los salarios y en las condiciones laborales, puede producirse una carrera sin fin. Practicar el dumping fiscal conduce tan solo a que los otros países contesten con medidas similares o incluso de mayor alcance. El proceso no tendrá término hasta que los sistemas tributarios de todos los países queden reducidos a impuestos indirectos y un gravamen sobre las nóminas.

Desde que Reagan y Thatcher sometieron a una profunda reforma los sistemas fiscales de EE.UU. y Gran Bretaña, los demás países con mayor o menor intensidad han ido adoptando medidas en la misma dirección, aquella que conduce a sistemas fiscales regresivos y a incrementar la desigualdad en la distribución de la renta disponible.

Los datos confirman los razonamientos anteriores. En “Economie européenne. Annexe statistique. Printemps 2015”, de la Comisión Europea, se puede ver cómo a partir de mediados de los setenta en casi todos los países la distribución de la renta va evolucionando a favor del capital y en contra del trabajo. Prescindiendo de los ciclos, los costes laborales unitarios en términos reales (CLRU) son constantes o levemente crecientes hasta mediados de los setenta, y empiezan a descender a partir de esa fecha. Los CLRU son tan solo un cociente, cociente entre los salarios reales (SR) y la productividad del trabajo (PT). En tanto que los primeros crecen en igual o mayor cuantía que la segunda, los CLRU permanecen constantes o se incrementan, y la distribución de la renta nacional se mantiene también constante o se modifica a favor del trabajador. En el caso contrario, cuando los SR crecen menos que la PT, los CLRU disminuyen y el reparto de la renta se modifica a favor del capital y del beneficio empresarial.

Será quizás en el proyecto de Unión Europea donde aparece de forma más clara el intento de insurrección del capital de los lazos democráticos. Todos los mecanismos que se han descrito convergen en la llamada Unión Europea, puesto que los mercados, tanto los de mercancías como de capital, son supranacionales mientras los aspectos políticos quedan confinados en los Estados nacionales. A lo largo de todos estos años los distintos tratados han ido configurando un espacio mercantil y financiero único, sin que apenas hayan existido avances en la unidad social, laboral, fiscal y política. Nadie se plantea en serio la unión política ni colocar como objetivo factible la creación de los Estados Unidos de Europa. Si alguna vez se mencionan es tan solo para animar a los ciudadanos, pero conscientes de que constituyen una total utopía.

El Tratado de Maastricht, con todo su desarrollo posterior y la constitución de la Unión Monetaria, ha confirmado el edificio liberal de la Unión Europea y está contribuyendo de manera decisiva al desmantelamiento del Estado social. Buen ejemplo de ello lo conforman los estatutos del Banco Central Europeo, al que se le asigna, a diferencia de otros bancos centrales, como el de la Reserva Federal de EE.UU. una única finalidad, la estabilidad de precios, desentendiéndose del crecimiento y el empleo.

Son muchos los informes que se publican últimamente acerca de la distribución de la renta y de la riqueza, pero en todos ellos, de una o de otra manera, la conclusión es la misma: la desigualdad. Tanto en el ámbito mundial como en el europeo y en el nacional presentan cifras escalofriantes y un tanto obscenas, y evidencian cómo estas diferencias se han incrementado con la globalización y en estos últimos años con la crisis. Hace algunos días, Credit Suisse hizo público su informe sobre la riqueza mundial correspondiente a 2015, del que se desprende que el 1% más rico de la población cuenta con el 50% de la riqueza mundial, es decir, igual porcentaje que el 99% restante; y que el 71% más pobre –3.386 millones de personas– posee solo el 3% de la riqueza del planeta.

Recientemente también la ONG Oxfam Intermón, en un estudio titulado “Europa para la mayoría y no para las élites”, utilizando datos de Eurostat, concluye que la pobreza en Europa ha llegado a límites alarmantes. En la Unión Europea viven 123 millones de personas con riesgo de exclusión social, número que ha aumentado en ocho millones desde que comenzó la crisis, al tiempo que 342 personas disfrutan de un patrimonio superior a 1.000 millones de dólares.

El informe señala cómo el problema de la pobreza y de la desigualdad en Europa no es de escasez sino de reparto, y está causado en buena medida por unas decisiones políticas injustas y nocivas, a las que no son ajenas las élites y las fuerzas económicas y la enorme influencia que estas ejercen sobre los órganos políticos. Esta injerencia no solo tiene efectos sobre la desigualdad, sino también sobre la calidad democrática de las sociedades, pudiéndose hablar incluso de secuestro de la democracia. En este sentido, el informe facilita un dato muy significativo. En 2014, el 82% de los participantes en los grupos de expertos en materia fiscal de la Comisión Europea representaban intereses privados o comerciales. Esto explica por qué en los últimos treinta años los sistemas fiscales de todos los países han evolucionado hacia estructuras más regresivas, primando los impuestos indirectos sobre los directos y reduciendo drásticamente la progresividad de estos últimos, amén de permitir canales de evasión y paraísos fiscales que multiplican el fraude. Cualquier proyecto de armonización en Europa de los impuestos directos ha fracasado al encontrar enfrente a los grandes poderes económicos, muy satisfechos de que los distintos países pugnen entre sí para ver quién reduce más la carga fiscal del capital y de las empresas.

El 16 de octubre, y con motivo del día internacional de la erradicación de la pobreza, Eurostat publicaba un breve informe acerca de la población en riesgo de pobreza y exclusión social en Europa. En esta Unión Europea que presume de desarrollo y de ser ejemplo de economía del bienestar, una de cada cuatro personas vive en riesgo de pobreza, situación que ha empeorado desde 2008, año del comienzo de la crisis, pasando del 23,8% al 24,4% en 2014. Pero, además, detrás de estas cifras se esconde una gran disparidad por países.

En realidad, esta variable no constituye un índice de la pobreza absoluta, sino una medida de la desigualdad económica que sufre cada país, ya que se considera en riesgo de pobreza o exclusión social aquella parte de la población que posee unos ingresos (descontando impuestos directos y añadiendo prestaciones sociales) inferiores al 60% de la media nacional. Concretamente para España, Eurostat fija el límite para 2014 en 16.719 euros para una familia de dos adultos y dos niños, y en 7.961 para un hogar formado por un solo individuo.

De las cifras de Eurostat se desprende que curiosamente en este periodo es en los países que permanecen fuera de la Unión Monetaria donde menos ha aumentado la proporción de personas en el umbral de la pobreza; es más, entre los pocos Estados (seis) donde este porcentaje se ha reducido, los tres en los que lo ha hecho en mayor medida no están en el euro: Polonia, que ha pasado del 30,5 al 24,7%; Bulgaria, del 44,8 al 40,1%, y Rumania, del 44,25 al 40,2%. Esta evolución contrasta con la que presentan los países del Sur de Europa y que han sido sometidos al rescate, o más bien diríamos a la intervención, que es en los que más se ha incrementado el porcentaje de pobreza en el periodo 2008-2014. A la cabeza se sitúa Grecia, que pasa del 28,1 al 36%, seguida de Irlanda (del 23,7 al 29,5%), España (del 24,5 al 29,2%), Chipre (del 23,3 al 27,4%) y Portugal (del 26,0 al 27,5%).

Los datos anteriores confirman algunas cosas que ya sabíamos. Primero, que no entrar en la Unión Monetaria ha resultado beneficioso para algunos países –al menos para sus clases bajas–, y que otros, como España, han hecho un mal negocio adoptando la moneda única. Segundo, que las políticas de austeridad y la llamada depreciación interna, que desde Berlín y Frankfurt se han impuesto a algunas economías, castigan de forma muy desigual a los ciudadanos, por contraposición a la depreciación monetaria que, si bien empobrece a los nacionales frente al resto del mundo, no modifica la distribución de la renta y la riqueza interior.

Este es uno de los grandes problemas que genera una unión monetaria sin integración fiscal: que incrementa las desigualdades, tanto entre los Estados como entre los ciudadanos de cada uno de los países, y este es el futuro que nos espera en adelante mientras permanezca el euro. El anuncio de cualquier reactivación económica suena a falso para los millones de españoles que han visto empeorar gravemente su situación económica y que no vislumbran la posibilidad de un retorno a la situación de partida, sino que más bien intuyen que la amenaza de nuevos ajustes y recortes subsiste dentro de la moneda única.

Ignacio Sánchez-Cuenca

Juanjo Sánchez y Evaristo Villar

Ignacio Sánchez-Cuenca, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III y director del Instituto Juan Marchde Ciencias Sociales de la misma Universidad, es uno de nuestros más destacados sociólogos, con una mirada penetrante y crítica sobre la realidad económica, política, social y cultural de nuestro país. Fruto de esa mirada y sus análisis son sus numerosos libros, entre los que destacamos Más democracia y menos liberalismo (Katz, 2010) y La impotencia democrática (Catarata, 2014). Pero de esa mirada crítica deriva también que sea uno de los sociólogos y politólogos que no han pasado de lado ante la desigualdad, sino que la han convertido en uno de los núcleos de su pensamiento y su quehacer. Ello nos llevó a la conversación que sigue a continuación.

Como señalas lúcidamente en uno de tus ricos artículos, la desigualdad no ha sido tomada en serio hasta prácticamente el pasado año –ni siquiera por parte de los ecoomistas, salvo raras y valientes excepciones (Stiglitz, Atkinson, Piketty…). ¿Cómo ha si- do posible semejante paradoja y qué signifi- ca ese silencio?

Los economistas tradicionalmente no le han dado apenas importancia porque lo que a ellos les preocupa es la eficiencia. Y la desigualdad, solo si tiene consecuencias sobre la eficiencia, entonces es motivo de preocupación. En la relación inversa entre crecimiento e igualdad ellos siempre han apostado por el crecimiento. Y los economistas han tenido una influencia desmedida en el pensamiento social en las últimas décadas. Tampoco ha tenido eco en la sociedad o entre los mismos partidos políticos. En España, la desigualdad ha tenido un nivel medio alto, es cierto, hasta la crisis. Pero no era un fenómeno que provocara especiales temores en la sociedad. A partir de la crisis, el fenómeno de la desigualdad comienza a crecer de forma muy acusada y entonces es cuando llega, políticamente hablando, el debate.

Pero los economistas, que van siempre a remolque en estas cosas, solo después del éxito de Piketty en Francia, EE.UU. o Inglaterra, es cuando empiezan a hablar de desigualdad.

En uno de tus gráficos sobre el crecimiento de la desigualdad, llama poderosamente la atención que ese crecimiento fuera exponencial justamente en los años duros de la crisis: del 2008 al 2012. ¿Ha sido entonces una crisis o más bien una estafa, como se ha denunciado desde el 15 M…?

Yo no creo que haya sido intencionada. Entre otras razones porque el patrón de la desigualdad en España es un poco distinto al de otros países avanzados. Lo que ha ocurrido en otros países, sobre todo los anglosajones, es que el 0,1% de la población más rica se ha hecho muchísimo más rica. En España a los supermillonarios no les ha ido mal en la crisis, pero tampoco se observa en su fortuna un crecimiento exponencial. El patrón de la desigualdad entre nosotros tiene más que ver con que los que estaban abajo se han hundido.

Y esto ha ocurrido porque el ajuste de la crisis se ha concentrado sobre todo en los que menos tienen. Y, en consecuencia, la degradación salarial ha afectado, sobre todo, a los que menos ganan. Lo que resulta paradójico porque ya ganaban muy poco y ahora reciben sueldos de miseria. El mileurista, antes de la crisis, era una víctima del sistema, hoy es un afortunado.

A mi modo de ver, esto es lo que genera desigualdad, porque la distancia entre los que menos ganan y los que tienen un sueldo alto ha aumentado considerablemente. Normalmente esta distancia se mide entre lo que gana el 20% de los más ricos y el 20% de los más pobres. Antes de la crisis era como cuatro veces más y hoy casi se ha duplicado, está en más de siete veces.

Para ser justos, tal vez habría que reconocer que no toda desigualdad es igual. Hay desigualdad creativa y hay desigualdad vampiresa. ¿Dónde situar la desigualdad que crea el grupo Zara y la que se genera con Rodrigo Rato o Berlusconi, por ejemplo? ¿Por qué razones es buena o mala la desigualdad?

Es una pregunta complicadísima. No se responde en dos palabras.

Los teóricos distinguen entre la desigualdad producida por los mecanismos del mercado y la que es consecuencia del diferente punto de partida en las oportunidades de las personas. Mientras consideran razonable la que produce el mercado y que no se puede eliminar –y el propio Rawls en su Teoría de la justicia argumentó que con cierto nivel de desigualdad se produce mayor eficiencia– la otra es arbitraria. Tiene que ver con el hecho de que, al comienzo de todo el proceso social, hay personas que parten con una gran desventaja. Es una desigualdad generada por la diferencia de oportunidades.

Sería absurdo, en el tipo de economía de mercado que tenemos, aspirar a una igualdad total, porque el mismo mercado genera desigualdad. Lo malo está en la desigualdad que se produce como consecuencia de la injusticia de partida. La diferencia entre el fundador de Zara y Rodrigo Rato es de otro orden. El fundador de Zara, a través de las reglas del mercado, hace una fortuna con un éxito internacional indudable. Mientras que Rato ha conseguido su fortuna por medios ilícitos y por una situación de privilegio gracias a su poder político. Ese tipo de desigualdad es totalmente arbitrario desde el punto de vista moral y es lo que más irrita a la gente.

Se podría decir entonces que la desigualdad buena es la que se manifiesta en la diversidad…

Sí, pero entonces ya no estaríamos hablando de desigualdad económica. Y la diversidad no tiene por qué ser negativa.

Pongamos algunos ejemplos: cuando el mismo trabajo se acompaña con salario distinto entre hombres y mujeres o cuando la misma profesión se remunera de forma distinta en las Comunidades Autónomas, ¿de qué estamos hablando?

A esos tipos de desigualdad los estudiosos llaman “desigualdad horizontal”. Es decir, diferencia entre personas que, en las mismas condiciones de trabajo, reciben ingresos distintos. Y, evidentemente, una parte de esas desigualdades horizontales son injustas, como la diferencia salarial que se establece entre hombres y mujeres. Pero hay otras desigualdades horizontales que no son dañinas. El hecho de que haya cierta competición entre Comunidades Autónomas y condiciones más favorables para algunas cosas entre ellas a mi no me parece mal. Un cierto grado de competición entre la Comunidades Autónomas por atraer a los mejores docentes o por recompensar a los mejores sanitarios no me parece mal, siempre y cuando haya unos mínimos comunes. Esto genera competencia hacia arriba, no hacia abajo.

Si el mercado, como has dicho, genera por sí mismo desigualdad, entonces una de las raíces de la desigualdad radica en la economía capitalista y está en el mercado. Ahora bien, cuando los políticos conservadores repiten machaconamente que hay que mantener la estabilidad de los mercados, ¿de qué están hablando?

Necesitamos distinguir aquí entre mercado y capitalismo. Mercado es un sistema competitivo en el que hay unos compradores y unos vendedores, lo que hace que quienes ofrecen mejores productos cobren ventaja ante quienes los tienes peores. El capitalismo, en cambio, consiste en que la propiedad de los medios de producción es privada. Puede haber capitalismo con mercado, pero puede haber también mercado sin capitalismo. De hecho, ha habido una larga tradición de socialismo de mercado.

La clave de la desigualdad mala o arbitraria se debe al tipo de capitalismo en el que estamos metidos, no tanto al mercado. Este capitalismo favorece, de forma exagerada, a los poderes financiaros que tienen una influencia desmedida sobre el mundo económico, social y político. Eso hace que se genere una desigualdad de partida que constriñe luego la capacidad de acción política de los gobiernos.

Desde los años ochenta los poderes financieros se han impuesto de tal modo en el mundo desarrollado que han roto el equilibrio entre capital y trabajo que se había logrado después de la Segunda Guerra Mundial. Este fenómeno se inició en los países anglosajones, EE.UU., Gran Bretaña y Australia y luego se ha generalizado a todo el mundo desarrollado. Y este es el origen de la crisis que nos afecta y la raíz más determinante de la desigualdad actual

Si una parte muy sustancial de la producción de la desigualdad actual hay que atribuírsela al tipo de capitalismo que tenemos, ¿qué parte de responsabilidad cabe asignarle a la otra fuente o al diferente punto de partida de las personas, de los pueblos, de las ideologías…?

Las dos raíces están profundamente relacionadas. La hegemonía de los poderes financieros sobre el resto de la sociedad ha agudizado las desigualdades de partida, que son las que luego producen la desigualdad social. Y esta, como se puede comprobar, es cada día más grande: hay ahora en España un tercio de personas que se quedan descolgadas del resto de beneficios que tiene el conjunto de la sociedad. Estamos en el 27 y pico por ciento de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que indica que un tercio de la población sabe, de antemano, que no va a tener posibilidad de encontrar trabajo estable, acceso a estudios superiores, etc.

Y lo peor es que el resto de la sociedad no parece estar muy preocupada o solidarizada con ese tercio que queda descolgado. Es necesario corregir cuanto antes esta desigualdad de partida. Pero yo no veo posibilidades políticas en el corto plazo.

Pero ahora que la desigualdad ha saltado ya al centro del debate público, la gran cuestión es cómo luchar contra la desigualdad, cómo superar este escándalo… ¿Qué sendas marcarías…?

Esto es muy difícil de saber porque el desafío es enorme. Creo que es el gran tema o desafío de nuestro tiempo.

Si volvemos al diagnóstico inicial (que los altos desniveles de desigualdad social son consecuencia del poder desmedido que tienen los grupos financieros en las sociedades actuales), lo que hay que pensar es cómo corregir eso. ¿Qué se pue- de hacer para que el tablero esté más igualado en el futuro?

Y hay diversas medidas que son muy ambiciosas. Una de ellas es la Renta Básica Universal para todo ciudadano y por el hecho mismo de serlo. En el momento en que haya un ingreso garantizado a todos los ciudadanos que les asegure una vida digna, eso permitirá que las desigualdades no sean tan enormes. ¿En qué sentido? En que la gente no estará tan pendiente del ciclo económico y no será tan vulnerable a los vaivenes de una economía muy financializada y muy globalizada. Esta vía se va abriendo paso, poco a poco, en algunos países como Finlandia.

Hay más medidas que se pueden tomar políticamente, por ejemplo, reforzar la fiscalidad, o imponer una tasa financiera a las operaciones económicas, o reforzar el papel del mismo Estado que se ha vaciado con la privatización de casi todos sus activos. Antiguamente los Estados respaldaban su deuda con todos los activos de un sector público muy amplio. La privatización los ha adelgazado en términos financieros y los ha hecho más dependientes de los inversores extranjeros. Con una banca pública, por ejemplo, podrían superar esa dependencia del exterior.

¿Y la Renta Mínima de Inserción…?

En el País Vasco funciona bastante bien y no tiene tanta estigmatización como en otras Comunidades Autónomas. Pero la Renta Básica creo que es más inteligente porque es universal y no discrimina a nadie. Por el hecho mismo de nacer y ser parte de una sociedad determinada, toda la ciudadanía tiene derecho a disfrutar de una parte de la riqueza de esa sociedad, al margen del cual sea su origen familiar o de cuáles sean sus ingresos. Parecería, de golpe, aberrante que los dueños de Zara disfrutaran de la Renta Básica Universal igual que uno de sus trabajadores más humildes. Pero esto es una cosa menor, porque no hay tantos multimillonarios en las sociedades. Y, sobre todo, porque el fundamento de to- do eso es que son ciudadanos.

Hay otra propuesta alternativa a la Renta Básica, de la que nunca se habla en España, y que a mí me parece interesante. Se trata de anticipar, al llegar a los 18 años, una cantidad que la sociedad estima necesaria para poder organizar una vi-da digna. (En EE.UU. se estima en 100 mil dólares). Con esa cantidad, la persona puede iniciar un proyecto brillante y también puede despilfarrarla como “el hijo pródigo”. Pero, de entrada, sabe que la sociedad cuenta con su responsabilidad y le da igualdad de oportunidades.

Y esa iniciativa de que el Estado financie en última instancia el mercado laboral, ¿cómo la ves?

Es una propuesta que Alberto Garzón ha llevado al programa de IU en las elecciones; los otros partidos no lo han hecho. Su filosofía, en sustancia, es esta: Así como el Estado se responsabiliza, en última instancia, de que ninguna entidad financiera pueda quebrar (y para eso tiene su banco central que financia, en última instancia, a los bancos en caso de que les vaya mal), así también el Estado puede hacer de financiador, en última instancia, del mercado laboral? Porque estos altos niveles de paro son una tragedia. ¿Por qué el Estado no va a poder responsabilizarse, en última instancia, de todos aquellos que se quedan fuera del mercado de trabajo cuando lo está haciendo con los bancos?

Eso se ha ensayado ya en algunos países como Argentina y EE.UU, aunque la experiencia no es suficientemente clara todavía. Tampoco se ha llevado hasta las últimas consecuencias en ninguna parte. En España, con cuatro millones y medo o cinco millones de parados, pienso que será muy difícil llevarlo a la práctica, pero tampoco hay por qué descartarlo.

Ante estas propuestas atrevidas, pero lúcidas, nos preguntamos, ¿no hay voluntad política o no hay dinero para ponerlas en práctica?

No soy un experto en Renta Básica, pero los que lo han estudiado suficientemente dicen que una implantación gradual es asumible. Porque, entre otras cosas, gran parte de los subsidios que se dan a través del estado de bienestar ya no hace falta repetirlos. Por ejemplo, en el subsidio de desempleo nos gastamos treinta mil millones de euros al año, que ya no sería necesario repetir.

¿Por qué no se hace? Hay dos respuestas independientes una de la otra. Una tiene que ver con el poco poder que tienen los gobiernos nacionales. Si a España se le ocurriera hacer eso ahora, siendo un país tan endeudado, automáticamente las instituciones europeas le iban a sacar la tarjeta roja. España se ha metido, como otros países, en esa trampa de la Unión Monetaria y ahora nuestro margen de maniobra es muy reducido. El Banco Central Europeo no va a permitir que esto suceda. Lo puede hacer Finlandia que dispone de recursos propios para llevarlo a cabo. La otra razón es porque mucha gente no quiere este tipo de transformaciones porque suponen un sacrifico personal. Es decir, en España hay un tercio de la población que está en una situación insostenible, pero también hay diez millones de accionistas y el 85 % de los hogares tiene un piso en propiedad. Y la gente es conservadora y no quiere poner en peligro ese tipo de conquistas.

Y al fin y al cabo, pensado con un poco de cinismo, el aumento de la desigualdad y la pobreza tampoco ha producido grandes desórdenes sociales. La gente no está asustada porque haya más desigualdad. Tampoco ha aumentado la inseguridad ciudadana, ni el crimen en las calles. Las revueltas han sido muy comedidas. En definitiva, no hay una percepción social de que estos niveles de desigualdad produzcan tensiones sociales irresolubles. Y, mientras eso no pase, aquellos más beneficiados por el sistema no van a querer cambiarlo fácilmente. Por supuesto que la gente no es totalmente fría y hay niveles de solidaridad y de preocupación por los demás. Pero no creo que sean tan intensos como para permitir en estos momentos una transformación profunda como la que estamos necesitando.

¿Sería posible hoy día una opción de izquierdas capaz de abordar alguna de estas iniciativas?

Yo creo que no. Siento ser pesimista, pero este tipo de avances siempre se han dado en países que están en condiciones mejores, que están siempre a la vanguardia en derechos civiles y sociales. Algo así puede suceder en Finlandia o en Suecia antes que en un país como España. Aunque hay que reconocer que en la legislatura de 2004 a 2008 España estuvo en la vanguardia en derechos civiles. Pero para una transformación económica tan profunda como esta que comentamos no veo que España esté madura ni que tenga recursos para hacerlo. No obstante, es fundamental que estas ideas vayan ganando posición en la sociedad.

Podemos soñar, cómo no, con un Gobierno de alianza de izquierdas. No sería el único que se da en Europa. Si esto ocurriera, todos los países del Sur de Europa —lo que nadie está señalando— tendrían un Gobierno de izquierdas (Syriza en Grecia, la socialdemocracia de Renzi en Italia, la alianza de izquierdas en Portugal, en Francia el socialismo aguado de Hollande). Por primera vez se podría formar en Europa un contrapeso a Alemania y a las instituciones de la UE. Y se podría llegar a reformas más profundas.

Una última pregunta. Nuestra revista ÉXODO defiende –desde la inspiración de los profetas bíblicos y del mensaje de Jesús de Nazaret– una línea de justicia social y solidaridad con los últimos. ¿Estamos acaso fuera de lo factible, de lo humanamente razonable? ¿O ves algo de razón en esta utopía?

Veo fundamental que se siga manteniendo la defensa de la justicia. Me resulta de lo más chocante que incluso en estos tiempos que han surgido nuevos grupos de izquierda en España y en Europa y que con la crisis ha habido tanto su- frimiento se hable tan poco de justicia. Es que la justicia ha sido siempre el motor de la política para corregir los desequilibrios que se producen en el mundo y producir mejoras en la sociedad. En este sentido, es fundamental que siga habiendo lugares, medios, personas que insistan en la justicia como motor principal de transformación política.

Y es muy llamativo lo minoritario que resulta la defensa de la justicia y de los pobres en un mundo como el nuestro. Yo tengo mucha admiración por esas secciones de la sociedad civil que, cuando el Estado ha dejado tiradas en la cuneta a las personas, han salido con la palabra y con las prácticas a la calle para contener el desastre. Y estas han sido, generalmente, militantes de izquierda.

Lo que me llama mucho la atención es que la derecha en España sea tan poco compasiva. La primera vez que Pedro Sánchez fue a hablar de pobreza infantil en el Congreso, la bancada popular comenzó a gritar: “¡Probrecitos los niños, cómo sufren!”. Con este tipo de ironías pretenden negar la realidad. Y este gesto, cruel y de mal gusto, lo han repetido en otras ocasiones. La intención política está clara: negar que en España haya pobreza.

Quizás por eso, entre otras razones –añadimos nosotros– la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales acaba de otorgarle al presidente Rajoy el premio “Corazón de Piedra 2015”, en el que ya le habían precedido Ana Mato y Mª de Cospedal.

La desigualdad en España: análisis, retos y propuestas

Sebastián Mora Rosado

I

De la invisibilidad a la precariedad

En 2007, antes del inicio de la última gran recesión, casi el 20% de los españoles se encontraban por debajo del umbral de la pobreza, aunque nuestro imaginario colectivo estaba sobrado de síntomas que situaban a nuestro país en la senda del crecimiento económico. Aquella era una época de bonanza, donde el dinero se prestaba a un precio inferior a lo acostumbrado, abundada la liquidez para el aumento creciente del consumo, no había atisbos de inestabilidad monetaria en el marco de un euro aparentemente poco vulnerable y eran muchas las posibilidades de movilidad social, aun con limitaciones estructurales… Se presumía, incluso, de haber superado a Italia en términos de P.I.B. o de registrar unas cifras de empleo desconocidas en nuestro período democrático, donde el acceso al crédito para el consumo, tanto de particulares como para empresas, no parecía complicado. Era, en suma, un escenario donde poner el foco en la situación de las personas que se quedaban entre bambalinas era considerado una muestra de desconocimiento profundo de la situación real de nuestro país.

Podría decirse que, en esa etapa, existía una necesidad tácita de invisibilizar a quienes se encontraban en peor situación. Tanto es así que resultaba hasta normal incidir, por ejemplo, en los problemas de precariedad laboral sin que a casi nadie se le rasgaran las vestiduras.

Merece la pena, para adquirir conciencia de lo que realmente sucedía entonces, refrescar la memoria sobre el análisis de la realidad que ponían sobre la mesa ciertos referentes de la investigación social en nuestro país.

“No se sostiene un modelo de bienestar entendido sólo como crecimiento económico, ni es de recibo un proceso de crecimiento económico sin distribución… una sociedad con un 19,7% de personas bajo el umbral de riesgo de pobreza, o con un 3,9% de pobreza severa; una sociedad con un 17,2% de hogares en situación de exclusión o con un 5,3% de exclusión severa, deben considerar estas situaciones como retos ineludibles de su propio modelo”.

Esto es lo que se constataba en la presentación del VI Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España que la Fundación FOESSA publicaba en 2008 y en el que, una vez más, se aportaba una diagnosis exhaustiva sobre la situación de las personas que se encuentran en las bolsas de pobreza, temporal o estructural, en contextos como el nuestro, un país desarrollado de rentas altas, donde es difícilmente compatible esta situación con la existencia de un proceso de desarrollo social.

En aquel momento se alertaba que casi la mitad de la población española (un 44%) sufrió, en algún momento durante los siete años analizados (2000-2007), algún periodo de pobreza. En términos de privación material, el nivel subía hasta el 51,8 de nuestros conciudadanos que vivía en hogares que habían padecido alguno de los indicadores de privación.

Fiel a una tradición que acompaña a estos informes de suscitar, desde sus inicios, la polémica con la Administración de turno, independientemente de su color político, las críticas desde el Gobierno tampoco se hicieron esperar en esa ocasión. Y es que cuando la mirada se construye desde la realidad que encarnan los que más están sufriendo el embate de la desigualdad y la inequidad económica, los poderes públicos no suelen aceptar con facilidad la cuota de responsabilidad que les corresponde en la persistencia de esas injusticias.

Siete años después nos encontramos en una situación que, desde el punto de vista de las personas excluidas, comparte ese factor de invisibilidad que se constaba en 2008. De hecho, el discurso de la recuperación comienza a instalarse en la sociedad o, al menos, en esa parte de la sociedad a la que le ha ido menos mal a lo largo de este extenso período de recesión.

En la construcción actual de ese discurso se pasa por alto el hecho de que dos tercios de las personas que están en situación de exclusión social vienen de antes de la crisis. Eran entonces invisibles y los siguen siendo ahora. Y lo que ahora está sucediendo es que este grupo está creciendo y se están acumulando los problemas que padece.

Así las cosas, el fin de la recesión económica, que no de la crisis social, supondrá que los datos de pobreza se estabilicen o reduzcan ligeramente. Desde Cáritas y FOESSA estamos constatando que la fractura social en España se está ensanchando. La población excluida representa ya la cuarta parte del total estatal, o lo que es lo mismo más de 11,7 millones de personas. Y lo que es más grave, de ellas, 5 millones se encuentran en exclu­sión severa. Hablamos de hogares donde no es solo la economía lo que ha empeorado, sino que padecen un deterioro social en ámbitos como la vivienda y la salud, entre otros.

No basta ya con preservar, sino que urge recuperar el capital humano que hemos destruido: De las 11.746.000 de personas en exclusión, más del 77 % sufren exclusión del empleo, casi el 62 % exclusión de la vivienda y el 46% exclusión de la salud.

La crisis no nos ha afectado a todos por igual. En términos de renta, han sido las personas con ingresos más bajos las que han tenido una mayor pérdida de poder adquisitivo. Y son las familias de mayor tamaño las que más afectadas se han visto. Familias excluidas en las que hay muchos niños y muchos jóvenes.

Se multiplica de manera generalizada la vulnerabilidad de la juventud: tanto jóvenes recién emancipados como jóvenes que viven en hogares excluidos y jóvenes desocupados que están fuera del sistema educativo. Podríamos hablar de una “generación hipotecada”.

Por otro lado, la creciente vinculación de los procesos de exclusión social con la diferencia étnica pone en el objetivo la viabilidad de un modelo de integración (tanto de la inmigración como de la comunidad gitana) que había sido puesto como ejemplo en Europa.

Si se analiza la distribución territorial de la exclusión social en las Comunidades Autónomas, esta no se distribuye de la misma forma que lo hacen la producción y la distribución de la riqueza. En territorios con niveles de riqueza similar, se producen diferencias notables en la incidencia de la exclusión.

Abundando en la tesis de que no todo crecimiento económico se traduce en desarrollo social, puede decirse que en nuestro país existe una escasa correlación entre el desarrollo económico con el nivel de integración social de los ciudadanos.

En este escenario, las consecuencias de la crisis se han visto amortiguadas por dos mecanismos de protección que han funcionado con cierto éxito: las políticas sociales, que desde el cambio constitucional están viendo cómo sus efectos beneficiosos se erosionan, y la solidaridad familiar y las redes de ayuda, que están mostrando una admirable capacidad de resistencia, pero que empiezan a mostrar síntomas de debilitamiento ante la prolongación en el tiempo de las situaciones de precariedad.

Este contexto de debilitamiento no es un fenómeno exclusivo de España. Compartimos, de hecho, con el conjunto de nuestros socios europeos una serie de rasgos referidos a las diversas funciones del gasto social que hablan de una franca regresión de las políticas sociales.

La desigualdad cada vez más profunda en el acceso a las rentas primarias se está convirtiendo en el signo del nuevo modelo social. Es un proceso que se traduce en una falta de oportunidades para muchos sectores de población en diferentes dimensiones, y donde la precariedad material es una de sus manifestaciones.

El contrato social que se mantenía como la base de la estructura del bienestar se ha quebrado y está teniendo lugar un tránsito convulso de un modelo de “integración precaria” a un modelo de “privatización del vivir social”. ¿Cuál es la principal consecuencia de esta crisis? Un proceso de dualización social creciente.

La agenda reformista que se aplica desde hace años está haciendo que, de forma simbólica, nuestro “contrato social” se trasmute en un “contrato mercantil”. Como resultado, quienes siguen siendo invisibles en la conciencia social colectiva –los “descartados” a los que se refiere el papa Francisco–, quienes malviven en un entorno de derechos deteriorados u obstaculizados, y que no cuentan con una fuente de acceso a la renta suficiente, serán los destinatarios de una protección social cada vez más asistencialista, que los expulsa de un sistema que los considera prescindibles y no destinatarios de los mecanismos de solidaridad colectiva.

Precariedad material y círculos viciosos de la exclusión

La renta de la que disponen las familias para satisfacer sus necesidades básicas no ha parado de bajar, hasta alcanzar niveles inferiores a lo que sucedía hace una década y media. La renta media de los hogares ha pasado de 30.045€ en 2009 a 26.154€ durante el año 2014. Esta reducción, próxima al 13%, ha supuesto un impacto especialmente intenso en la capacidad de consumo de los hogares, cuyo gasto medio se ha reducido más del 10% desde el año 2006.

Dos son las fuentes principales de renta de los hogares en peor situación: las rentas del trabajo y las rentas provenientes de los sistemas de protección social. En el caso de las primeras, diversos indicadores confirman una devaluación salarial, básicamente de los trabajadores en peor situación, y la pérdida de peso de los salarios en los contratos temporales frente a los indefinidos.

Asimismo, se registra un aumento del grupo de trabajadores que percibe el salario mínimo interprofesional, o incluso se encuentran por debajo del mismo, respecto al volumen global de asalariados; y un incremento de la desigualdad salarial en un 7,5% desde 2008.

Estamos ante unos datos que hablan de la precariedad que caracteriza no solo a la recuperación actual, sino a la estructura salarial que venimos padeciendo desde hace muchos años. De hecho, el mercado de trabajo español tiene unas deficiencias estructurales especialmente negativas.

Respecto a los subsidios por desempleo, su capacidad protectora viene disminuyendo progresivamente desde el año 2010. Los datos oficiales muestran una tasa de cobertura de prestaciones por desempleo del 57,6% en diciembre de 2014, un descenso de más de 20 puntos porcentuales desde el máximo del año 2010. Si en vez de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, nos encontraríamos con una tasa de protección de parados del 30,1%. Ambas cifras no son comparables porque no miden lo mismo; sin embargo las dos proporcionan una misma fotografía: cada vez son más las personas en situación de desempleo que no perciben ninguna ayuda del sistema y la tendencia sigue siendo descendente.

Junto a ello, de forma creciente se tiende a incluir en los análisis relacionados con la pobreza y la exclusión otros elementos relacionados con el conjunto de las funciones protectoras de los Estados de Bienestar, como son los recortes de gasto en Sanidad y Educación y que acaban derivándose hacia la capacidad individual que tengamos para satisfacer una necesidad en estos ámbitos.

Un ejemplo: los recortes en el sistema de becas de comedor en los colegios o de becas para las matrículas universitarias tienen que ser satisfechos por las propias familias. De hecho el gasto en educación, junto con el de vivienda, al que nos referiremos más adelante, se han convertido en las dos únicas partidas de gasto familiar que se han incrementado durante el periodo de crisis; en el resto de los con­ceptos de gasto (alimentación, ocio, ropa, comunicaciones…), éste se ha reducido. En este sentido las familias han valorado la inversión en educación como una de las estrategias de respuesta a la situación de búsqueda de oportunidades. O al menos algunas familias… porque las más pobres ni siquiera han tenido esta opción.

Algunos autores calculan que la inversión en los ámbitos de salud y educación por parte del Estado reduce un 20% la desigualdad entre los ciudadanos. Sin embargo, la inversión per cápita en ambas partidas no ha dejado de caer desde el año 2010.

Una vez descrita la situación de las fuentes de ingreso, ¿cuáles han sido, entonces, las consecuencias para los hogares en términos de deterioro material? Los datos más recientes nos ofrecen una imagen de diferentes tendencias que conviven en estos momentos.

El riesgo de pobreza y exclusión social ha sufrido el mayor aumento de los últimos seis años, alcanzando al 29,2% de la población. Más de trece millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Estos datos son más elevados que los que ofrecimos al principio de la Encuesta FOESSA. Esto es debido a que ésta, al explorar más de 35 indicadores, entiende la exclusión desde un punto de vista más estricto al considerar necesario la acumulación de más elementos aparte del de la renta, que es lo que define al indicador europeo.

Desde un punto de vista territorial la población en riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado en 13 de las 17 CC.AA.

La tasa de riesgo de pobreza relativa (pobreza económica) ha reiniciado un proceso de extensión, tras los dos años anteriores de ligera contención, y ha aumentado hasta el 22,2% de la población.

La lectura conjunta de los indicadores sugiere, además de una extensión de la pobreza, una intensificación de la misma, al producirse un incremento de la tasa de pobreza, a pesar de que el umbral de pobreza continúa descendiendo desde el año 2009. El umbral de pobreza ha caído de 8.887 € (740,5 € al mes) en el año 2009 a 7.961 € en el 2014 (663 € al mes). Además, el riesgo de pobreza se incrementa desde el 22,2% general, hasta el 30,1% en el caso de la población menor de 16 años.

Si nos fijamos en el colectivo de trabajadores, debemos señalar que el empleo no siempre es la puerta de salida de la pobreza. Ya son más de 2.400.000 los trabajadores que la sufren, lo que significa el 14,2% sobre el total de la población activa empleada en 2014, una proporción que ha aumentado desde el 11,7% del año anterior.

El número de hogares con todos sus miembros activos en paro ha pasado de 380.000 en el año 2006 (2,6%) a más de 1.793.600 en el primer trimestre de 2015 (9,8%).

La privación material severa afecta ya al 7,1% de los hogares en España, que es el dato más alto de los últimos seis años. Se ha producido una intensificación de la carencia material severa, hasta alcanzar a más de 1,2 millones de familias durante el año 2014.

El INE nos ofrece algunos otros datos que describen la precariedad material. Si nos referimos a la capacidad de los hogares para llegar a fin de mes, observamos a nivel nacional un empeoramiento de la situación. En el año 2009 el 32,2% tenían dificultades, en el 2014 han aumentado hasta el 37,3%. Hay CC.AA donde más de la mitad de las familias se encuentran en esta situación, como en Andalucía.

Por último, gracias a un módulo especial de análisis que ha realizado el INE en 2014, podemos comparar con la situación de 2009 algunos aspectos materiales que normalmente no se investigan. En 2014 aumenta en un 4,5% el número de hogares que no puede permitirse sustituir muebles estropeados respecto del 2009. El 41,3% los hogares afirmaba que no podía permitirse sustituir sus muebles estropeados o viejos en 2014, frente al 36,8% en 2009.

Los hogares con niños que no pueden disponer de ropa nueva han aumentado del 3,8% al 6,5%; y del 1% al 1,2% donde no comen fruta fresca o verdura; o donde no llegan a tomar carne, pollo o pescado (o su equivalente vegetariano) cada dos días del 0,7% al 2,5%, en 2009 y 2014 respectivamente.

 

De los círculos viciosos de la exclusión a los sistemas integrales de atención

La vida de las personas y las familias a lo largo de estos años es también un recorrido de vicisitudes ante las diversas situaciones que han tenido que enfrentar, que van desde algunos ajustes en gastos y actividades, en el mejor de los casos, hasta una profunda transformación de los estilos de vida, sin posible vuelta atrás y en medio de una incertidumbre per­manente, en el peor de ellos.

Ha sido profundo y grave el deterioro de los círculos vitales de las personas y familias a lo largo de estos años, donde han sido muchos las decisiones: reducción de gastos, cambio de vivienda o de la situación de convivencia, cese de actividades, recortes en la inversión en bienes materiales, pérdida de empleo, bajada drástica de ingresos y ahorros, pérdida de relaciones y espacios de socialización vinculados al trabajo, crisis afectivas.

Muchas veces no se perciben los efectos finales de estas decisiones. Cuando alguien se va sumergiendo en el terreno de la exclusión social, va perdiendo la noción del futuro, de los proyectos de vida, y va adquiriendo mayor relevancia la necesidad de supervivencia, la inmediatez. Este cambio tiene consecuencias en el medio y largo plazo que estamos empezando a percibir. Por ejemplo, cómo la disminución de nuestros ingresos nos puede provocar una renuncia voluntaria al ocio, a las vacaciones, a quedar con los amigos. Esta pérdida va reduciendo los contactos con otras personas y se van debilitando los vínculos. Comienza entonces a producirse problemas de aislamiento, un incremento de la soledad que en algunos casos podría devenir en tensiones y conflictos.

En todo este tránsito, las personas y las familias cambian. Una mejora en el empleo, en la obtención de ingresos es condición necesaria pero no suficiente en cualquier proceso de recuperación. El capital social dilapidado es probable que se haya ido por un sumidero del cual no es posible apenas recuperarlo. Es necesario un esfuerzo en reconstruir esta parcela.

La crisis no sólo ha hecho aumentar el número de personas y hogares en situación de precariedad material, sino que ha provocado intensos procesos de acumulación de problemas. Cada vez más personas y familias acumulan más dificultades. Y además se alargan en el tiempo. Estos tres aspectos –extensión, intensidad y cronicidad– sólo pueden ser abordados desde estrategias integrales.

II

Cáritas (y la Iglesia) ¿qué dice?

La realidad que vivimos es, como se ha visto, contradictoria en el ámbito de lo económico y lo social. La experiencia de lucha contra la pobreza es una realidad también paradójica. Por un lado, vivimos el dolor insoportable que están sufriendo millones de hermanos y hermanas nuestras. Pero, al mismo tiempo, vivimos desde la Esperanza que brota de lo débil y marginal.

Es tiempo de Dios, es tiempo de una penetrante irrupción de Dios en la historia desde las personas, las comunidades y parroquias comprometidas por los hermanos y hermanas más frágiles. Las acciones, los proyectos, los estudios que hacemos desde Cáritas y FOESSA son presencia y palabra crítica desde la experiencia del Dios de Jesucristo al mundo.

 “Caritas un corazón que ve”[1]

Nuestra identidad como cristianos nos hace querer buscar otro centro, otro lugar en el mundo. Ese centro, que brota del evangelio, no es otro que “los gozos y los sufrimientos” de las personas frágiles y empobrecidas. Es la ‘opción preferencial por los pobres’, que es una opción cristológica (Cfr: 2 Col 8,9), como ha recordado el Papa&[2] varias veces, y no ideológica.

Esta opción es parte constitutiva y esencial en la historia de la Iglesia tal como nos recuerda S. Juan Pablo II en su magisterio: “Quiero señalar aquí la opción o amor preferencial por los pobres. Esta es una opción o una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Se refiere a la vida de cada cristiano, en cuanto imitador de la vida de Cristo, pero se aplica igualmente a nuestras responsabilidades sociales y, consiguientemente, a nuestro modo de vivir y a las decisiones que se deben tomar coherentemente sobre la propiedad y el uso de los bienes”&[3] .

Desde esta ubicación experiencial una acción necesaria consiste en afrontar una estimativa encarnada de la realidad. Necesitamos nuevas gramáticas sobre la realidad que manifiesten y den significado a la lucha de las personas empobrecidas para construir un nuevo mundo. Estamos forzados, como acto de caridad, a ponderar y analizar la realidad. No es un simple análisis de investigación social, sino un esfuerzo narrativo que otorgue sentido a las luchas y compromisos de las personas y comunidades que se complican en la construcción de un mundo más humano. Pero esas narrativas necesitan un suelo firme para solidificar sus historias, que procede de dos vías complementarias y que se requieren la una a la otra; la experiencia real y concreta, porque la “realidad precede a la idea” (Papa Francisco), y el análisis desde las ciencias sociales.

Eso hemos intentando desde los diversos estudios y análisis de la Fundación Foessa y los Observatorios de la realidad de Cáritas Española&[4], cuyos datos se han explicado antes. Han sido estudios rigurosos, coherentes y consistentes con la realidad, pero al mismo tiempo, análisis amasados desde la experiencia del compromiso de voluntarios, comunidades y profesionales que se han gastado y desgastado todos estos años. Estas investigaciones sociales no son un añadido retórico a la acción caritativa, sino parte esencial de la misma, que reconoce que la razón y la experiencia van de mano.

“Cáritas es la caricia de la Iglesia a su pueblo” (Papa Francisco)

Acompañar vidas es una clave esencial de la dimensión caritativa. La experiencia fontanal que tienen las personas voluntarias y contratadas en Cáritas es el encuentro profundo con las personas excluidas. Este encuentro trasluce lo más profundo de lo humano y lo divino posibilitando la construcción de un camino común.

Los agentes en Cáritas no son meros “repartidores” de bienes o técnicas de intervención, sino que son personas que se implican y complican en una relación dialógica con los otros. En estos años de intensa crisis hemos podido caer en acciones de asistencialismo estético más que de encuentro liberador profundo. Por ello debemos ser una instancia crítica desde la cercanía, propositiva desde el camino compartido y compasivo desde la caricia infinita de Dios a su pueblo.

En este proceso la clave es el acompañamiento de las personas. Como dicen nuestros obispos “el acompañamiento a las personas es básico en nuestra acción caritativa. Es necesario ´estar con´ los pobres –hacer el camino con ellos– y no limitarnos a ´dar a´ los pobres recursos (alimento, ropa, etc.). El que acompaña se acerca al otro, toca el sufrimiento, comparte el dolor. Los pobres, los abandonados, los enfermos, los marginados son la carne de Cristo. La cercanía es auténtica cuando nos afectan las penas del otro, cuando su desvalimiento y su congoja remueven nuestras entrañas y sufrimos con él. Ya no se trata sólo de asistir y dar desde fuera, sino de participar en sus problemas y tratar de solucionarlos desde dentro. Por eso, si queremos ser compañeros de camino de los pobres, necesitamos que Dios nos toque el corazón; sólo así seremos capaces de compartir cansancios y dolores, proyectos y esperanzas con la confianza de que no vamos solos, sino en compañía del buen Pastor”&[5].

Por ello no podemos perder de vista el horizonte de los Derechos Humanos y en especial, en nuestro caso, de los Derechos Sociales. Un criterio significativo, no único, para nuestra presencia socio-caritativa es exponerla al “examen de la consolidación, solicitud o construcción” de derechos sociales para las personas pobres y excluidas. Nuestra acción, que es oferta de salvación en Jesucristo, transciende los derechos y la justicia pero son un hito irrenunciable en nuestro horizonte de trabajo.

Comunidad de memoria y resistencia

En la actualidad vivimos los llamados espacios de flujos. El famoso “mundo líquido” de Bauman es una realidad constatable cotidianamente. Mundo que liberado de anclajes axiológicos enaltece al individuo aislado como horizonte y meta. En este contexto, la presencia de nuestras comunidades cristianas debería constituirse como contraste a la sociedad desigual e individualista. La exclusión social daña los vínculos y destruye las comunidades de sentido. Recrear las comunidades es un factor esencial del desarrollo social y tejer vínculos no es solo un ejercicio paliativo sino un contraste profético de lo que está por venir. El paso decisivo es no sólo ser comunidades que ayudan a los pobres, sino que nuestras comunidades sean espacios significativos de sentido y relación para las personas más pobres y excluidas.

“Y constituiréis mi pueblo y Yo seré vuestro Dios´ Ez 36,26”. El reinado de Dios acaece, de manera germinal, allí donde el pueblo de Dios, las comunidades cristianas, son transformadas radicalmente y los modos propios de Dios se hacen manifiestos.

Pero no sólo debemos construir comunidad a los adentros eclesiales, sino que estamos llamados a tejer sociedad y edificar redes comunitarias con otros movimientos sociales y civiles. La Iglesia en salida misionera, que es el horizonte que nos marca el Papa Francisco, necesita encarnarse desde la acción caritativa en redes sociales de propuestas y protestas. Hacerse presente en medio del mundo con absoluta osadía e infinita humildad. Siendo testigos y constructores de una sociedad de acogida para todas las personas independientemente de su credo, procedencia o creencias.

El horizonte de la justicia

“Trabajamos por la justicia” es uno de los lemas que suele asociarse a la imagen gráfica de Cáritas Española. Sabemos que la caridad trasciende la justicia y la transforma con nuevos sones. Como afirmaba el Concilio Vaticano II en el Decreto sobre el Apostolado de los laicos, no podemos “brindar como ofrenda de caridad lo que ya se debe por título de justicia” (nº 8).

“La justicia es la medida mínima de la caridad” (Pablo VI) y su primera vía de realización (Benedicto XVI). No podemos ni debemos asentarnos solo en la ayuda personal, sino que debemos encarar los problemas estructurales de la pobreza y la exclusión. El Papa Francisco en su exhortación apostólica “Evangelii Gaudium” y en su encíclica “Laudatio si” hace un continuo llamamiento a un profundo cambio estructural. No podemos caer en una caridad des-politizada que no asume el peso de lo estructural.

La caridad política (Pío XII) “no es menos cualificada e incisiva” que la caridad en su dimensión individual. Por eso, aunque la caridad desborda la justicia, no puede estar de espaldas a ella. “No podemos olvidar que la Iglesia existe, como Jesús, para evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos y que, evangelizar en el campo social, es trabajar por la justicia y denunciar la injusticia”&[6].

[1] Benedicto XVI, “Deus caritas est” nº 31.

[2] Francisco, “Evangelii Gaudium” nº 198.

[3] Juan Pablo II, “Solicitudo rei sociales” nº 42.

[4] Disponibles en www.foessa.es y www.caritas.es

[5] Conferencia Episcopal Española, Iglesia servidora de los pobres. Instrucción Pastoral, abril 2015, nº 47. Creo que es un documento esencial y profético en la situación actual de España.

[6] Conferencia Episcopal Española, Iglesia servidora de los pobres. Instrucción Pastoral, abril 2015, nº 42.

Desigualdad creciente en España

Ya no es una novedad para nadie. Frente a la reiterada voz oficial de la “salida de la cri- sis”, “recuperación económica”, “mayor crecimiento en la UE”, “creación de empleo”… la desigualdad está creciendo en España hasta al- canzar cifras antes inimaginables.

Pongamos unos datos. No se refieren al ancho mundo, son datos de este pequeño y “desarrolla- do” país, España, con unos 46 millones de perso- nas. El resultado –recogiendo solo, para dibujar el panorama, algunos que se dan en estas páginas– es espectacular: 11,7 millones de personas excluidas o descartadas, lo que representa la cuarta parte de la población. Desde unos indica- dores más exhaustivos y ajustados a la realidad, el riesgo de pobreza y exclusión social se eleva a 13 millones, el 29,2 % de la población. Y lo que es más grave, 5 millones están en exclusión severa o porque no tienen empleo (el 77 %) o porque carecen de vivienda (el 62 %) o, bien, porque no tienen acceso al sistema general de salud (el 46%). La fractura social se está ensanchando más que en ningún otro país de la Europa desarrolla- da. Y el crecimiento de la desigualdad es eviden- temente mayor entre los jóvenes (el desplome del empleo entre los menores de 26 años ha sido del 42,3% en las dos últimas legislaturas, redu- ciendo su salario medio el 40,8%) donde ya se puede hablar sin tapujos de “generación hipote- cada”; y entre la población inmigrante cuya pre- carización está poniendo en grave peligro la nun- ca bien planteada política de integración.

Y si nos preguntamos, ¿por qué este éxito oficial que va contra la esencia común del ser humano?, ¿dónde anida el secreto de este incremento ex- ponencial de la desigualdad?, ¿cuál es la fórmula mágica que ha proporcionado tales resultados?

La respuesta está en el conocimiento y hábil utilización clasista de las grandes debilidades y brechas que presenta la articulación social en nuestros días. Se puede decir, en términos generales, que en esta época post-ilustrada –sometida a la hegemonía del discurso técnico científico, dominada por el neoliberalismo económico y financiero y sin el paraguas de una gobernanza mundial respetuosa con toda la comunidad humana– se ha impuesto el paradigma individualista sobre el social, los derechos del individuo sobre los derechos de la colectividad. Hoy día los derechos que sur- gen de la libertad individual –siempre irrenunciable– están mejor protegidos que los que amparan la Igualdad y la solidaridad.

En este contexto desequilibrado y clasista, el derecho a la propiedad privada se ha convertido en algo absoluto, y por eso políticamente intocable, protegido no sólo por los gobiernos neoliberales, sino también por las mismas iglesias con raras ex- cepciones como las recientes encíclicas del papa Francisco. Y el derecho a la identidad particular y los hechos diferenciales de colectividades privilegiadas se imponen sobre aquellos, más radicales, que se nos vinculan como especie y que nos unen al mismo planeta que habitamos. La solidaridad queda relegada a las decisiones meramente subjetivas, lo que la reduce frecuentemente al mero voluntarismo o caridad devaluada. Por es- te camino se va trazando un darwinismo social que va acrecentando, día a día, la desigualdad económica, política y jurídica y social entre las personas y entre las comunidades.

Desde estas páginas vamos a defender la necesidad de volver a la humanidad y a la cordura. Desde una inspiración humana (y evangélica) nos posicionamos contra el individualismo, que acaba convirtiendo al ser humano en clase privilegiada, y a favor de la sociedad universal y planetaria que reconoce la misma dignidad en todos los miembros de la especie humana. Respetamos la diversidad que la misma naturaleza impone, pero nos plantamos frente a cualquier proyecto político o religioso que no se posicione ante la desigualdad económica, política, social y jurídica que el sistema actual está abriendo en el conjunto de la ciudadanía.