Recuperando el patrimonio inmatriculado

Coordinadora Estatal Recuperando

RECUPERANDO es la coordinadora estatal que agrupa a una veintena de plataformas y entidades tanto laicas como cristianas, que luchan por la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica.

Con ocasión de la apertura del Año Europeo del Patrimonio Cultural que se celebra el 13 de febrero en Palencia, RECUPERANDO denuncia el expolio del patrimonio realizado por parte de la Iglesia Católica en base a las inmatriculaciones realizadas desde 1946 a 2015 a tenor del artículo 206 de la Ley Hipotecaria y 307 de su reglamento ya derogados, que representa un grave riesgo para el patrimonio cultural en el estado español.

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La simbiosis entre la Iglesia católica y la dictadura franquista generó un procedimiento privilegiado por el que decenas de miles de bienes quedaron privatizados. El artículo 206 de la Ley Hipotecaria reformada en 1946 equiparó la Iglesia católica a las administraciones públicas para inmatricular bienes. El artículo 304 del Reglamento Hipotecario establece en 1947 que las certificaciones requeridas para la inmatriculación de bienes por la Iglesia Católica serán expedidas por los obispos respectivos. La Iglesia Católica, acogiéndose a esta vía excepcional y con un coste irrisorio, ha inscrito a su nombre miles de bienes que pertenecen a los pueblos, siguiendo un procedimiento que no conlleva publicidad alguna.

Este privilegio debiera haber desaparecido al aprobarse la Constitución que declaraba el Reino de España como aconfesional, pero se mantuvo vigente hasta 2015.

Desde 1946 hasta 2015 se ha producido en el Estado español un expolio monumental. La Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, la mayoría de las catedrales, miles de iglesias y ermitas, pero también casas curales, cementerios, fincas, e, incluso, frontones, plazas, murallas, etc., con todo lo que contienen en su interior, han sido inscritos en los Registros de la Propiedad por la Iglesia católica con el simple certificado del obispo correspondiente sin acreditar título de propiedad alguno. Se trata, por tanto, de una escandalosa apropiación de bienes de diversa índole.

Uno de los problemas más graves de este proceso es su total opacidad. En algunas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos se ha podido disponer de informaciones parciales, pero el Gobierno del PP se sigue negando a dar a conocer el detalle de los bienes inmatriculados. La coordinadora RECUPERANDO presentó el 9 de febrero de 2017 un escrito en el Congreso de los Diputados solicitando esta información. No obstante, en su última respuesta (19/10/2017) el Gobierno declara que “se ha pedido al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo por vía del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que fue derogado por la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria, desde 1998 hasta la citada derogación”.

Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, reconoció públicamente la existencia de entre 30.000 y 40.000 inmatriculaciones. Sospechamos, además, que se refiere a las realizadas después de 1998. Si a ello añadimos el valor incalculable de muchos de esos bienes, podremos comprender la magnitud de este expolio.

Este patrimonio usurpado exige un costoso mantenimiento que la Iglesia pretende, y muchas veces consigue, que sea financiado por las administraciones públicas. Pero ese patrimonio se convierte en objeto de negocio con las restricciones que su pretendido propietario quiera imponer.

En resumen, la inmensa mayoría del patrimonio histórico-artístico del Estado español está privatizado como consecuencia de las inmatriculaciones. La Iglesia católica impone sus criterios e importes para acceder a los mismos. En otros muchísimos casos, los abandona hasta la ruina. Esta es la amenaza más grave para el patrimonio en España.

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Un caso paradigmático en Palencia: el monasterio de Santa Cruz de la Zarza

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) confirmó el 25 de abril de 2017 sus sentencias anteriores condenando al Estado español a abonar una indemnización de 615.600 € por no haber protegido el derecho a la propiedad frente a una inmatriculación de la Iglesia católica. Se ponía fin a un litigio iniciado en 1994.

Como la coordinadora RECUPERANDO afirmó en su día, esa sentencia representa “un varapalo sin precedentes contra el privilegio registral de los obispos y la pasividad del Estado hacia la apropiación de miles de inmuebles”. Por ello, es necesario restaurar la “legalidad conculcada por esta violación continuada y masiva de los Derechos Humanos mediante las inmatriculaciones”.

Pero hay otro aspecto que resulta especialmente relevante en esta inmatriculación: el monasterio de Santa Cruz de Ribas, también llamado de Santa Cruz de la Zarza, de estilo cisterciense-protogótico del siglo XII es hoy un establo en ruinas. Lamentablemente es el destino de muchos de los bienes inmatriculados.

Pero hay más. Esta semana la Iglesia subasta la casa parroquial de Grijota a 6 Km de aquí. Las casas de los curas las levantaron los pueblos y se la dejaban al cura, como le dejaban casas al maestro, al médico, al secretario… La diferencia es que, cuando estos se fueron, dejaron las casas, y cuando se van los curas, los obispos las venden, porque para eso las han inmatriculado.

Por otra parte, la Diócesis de Palencia pretende registrar la propiedad de la iglesia de San Francisco, bien de interés cultural, y sus edificaciones anejas. Sede de las Cortes de Castilla y residencia real, ha conocido desde su fundación en el siglo XIII los más diversos usos.

La apropiación de nuestro patrimonio histórico-artístico no cesa.

defendemos el patrimonio como bien de dominio público.