Posicionamiento de algunos partidos políticos ante la desigualdad en España

Evaristo Villar

Si los mercados se lo permiten –o contra la misma irracionalidad de los mercados–, estos partidos políticos están llamados a gestionar en un próximo futuro, de forma más justa y humana, el actual drama de la desigualdad en España.

Con el objetivo de conocer la respuesta que llevaban en su programa político ante el desafío de la desigualdad, Éxodo, antes de las elecciones, le hizo a los partidos políticos de ámbito estatal –aquellos que, a nuestro juicio, contaban con probabilidades de conseguir representación en la Cámara Legislativa en las elecciones generales del 20-D de 2015– la misma y única pregunta: ¿Cuál es la propuesta de tu partido para solucionar la desigualdad en España?

De los cinco partidos a los que cursamos la pregunta –PP, PSOE, Ciudadanos (C’s), Podemos e Izquierda Unida-Unidad Popular (IU-UP), solo tres se dignaron contestar: los dos emergentes (Podemos y C’s) e IU-UP.

El fenómeno vergonzante de la desigualdad social no le podía resultar indiferente a formaciones políticas que, como IU-UP, Podemos o C’s pretenden llevar la voz de la ciudadanía a las instituciones, nacidas para la igualdad y actualmente convertidas en fuentes de desigualdad y corrupción. Hasta es posible que el malestar social que está provocando todo esto haya sido causa determinante del nacimiento de alguna de estas formaciones políticas. Con sus diferentes acentos, se expresa claramente en sus respuestas el malestar o el abierto rechazo a un sistema cuya articulación social se está mostrando muy desigual y cruel con las mayorías populares.

El PP y PSOE, el histórico bipartidismo, declinaron la invitación. Del PP ni siquiera hemos recibido un “político” acuse de recibo. Probablemente, desde la responsabilidad de Gobierno en el que está se sabe en gran medida responsable de la actual situación. Como al aprendiz de brujo, su artilugio de los recortes, llevados a cabo sin ningún miramiento, le puede estar resultando ahora imposible de controlar. No se puede olvidar que la fervorosa obediencia a los poderes financiaros acaba siempre achicando los espacios para el ejercicio humano de una política social justa. Por su parte, el PSOE, por incapacidad o torpeza de sus gestores de prensa, nos tuvo durante bastante tiempo pendientes de una respuesta que nunca llegó. Una vez más, ha desmentido en la práctica la “S” que figura en su nombre.

Las respuestas que presentamos a continuación son suficientes, a nuestro modo de ver, para descubrir las formas de reaccionar, desde distintas sensibilidades políticas, ante el fenómeno de la desigualdad en España

Ciudadanos

Hay muchos tipos de desigualdad en nuestro país. Desigualdad salarial, lo que se conoce como brecha salarial entre hombres y mujeres; desigualdad laboral propiciada por la precariedad de nuestro sistema laboral, y desigualdad social propiciada por factores estructurales, culturales y de organización del Estado.

La desigualdad laboral es consecuencia de un sistema laboral precario propiciado por la reforma laboral del PSOE en 2010 y la reforma del PP. La reforma laboral del PSOE, además de abaratar el despido a 33 días por año trabajado, permitió la concatenación ilimitada de contratos temporales. Por otro lado, la reforma del PP trajo consigo que la posibilidad de que un contrato indefinido pudiera tener un año de prueba. Sinceramente, no se ve el concepto de indefinido de esta posibilidad.

Como consecuencia, nos encontramos con que el mes pasado (noviembre) el 92% de los contratos fueron temporales y se calcula que el 80% de ellos están en fraude de ley.

Tenemos muy claro que un contrato precario es una vida precaria. Por tanto, planteamos acabar con la dualidad de contrato temporal-contrato indefinido, creando un contrato único. Nos encontramos con que los trabajadores con contratos temporales tienen menos amparo jurídico que los indefinidos. De esta manera estaríamos extendiendo y ampliando la protección a todos los trabajadores por igual. Acabaríamos con la disyuntiva en la que se encuentran muchos empresarios entre “hacer fijo” a un trabajador o echarle. Creando así, estabilidad.

Por otro lado, creemos que el hecho de ampliar la baja por paternidad de 2 a 8 semanas y que este tiempo no pueda transferirse a la madre, es una medida para luchar contra la desigualdad laboral y la brecha salarial que afrontamos muchas mujeres a la hora de buscar trabajo.

Por supuesto, hay que volver a educar en igualdad. Es la mejor política que cualquier gobierno puede llevar a cabo. Nos encontramos con que en estos últimos cuatro años el gobierno ha dejado de invertir en igualdad, lo que ha repercutido gravemente en el incremento de la desigualdad.

Por último, es muy necesario afianzar las 17 Comunidades Autónomas y las dos Ciudades Autonómicas en la Constitución, estableciendo claramente las competencias del gobierno de la nación de aquéllas. Así evitaremos no sólo duplicidades, evitaremos sobre todo que un ciudadano en Galicia tenga derechos diferentes que un ciudadano que viva, por ejemplo, en Madrid.

Podemos

Uno de los grandes retos que tiene nuestra economía para la próxima legislatura es atender la situación de las personas más afectadas por la crisis y disminuir la pobreza y la desigualdad.

España es el país europeo en el que más ha aumentado la desigualdad desde el inicio de la crisis. Todos los indicadores de privación material se han deteriorado multiplicando las situaciones de emergencia social y de pobreza. Más de 10 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza y casi 3 millones de personas están en una situación de pobreza severa, lo que representa en torno a 750.000 familias que no perciben ningún tipo de ingreso y casi 4 millones de parados sin prestación por desempleo. Además, el empleo ya no es una garantía para evitar la pobreza, y mucho menos para alcanzar un bienestar suficiente. Hay un porcentaje creciente de trabajadores pobres y la “recuperación” es compatible con la extensión de empleos de baja remuneración y con menor protección social.

El incremento del desempleo, la devaluación salarial y la erosión del estado de bienestar derivada de las políticas aplicadas explican esta situación. Según datos del último estudio en materia salarial de la OIT, España es el segundo país después de EEUU donde más ha incrementado la desigualdad entre el 10% más rico y el 10% más pobre, y el 90% de este incremento se explica por la precarización del mercado de trabajo. Por si esto fuera poco, también ha aumentado la desigualdad después de tener en cuenta los impuestos y las prestaciones sociales, lo que muestra la debilidad redistributiva de nuestro sistema fiscal y de protección social.

Se necesitan políticas dirigidas a mejorar la situación de los más perjudicados, una potente labor redistributiva impulsada por el sector público (por la vía de los ingresos y los gastos) y una recuperación del crecimiento de los salarios. Estas políticas, además, deben diseñarse de forma que sean herramientas eficaces para luchar contra las desigualdades entre mujeres y hombres.

Para ello debemos poner fin a la política de “austeridad fiscal” (condicionar toda la política económica al objetivo de reducir el déficit público por debajo del 3% en 2016, y hasta el déficit cero en 2018), y a la “austeridad salarial” (perseguir mediante reducciones salariales el objetivo de mejorar la competitividad). Proponemos suavizar la senda de reducción del déficit, condicionándola al cumplimiento de otros objetivos como la reducción del desempleo, y promover la recuperación del peso de los salarios en la renta. Nuestra propuesta de política económica reduce el déficit público, pero a un ritmo que permite también reducir la enorme brecha social abierta por las últimas dos legislaturas de austeridad y recortes.

Además, es necesario fortalecer las políticas sociales: debemos atender la situación de aquellos grupos sociales especialmente afectados por la crisis o en situaciones de privación mediante un Programa de Garantía de Rentas, y reforzar los servicios básicos del estado de bienestar. Hay que revertir los recortes en los servicios fundamentales del estado de bienestar, dotándolos de la financiación suficiente e impulsando la creación de empleo en la educación, la sanidad y el cuidado de las personas.

Por ello, PODEMOS impulsará un plan de choque de lucha contra la pobreza y la desigualdad, financiado e impulsado desde la administración central y contando con el acuerdo de las CCAA y ayuntamientos. Nuestro objetivo se dirige hacia la pobreza cero, asegurando la universalización de la cobertura de rentas para la población que cae por debajo del umbral de la pobreza. Este plan consta fundamentalmente de dos grandes medidas.

En primer lugar, impulsaremos una Renta Garantizada, consistente en un programa de renta diferencial (complementaria de los ingresos existentes) para todos los hogares con ingresos por debajo el umbral de pobreza monetaria, aumentando la cuantía de la prestación básica por persona equivalente integrada en la unidad de convivencia. La cuantía inicial se establecerá en 600€ mensuales para las unidades de convivencia de un solo miembro, aumentándose progresivamente en función del número de miembros (35% adicional de la renta garantizada para el segundo miembro, y 20% por cada uno de los siguientes) hasta un máximo de 1.290€. Este plan integrará a todas las prestaciones sociales que se encuentren por debajo de ese umbral.

Pero, además, y en segundo lugar, este plan se reforzará con un plan de Renta Complementaria. El coste total de ambos planes sumará 15.000 millones de euros, el 1,5% del PIB. Reducir el déficit público más lentamente, en un punto y medio del PIB, financiaría la totalidad de nuestra propuesta.

El establecimiento de un complemento para trabajadores con baja remuneración, que elimine la discriminación que supone la “trampa de la pobreza” al tiempo que garantiza el acceso de los trabajadores de bajos ingresos a niveles suficientes de bienestar. Para aquellos beneficiarios de la Renta Garantizada que trabajen o encuentren empleo supondría de hecho una retirada graduada (y no súbita) de la prestación conforme vayan aumentando sus ingresos salariales. Supondrá garantizar unos ingresos mínimos de 900€ mensuales para estos trabajadores, que también se incrementarán con el número de miembros de la unidad de convivencia. Este complemento sólo será efectivo a partir de unos ingresos reconocidos del trabajo por encima de 250€, para evitar posibles situaciones de fraude.

Estas medidas no solo son económicamente posibles, tal y como queda reflejado en nuestra memoria económica, sino que además son necesarias para construir los cimientos de una economía moderna del siglo xxi. Necesitamos un crecimiento social e inclusivo que no deje atrás a nadie. Es tiempo de otra política, es tiempo de otra economía. Nacho Álvarez, Secretario de Economía de Podemos

IU-UP

Implementar en un año un Plan de Emergencia Social destinado a los colectivos más vulnerables y con recursos extraídos de las capas más adineradas de la población, de forma que la desigualdad se reduciría intensamente. Mediante nuestro Plan de Emergencia Social seremos capaces de sacar de una situación de vulnerabilidad extrema a unos 16 millones de personas en tan sólo un año, atendiendo desde el Estado con decisión y voluntad a las necesidades de los colectivos más desfavorecidos: parados, mujeres, niños, jóvenes, pensionistas, trabajadores pobres, etc.

El Plan cuenta con muchas medidas. Con nuestro programa de Trabajo Garantizado ofreceremos en un año la posibilidad de trabajar dignamente a un millón de personas en actividades relacionadas con los servicios sociales, los cuidados a las personas y al medioambiente (en definitiva: a la vida), el cuidado de los espacios urbanos y actividades culturales, recreativas y deportivas. Además, llevaremos a cabo un plan de empleo y formación destinado a 600.000 parados de larga duración, así como un plan de empleo específico para 400.000 jóvenes. A aquellas personas que a pesar de todo sigan sin trabajo y sin ingresos les ofreceremos una Renta Garantizada de 529 euros al mes que logre que ninguna familia se quede sin recibir dinero. Incrementaremos la pensión mínima y el salario mínimo para acabar en nuestro país con las figuras de pensionistas y trabajadores pobres, elevando cada año el nivel mínimo hasta llegar a 1176 euros mensuales en 2019.

Declararemos la guerra a la pobreza energética que atenaza a 1,4 millones de hogares haciéndonos con el control de las empresas energéticas y estableciendo tarifas de luz, agua y gas por tramos en función de la renta, para que nadie se quede sin suministro por falta de ingresos. Crearemos un bono transporte gratuito para las personas que se encuentren en riesgo de exclusión social. Paralizaremos todos los desahucios que amenacen a personas que no pueden pagar su hipoteca, crearemos un parque público de viviendas para que todo el mundo pueda tener alternativa habitacional sin pagar más de un 20% de sus ingresos, y erigiremos un Banco Bueno que compre parte de las deudas de familias y pequeñas empresas con el objetivo de aliviar sus cargas financieras. Incrementaremos notablemente los recursos y medios para combatir la violencia sexista, equipararemos progresivamente los derechos de paternidad de los hombres a los de las mujeres, e incrementaremos la cuantía por hijo a cargo hasta los 1.200 euros por niño al año. Ampliaremos la red de escuelas infantiles de titularidad y gestión pública para cubrir toda la demanda de escolarización de 0 a 3 años. Por último, legislaremos para que las pymes y los autónomos no sufran un marco normativo discriminatorio además de darles las facilidades y ayudas necesarias para que saquen adelante sus actividades.

El coste total de nuestro Plan alcanza 52.494 millones de euros, que es mucho menos de lo que ya nos hemos gastado en rescatar a la banca (60.000 millones de euros), o casi lo que cada año perdemos por contrataciones y licitaciones públicas corruptas (48.000 millones de euros). Nuestro país recauda unos 90.000 millones de euros menos de lo que debería si nos fijamos en nuestros vecinos europeos, de forma que es posible obtener suficiente dinero para financiar nuestro Plan de Emergencia Social. Para ello proponemos combatir con firmeza el fraude fiscal de las grandes empresas y grandes fortunas, reformar algunos impuestos como el IRPF y el Impuesto de Sociedades, y crear nuevas figuras como un impuesto extraordinario sobre el incremento patrimonial de los más ricos, un impuesto a las transacciones financieras y un impuesto a los bienes y gastos de lujo.