Sin laicidad no hay democracia

Éxodo 128
– Autor: Cristianas y Cristianos de Base de Madrid –

Introducción

Sobre la democracia de mínimos que vivimos en este país, cada vez más enferma (sólo hay que observar la legislación más reciente), se cierne casi desde su nacimiento en 1978, una sombra negra, extensa y pesada, que no somos capaces de despejar: la sombra de la Jerarquía Católica. Su larga mano planea, en indisoluble imbricación con los poderes del Estado, sobre casi todas las políticas socialmente relevantes: educación, finanzas, asuntos de índole moral, costumbres, legislación social…, etc., es decir, sobre la vida de las personas, los usos y costumbres. Todo al amparo de unos Acuerdos del Estado Español con la Santa Sede que colisionan con nuestro ordenamiento constitucional y ponen en entredicho la misma la soberanía nacional.

Muchos ciudadanos, entre ellos los Cristianos y Cristianas de Base, pero no solo, venimos clamando desde hace tiempo por un Estado laico en el que toda la ciudadanía pueda reconocerse, un Estado que sepa legislar para todos, con respeto absoluto de la libertad de conciencia y de pensamiento de cada uno. Y ello, por principios estrictamente democráticos. Porque tenemos claro que si bien un Estado laico no supone por sí mismo la existencia de una democracia de base plena, sí estamos convencidos de que no es posible ninguna democracia real sin la consolidación social y política de la laicidad, sin sustrato común respetado, sin igualdad ante la ley, sin que sean igualmente reconocidos todos los modos de pensar y sentir.

En este marco, en las páginas que siguen se abordan las relaciones que vinculan el concepto de democracia con el de laicidad, desde cuatro perspectivas diferentes: a) qué entendemos por democracia subversiva o democracia radical; b) cómo y por qué lo laico es lo común, y una sociedad laica es aquella que no discrimina ni privilegia a nadie; c) algunas imágenes de nuestra realidad que ponen de manifiesto cómo la falta de laicidad tiene graves consecuencias que impiden la libertad y la igualdad; y d) qué caminos han de abrirse ya si queremos avanzar decididamente hacia esa democracia en la que creemos que no será posible sin una sociedad laica. Con ello queremos contribuir, en lo posible, a enriquecer ese pensamiento crítico necesario que pueda actuar como motor del cambio social cultural y político. Los cuatro abordajes que se presentan confluyen en una misma conclusión, ya adelantada en el título: Sin laicidad no hay democracia.

Una democracia subversiva

La democracia liberal o representativa ya no sirve para organizar la convivencia social, porque la idea de democracia entendida como «el poder del pueblo» se ha ido desvirtuando radicalmente a causa de su trágica asociación con el liberalismo. En efecto, la praxis política de los Estados basados en la democracia liberal ha puesto en entredicho el propio concepto de democracia, porque nunca se han planteado la necesidad de afrontar el principal problema de la política, que es el hecho de la dominación de las mayorías sociales por una minoría que acapara todo el poder en su propio beneficio. Inserta en un modelo socioeconómico que estratifica a la sociedad, genera clases sociales antagónicas, e impone que unos tengan la capacidad de explotar a otros y puedan imponerles su propia voluntad, el ideal de la democracia queda en entredicho o, simplemente, queda anulado.

En la democracia liberal, el «poder del pueblo» ha venido a reducirse a la emisión de un voto que, de un lado se mercantiliza progresivamente y, de otro, es entregado a partidos políticos que, además de privar al ciudadano de cualquier tipo de control posterior, se van desplazando precisamente para defender, unos y otros, las teorías del libre mercado. Da igual si se llaman socialdemócratas, liberales o demócrata cristianos; al fin y al cabo la democracia liberal hace que unos y otros acaben defendiendo los mismos intereses, los del capital.

Afincadas en ese modelo de democracia liberal, las sociedades occidentales apenas han conseguido avanzar en términos de justicia social, en paliar las graves desigualdades o en eliminar la pobreza de amplias capas de la población. Tan solo oscilan los porcentajes de esa pobreza real: el 10%, en los países escandinavos, y entre el 20 y el 30% en la UE y EEUU. Pero las relaciones de dominación persisten e, incluso, se agravan.

Siguiendo esa dinámica, el poder ha venido a ser usurpado por nuevas corporaciones nunca elegidas por los ciudadanos: bancos, empresas transnacionales, instituciones financieras…, etc., monstruos económicos que llegan incluso a suplantar a los Estados, reducidos con frecuencia a meros gestores de sus intereses.

El vaciamiento de la democracia ha sido completo. Su filosofía originaria ha quedado reducida al voto (fácilmente manipulable), a la representación política sin control y a la ideología liberal. El capitalismo ha pervertido el significado real de democracia, contradiciendo sus presupuestos originales. Quien decide ya no es el pueblo consciente, sino una masa alienada en el consumo. Y ello, dentro de los márgenes que permiten los centros de poder económico y financiero.

Estos rasgos son particularmente evidentes en tiempos de crisis. Nunca como ahora la subordinación de los intereses colectivos a una minoría privilegiada fue tan extrema, nunca el capital gozó de tanta facilidad para socializar pérdidas y privatizar beneficios. La voluntad popular ha sido anulada y la democracia despreciada sin remilgos. En estas coyunturas se evidencia mejor aún que capitalismo y democracia son incompatibles.

Frente a esta situación, en los países liberales están emergiendo en las últimas décadas dos tipos de respuestas: de un lado, una oleada de desafección ante la vida pública (ya no votan cerca del 50% de los ciudadanos censados); de otro, la indignación y rebeldía de los sectores más concienciados que no admiten el engaño de que solo sea posible participar en la esfera política a través de un voto tan estéril.

Apostamos por esa rebeldía. Porque creemos que en una sociedad democrática las personas son más libres e iguales que en cualquier otro modelo de convivencia social, necesitamos regenerar la democracia, radicalizarla, reinventarla si es preciso. Nadie puede ahogar las profundas aspiraciones humanas a la felicidad, por el camino de los derechos igualitarios, de la libertad, de la participación en lo común, de la solidaridad y la convivencia pacífica.

Es necesario y urgente acercar a la calle la esfera de la política, convertir los parlamentos en una gran caja de resonancia de la opinión pública; airear todas las cuestiones que interesan al común, sin tabúes ni vetos; someter a votación lo que en cada ámbito importa para que la vida de todos sea cada día más digna.

La democracia no será tal si no incorpora mecanismos de participación directa, si no supera la miseria del actual modelo liberal-representativo para convertirse en una hoja de ruta participativa de toda la ciudadanía, y si no derriba los muros, hasta hoy infranqueables, del espacio donde se toman las decisiones económicas, financieras, laborales o culturales. Para la democracia no puede haber áreas tabú, al margen de la voluntad popular.

Para avanzar en ese empoderamiento popular, es decir, para reconstruir la democracia como «el poder del pueblo”, y superar las dictaduras ataviadas con fachadas parlamentarias, necesitamos apostar fuerte en tres grandes frentes complementarios y paralelos:

1. a) Liberarla del secuestro del capitalismo, afrontando profundas transformaciones en el sistema económico capaces de subvertir las relaciones de dominación, y trastocando el sistema político para que las leyes puedan someter a los poderes económicos;
2. b) Abrir un proceso constituyente y reescribir una nueva Constitución que haga compatible la democracia representativa con la democracia participativa, sabiendo que ésta última ha de tener prioridad sobre cualquier forma de delegación del poder.
3. c) Establecer la laicidad como régimen de convivencia que restablezca el axioma democrático de que el poder radica en la soberanía popular y no en instancias superiores o ajenas al pueblo. Sobre los principios básicos de esa laicidad –libertad de conciencia, igualdad de derechos, y preeminencia del bien común en toda actuación del Estado– habrán de levantarse los cimientos de la democracia.

El fracaso de la democracia liberal ha dado paso a un tiempo nuevo, de construcción de una democracia más auténtica y genuina, una democracia realmente subversiva, en el sentido aportado por N. Bobbio: «…La democracia es subversiva en el sentido más radical de la palabra, porque, allí donde florece, subvierte la concepción tradicional del poder, la que asume que el poder –ya sea político o económico, paternal o sacerdotal– desciende siempre de lo alto.» Es necesario y urgente avanzar en esa tarea.

La laicidad configura la democracia

El término “laicidad” viene del griego laos, que significa pueblo, es casi sinónima de la otra palabra griega para decir pueblo, demos, de donde viene nuestra demo-cracia. Un Estado democrático es un estado regido por el poder popular. En rigor no se puede decir que una sociedad sea laica o deje de serlo. La sociedad es un mosaico de individuos y de pueblos, de comunidades diferentes en sus creencias y convicciones, de personas que pueden ser confesionales o no; unos y otras siempre como particulares, nunca como públicas.

Pero sí podemos afirmar que la mayoría de hombres y mujeres que conforman la sociedad española se va caracterizando por la independencia y autonomía de cualquier tutela religiosa. Es decir, se trata de construir la Historia sin acudir a la religión. Queremos una sociedad que sea de verdad independiente de toda tutela religiosa, pero no contraria a la religión. La laicidad respeta profundamente el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de libre creencia

La sociedad vive hoy cambios muy profundos y seguimos viviendo un proceso de secularización que es imparable. Es decir, podemos afirmar que una sociedad en su conjunto es laica si está regida por el pueblo y no por otros poderes, por sagrados que se les consideren; no por la “jerarquía”, que en griego significa eso “poder sagrado”. Desde luego, no por las jerarquías eclesiásticas, pero tampoco por las jerarquías políticas, ni económicas.

Laos y demos son en griego palabras equivalentes; pero, demos adquiere el significado de gente reunida, y laos se refiere a un lugar, un territorio. Laicidad quiere decir, por tanto, que un Estado es laico, cuando las personas reunidas en un mismo territorio son regidas por el poder popular, por la soberanía popular, por el mismo pueblo; no por poderes jerárquicos, sean de la índole que sean. La jerarquía es lo más contrario que hay a la democracia.

El capitalismo refuerza las sociedades jerárquicas, por lo que la igualdad siempre está subordinada a la libertad individual. Además, por medio del desarrollo se ha llegado a una naturalización directa de la desigualdad donde los de abajo son vistos como inferiores.

Un estado es laico cuando es completamente neutral en materias religiosas, es decir, cuando las grandes decisiones políticas, o económicas y culturales, las toma el Estado al margen de toda injerencia religiosa. Laicidad y democracia deben ir siempre juntas. En una sociedad democrática ninguna persona es más sagrada que otra. La laicidad no es antirreligiosa, ni es contraria a la religión, sí es anticonfesional.

Lo laico es lo común lo que nos iguala a todos y a todas por nuestros orígenes más radicales, no por lo sagrado de la religión. Un estado sin jerarquías religiosas, y también sin el predominio de unas clases sociales sobre otras. Una sociedad laica de verdad no puede tener como dioses a esos ídolos del dinero y de la propiedad privada, tiene que ser ajena a toda religión que adore a cualquier dios. Donde no hay una clara separación entre religión y estado, se llega a manipulaciones inconcebibles de religión.

Una sociedad laica requiere también un parlamento laico; es decir, un parlamento donde los partidos que debaten en él las decisiones legislativas, se consideran a sí mismos sencillamente como “partidos”, es decir, como lo que son, como partes de la sociedad, no como “iglesias”, es decir, como portadores de valores más o menos absolutos. El único eje vertebrador de la sociedad laica son los Derechos Humanos. Es el fundamento ético mínimo que tiene un Estado laico para configurar la convivencia ciudadana.

Lo laico es lo más universal, es lo propio de todo ser humano, en lo que coincidimos todos y todas, lo que nos hace iguales, es lo que se refiere al pueblo, a lo más popular de la sociedad. Por eso, la sociedad que se estructura como laica rechaza todo privilegio que no es cosa de todos y todas, que va en contra de la igualdad, porque hace referencia solamente a unos pocos.

La laicidad es un elemento definitivo para configurar un Estado democrático. Sin laicidad no hay democracia. Si por democracia se entiende el gobierno del pueblo, contando siempre con el mismo pueblo. Y el pueblo lo forman esa mayoría de hombres y mujeres que pertenecen a una clase social de trabajadores y trabajadoras, de personas situadas en la base social más amplia. Hombres y mujeres que exigen el reconocimiento de derechos básicos de todo ser humano, como son el derecho al trabajo, a la vivienda, a la alimentación, a la salud y a la cultura. En realidad, nos preocupa que ya no sea la soberanía popular la que gobierna actualmente este país, sino la soberanía del capital. Una estructura de poder que oprime y ahoga a las clases sociales populares. Es la degeneración de la democracia.

El gran reto de la democracia es hacer vivo y operante el principio de igualdad. La igualdad es lo más subversivo que existe hoy día. Sin igualdad no hay democracia. Recordemos los principios de la revolución francesa: Libertad, Igualdad y Fraternidad. Queremos llegar a una igualdad social, empezando por el reconocimiento efectivo de derechos y libertades, e igual trato a mujeres que a varones en todos los aspectos de la vida social, laboral, familiar.

Nos planteamos en el ámbito político-económico la tarea de ir eliminando las enormes desigualdades sociales entre pobres y ricos que se dan en la actualidad. Cada vez hay más pobres y cada día los ricos son más ricos. La desigualdad se ha ampliado en un 60% en la última década (2002- 2011). Buscamos de igual forma una igualdad en el terreno de la economía de tal manera que prevalezca la soberanía popular, lo de todos y todas, por encima de la soberanía del capital que es la que actualmente nos está rigiendo. Y una igualdad político-cultural, de tal manera que se pongan los cauces necesarios para que las clases dominantes no impongan su ideología al resto de la sociedad.

Colisión entre democracia y laicidad, hoy

Existen demasiados ejemplos de las graves carencias que tiene nuestra democracia. Las podríamos agrupar en cuatro grandes sectores: el educativo, el económico, el político-jurídico y el social. En todos ellos se manifiesta la injerencia de la Iglesia católica (IC) que, aprovechando el peso de la tradición cultural y religiosa de nuestro país, utiliza constantemente como piedra angular los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, firmados en 1976-79.

En el sector de la educación la interferencia de la jerarquía católica es palmaria. Lo vemos en la última ley aprobada sobre esta materia. En el preámbulo de la LOMCE se afirma: «El Acuerdo entre el Estado español y la S.S. sobre Enseñanza y Acuerdos Culturales garantiza que el alumnado de la educación primaria y secundaria obligatoria que así lo solicite, tiene derecho a recibir la enseñanza de la religión católica e indica que a la Jerarquía eclesiástica corresponde señalar los contenidos de dicha enseñanza«. Esto supone que los niños y jóvenes que opten por la asignatura de religión van a sufrir un adoctrinamiento en lugar de una formación integral laica, que defienda la libertad de pensamiento y de conciencia, que ayude a asumir la pluralidad y la diversidad, formándose críticamente en los valores democráticos. El texto de la ley se refiere tendenciosamente al derecho de los padres y las madres a elegir el tipo de educación que prefieran para sus hijos, pero ¿dónde quedan los derechos de los niños y niñas? ¿Dónde está escrito que sea la escuela el lugar adecuado? Esa lectura interesada impide que sea la escuela pública y laica el instrumento idóneo para formar personas libres, críticas y con auténticas convicciones democráticas.

En el área económica pasa algo parecido. Otra vez volvemos a tropezar con los omnipresentes acuerdos que otorgan un trato privilegiado a la IC en forma de asignación económica directa de los presupuestos generales del Estado, además de abundantes subvenciones y exenciones fiscales. La vigente Ley Hipotecaria (1998) permite además a la IC la inmatriculación de bienes, otorgando a los obispos la facultad de inscribir y registrar propiedades que no figuren a nombre de ninguna persona en el Registro de la Propiedad.

Todo ello es una flagrante contradicción con la esencia del Estado democrático, según la cual el Estado es el único que tiene la capacidad y la obligación de disponer de los recursos económicos de todos para atender a las necesidades sociales, de acuerdo con las resoluciones del Parlamento. Como esto evidentemente no es así, se está incumpliendo sistemáticamente el art. 16.3 de la Constitución, que establece la aconfesionalidad del Estado español.

En el ámbito político, las carencias democráticas se evidencian, tanto en el proceso político que nos ha llevado al bipartidismo imperante, como consecuencia de una ley electoral injusta, como en la reforma constitucional impuesta en agosto de 2011 (Art. 135) por acuerdo de los dos partidos mayoritarios para dar prioridad al pago de la deuda soberana, por encima y por delante de cualquier gasto social necesario. Uno y otra han propiciado que prevalezca la soberanía del capital sobre la soberanía popular, si bien aquí no se ha hecho evidente una participación directa de la IC.

Sí lo son, en cambio, las injerencias de la jerarquía de la Iglesia católica en determinados ámbitos de la vida social, sea sobre las políticas sociales como sobre el desarrollo legislativo regulador de los derechos civiles, la moral pública, la investigación, etc. Un ejemplo claro fue el Proyecto de Ley –finalmente retirado– de Protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, propuesto por el gobierno ante la reiterada coacción de ciertos obispos, que pretendía modificar la vigente Ley de Salud reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, de 2010. Este poder de coacción moral es incompatible con el pluralismo ético y cultural de la sociedad española y con el ejercicio de las libertades que consagra, al menos en teoría, nuestra Constitución.

Especial atención merece el tema de la igualdad entre hombre y mujer. Sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra sociedad ya que todavía estamos muy lejos de ella. Un estudio económico reciente demuestra que el salario de las mujeres, a igualdad de trabajo, es inferior al de los hombres en más del 20% y añade que esto es así pese a que el grado de preparación de ellas actualmente es superior. Pero, obviamente, no es la única diferencia. Existen muchas más en los campos moral, familiar, social, etc. Esta discriminación histórica está muy arraigada en nuestro país por razones culturales derivadas en gran medida de la influencia de la religión católica, cuya moral sigue anclada en categorías del pasado, sin entender los valores culturales de los nuevos tiempos.

Es momento ya –y llega tarde– de instaurar un marco normativo nuevo que supere definitivamente estas injerencias y garantice el derecho de los ciudadanos a la libertad de conciencia; es momento de consolidar una ética cívica basada en el respeto a los Derechos Humanos; es momento ya de consolidar el principio de laicidad en aras de la mayor independencia del Estado respecto de todas las confesiones religiosas.

Caminos para una sociedad laica y radicalmente democrática

Hecho el diagnóstico, ¿qué hacer? Es evidente que tenemos ante nosotros un camino largo y difícil. Buena parte de él se concreta en cambios legislativos que den posibilidad de repensar una sociedad diferente, radicalmente diferente. El camino de avance hacia esa sociedad laica y auténticamente democrática, pasa necesariamente por abordar una profunda reforma de muchas leyes que rigen nuestra vida social, económica y política.

En primer lugar, necesitamos un proceso constituyente que devuelva la soberanía al pueblo. Todos sabemos quiénes detentan hoy el poder, cómo lo ejercen y a través de qué medios lo articulan: tenemos unas instituciones políticas al servicio de las grandes corporaciones, la gran banca y el gran capital. La democracia hoy está secuestrada. La falta de laicidad es uno de los grandes motivos por los que este tinglado puede sostenerse.

La nueva Constitución habría de dejar mucho más claro que somos un Estado laico y, por tanto, que no habrá trato preferente para ninguna escuela de pensamiento, para ninguna confesión religiosa: todos iguales ante la ley. Este principio deberá hacerse operativo mediante una nueva Ley Orgánica de Libertad de Conciencia, que lo garantice de manera rotunda e inequívoca, a la vez que derogue la actual Ley de Libertad Religiosa de 1980. Así quedará consolidada en nuestro ordenamiento jurídico la libertad de pensamiento, conciencia, religión y otras convicciones, de modo que nadie pueda ser obligado a declarar sobre sus creencias, su ideología o su religión.

Para quebrar la hegemonía ideológica ejercida desde la jerarquía de la IC, en connivencia con las fuerzas políticas más conservadoras, urge –como ya se ha señalado anteriormente– denunciar los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, firmados en 1976 y 1979, y posteriormente renovados y mantenidos por los gobiernos sucesivos. Estos Acuerdos están en el origen de gran parte de los males que nos afectan como democracia: origen de privilegios para la financiación de la IC, exenciones de impuestos, partidas presupuestarias especiales en los PGE, cesión de buena parte de las responsabilidades del Estado en materia educativa a la IC (vía conciertos, facilidades de concesión de licencias, cesiones de terrenos, etc.), injerencia de la IC en las tareas legislativas (ley de Educación, Ley del aborto, Ley hipotecaria, (inmatriculaciones), L. del Mecenazgo, etc. Es absolutamente imprescindible denunciar estos Acuerdos y exigir a los diferentes partidos políticos que propugnen una regeneración democrática, que incluyan su denuncia en sus programas electorales.

Otro ámbito a considerar, de especial importancia, es el de la enseñanza. El derecho universal a la educación laica y de calidad, igual para niños y niñas, es algo prioritario y ahora está en franco peligro. Vivimos una época en la que la escuela pública está siendo atacada por la vía de los hechos. Las ansias privatizadoras de los actuales responsables, están reduciendo progresivamente sus recursos, aumentando las ratios en las aulas, los profesores y profesoras menguan, y se suprimen herramientas como las aulas de integración, compensación, etc. No se garantizan las sustituciones de los profesores o profesoras en situación de baja maternal o enfermedad, y así se promueve subterráneamente, aunque con políticas muy concretas, el desvío de alumnos a centros privados, ante el deterioro visible de la escuela pública y la impotencia de miles de profesores que ven cómo les cortan la hierba debajo de sus pies.

La expresión más clara de esto que está pasando se llama LOMCE. Y uno de sus logros más preclaros es la nueva asignatura de religión evaluable y su singular programa hecho público hace poco en el BOE (23-2-2015). Mientras se amplía y “dignifica” la ¿asignatura? de religión, se suprime la filosofía, la historia. Interesan las materias útiles para el “emprendimiento”… y la religión. Además de esta situación, que van a pagar todos nuestros hijos y nietos y, al final, toda la sociedad, estamos viendo cómo el Estado, en dejación de sus responsabilidades, ya no garantiza plaza en la escuela pública para cada niño o niña, y procura desviar lo que puede hacia la privada y la concertada. ¿Por qué hay que seguir pagando con dinero público los colegios concertados con “ideario propio”, es decir, no laico, no democrático? Solo el Estado puede garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación en condiciones reales de igualdad, calidad y universalidad.

Las actuales tendencias del MEC acaban de recibir un nuevo refuerzo; los derechos de la gente, otro gran varapalo. Ellos dicen: “que estudien los que puedan pagárselo”. Nosotros decimos: las oportunidades educativas han de ser iguales para todos y todas: el famoso 3+2 de la enseñanza universitaria no es más que otra vuelta de tuerca inmisericorde para impedir que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas puedan seguir hasta el final, si lo desean, los estudios universitarios: otro atentado contra la igualdad de derechos. ¿Por qué España es uno de los países de la Unión Europea con las matrículas más caras en las universidades públicas?

Por último, nos referiremos a la necesidad de denunciar y derogar las leyes que, en el ámbito económico y fiscal, establecen privilegios económicos y fiscales para las iglesias y para las asociaciones de tipo confesional o ideológico y entidades de ellas dependientes. Estos privilegios son la causa de no pocas desigualdades y de discriminación respecto al conjunto de la sociedad. No a la financiación con dinero público de las confesiones religiosas, no a las aportaciones de bienes patrimoniales para el desarrollo de sus actividades. No a la financiación de la IC a través de la casilla del IRPF. La actividad de las entidades religiosas o filosóficas, que son entidades privadas, debe ser regulada según el derecho privado, en las mismas condiciones que se apliquen a las demás asociaciones civiles.

El número de leyes y medidas necesarias para abrir caminos a una sociedad realmente democrática y realmente laica es mucho más amplio. Solo hemos esbozado aquí algunos cambios que consideramos urgentes y necesarios. Sin embargo, no nos resistimos a terminar sin poner de manifiesto que para que todos ellos se puedan llevar a cabo, será necesario el concurso de una ciudadanía viva, activa y decidida a hacer con su apoyo que estas reformas sean posibles. Ya no se pueden dejar en manos de las élites los cambios necesarios. Si el pueblo no empuja los cambios, serán otros, los que los harán y será contra las gentes y sus legítimos intereses y derechos.