Racismo institucional. El sufrimiento inútil de migrantes en los CIE

Miguel Ángel de Prada

En contra de la autocomplacencia colectiva en España, basada en la auto-percepción del buen trato que se dispensa a extranjeros, migrantes o solicitantes de asilo, la realidad no se compadece con ello. Y, menos aún, la situación desde las instituciones del Estado.

La situación en España del trato institucional a migrantes que entran irregularmente por motivos económicos o como solicitantes de asilo, ha sido y es motivo de preocupación entre las organizaciones de Derechos humanos y la ciudadanía. Así, por primera vez en la UE, un Tribunal supremo de un país miembro condena al propio país por incumplir el acuerdo de acogida de migrantes en el reparto consensuado entre estados de la U.E. España aceptó recibir 19.449 personas pero sólo tramitó entre 2015 y 2017, el 12,85%; y los realmente reubicados fueron 1.359 (235 procedentes de Grecia y 1.124 de Italia), es decir, el 7% del cupo asumido. ¿Ha cambiado el panorama desde la entrada del PSOE en el gobierno? Sí ha habido un golpe de efecto, sentido en toda Europa, al recibir al barco Aquarius en el puerto de Valencia, lo mismo que han existido dudas o vacilaciones con barcos posteriores. Pero del grueso de las 19.449 personas asumidas desde 2015, pero no recibidas, ni una palabra.

Si esta situación vergonzosa para el Estado español, se refiere a quienes debían entrar en España, no menos abusivo es el trato recibido por quienes, una vez dentro, son recluidos en los CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) previamente a su expulsión. No sólo sobre la situación en los CIE, sino también sobre su misma existencia, la UE ha llamado varias veces la atención al gobierno español debido a su ilegalidad.

El Servicio Jesuita a Migrantes España (SJME) realiza desde 2012 el informe anual sobre la situación de los CIE en España. El informe de 2017 lleva por título: Sufrimiento inútil[1]. Para los autores del informe, los CIE funcionan como los nuevos lazaretos, en los que padecen un sufrimiento inútil miles de migrantes antes de ser puestos en la mayoría de los casos en libertad. Si el fin pretendido del CIE es retener a migrantes para devolverlos a sus países, en 2017 sólo el 31% fueron realmente devueltos y el 67% puestos en libertad al no poder documentarlos. En todo caso, el CIE es un instrumento casi inútil para el fin que pretende. El segundo aspecto es más grave, desde el punto de vista institucional: el informe recoge de los autos de los jueces que “es sumamente preocupante el modo como el Ministerio del Interior desoye los requerimientos del Poder judicial en la garantía de los Derechos de las personas extranjeras internadas en los CIE” (p. 55).

El informe 2017 del SJME también pone en contexto la situación migratoria a la que dicen responder los CIE, que es la irregularidad. En 2017 se contabilizaron 28.572 entradas irregulares, casi el doble que el año anterior (14.558), pero casi la mitad que en 2006 (41.180). No se puede olvidar el carácter cíclico de los flujos migratorios ni sus contextos internacionales. Del total de entradas irregulares, en 2017 se internaron en los CIE 7.559, la cuarta parte del total de entradas, y de éstos sólo uno de cada tres fue devuelto a su lugar de origen. Este resultado es el que desvela la ineficacia del recurso.

Las fuentes de información con que se realiza el informe de 2017 cuenta con visitas a los CIE de Madrid, Barcelona, Valencia, Algeciras y Tarifa del personal del SJM y con aportaciones de personas muy cualificadas: el Magistrado Juez de control del CIE de Aluche (Madrid), las recomendaciones del Defensor del Pueblo y las actas de jueces de control. Ramiro García de Dios Ferreira ha trabajado como Juez de control del CIE de Aluche desde 2009 hasta 2018; estos más de 8 años de experiencia jurisdiccional le permiten conceptuar los CIE como “centros de sufrimiento y espacios de opacidad e impunidad policial” (p. 6). Y concluye su aportación con una afirmación rotunda: “Finalizada mi función jurisdiccional, me queda la esperanza de que, entre todos y todas, logremos el objetivo del cierre de la barbaridad que significa la existencia de los CIE” (p. 7).

El aspecto de “ilegalidad” de la propia existencia de los CIE se refuerza por las ilegalidades de su funcionamiento, tal como recoge la aportación “Un CIE en fraude de ley”, sobre el centro de Archidona (Málaga II), cuyas instalaciones fueron realizadas para un nuevo centro penitenciario pero han sido usadas como CIE en contra de lo dispuesto en la ley y la jurisprudencia, sin que conste la Orden de creación. También ha ocurrido esto en el caso de antiguos centros penitenciarios cerrados, que se están utilizando como CIE en Algeciras (Centro de la Piñera) y en Las Palmas de Gran Canaria (Barranco Seco). Las denuncias y quejas de internos por el trato recibido; actuaciones polémicamente violentas de la Unidad de intervención de la policía y el suicidio del interno Mohamed Bouderbala, pusieron a este CIE en el centro del debate. El Defensor del Pueblo en sus visitas al Centro de Archidona afirma sobre la gestión de la seguridad que es demasiado intensa para el internamiento cautelar y recomienda sustituir a los miembros de la UIP por funcionarios policiales de las brigadas que habitualmente prestan servicios en los CIE. Además muestra especial preocupación por el estado de las instalaciones, de los servicios de asistencia médica y sanitaria, de orientación jurídica y de asistencia socio-cultural. En resumen, sobre el centro de Archidona: “un caso para aprender a gestionar de otro modo las situaciones de emergencia, a no crear más CIE en fraude de ley” (p. 35).

La necesidad de nuevas instalaciones no respondería únicamente a la voluntad de ampliar plazas de internamiento, sino también a las constantes llamadas de atención de los jueces de control de los CIE, del Defensor del Pueblo y de las ONG sobre el estado alarmantemente deficiente de los actuales CIE de Algeciras, Tarifa y las Palmas de Gran Canaria. En opinión de los autores del informe, son centros que deberían cerrarse, a la vez que no debe descuidarse la vigilancia sobre el resto, cuyo deterioro es creciente. Y recomiendan al Ministerio del Interior que “sus planes de construcción lo sean de instalaciones para la acogida de números más reducidos de personas, con la misma provisión de servicios que la expresada para los CIE, para acogidas en régimen abierto, dentro de la red de dispositivos de acogida humanitaria” (p. 9). Todo esto lleva a reclamar “una política migratoria distinta, en que la flexibilidad para obtener visado de residencia y trabajo, siquiera dentro de un plazo prudencial para buscar empleo e iniciar el proceso de integración cultural como condiciones de continuidad o no del proyecto migratorio, disminuya la necesidad de intentar la entrada irregular en España. Y, en tanto se perfecciona dicha política, se necesita mayor inversión en Centros Abiertos de estancia temporal, en los que se dé orientación sobre el marco jurídico de extranjería a la vez que se proporcionan las primeras herramientas de integración” (p. 9).

Las visitas a los CIE en 2017 se dieron en mejores condiciones que en años anteriores, incluyendo la normalización del acceso al CIE de Tarifa y la autorización de entrada en el de Algeciras. Esta normalidad ayuda a forjar una imagen de conjunto más nítida y mejor documentada. La imagen que se desprende en 2017 es mayor presencia de varones que de mujeres; jóvenes, entre 18 y 30 años; sobre-representación de argelinos, marroquíes, guineanos y costamarfileños; sujetos a procedimiento de devolución recién desembarcados de una patera o al haber quebrantado una prohibición de entrada; con más de dos semanas de internamiento (el máximo es de dos meses) y, a veces, a pocos días de la puesta en libertad por agotamiento del plazo legal; que solicita asilo más fácilmente cuando procede del Magreb (p. 43).  Las causas de vulnerabilidad son variadas: la minoría de edad; problemas de salud física o mental; deficiente comprensión de su situación jurídica, etc. En las visitas se han podido percibir algunas de estas circunstancias que se han visto confirmadas al revisar las recomendaciones elevadas por el Defensor del Pueblo y los autos dictados por los jueces de control de los CIE

Las recomendaciones del Informe del SJM 2017 son claras. La principal es que no necesitamos nuevos lazaretos, se necesita una política migratoria distinta. La función de los CIE es meramente publicitaria, un mensaje para la opinión pública española de que se controlan las fronteras. Pero se advierte de que el recurso de los CIE es ineficaz para el objetivo de las expulsiones (2 de cada 3 personas internadas tiene que ser puesta en libertad) y produce un sufrimiento inútil a la mayoría de internados. Además no disuade a quienes desean migrar a los centros del progreso desde lugares de miseria. Tengamos en cuenta que el 80% de los internados en los CIE durante 2017 provenían de cinco países africanos: Argelia (31%), Marruecos (18%), Costa de Marfil (14%), Guinea (9%) y Gambia (9%). La propuesta alternativa al CIE, como internamiento cautelar, es un alojamiento temporal dotado con recursos abiertos de acogida humanitaria.

Las últimas palabras del informe 2017 son para resaltar la importancia de la presencia de las ONG en los CIE: “además del valor humanitario de su programa de visitas y actividades, tiene una función preventiva de violaciones de Derechos humanos, correctivo de deficiencias a través de sus quejas y sistemática, generando una reflexión crítica sobre el internamiento cautelar de extranjeros a través de sus informes” (pág. 58). En suma, las ONG “se convierten en las ventanas de la sociedad civil dentro de los CIE, arrojando luz y reflexión crítica sobre una institución, cuando menos, muy cuestionable” (p. 45).

El intenso e interesante informe 2017 puede verse completado por la lectura de los informes de años anteriores (www.sjme.org): Atrapados tras las rejas. Informe 2012 CIE; Criminalizados, internados y expulsados. Informe CIE 2013; Expulsiones exprés. Informe CIE 2014; Vulnerables vulnerabilizados. Informe CIE 2015; Lanzamiento 25,66 (media diaria de repatriaciones forzadas). Informe CIE 2016.

[1] SJM-E (Josep Buades y Antonio Bohórquez), Sufrimiento inútil. Informe CIE 2017.  Junio, 2018. https://sjme.org/wp-content/uploads/2018/06/Informe.